Dentro de las garantías constitucionales,
hoy derechos humanos, tuteladas en el artículo sexto, destaca el derecho libre
a la búsqueda, recepción y difusión de información, porque cierra el círculo de
la comunicación del ciudadano.
Es cierto que resulta fundamental la libre
manifestación de las ideas, emancipada de cualesquier inquisición judicial o
administrativa, y solo restringida en los casos excepcionales que la norma
constitucional establece, el ataque a la moral, la vida privada o los derechos
de los terceros.
Sin embargo, de nada valdría tener la
posibilidad de difundir información, si antes, no pudimos acceder a ella para
efectos de su procesamiento y posterior difusión a través de cualquiera de los
medios de comunicación a nuestro alcance, radio, televisión, prensa o Internet
(periódicos digitales, redes sociales, etc.).
Es decir, antes de difundir algo, debemos
haber tenido la oportunidad de obtener ese algo, en condiciones de apertura,
disposición, profundidad, pertinencia y oportunidad, características
elementales que, aunados a nuestra capacidad de análisis, permiten obtener el
dato a comunicar.
De esta forma, todas las personas que
habitan el territorio nacional tienen protegido el derecho a buscar
información, no solo los periodistas o investigadores, sino todas las personas,
sin distingo alguno.
Si bien es cierto, desde finales de la
década de los setentas se garantiza el acceso a la información, con una
modificación al artículo sexto constitucional, va a ser hasta 2003 a nivel nacional y 2005
en el caso de chihuahua, cuando se regule el acceso a la información,
herramienta moderna en la búsqueda de información.
Antes de la emisión del marco jurídico en
materia de transparencia, el acceso a la información era particularmente
discrecional. En la actualidad, las dependencias públicas, organismos
autónomos, personas morales que manejen recursos públicos y partidos políticos,
están obligados a un procedimiento que permite a cualquier persona, sin más
requisito que una solicitud, a acceder a la información.
Es cierto que muchas dependencias se
escudan en diversos argumentos que tuercen la norma para evitar proporcionar
información, ocultan información, incluso mienten, como aconteció recientemente
en el caso Tlatlaya por parte de la Procuraduría Generalla República ,
sin embargo son la excepción. La generalidad de las solicitudes de información
encuentran respuesta.
Uno de los problemas más frecuentes es la
ausencia de la información, tal cual la solicitan las personas, ya que los
sujetos obligados a la transparencia solo están impelidos a proporcionar la
información con que cuenten, nada los vincula a procesar información en los
términos solicitados.
Aunque ya se han emitido diversos criterios
que contradicen este aserto y pugnan por una máxima apertura, lo cual obliga a
procesar información, aún falta camino por recorrer. Es imposible que las
dependencias o sujetos obligados procesen continuamente información, pensando
en el usuario. Más bien lo hacen para cumplir con sus funciones y atribuciones
legales. En ese sentido podemos acceder a dicha información procesada.
Al final, buscar información es una
aventura continua, que implica mucho trabajo de escritorio que tiene sus retribuciones.
Así mucha de esa búsqueda se realiza para fines periodísticos o simplemente
laborales, o de interés personal por algún trámite administrativo o
jurisdiccional. Lo interesante es que mucha de esa información que surgió con
un afán particular, termina por servir a la colectividad a través de su
difusión.
De esta forma se construyen redes de
comunicación e información, algunas más formales o rígidas, que otras, que
nutren la construcción de pensamiento crítico, pilar de la comunidad y sociedad
democrática.
Buscar información debe ser, por lo tanto,
un afán no solo de investigadores o periodistas, sino de todos nosotros, para
fortalecer esa red de comunicación, valladar frente a los afanes naturales de
exceso de los poderes formales y fácticos.
Hay que romper esa barrera mental personal
que nos impide ejercer nuestro derecho a buscar información. En el 2013, a través del sistema
Infomex Chihuahua solo se realizaron 5,176 solicitudes: solo un 0.15 por ciento
de los chihuahuenses (3.4 millones) tuvo el interés de presentar una solicitud.
La estadística no es agradable ni habla
bien del interés de los chihuahuenses por la transparencia, vehículo, que como
ya dijimos, es esencial en el esquema constitucional de garantía del derecho de
buscar información.
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