Herramienta fundamental

La reforma constitucional en materia educativa, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, en un acto protocolario donde destaca la presencia de las fuerzas políticas del país, constituye una de las herramientas fundamentales para el crecimiento y desarrollo de los mexicanos y sus familias: la educación provee de valores solidarios comunitarios, identidad de nación, pensamiento crítico, capacidad de reflexión, conocimiento del entorno, uniforma afanes y propósitos, otorga una base mínima de conocimiento para que la persona desarrolle sus potencialidades. El descuido de la educación, por el contrario, provoca desaliento, pobreza, marginación, demagogia, populismo, inequidad en la distribución de la riqueza, desesperanza. Dos son los ejes fundamentales de la reforma educativa, que implica modificaciones a los artículos tercero y septuagésimo tercero constitucionales, con la inclusión de diversos transitorios -no por ello menos importantes ni menores en jerarquía-: la rectoría del estado sobre la educación, por encima de intereses fácticos -incluido el sindicato- y la evaluación que aterriza en los ejes del servicio profesional de carrera y el autónomo Instituto Nacional de Evaluación. La rectoría implica la aplicación de políticas públicas que beneficien a la colectividad y no a un grupo específico: acciones que conjuguen la variedad de intereses y encuentren un punto de equilibrio en beneficio de la calidad educativa. En este sentido, toma especial relevancia el Servicio Profesional de Carrera, que pretende acabar con las prácticas perniciosas que impedían el ascenso del personal a labores administrativas bajo la base legítima del desarrollo profesional. El diseño del sistema de reconocimiento para docentes en servicio -especifica la iniciativa de reforma- debe basarse en un proceso de medición y evaluación justo y adecuado; los reconocimientos deben considerar la contribución de los docentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos; deben reconocer y apoyar al docente en lo individual, al equipo de maestros en cada escuela y a la profesión en su conjunto, además de abarcar diversas dimensiones de motivación para el propio docente; deben considerar incentivos económicos y otros que muestren el aprecio social a los maestros, así como ofrecer mecanismos de retroalimentación y acceso al desarrollo profesional, a través de concursos de ingreso para los docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior. Este Servicio Profesional de Carrera será garantizado por la tareas que habrá de desarrollar el Instituto Nacional de Evaluación, órgano constitucional autónomo, integrado por siete consejeros ratificados por el Senado a propuesta del Presidente, cuya permanencia será transexenal. Este instituto tendrá la responsabilidad de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, diseñar y realizar las mediciones de los componentes, procesos y resultados del sistema; emitir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y generar directrices para el mejoramiento educativo y para la equidad. El primer reto será el acuerdo nacional para la integración del Consejo, bajo la premisa de encontrar los mejores perfiles para encabezar la tarea de reencontrar a la educación con el ideal de su razón de ser: contribuir a la construcción de un ciudadano comprometido con su comunidad, pleno en valores, que se desarrolle y crezca en sus individualidades y potencialidades, abandonando la mediocridad, la media de un país que aún se niega a dar el brinco definitivo.

