Mensajes y acuerdos en Chihuahua

La presencia del Presidente Enrique Peña Nieto en la Cuadragésima Cuarta Reunión Extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, presidida por el Gobernador Cesar Duarte, resulta de gran trascendencia por los acuerdos alcanzados y los mensajes políticos que envía a la Nación. Tres son los acuerdos fundamentales: el apoyo total al Pacto por México, sin distingo partidista de los gobernadores, como ruta legislativa y política nacional, que da consistencia y claridad a todos los mexicanos, en un derrotero medible y alcanzable; la decisión de continuar en el camino de la unificación de las policías en las entidades federativas, para propiciar un mayor control y desarrollo de la fase de prevención y persecución del delito, contrario a la multiplicidad de mandos y ausencia de líneas de control que existen con cientos de corporaciones policiacas en el país, y tercero, la unificación de los códigos penales, sustantivos y adjetivos, en un reto que desde el punto legislativo inicio en 2008 y que debe culminar por obligación constitucional en 2016, al menos por lo que hace a la implementación del sistema acusatorio penal. Los mensajes son diversos: el liderazgo existente en la figura del Presidente de la República, como cabeza de las grandes modificaciones que México exige, para lograr mejores estadios de bienestar y seguridad, fundamentalmente, en un ambiente de equidad e igualdad de oportunidades; la capacidad de convocatoria y acuerdos del Gobernador de Chihuahua, César Duarte, que logró el máximo quórum, 29 de los 32 gobernadores, en una sesión donde asume la presidencia Mario López Valdez, gobernador sinaloense identificado con una coalición de partidos distinta al PRI y donde el Jefe de Gobierno Capitalino Miguel Ángel Mancera, de extracción perredista, da lectura a una de las principales declaratorias de los gobernadores: el apoyo total al Pacto por México. El hecho de que los gobernadores cierren filas en torno al Pacto por México, resulta relevante, porque cierra la puerta a las especulaciones en torno a la ausencia de consensos de los presidentes de partido con sus bases en relación al acuerdo partidista y presidencial, otorgando un voto de confianza pleno a una de las rutas políticas más ambiciosas de las últimas décadas, y que gira en torno a diversas reformas trascendentales, torales, como educación, justicia, pobreza, salud y vivienda. En materia de prevención, investigación y prevención de los delitos, el acuerdo de apoyar la unificación de policías, que ya se ha venido realizando, como es el caso de chihuahua y otras entidades plantea el reto de la materialización, es decir, que las entidades den el paso y acometan las medidas legislativas y administrativas necesarias, para que en cada entidad queden bajo un solo mando. Por eso resulta relevante el acuerdo político de los gobernadores, por cuya decisión y operación camina necesariamente esta definición de unificación de corporaciones. El otro reto es la uniformidad de normas penales sustantivas y adjetivas: ya la Constitución General de la República, en su artículo 20, en relación con el segundo transitorio de decreto de reforma autorizado y publicado en 2008, establece plazos para la creación del sistema penal acusatorio oral, bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, para lo cual sólo se tiene hasta el 2016. Por eso el acuerdo obtenido por el Presidente Peña Nieto, bajo la conducción del gobernador de chihuahua como Presidente de Conago, es relevante: los tiempos están encima, y deben autorizarse las reformas legislativas nacionales y estatales al respecto, para garantizar la entrada en vigor, en tiempo, de la reforma penal garantista, que tendrá una ventaja: la experiencia de chihuahua al respecto, con los ajustes legislativos que se han efectuado desde 2010, para equilibrar la garantía de un juicio justo no solo para el imputado, sino también para la víctima y la sociedad, flagelada por la comisión de delitos. La reforma penal sustantiva se antoja más complicada, toda vez que los delitos y su sanción encuentran íntima relación con la incidencia delictiva en cada entidad federativa; su abordaje impondrá necesariamente una fase de análisis especializado.