Decisión de Estado

La detención de Elba Esther Gordillo y su auto de formal prisión, por malversación de recursos, es un llamado fuerte a los grupos fácticos de poder, en este caso el sindicato magisterial, que se oponía a las reformas educativas que regresan la rectoría en la materia al gobierno federal y obligan a la evaluación permanente. Había diversos síntomas que avisaban de la determinación de asumir posiciones contundentes para avanzar en la rectoría educativa, una de ellas el nombramiento de Emilio Chauyffet Chemor como Secretario de Educación. Chauyffet fue el operador político para desbancar a Elba Esther de la coordinación de diputados priistas en la LVIII legislatura, como corolario del enfrentamiento con Roberto Madrazo en 2003. Otro de los síntomas fue la incorporación al Pacto por México de la reestructuración de la educación, particularmente la calidad como uno de los vértices más relevantes, sin la intervención del sindicato de maestros, y como determinación presidencial consensuada con los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Hacia mucho que Elba Esther Gordillo no era el centro del discurso educativo en el país. La calidad, que sería impulsada desde la decisión del Estado, con la colaboración y no la determinación del sindicato, implica revisar procesos no solo revisar cuestiones de recursos humanos y materiales, aunque ello sea una parte que no hay que descuidar. Una rectoría donde el Estado asume su responsabilidad en la planeación y conducción del proceso educativo, en colaboración y coordinación con los maestros y padres de familia. El doctor en pedagogia, el español Pere Marques Graell, señala que un sistema educativo de calidad se caracteriza por ser accesible a todos los ciudadanos; facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las necesidades de cada alumno para que todos puedan tener las oportunidades que promoverán lo más posible su progreso académico y personal; promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas; promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como en la vida de la institución, en un marco de valores donde todos se sientan respetados y valorados como personas; lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad; estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los demás profesionales del centro. En este proceso de colaboración, es la secretaria de educación quien planteara las rutas de trabajo, fuera de los intereses de un sindicalismo que perdió la brújula y rebasó su responsabilidad en la protección de los derechos gremiales y asumió la conducción del proceso educativo, asumiendo indebidamente rol de autoridad. En este camino destacan aspectos tan absurdos como el hecho de que los indicadores señalan que la proporción de maestros por alumnos es la adecuada, incluso se encuentra por encima de la media que maneja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y aún así no hay buenos resultados con 5.4 millones de personas analfabetas, 10 millones sin primaria, 16.5 millones con secundaria inconclusa y 7 de cada 10 jóvenes carecen de acceso a educación superior. Es cierto. La calidad como resultado del proceso educativo será fruto de la interacción y adecuada coordinación de los diversos elementos, maestros, padres de familia y autoridad. La cuestión es que esa coordinación requiere un liderazgo. Ese papel debe ser asumido por la autoridad, representada por la secretaria de educación en toda su estructura organizacional. Hablar de calidad, rendición de cuentas magisteriales, evaluación continúa, reorganización y reordenación de procesos, en educación, es un aliciente y una bocanada de aire fresco para una sociedad que sabe y esta consciente que las mejores condiciones de vida cruzan necesariamente por la premisa educativa nacional.