Mensajes y acuerdos en Chihuahua

La presencia del Presidente Enrique Peña Nieto en la Cuadragésima Cuarta Reunión Extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, presidida por el Gobernador Cesar Duarte, resulta de gran trascendencia por los acuerdos alcanzados y los mensajes políticos que envía a la Nación. Tres son los acuerdos fundamentales: el apoyo total al Pacto por México, sin distingo partidista de los gobernadores, como ruta legislativa y política nacional, que da consistencia y claridad a todos los mexicanos, en un derrotero medible y alcanzable; la decisión de continuar en el camino de la unificación de las policías en las entidades federativas, para propiciar un mayor control y desarrollo de la fase de prevención y persecución del delito, contrario a la multiplicidad de mandos y ausencia de líneas de control que existen con cientos de corporaciones policiacas en el país, y tercero, la unificación de los códigos penales, sustantivos y adjetivos, en un reto que desde el punto legislativo inicio en 2008 y que debe culminar por obligación constitucional en 2016, al menos por lo que hace a la implementación del sistema acusatorio penal. Los mensajes son diversos: el liderazgo existente en la figura del Presidente de la República, como cabeza de las grandes modificaciones que México exige, para lograr mejores estadios de bienestar y seguridad, fundamentalmente, en un ambiente de equidad e igualdad de oportunidades; la capacidad de convocatoria y acuerdos del Gobernador de Chihuahua, César Duarte, que logró el máximo quórum, 29 de los 32 gobernadores, en una sesión donde asume la presidencia Mario López Valdez, gobernador sinaloense identificado con una coalición de partidos distinta al PRI y donde el Jefe de Gobierno Capitalino Miguel Ángel Mancera, de extracción perredista, da lectura a una de las principales declaratorias de los gobernadores: el apoyo total al Pacto por México. El hecho de que los gobernadores cierren filas en torno al Pacto por México, resulta relevante, porque cierra la puerta a las especulaciones en torno a la ausencia de consensos de los presidentes de partido con sus bases en relación al acuerdo partidista y presidencial, otorgando un voto de confianza pleno a una de las rutas políticas más ambiciosas de las últimas décadas, y que gira en torno a diversas reformas trascendentales, torales, como educación, justicia, pobreza, salud y vivienda. En materia de prevención, investigación y prevención de los delitos, el acuerdo de apoyar la unificación de policías, que ya se ha venido realizando, como es el caso de chihuahua y otras entidades plantea el reto de la materialización, es decir, que las entidades den el paso y acometan las medidas legislativas y administrativas necesarias, para que en cada entidad queden bajo un solo mando. Por eso resulta relevante el acuerdo político de los gobernadores, por cuya decisión y operación camina necesariamente esta definición de unificación de corporaciones. El otro reto es la uniformidad de normas penales sustantivas y adjetivas: ya la Constitución General de la República, en su artículo 20, en relación con el segundo transitorio de decreto de reforma autorizado y publicado en 2008, establece plazos para la creación del sistema penal acusatorio oral, bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, para lo cual sólo se tiene hasta el 2016. Por eso el acuerdo obtenido por el Presidente Peña Nieto, bajo la conducción del gobernador de chihuahua como Presidente de Conago, es relevante: los tiempos están encima, y deben autorizarse las reformas legislativas nacionales y estatales al respecto, para garantizar la entrada en vigor, en tiempo, de la reforma penal garantista, que tendrá una ventaja: la experiencia de chihuahua al respecto, con los ajustes legislativos que se han efectuado desde 2010, para equilibrar la garantía de un juicio justo no solo para el imputado, sino también para la víctima y la sociedad, flagelada por la comisión de delitos. La reforma penal sustantiva se antoja más complicada, toda vez que los delitos y su sanción encuentran íntima relación con la incidencia delictiva en cada entidad federativa; su abordaje impondrá necesariamente una fase de análisis especializado.

Debilidad humana

Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, se acogió al derecho canónico, específicamente al artículo 332 para renunciar, por pérdida de vigor físico y espiritual, a su cargo de jefe del Estado Vaticano, cabeza del Ministerio de San Pedro. Hecho inédito. En 1294 con Celestino V y posteriormente con Gregorio XII en 1415, últimos sucesores petrinos en renunciar, en un contexto histórico de una lucha intestina en la Iglesia, con varios Papas disputando el Trono de San Pedro y la amenaza musulmana sobre la cristiandad, la situación de Benedicto XVI es similar: una iglesia modernista en crisis, que pierde aceleradamente adeptos, agobiada por los escándalos sexuales y la renuncia cotidiana de sacerdotes y líderes eclesiásticos. Curiosamente, el anuncio de la abdicación Papal ocurre en el consistorio donde se autoriza la canonización de 800 mártires italianos que murieron por negarse a renunciar a su fe durante la invasión otomana en Otranto, en 1480, un pequeño pueblo itálico, donde se exaltó la naturaleza del sacrificio por Cristo hasta la muerte misma. Por eso se critica la renuncia y los argumentos esgrimidos. Para el actual cardenal de Cracovia, Stanislao Dziwicz, un Papa lo es tal desde el momento en que lo eligen y hasta la muerte. Secretario del papa Karol Wojtyla, Juan Pablo II, recuerda sus palabras: "De la cruz no se baja" y "en la Iglesia no hay lugar para un Papa emérito". Ya antes el Papa había adelantado su decisión. En una amplia charla con Peter Sewald, un periodista alemán, el año pasado, había confiado en que "Uno puede renunciar en un momento pacífico, o cuando uno simplemente no puede seguir. Si un Papa claramente ve que ya no es capaz física, psicológica y espiritualmente de manejar los deberes de su función, entonces tiene el derecho y, bajo algunas circunstancias, también la obligación de renunciar", argumentos que meses después, antier, leyó en latín ante Cardenales y un pequeño público. Dijo el Papa en aquel entonces, en una extensa entrevista, que el momento de renunciar era cuando no hubiere peligro. "Cuando el peligro es grande uno no debe huir". Actualmente nadie puede negar la ausencia de peligro. No sólo a nivel mundial ocurre una crisis social y económica, sino moral y de valores. El relativismo al cual se refirió en diversas y múltiples ocasiones Benedicto XVI carcome las bases de la convivencia. Mediante ese relativismo se justifica el desorden: crimen organizado, corrupción, libertinaje, inequidad en la distribución de la riqueza, liberalismo y consumismo exacerbado: las guerras están a la puerta de la esquina, hoy más que nunca el mundo, por su crisis, requiere líderes con un gran compromiso, auténticos y heroicos. Al renunciar, Celestino V citó "razones legítimas de humildad y la debilidad de mi cuerpo" para buscar "los consuelos de mi vida pasada y la tranquilidad perdida"; hoy, Benedicto XVI, 719 años después, también en latín, justificó: "Mis fuerzas, debido a una avanzada edad, ya no son aptas para un ejercicio adecuado del Ministerio Petrino". "...el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado". El tiempo develara las razones de fondo de la renuncia. Uno de los altos funcionarios del Vaticano, Federico Lombardi, dio en el clavo al argumentar la legitimidad de la renuncia: con ella el Papa concibe el Papado como un "gran testimonio de libertad espiritual". Para el filósofo de izquierda Massimo Cacciari, "la renuncia es la verdadera innovación, la verdadera novedad de Benedicto XVI, quien con su decisión abre un camino nuevo: indicó claramente que el papado es un servicio y no un poder". Por tanto, ¿será que el papado, el Trono de San Pedro, es una decisión personal lisa y llana sujeta a la debilidad humana? Si esto es así, ¿donde queda el hilo divino?

