Antimonopolio en las comunicaciones

Las concesiones para radio y televisión ya no serán objeto de otorgamiento político por la vía administrativa del ejecutivo federal: ahora estos permisos gubernamentales serán determinados por dos órganos constitucionales autónomos y sus resoluciones solo podrán ser atacadas a través de amparo indirecto, previo conocimiento de tribunales especializados en telecomunicaciones. Este es el resultado de un acuerdo político entre las Fuerzas partidistas del país con el presidente Enrique Peña Nieto, traducido en propuesta de reforma constitucional enviado al Congreso de la Unión, en busca de evitar la concentración monopolica y democratizar el acceso al internet y a las comunicaciones. Se trata de una reforma de gran calado, que en principio evita que las televisoras dominantes, Televisa y Tv Azteca participen en la licitación pública de las dos cadenas nuevas de televisión abierta, con lo cual se evita el acentuamiento del monopolio en las comunicaciones. Con esta decisión se abre la posibilidad de oxigenar la competencia económica en el manejo de las telecomunicaciones, con la posibilidad de propiciar un manejo más plural de la comunicación social, lo cual debe redundar en una democratización de contenidos. La clave, es indudable, para evitar suspicacias y manejo discrecional en las concesiones, es la creación de los órganos constitucionales autónomos, cuyos nombramientos serán ratificados por el Senado. Estos órganos, la Comision Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, constituyen una buena base para desterrar esa discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones. La Comisión tendrá una actuación amplia, no sólo en la regulación y resolución en materia de telecomunicaciones, como órgano revisor, sino en todas las materias económicas del país. El Instituto deberá emitir y cuidar los diversos actos administrativos para otorgamiento de concesiones, bajo la vigilancia de la mencionada comisión, pero además, bajo el control jurídico revisor de los tribunales especializados que deberán ser constituidos por el Consejo de la Judicatura Federal e incluso el amparo indirecto, mecanismo de control del poder judicial sobre la materia. La iniciativa fue resumida en un ABC: reducir los precios en beneficio de la población, ampliar la cobertura de las telecomunicaciones y evitar la concentración monopolica. Dice Enrique Peña Nieto, y tiene razón, al final hay que cuidar los nuevos riesgos del analfabetismo funcional, acercando el internet y las comunicaciones a los ciudadanos, en una mayor y mejor comunicación, en cantidad y calidad, cuidar los contenidos, encontrando un equilibrio en el deseo de entretener y formar ciudadanos en valores, situación que las telecomunicaciones han abandonado parcialmente. La decisión política del acuerdo de reforma en telecomunicaciones puede quedarse en letra muerta si no existe una participación de gran calado por parte de todos los actores sociales. Es determinante, pero no es suficiente la voluntad del gobierno y las fuerzas partidistas: la sociedad deberá participar más decididamente. La reforma es una plataforma idónea de fortalecimiento, democratización, ampliación de cobertura y recuperación de la rectoría del estado en materia de telecomunicaciones, en el marco del gran pacto político y social emprendido desde el primero de diciembre pasado.