Impunidad y medios de comunicación

Durante algún tiempo, la segunda mitad del siglo pasado y lo que va del presente, se ha insistido en que son los medios de comunicación masiva los que determinan o condicionan la agenda pública, y que por tanto, el colectivo y el poder público, están sujetos a un moderno y tiránico poder fáctico.

Esta opinión está sustentada en una independencia de los medios de comunicación frente al poder público establecido y a los poderes fácticos existentes; medios de comunicación masiva que obedecen al interés puro de la información como mecanismo de contrapeso político en una democracia; medios de contenido plural y critico que desnudan la realidad y la hacen visible a los ojos de la comunidad. Este es el ideal.

En la realidad, dentro de esos medios de comunicación existen los que coinciden con la facción política en el poder y se convierten en propagadores de sus éxitos y defensores de sus fracasos, así como los hay quienes, coincidentes con otras formas de pensar y hacer, practican una crítica per se y a priori, que obedece a su ubicación coyuntural en el espectro político. Los hay también, quienes desde una visión de responsabilidad asumen una posición ideal, de defensa de principios, más que de personas o regímenes.

Estos diversos y en ocasiones contrapuestos sistemas de comunicación son útiles para la conformación de la opinión pública, que al final, en el balance de un razonamiento de los posicionamientos, y sobre todo, de los hechos, discierne y genera juicio: separa la defensa a ultranza, irracional, así como el ataque desmedido y sin fundamento, de la crítica y autocrítica necesaria e indispensable en la evaluación de la actuación pública.

Esta opinión pública, razonada, permea a la colectividad y genera opinión amplia. El sol no puede ocultarse con un dedo. El desastre en la conducción de la cosa pública provoca rechazo y pérdida de simpatías, hasta llegar al irreductible del voto duro y militante.

Por ello, asegurar que los medios de comunicación han provocado la caída de la popularidad del Presidente de la República, es un desatino. La divulgación de los hechos lamentables ocurridos desde Tlatlaya hasta Cocula, pasando por la Casa Blanca, obvio que influye, pero no es determinante: son los hechos los que forman opinión, no la divulgación de los mismos.

Hoy Enrique Peña Nieto se enfrenta a una caída considerable del nivel de aprobación. Dos estudios recientes así lo demuestran, practicados por dos diarios de circulación nacional, Milenio y Universal.

Se han incrementado los negativos (67%) frente a los positivos (49%), la aprobación (41%) frente a la desaprobación (50%). Pero no solo ello, si la gente antes tenia confianza en el Presidente ahora no la tiene (64%), pero tampoco lo ven cercano (62%), ni capaz de resolver los problemas (62%) y menos que cumple sus compromisos (65%).

Existe una grave crisis de presencia que el mandatario tiene que enfrentar aún antes de llegar a la mitad de la administración, apenas al cumplir dos años, ante un retraso del tránsito del discurso al aterrizaje del cambio estructural, particularmente en la economía de bolsillo y en la inseguridad, pero aún más, en la sensación de que no se esta atendiendo adecuadamente el grave problema de corrupción pública, develado por la criminal complicidad del exalcalde de Iguala con un grupo de narcotraficantes.

El Presidente perdió una oportunidad valiosa al generar expectativa de auténticas medidas correctivas, más en la política real, que en la ideal legislativa, que no aterriza ni resuelve, y solo traslada el problema hacia el futuro, con sus diez medidas discursivas, alejadas de la realidad de lo que acontece en el país, donde lo que abundan son leyes y lo que falta es su aplicación, pero además por el delicado centralismo que subyace en ellas.

Si se agrega el grave déficit público provocado por la caída en el precio del petróleo, la ausencia de crecimiento para este y el próximo año,  el aumento de la deuda pública y el gasto corriente, se encuentra frente a verdaderos problemas de gobernabilidad, cuyo causante no son los medios de comunicación, que solo amplifican –y en no pocas ocasionan agudizan, focalizan y/o ¿distorsionan? los ya de por sí graves problemas- sino las erráticas medidas auspiciadas desde una visión de política pública que nada tiene de eficiencia y eficacia, con severos lunares de ausencia de honestidad auspiciados por una impunidad que debe ser eliminada de raíz.

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