Mi reconocimiento a los colegas periodistas Emanuel Fernández, Alfredo de Avila y Gustavo Cabullo, galardonados como Premio Nacional de Periodismo “Veritas in verbis”, que otorga el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores. Felicitaciones.
La declaración Chapultepec (México, 1994) prohíbe las acciones directas o indirectas que coartan la libertad de expresión y de prensa.
Esto es así porque existen actos de autoridad y de particulares, que de manera sutil y encubierta se ejecutan, tratando de ocultar la intencionalidad de dañar al medio de comunicación y al periodista.
Contrario a ello, existen acciones que burdamente atacan la persona o bienes que desarrollan actividades de comunicación.
Ambas acciones son realizadas de manera sistemática por el gobierno o de poderes fácticos no oficiales en busca de acallar o matizar voces del periodismo. Son acciones igualmente dañinas, y que a largo plazo, nulifican la libre expresión de las ideas.
Sin embargo, es necesario aceptar que las acciones directas tienen un agregado criminal que busca aniquilar al periodista, situación de suma gravedad, que de 1983 a la fecha ha dejado una estela de 230 periodistas asesinados en nuestro país.
En Chihuahua, Miroslava Breach y Adrián Rodríguez, son una prueba lamentable de ello.
El artículo cuarto de la Declaración Chapultepec se va a referir a las acciones directas como aquellas que “coartan severamente” la libertad de prensa y expresión.
Dice textual dicha declaración: “4.- El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.
El homicidio de los comunicadores no es la única acción directa que pueden intentar los enemigos de la libre expresión de las ideas. Lo es también el terrorismo, como ya ha acontecido en algunos medios de comunicación del país, con el periódico El Debate en Culiacán, Sinaloa, en 2008, o el periódico El Norte en Monterrey y Matamoros en 2011, o el periódico Noroeste, en Mazatlán, Sinaloa en 2010. Dichos periódicos sufrieron atentados en sus instalaciones.
En cuanto al secuestro, en 2014, de acuerdo con Reporteros sin fronteras, México se encontraba en el quinto lugar a nivel mundial con tres casos.
Las presiones, la intimidación y la prisión injusta, cometidos contra informadores, son mecanismos para violentar la libertad de expresión. Son utilizadas por funcionarios de los distintos niveles de gobierno y por representantes de poderes fácticos del sector privado y social, en busca de conducir el contenido de la comunicación para proteger sus intereses.
Desde una llamada telefónica, una declaración agresiva que estereotipa o la agresión física de un elemento policíaco en una escena del crimen, estas conductas trastocan la actividad de cobertura periodística, bajo la más completa impunidad.
La amenaza de prisión injusta o incluso su materialización, constituían una espada de Damocles permanente sobre la cabeza de los comunicadores. La eliminación de la calumnia y difamación constituye un alivio para la comunicación; sin embargo las sanciones pecuniarias establecidas por jueces civiles constituyen un moderno tipo penalque impone sanciones monetarias impagables a los comunicadores.
Cuando Chapultepec habla de prohibir la violencia de cualquier tipo, la formula es afortunada, ya que el poder formal o fáctico utiliza cada día nuevas y más ocultas formas de atentar contra la libre expresión de las ideas. Cada una de ellas constituye una especie de violencia.
Es cierto. La impunidad es un verdadero problema. Son contados los casos en que los agresores materiales o intelectuales obtienen sentencia condenatoria. Por ello se ha insistido en crear una Fiscalía Estatal dotada de recursos suficientes para responder de manera especializada y profesional de la persecución de los delitos de prensa y expresión.
Pero además, que debe fortalecerse la coordinación con otros órdenes de gobierno, y crear mecanismos de seguimiento en el Poder Legislativo, así como reconocer la importancia de una mesa amplia de dialogo y rendición de cuentas como la que crea el mecanismo de protección a periodistas de 2010.
La construcción de éstos mecanismos institucionales y de acompañamiento con el sector organizado de periodistas, constituyen, sin duda, un auxilio importante para que las investigaciones se realicen con celeridad y se castigue a los responsables.
Sígame en: robertopinon.blogspot.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario