Reforma "mocha"

El fin del monopolio de los partidos políticos en la postulación de candidatos a puestos de elección popular -estrictamente en el ámbito local- es también el inicio de las medidas reglamentarias que permitan evitar la preeminencia de los factores reales de poder en la consecución de la titularidad de los puestos de decisión estatal y municipal. No es la panacea que evitará los protagonismos clientelares, porque la reforma aún deberá, en el ámbito reglamentario, establecer las condiciones bajo las cuales los ciudadanos podrán acceder a este tipo de candidaturas, situación que atravesara por el requisito de registro y las cuestiones financieras y su comprobación. Es decir, el mecanismo usual en aquellos países que cuentan con la figura, es que los ciudadanos que deseen postularse deberán cumplir con una determinada cantidad de firmas de electores, situación que deberá ser demostrada de manera fehaciente ante el organismo electoral. Conseguir el porcentaje de firmas no será tarea sencilla, pero además, demostrar que hay un convencimiento del ciudadano en apoyo al candidato independiente, y que la firma no fue arrancada mediante engaño o sorpresa, será tarea nada sencilla que deberá sortear el Instituto Federal Electoral -¿o el INE, o los órganos electorales locales?-, y los mismos ciudadanos organizados en torno a la figura de los modernos caudillos. Actualmente, quienes desean constituir un partido político -como esta ocurriendo con Morena de Andrés Manuel López Obrador- tienen que convocar a asambleas distritales y estatales, para demostrar frente a fedatario del Instituto Federal Electoral, que existe una base social mínima identificable. Probablemente, en el caso de candidatos independientes, no sea necesario convocar a estas reuniones, pero si lo será acompañar las firmas con identificación en copia simple, para que luego el órgano electoral local audite la autenticidad de la manifestación de voluntad. Sería un exceso que la normativa reglamentaria exija copias certificadas de las identificaciones de los ciudadanos o que incluya una comparecencia de los mismos ante el órgano. En este sentido, va a ser en la reglamentación donde encontraremos la auténtica voluntad de que las candidaturas independientes progresen, o se trata de una medida populista ante el grave deterioro en la imagen de los partidos políticos en el país, Latinoamérica y el mundo. El financiamiento de los candidatos independientes es otro mecanismo reglamentario que genera muchas dudas. Al no existir un partido político, ¿los candidatos independientes solo recibirán recursos para campaña electoral y no para gasto corriente aún en el caso de que éste se refiera exclusivamente al año electoral? Es decir, el candidato independiente requerirá un respaldo organizativo similar al de un partido político. Necesitará una estructura de personal, con sus funciones específicas, para sacar adelante de manera exitosa una postulación. Si se elimina el financiamiento ordinario, será muy difícil, complicado, que un candidato independiente pueda costear esos gastos, o bien, de entrada estaríamos abriendo la puerta al ingreso de recursos no cuantificables en sus montos, menos en su origen. La puerta abierta para el ingreso de dinero no identificado, con lo que ello implica. Los recursos para gasto de campaña, son para ello, para gastos de campaña, en sus rubros organización y movilización, del candidato y su estructura, a fin de buscar el voto. Pero hay otras funciones que el candidato debe desarrollar, como por ejemplo, la representación en órganos electorales, las tareas de capacitación de su estructura de representación en casillas, entre muchas otras. Abandonar a los candidatos independientes sin recursos para gasto ordinario, es condenarlos de antemano al fracaso o bien abrir una puerta al financiamiento extraño, no identificado. Lamentablemente la reglamentación se deja a las entidades federativas y al Distrito Federal, con lo cual podremos encontrar normas protectoras de la participación o normas restrictivas de la misma, de acuerdo a las mayorías parlamentarias en las legislaturas y la vocación democrática del gobernante. El Congreso de la Unión perdió la oportunidad de generar una base mínima que garantice que la figura de candidato independiente no fracase en su operatividad y abandone la fase discursiva constitucional. Pero además, es una reforma "mocha". No existen candidaturas independientes para el ámbito federal. Por eso reformaron exclusivamente los artículos 116 -regulación mínima de las entidades federativas- y 122 -regulación estatutaria del Distrito Federal-. La reforma de gran calado no llegó. Le dejan a los partidos el monopolio de la postulación para puestos de elección popular federales, diputados, senadores y presidencia de la república. Una oportunidad perdida para realizar modificaciones de fondo, que fortalezcan la democracia y la participación ciudadana. 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