Herramienta fundamental

La reforma constitucional en materia educativa, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, en un acto protocolario donde destaca la presencia de las fuerzas políticas del país, constituye una de las herramientas fundamentales para el crecimiento y desarrollo de los mexicanos y sus familias: la educación provee de valores solidarios comunitarios, identidad de nación, pensamiento crítico, capacidad de reflexión, conocimiento del entorno, uniforma afanes y propósitos, otorga una base mínima de conocimiento para que la persona desarrolle sus potencialidades. El descuido de la educación, por el contrario, provoca desaliento, pobreza, marginación, demagogia, populismo, inequidad en la distribución de la riqueza, desesperanza. Dos son los ejes fundamentales de la reforma educativa, que implica modificaciones a los artículos tercero y septuagésimo tercero constitucionales, con la inclusión de diversos transitorios -no por ello menos importantes ni menores en jerarquía-: la rectoría del estado sobre la educación, por encima de intereses fácticos -incluido el sindicato- y la evaluación que aterriza en los ejes del servicio profesional de carrera y el autónomo Instituto Nacional de Evaluación. La rectoría implica la aplicación de políticas públicas que beneficien a la colectividad y no a un grupo específico: acciones que conjuguen la variedad de intereses y encuentren un punto de equilibrio en beneficio de la calidad educativa. En este sentido, toma especial relevancia el Servicio Profesional de Carrera, que pretende acabar con las prácticas perniciosas que impedían el ascenso del personal a labores administrativas bajo la base legítima del desarrollo profesional. El diseño del sistema de reconocimiento para docentes en servicio -especifica la iniciativa de reforma- debe basarse en un proceso de medición y evaluación justo y adecuado; los reconocimientos deben considerar la contribución de los docentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos; deben reconocer y apoyar al docente en lo individual, al equipo de maestros en cada escuela y a la profesión en su conjunto, además de abarcar diversas dimensiones de motivación para el propio docente; deben considerar incentivos económicos y otros que muestren el aprecio social a los maestros, así como ofrecer mecanismos de retroalimentación y acceso al desarrollo profesional, a través de concursos de ingreso para los docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior. Este Servicio Profesional de Carrera será garantizado por la tareas que habrá de desarrollar el Instituto Nacional de Evaluación, órgano constitucional autónomo, integrado por siete consejeros ratificados por el Senado a propuesta del Presidente, cuya permanencia será transexenal. Este instituto tendrá la responsabilidad de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, diseñar y realizar las mediciones de los componentes, procesos y resultados del sistema; emitir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y generar directrices para el mejoramiento educativo y para la equidad. El primer reto será el acuerdo nacional para la integración del Consejo, bajo la premisa de encontrar los mejores perfiles para encabezar la tarea de reencontrar a la educación con el ideal de su razón de ser: contribuir a la construcción de un ciudadano comprometido con su comunidad, pleno en valores, que se desarrolle y crezca en sus individualidades y potencialidades, abandonando la mediocridad, la media de un país que aún se niega a dar el brinco definitivo.