Inmediatista y coyuntural

Las elecciones en el Estado de México son cruciales en torno al proyecto de Nación: pretender derrotar a la corrupción llevará a la sepultura de la democracia en 2018: el mal mayor puede ser irreversible y de un daño incalculable.

El poder formal y fáctico ha refinado sus tácticas para cooptar la libertad de expresión, ora utilizando acciones directas en contra de periodistas y medios de comunicación, ora utilizando el sistema jurídico en sus facetas fiscales, administrativas, civiles e incluso penales.

Es cierto que las acciones directas son fácilmente identificables y generan un encono de la sociedad, por lo cual han sido dejadas hasta cierto punto de lado -los crímenes son una prueba de que aún persiste-, salvo esporádicos actos de intolerancia, discurso de odio o agresión de funcionarios o policías. La rápida reacción de repudio en medios y organizaciones periodísticas -cada día con una mayor organización-, provoca inmediatamente la solidaridad de la opinión pública.

Por ello se buscan acciones encubiertas, subterfugios legales o administrativos: una auditoria del Servicio de Administración Tributaria, una visita sorpresa de inspectores del Instituto Mexicano del Seguro Social, e incluso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios por aquello de manejo en comedores o la Profepa por químicos contaminantes.

La baraja de acciones fiscales o administrativas es amplia en contra de empresas que no requieren de una concesión o permiso oficial, no se diga en aquellas que están sujetas a un régimen de autorización, como la radio o la televisión, que deben soportar la presión oficial al momento de la renovación, cuanto más al concursar por un nuevo espacio radio eléctrico explotable -sin exculpar las acciones lamentables donde se falsea información para obtener las prebendas de nuevos jugadores y que culminaron con la nulidad de facto de la reciente licitación 2017-.

La Declaración de Chapultepec, en su punto número siete, se refiere a estas situaciones: "Las políticas arancelarias y  cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas".

Durante un tiempo el premio para las empresas periodísticas fue la prestación de papel a precios subsidiados e incluso, financiado, por una empresa estatal denominada Pipsa: pero también fue el castigo para aquellas editoras que no se plegaban al designio oficial. La liberación de importación permitió sacudirse de este mecanismo de premio y castigo.

Sin embargo, la importación de maquinaria, tecnología y equipo informático se convirtió en una nueva espada de Damocles, por la severidad del arancel cobrado en las aduanas, hasta que de nueva cuenta, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se liberó el trasiego de este tipo de productos y servicios. Pero no por ello deja de ser una herramienta de presión oficial, particularmente de la federación.

Debe llamar la atención que el otorgamiento y supresión de publicidad oficial ocupe un espacio dentro del punto séptimo, junto con aquellas estrategias de cooptación oficial sobre los medios de comunicación.

Ni la Federación ni las entidades federativas han reglamentado legalmente éste aspecto, pese  a existir una obligación de carácter constitucional derivado de las reformas del 2007 al artículo 134.

Existe un reglamento administrativo emitido por el Secretario de Gobernación que establece lineamientos de contratación.

Sin embargo, la regulación que se requiere al respecto debe contemplar aspectos de pluralidad, cultura, pertinencia, subsidariedad, impulso al empleo: la pauta publicitaria no debe considerar únicamente la audiencia, porque con ello se privilegian los grandes medios de comunicación, que en su mayoría se orientan al entretenimiento y la comunicación superficial.

La pauta publicitaria debe alentar el surgimiento de medios de comunicación regionales que impulsen el pensamiento crítico, partícularmente en relación con el poder público y fáctico: genera empleo en el sector de medios de comunicación, e impulsa las pequeñas empresas.

La tentación, lamentablemente, es la manipulación de la pauta publicitaria, incluso tratar de evadir a los medios de comunicación provocando su inanición: incluso la edición de medios gubernamentales o gacetillas insertas en los grandes medios, como la radio, la televisión o la prensa es parte de este plan.

No existe una visión de Estado en la materia, sino una intención de gobierno, inmediatista y coyuntural, con fines electorales para la conservación simple y elemental del poder.

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Perverso trato

Las medidas reactivas adoptadas para proteger a los periodistas no servirán de mucho, si no se adoptan protocolos preventivos que fortalezcan la seguridad en la cobertura de sucesos de alto riesgo para los comunicadores. 

“Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”.Este es el sexto principio de la Declaración de Chapultepec. 

Se trata de un principio relevante, en función de que se enlaza con la publicidad oficial y el tratamiento que se recibe por parte del sector público en cualquier área, como por ejemplo el fiscal, en sus tres niveles, Federal, Estatal o Municipal.

Es decir, la razón de ser de los medios de comunicación y su ejercicio periodístico, es la crítica hacia los poderes formales y fácticos.

No puede entenderse otro tipo de periodismo sino éste, porque un periodismo proclive al poder, se convierte en instrumento de propaganda, de manipulación de la opinión pública.

A veces se piensa que con la publicidad se compra el contenido de la información en los medios de comunicación. Nada más erróneo: la adquisición de publicidad permite al sector público o privado presentar sus productos o servicios ante el mercado de compradores.

La publicidad y los contenidos llevan –o deben llevar- tratamientos distintos: las empresas periodísticas por lo común dividen estas dos funciones en áreas separadas, para evitar la contaminación de una y otra.

Incluso algunos medios de comunicación cuentan con una gerencia administrativa que desarrolla las funciones de manejo de personal, recursos materiales y financieros, así como la política y ejercicio directo de la publicidad.

Las funciones de información las desempeña un director editorial que controla el proceso informativo, a los reporteros, editores y fotógrafos.

Por otro lado, la publicidad es un instrumento financiero del medio de comunicación que le permite cubrir los gastos de elaboración y distribución del medio de comunicación. Es un servicio que fortalece el libre mercado.

Cada uno de los suscriptores o compradores del medio de comunicación, un periódico, una revista, o bien radio escuchas o televidentes, sin olvidar cibernautas, son posibles compradores del producto difundido. Por esa difusión el cliente paga un precio y recibe el servicio.

Sin embargo muchas veces se piensa que al comprar publicidad se esta adquiriendo el contenido del medio de comunicación. Eso es falso.

El contenido informativo debe tener una serie de atributos que le permiten gozar de credibilidad ante los lectores. Por ejemplo, veracidad, oportunidad, imparcialidad, independencia, pluralidad, profundidad y sentido crítico.

Todos estos elementos son esenciales a la información periodística. Sin ellos, el medio de comunicación se convierte en un simple instrumento de propaganda.

¿Cómo se controla que el medio de comunicación cumpla con ellos?

Son dos los principales instrumentos de control: la ética profesional del periodista y los lectores, radio escuchas, televidentes o cibernautas.

La ética es una herramienta valiosa que concita en el periodista la responsabilidad personal, propia, frente a la distorsión y la manipulación.

Los lectores son el principal indicador de que estos principios se cumplen, porque son el respaldo real del medio de comunicación: se accede a la información porque se confía en ella.

Ahora bien, esa información no puede quedarse en la superficialidad de transmitir el hecho. El periodista va más allá: acude a los géneros periodísticos como la entrevista, el reportaje, la crónica, la columna o el editorial, para profundizar, buscar la información que trasciende.

Una información periodística de esta naturaleza no puede ser comprada por la publicidad: siempre se resiste a ello.

Ante este ideal periodístico, la Declaración Chapultepec advierte: el contenido de la información no puede provocar discriminación ni trato favorable: por que esto constituye una violación a la libertad de expresión.

Los poderes formales y fácticos no pueden condicionar el contenido de los medios de comunicación a la publicidad. Y si lo hacen, el contexto democrático de la sociedad sufre, porque se mutila el quehacer fundamental del periodista.

En ese momento, la autoridad pervierte al Cuarto Poder y lo transforma en un instrumento de manipulación que maneja a placer y capricho, situación que no puede ni debe ser tolerada ni auspiciada. Es un inadmisible perverso trato.

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Censura indirecta

Terrible y oprobioso: la oleada de muerte contra comunicadores no se detiene: Javier Valdez en Sinaloa y Jonathan Rodríguez en Guadalajara, son asesinados ante la impunidad total.

Las agresiones directas contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación, no son las únicas formas en las que se trata de acallar la libre expresión de las ideas.

El sistema político, en su vertiente formal y fáctica, ha encontrado formas sutiles en busca de colocar una mordaza en medios de comunicación.

