Columna de análisis crítico

martes, 4 de agosto de 2015

Inmediata atracción

Mi más sentido pésame al colega y Maestro periodista Carlos Ravelo, destacado integrante del Club Primera Plana en la ciudad de México, por el fallecimiento de su señora esposa Bety Ravelo. Descanse en paz.

Al final de cuentas las cosas siguen igual en materia de protección a periodistas: una federación inactiva que deja en las autoridades locales la investigación de homicidios y atentados contra periodistas y medios de comunicación, pese a su relevancia y trascendencia, y se sienta a esperar que sea la familia de la víctima quien pida la atracción federal.

Ya se alertaba desde hace varios años de esta situación, cuando se modificó el código adjetivo penal federal, en el cual se incorporó la figura de la atracción de delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación: la figura, vendida como una federalización resultó una simple modificación sin aspecto sustancial, porque al final, sigue la misma ruta de la figura que ya existía para cualesquier otro delito del fuero común (bajo el supuesto de conexidad).

Es decir, queda en la Procuraduría General de la República a través de sus agentes del ministerio público, valorar la atracción de los delitos, conforme a los supuestos que señala el código federal de procedimientos penales, esto es, cuando exista indicio de participación de servidores públicos del orden municipal o estatal; se trate de delitos graves; la integridad de la víctima se encuentre en riesgo “real”; lo solicite la autoridad estatal; haya impacto trascendente al ejercicio del derecho a la información o a la libertad de expresión; existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio de estas libertades; el hecho trascienda a varias entidades o exista sentencia de responsabilidad internacional, o fuera de ellos, cuando lo solicite la víctima u ofendido.

Hay que aceptar que en su momento la incorporación de estas posibilidades de atracción resultaron un avance. Sin embargo, con el paso del tiempo la percepción cambia. Son más un obstáculo que una decisión real de concentrar la investigación de los delitos de periodistas y comunicadores en la federación, poder que cuenta –se supone- con los instrumentos más avanzados, recursos, tecnología, personal, e independencia, para garantizar una investigación y sanción para este tipo de delitos. Lo cual, hasta el momento lamentablemente no ocurre, porque la procuraduría general se escurre para evitar la atracción.

Así, vemos con el terrible asesinato del colega foto-periodista Rubén Espinosa, colaborador de Cuartooscuro y Proceso, como, existiendo la posibilidad de utilizar el mencionado marco jurídico para la atracción, la Procuraduría General de la República lo evade y solo atina a estar al pendiente de las indagaciones. Simple observador.

El asunto es harto delicado. Más aún cuando el colega se encontraba en el Distrito Federal huyendo de amenazas, algunas de ellas atribuidas a la administración del Gobernador Javier Duarte, quien recientemente, en un desafortunado discurso con motivo de la celebración del siete de junio, se habría lavado las manos, señalando a los comunicadores ahí reunidos el conocimientos de vínculos con crimen organizado, sin señalar casos concretos ni acudir a las instancias jurídicas pertinentes: solo esbozó un señalamiento superficial con aroma a amenaza velada. Grave, muy grave.

Es evidente que en el caso del periodista Rubén Espinosa existían y existen en estos momentos condiciones para la atracción. La Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas está obligada a asumir, en este contexto, una posición rígida para atraer la investigación: en Veracruz han fallecido en el actual sexenio gubernamental trece periodistas y tres más continúan desaparecidos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya está investigando e integrando carpeta. Se han adoptado las primeras medidas de protección a la familia del colega asesinado. Es necesario, para reforzar, la atracción.

Sin embargo, incluso como decisión política: es mejor para la administración federal deslindar como móvil el ataque a la libertad de expresión, pero con una investigación profunda y no sobre rodillas, que continuar con el simplismo del robo o la venganza como móvil.

http://robertopinon.blogspot.mx/





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