Lucro político

La cuestión es ¿se puede especular periodísticamente e incluso con afanes políticos para sacar ventaja de la tragedia ocurrida el pasado jueves en la Torre B2 de Petróleos Mexicanos? Es decir, ¿éticamente es cuestionable hacerlo si con ello se busca, no la verdad, sino el golpeteo mediático y político? Es grave hacerlo porque genera sicosis en una suerte de promoción de un eventual ataque terrorista perpetrado por quienes se oponen a la modernización de la Paraestatales petróleos mexicanos o del crimen organizado, como se ha deslizado en las últimas horas. Es evidente que se trata a toda costa de cuestionar la atención del lamentable suceso por parte de la nueva administración federal, sin contar con un sustento, más que las apreciaciones superficiales de si olía o no a gas, o, la "tardanza" de cuatro días en un predictamen pericial, que con el apoyo de expertos nacionales e internacionales fue presentado el pasado lunes, y que en síntesis sustenta en elementos fiables la teoría del accidente provocado por una acumulación de gas. Tiene su apoyo la investigación preliminar presentada por Murillo Karam en una serie de elementos objetivos, no hay rastros de explosivos, hay evidencia de explosión por gas y no hay quemaduras ni desmembramiento en las víctimas, consideraciones apoyadas en la participación colegiada de expertos de Petróleos Mexicanos, Defensa Nacional, Marina, Procuraduría General de la República, Procuraduría y policía del Gobierno del Distrito Federal, Coordinación General de Protección Civl, Policía Federal, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Policía Nacional de España, ATF Norteamericana y la empresa inglesa SGC. Las indagatorias periciales fueron desarrolladas por expertos en explosivos y estructura, quienes determinaron que la explosión fue causada por una acumulación de gas en los sótanos del edificio B-2, que propició en las lozas un impulso hacia arriba y posteriormente su caída. Esta fue la principal causa de muerte en el edificio. Se trato de una explosión difusa: lenta, horizontal y perfectamente definida, característica de las explosiones de gas: No existe en la zona afectada rastros, un cráter, evidencia de fuego, ni fractura en las vigas ni desmembramiento, quemaduras o daño en oídos en las víctimas, como ocurre con los artefactos explosivos. Lo que si se encontró en la zona de la explosión fue un tubo conductor y un regulador de gas, en el que se encontraron rastros en el diafragma del regulador de gas metano. No hay residuos de ningún tipo de explosivo en los aparatos detectores ni en las pruebas de laboratorio. En toda la estructura, no hay elementos que presenten rastros de fuego, no hay un solo objeto quemado ni un papel en el lugar de los hechos, lo único quemado son los cuerpos de los tres trabajadores que estaban en el sótano y obviamente sus ropas y sus pertenencias. Todo parece indicar, como se desprende de las testimoniales del jefe de cuadrilla de los trabajadores que daban mantenimiento a pilotes en el sótano, la chispa pudo haber surgido de una extensión eléctrica de uso rudo utilizada en estas tareas, personal que por su cercanía al lugar de la explosión de gas, presentan quemaduras. Se podrá especular acerca de la validez de las indagatorias. Debe hacerse en el ánimo constructivo de encontrar respuestas, pero esto no debe hacerse de manera irresponsable, menos con el objetivo de lucrar políticamente, porque no solo se daña a las instituciones, se genera sicosis, y constituye una falta de respeto a las víctimas y sus familias.