In memoriam de nuestros queridos amigos y colegas periodistas Javier Salinas y Javier Moya, asesinados el 20 de abril del 2012, cuyo vacío jamás podrá ser colmado.
La declaración de Chapultepec tiene en su segundo principio elementos indispensables para el periodismo y comunicación en el Estado democrático de derecho.
Afirma esta relevante declaración que “Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos”.
Primero que nada, cuando la declaración se refiere a “toda persona”, está incluyendo forzosamente a personas físicas y morales. Es decir, no solo las personas entendidas como individuos pueden pretender la búsqueda y divulgación de información, sino que también están posibilitadas las personas morales, de cualquier naturaleza, sean mercantil o social.
Esto es relevante porque luego se piensa que únicamente las personas pueden acceder a este derecho entendido como un derecho humano individual o personal, cuando existen diversas resoluciones nacionales e internacionales, particularmente de la Comisión y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que protegen el derecho de las personas morales a la búsqueda y divulgación de información.
Ahora bien, puede pensarse que solo las personas morales que no persiguen lucro son las únicas con la posibilidad de buscar y difundir información, lo cual es inexacto. En el caso de las personas morales mercantiles, aún y cuando tengan como objeto realizar actividades lucrativas, también pueden ejercer éste derecho de manera plena, sin restricción alguna. Ejemplo de ello son las empresas periodísticas. Paradójicamente son éstas personas quienes de manera profesional desarrollan esta importante función social.
Por cuanto a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente, resultan fundamentales para el ejercicio pleno de la libre expresión.
Por un lado buscar y recibir información se ha pretendido acotar a la transparencia mediante un modelo que ha sido implementado en el país a través de un procedimiento rígido. Sin embargo, antes que la transparencia, existe tutelado el derecho constitucional de petición que no exige ningún tipo de formalidad.
La transparencia, sin negar su utilidad en el periodismo de investigación y en un mínimo estandarizado de los sujetos obligados, se ha convertido en un procedimiento tortuoso, que ha capricho es manejado por servidores públicos, con el afán de ocultar información o presentarla a medias para evadir su responsabilidad de informar.
Buscar y recibir información no tendría mayor utilidad sí en relación con ellas no se pudiesen expresar opiniones y divulgarlas libremente. Buscar y recibir información sin la posibilidad de utilizar megáfonos para compartirlas en busca de construcción de opinión pública, constituirían un ejercicio estéril, altamente improductivo, impensable en la era moderna de los grandes avances tecnológicos.
Levantar barreras que impidan ese libre tránsito de pensamiento, es un signo inequívoco de autoritarismo gubernamental que busca, mediante el uso de la fuerza –directa o indirecta- condicionar contenidos para beneficio personal o de grupo.
Ante esta innegable posibilidad fáctica y formal –debido a los intentos burdos de ejercicio de la fuerza o bien, de aquellos intentos elaborados mediante leyes y reglamentos restrictivos, como la ley de derecho de réplica- la Declaración Chapultepec, advierte: “Nadie puede restringir o negar estos derechos”.
Cuando hablamos de nadie, tautológicamente es nadie: ni un particular ni una persona moral, menos el gobierno o un representante del mismo.
Nadie es nadie: busca la referida Declaración evitar cualquier resquicio en su afirmación protectora del derecho a buscar y divulgar información.
Cuando dice es nadie, pretende blindar de aquellos artilugios formales o de facto que siempre la autoridad buscará implementar para justificar sus actos, por más indebidos o caprichosos sean éstos.
Sabían los promotores de esta importante Declaración Chapultepec, la natural inclinación de quienes detentan el poder, por buscar violentar la inherente facultad de libre expresión del pueblo, que hoy vive en crisis, por un voluntarismo en el ejercicio del poder, que amenaza, de continuo, el libre ejercicio de la libre expresión de las ideas.
Una amenaza que, como señala la Declaración, nunca debe restringir ni negar absolutamente estos derechos, pero que en la práctica lo hacen autoridades de los tres niveles de gobierno, cuando condicionan o niegan información, filtran información errónea o conducen al error mediante comunicados, ruedas de prensa, entrevistas o libelos propios, haciendo de éstos derechos de prensa y expresión, una auténtica negación.
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