Necesaria coordinación

Reconstruir el tejido social de las comunidades es un reto fundamental para avanzar en la consolidación de un auténtico estado de derecho y no al contrario, como parece percibirse en las acciones instrumentadas desde el gobierno federal.
La solución ante la inseguridad es el rescate de valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el amor a la vida, y nunca, de manera unilateral el uso de la fuerza pública que encuentra su máxima expresión en la militarización de los espacios públicos.
Es cierto: las acciones de tipo social, cultural y educativo no bastan ante una violencia exacerbada, y que es necesaria la persecución de los delitos, pero en un marco de que respete el derecho humano y social de las comunidades: un estado policiaco permanente como el implementado por el presidente Calderón vulnera de manera constante estos derechos, como lo hemos observado a lo largo y ancho del país, como lo ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y actualmente se estudia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero además, siendo concomitantes estas dos acciones, la federación requiere del trabajo conjunto con el resto de los órdenes de gobierno, las entidades federativas y los municipios, de una coordinación, que sume esfuerzos para rescatar auténticamente los espacios públicos, y esto ocurre solo a través de la organización comunitaria.
Los municipios en el país hacen esfuerzos de esta naturaleza. En Chihuahua, el alcalde de Marco Adán Quezada, se reúne con estudiantes, charlan acerca de tareas conjuntas en convivencia, marchan por las calles manifestando el anhelo por una sociedad más justa, y hacen compromisos hacia valores ciudadanos que mejoren la convivencia en el entorno comunitario, se constituyen comités de vecinos dando énfasis a resolver problemas sentidos y promover un sentido alto a la cultura de la legalidad.
En la integración de la comunidad el municipio es pieza clave. La federación debe reforzar la alianza con el mismo y cumplir con su función legal de atacar al crimen organizado desde una visión protectora de los derechos humanos, fuera del simplismo de presentarse mediáticamente como salvadora del flagelo a solicitud de entidades y ayuntamientos, como lo spotiza diariamente en radio y televisión nacional, cuando solo cumple con una obligación.
La Conferencia Nacional de Gobernadores ha insistido en mejorar la coordinación entre los ámbitos de gobierno. Se han dado pasos al respecto, pero es necesario acentuarlos desde un compromiso mayúsculo del área federal, dejando a un lado esquemas de clientelismo electoral como ha ocurrido hasta la fecha.