Florence Cassez

No estoy de acuerdo con la decisión adoptada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que lo justo hubiese sido rechazar las pruebas que resultaron viciadas con la violación al debido proceso en lugar de considerar que todo el juicio se encontraba viciado, de esta manera se hubiera garantizado una defensa adecuada a Florence Cassez y la satisfacción de las víctimas del delito de secuestro cometido por la banda del Zodiaco. Sin embargo los ministros actuaron con apego a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, consonante de la legislación y criterios internacionales que protegen el debido proceso: su decisión se adoptó con apego a sus atribuciones como tribunal constitucional. Recordemos que la detención de Florence Cassez estuvo plagada de irregularidades: no hubo auxilio ni asesoría consular, no fue puesta a disposición del ministerio público de manera inmediata y se montó un auténtico reality show por parte de la Policía Federal que fue transmitido en televisión nacional. Esta situación derivo, entre otras cuestiones, en una modificación de declaraciones de los testigos directos, víctimas del delito. Los ministros consideraron que las violaciones fueron de tal gravedad que evitaron que la acusada tuviera una defensa adecuada desde el momento de su arresto, y que la percepción de los testigos sufriera una distorsión apreciada en la modificación de las declaraciones. El hecho de no haber consignado de manera inmediata viola la constitución y el procedimiento penal. La Constitución establece que los detenidos serán puestos a disposición del ministerio público o del juez, según corresponda por flagrancia u orden de aprehensión, sin dilación alguna. El código procesal penal federal se refiere al estricto cumplimiento por parte de las policías y el ministerio público a los plazos constitucionales y legales establecidos. Este comportamiento de la autoridad ante las detenciones debe ser revisado de conformidad con los principios de respeto a los derechos humanos garantizados por el marco constitucional y los tratados internacionales. Por supuesto la violación a ellos representa un ataque directo al debido proceso. Sabían los ministros de la corte que un tribunal internacional juzgando de acuerdo al principio de que la duda beneficia al detenido y a la máxima protección de los derechos humanos en una interpretación amplia garantista, sin posibilidad de error coincidiría con ellos. El problema es que sigue sin resolverse a favor de la víctima la irresponsabilidad de la autoridad, sino al contrario, se regresa en contra de ella al absolverse por error de procedimiento una copartícipe del delito de secuestro. La policía y el ministerio público fueron sumamente erráticos durante las dos administraciones anteriores, el caso Tres Marías, el Michoacanazo y ahora Cassez, son pesada loza en los gobiernos panistas. Ellos son los verdaderos causantes de que Florence este libre. Cosa curiosa, la rúbrica de Felipe Calderón se aprecia en los errores policiales como ocurre también en el decreto que promulgó las reformas constitucionales garantistas que sirvieron de base a los ministros para decretar la procedencia del amparo liso y llano. Se estruja la justicia con esta decisión de la corte y se aprieta el cumplimiento de procedimientos por parte de la autoridad. Se ajustan los criterios del sistema judicial en el cumplimiento garantista del debido proceso y se coloca un reto grande e importante en la función policial de persecusión de los delitos. Todo esto deberá ocurrir en equilibrio con la protección de las Víctimas del delito, ciudadanos inocentes que se encuentran a merced de la delincuencia común y organizada.

Un problema de urgente atención

El hambre constituye uno de los problemas torales de la sociedad moderna y uno de los retos más inmediatos y de atención urgente por parte de los gobiernos. En México se estima que un cincuenta por ciento de la población presenta carencias de tipo alimentario: En el 2012 un total de 52 millones de personas, de los 112 millones de habitantes, presentaba pobreza moderada o extrema. En pobreza moderada se encuentran aquellas personas que ganan menos de 2,114 pesos al mes en zonas urbanas y 1,329 pesos al mes en zonas rurales. La pobreza extrema se refiere a los que ganan menos de 978 pesos al mes en zonas urbanas y 684 pesos al mes en zonas rurales. Estas cifras proporcionadas por el Consejo Nacional de Evaluación indican que sólo uno de cada cinco mexicanos tiene ingresos suficientes para cubrir todas sus necesidades (alimentación, vivienda, salud) ya que sólo el 19.3% de la población (21.8 millones) no son pobres ni tienen carencias de ningún tipo: existen cuatro millones de personas que no tienen acceso a la alimentación. Se calculan en 11. 7 millones de personas en extrema pobreza, lo que representa el 10.4 por ciento de la poblaciòn. Esta pobreza extrema se agudizo en los últimos años en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Querétaro. Sin embargo, en Puebla, Michoacán, Chiapas, Guerrero e Hidalgo disminuyó. Las estadísticas, entonces, no son nada alegueñas. No se estaban haciendo bien las cosas. Esta situación provocó que la actual administración incluyera un capítulo especial en el Pacto por México que fue consensuado con las fuerzas políticas. Sin embargo, los planes no son nada sin acción. ¿Como evitar el simple discurso político, evitar la demagogia y los proyectos de siempre? Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto administrativo donde el Presidente Peña Nieto instruye la creación de dos órganos que habrán de garantizar la asunción de políticas y acciones concretas de combate al hambre y la fiscalización permanente. Por un lado, un consejo ciudadano de discusión que delinea y evalúa las acciones de combate al hambre, con participación de organizaciones sociales y representantes académicos, así como la intervención de los gobernadores y presidentes municipales. Además se van a integrar comités comunitarios donde participaran los mismos beneficiarios de los programas, que habrán de dar seguimiento puntual, directo, al cumplimiento de las acciones. Adicionalmente, para garantizar el correcto funcionamiento institucional de los compromisos y acciones, se crea una comisión intersecretarial que habrá de sesionar cada tres meses para atender la operación del programa y los acuerdos que emanen del consejo que habrá de encabezar la secretaria de desarrollo social. El objetivo es eliminar el hambre de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación, como la desnutrición infantil, y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez. También aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas postcosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. Se atenderán cuatrocientos municipios: en Chihuahua recibirán atención población de extrema pobreza de Chihuahua, Juarez, Guadalupe y Calvo, Morelos y Guachochi. Combatir el hambre es una responsabilidad de todos, aunque de manera fundamental lo sea del gobierno. Ese es un acierto del decreto presidencial, que parte de la idea de un compromiso interinstitucional, transversal con la sociedad y sobre todo, con quienes padecen este gravísimo problema social y humanitario.

Conciliar sin atomizar

Una de las premisas del actual gobierno federal, desde la campaña misma, tiene que ver con la inclusión, la tolerancia para lograr acuerdos y construir una administración con enfoque plural. De esta manera se incorpora a la Secretaría de Desarrollo Social la expresidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática y exjefa de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga. La decisión de una especie de cogobierno de facto -que en términos generales se establece a través del Pacto por México, lineamientos priorizados desde una junta de gobierno encabezada por los distintos partidos políticos- no se detiene en esta designación. La irrupción de miles de zapatistas en San Cristobal de las Casas a principios de año, tiene contestación en la designación como responsable del dialogo con los pueblos indígenas, en Jaime Martínez Veloz, editorialista de izquierda, exlegislador priísta y exrepresentante del gobierno de Chiapas ante la Comisión para el Dialogo y la Negociación en Chiapas. Critico del gobierno panista, señalando la inutilidad de los programas sociales durante doce años, Martinez Veloz escribía apenas en diciembre del 2012 la necesidad de rescatar los derechos y garantías constitucionales de los indígenas, en una política social de mayor envergadura que el simple asistencialismo social de los programas gubernamentales. Ahora le toca, como representante del gobierno de la república, aterrizar acciones transversales de los distintos niveles de gobierno en beneficio de los pueblos indígenas. Miguel Angel Osorio Chong, secretario de gobernación, apuntó que esta es una de las prioridades de la actual administración, la cual se atenderá por medio de una Comisión para el Dialogo con los Pueblos Indígenas, así, en plural. Habrá que esperar a sus lineamientos de operación, pero de antemano se entiende que se trata de una comisión que atenderá desde el punto de vista nacional a los pueblos indígenas, rebasando el simple enfoque en la zona del conflicto. Jaime Martínez Veloz, político y Arquitecto, miembro del Partido de la Revolución Democrática, articulista del periódico La Jornada, diputado federal de las LVI y LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, candidato de la Coalición Por el Bien de Todos a Senador por Baja California, asesor de Luis Donaldo Colosio como candidato a la Presidencia, exdiputado local en Baja California, dos veces miembro de la Comisión para la Concordia y la Pacificación en Chiapas, excandidato del PRD a Presidente Municipal de Tijuana en las Elecciones de 2007, tiene ahora la responsabilidad de atender el conflicto chiapaneco. Una de sus prioridades deberá ser rescatar los acuerdos de San Andres Larraizar firmados el 16 de febrero de 1996. No será nada sencillo conciliar el postulado de autonomía y autodeterminación, eje principal de dichos acuerdos, sin caer en la atomización o balcanización mexicana, conciliando la necesaria autoidentificación de los pueblos indígenas y el respeto del Estado Mexicano a ella con arreglo al Estado de Derecho constitucional y legal, nacional e internacional. Una autonomía que no debe ser entendida como la creación de un autogobierno, un Estado dentro de otro Estado, sino como el respeto profundo a sus raíces, costumbres, formas de organización comunal, que históricamente les han garantizado su supervivencia, en una solidaridad colectiva que como sociedad hemos ido perdiendo.

Confianza ciudadana

En el ultimo mes de 2012, el Indice de Percepción sobre Seguridad Pública aumentó 10.6 por ciento al situarse en 109 puntos, muy por encima de los 98.6 puntos mostrados el mismo mes del 2011. Este incremento es consecuencia de los avances mostrados en los componentes que integran el Indice de Percepción, como son la seguridad personal en la actualidad, seguridad personal esperada, seguridad publica hoy en día, seguridad publica en el país y grado de confianza del entrevistado al caminar solo por el rumbo donde vive, con variaciones relevantes del 10.6, 10.5, 6.1, 18.6, 11.2 y 6.5 por ciento en relación con el mes de diciembre del 2011. Este indice de percepción se deriva de una encuesta levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en indicadores parciales, dos de ellos basados en la percepción sobre seguridad personal, otros dos sobre situación actual de seguridad pública en el país y un último indicador, que muestra la confianza del entrevistado al caminar entre las 4 y las 7 de la tarde. La gráfica continua del índice muestra grandes bajas en la percepción ciudadana sobre seguridad, en octubre del 2009 (95.9), noviembre del 2010 (92.0), noviembre del 2011 (96.0) y marzo del 2012 (98.9) por ciento, siendo los valles o puntos más bajos de los años mencionados. El resultado de diciembre del 2012 es la cresta mas elevada desde 2009. La encuesta se realiza mensualmente. A partir de este año se levantará trimestralmente. Se efectúa sobre 2,336 viviendas urbanas distribuidas en todas las entidades federativas, entrevistando a personas de 18 años o mas aleatoriamente. Los resultados de la encuesta no son casualidad. Existe una percepción desde el triunfo de Enrique Peña Nieto de optimismo y confianza. Los resultados electorales así parecen manifestarlo. Esta confianza se reforzó con las primeras medidas anunciadas por el mismo presidente, con una reestructuración de las fuerzas de seguridad bajo un solo mando, la gendarmería, cuyo nombramiento deberá ser ratificado por el Senado. Las reformas legislativas promovidas mediante las cuales desaparece la secretaría de seguridad pública también abonan al clima de confianza de los ciudadanos en la persecución de los delitos. Una de las estrategias, la fundamental, mas inteligencia y menos presencia policial, también agrega confianza a las tareas de investigación policial del nuevo gobierno federal. Existía una percepción en la comunidad de esfuerzos inútiles y derroche en el combate al crimen, así como múltiples errores, por ejemplo el caso Tres Marías ocurrido recientemente, amén de las violaciones a derechos humanos. Otro elemento que debe destacarse dentro de las políticas de seguridad es el acento en la prevención de los delitos y la promoción de la cultura de la legalidad. Por tanto, la confianza mostrada en las políticas de seguridad no son casualidad. Existe una tendencia desde junio del año pasado, es cierto, pero las medidas recientes adoptadas desde Presidencia de la República con Enrique Peña Nieto a la cabeza marcan y hacen la diferencia.