Se trata, a través de estas acciones, de controlar y manipular contenidos con la finalidad de obtener propaganda acorde con sus fines.

Los medios de comunicación, constructores de opinión pública, se convierten en instrumentos para fortalecer y ampliar el poder que el sistema político ejerce.

El medio de comunicación presenta información que la población encuentra verídica, creíble: la audiencia se forma opinión.

Con los medios indirectos de censura, el sistema político imperante se asegura que esa opinión edificada le será favorable, o al menos, indiferente, a sus propósitos de dominación.

Por ello, en su principio quinto, la Declaración de Chapultepec alerta acerca de diversos mecanismos de censura adoptados por dichos poderes formales y fácticos.

Entre ellos señala directamente la censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas.

Para los firmantes de la Declaración Chapultepec, y para un observador objetivo, estas acciones por supuesto que constituyen una oposición directa a la libertad de prensa.

La censura previa son los intentos de los comunicadores sociales y operadores políticos que buscan matizar o evitar la publicación de información: antaño un personaje oficial revisaba las planas de los periódicos antes de su impresión.

Hoy no les es permitido a dichos operadores presionar a un medio de comunicación con dicho objeto. Buscar el equilibrio informativo e incluso el derecho de réplica es otra cosa: fortalece el ejercicio periodístico.

Ahora bien, ¿la censura tendrá que ser directa, inmediata, burda, para que sea censura? ¿o, cuando es sutil, también lo es? Elimino o restrinjo la pauta publicitaria. Mando mensajes indirectos de que dicha información no debe aparecer. Envío agentes policíacos a realizar rondines por la casa editora o el domicilio del comunicador. Amenazo con retirar la concesión. Hay mil maneras de ejercer presión sobre el medio de comunicación y el periodista. Todas ellas están prohibidas.

Sin embargo, en mayor o menor grado continúan ejerciéndose.

Por ejemplo, la imposición arbitraria de información. Bajo el señuelo de publicidad, de un contrato en revisión, de mejores condiciones de pauta, se presiona a los comunicadores y los medios de comunicación desde la esfera oficial y privada: en tanto se recibe la publicidad, los medios deben publicar información de propaganda oficial: los comunicados de prensa son prolijos en busca de divulgar una versión oficial de que nada ocurre y todo está bien.

Otra forma de ataque indirecto es bloquear el flujo informativo y limitar el ejercicio periodístico.

Se eliminan las entrevistas como instrumento para obtener información: los funcionarios no están dispuestos a ser cuestionados. Las ruedas de prensa se convierten en mecanismos unidireccionales de información: el único que tiene voz es el funcionario en turno y el periodista calla y escribe.

La transparencia se transforma en un mecanismo de opacidad, que salvaguarda los secretos de la administración pública: las solicitudes se niegan, o la información se entrega a medias, se contesta con evasivas o información inútil.

Se evita que los periodistas realicen coberturas periodísticas: se les amedrenta en la escena del crimen: hay un discurso de odio en las vocerías que acusan parcialidad o ausencia de objetividad en la información.

En fin, se olvida que no importa si son medios directos o indirectos los que obstaculizan la libre expresión de las ideas, todos ellos son tipos de censura, que vulneran la actividad periodística, y con ello, se socava un elemento indispensable del estado democrático moderno: la pluralidad y el pensamiento crítico.

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Agresiones impunes

Mi reconocimiento a los colegas periodistas Emanuel Fernández, Alfredo de Avila y Gustavo Cabullo, galardonados como Premio Nacional de Periodismo “Veritas in verbis”, que otorga el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores. Felicitaciones.

La declaración Chapultepec (México, 1994) prohíbe las acciones directas o indirectas que coartan la libertad de expresión y de prensa.

Esto es así porque existen actos de autoridad y de particulares, que de manera sutil y encubierta se ejecutan, tratando de ocultar la intencionalidad de dañar al medio de comunicación y al periodista. 

Contrario a ello, existen acciones que burdamente atacan la persona o bienes que desarrollan actividades de comunicación. 

Ambas acciones son realizadas de manera sistemática por el gobierno o de poderes fácticos no oficiales en busca de acallar o matizar voces del periodismo. Son acciones igualmente dañinas, y que a largo plazo, nulifican la libre expresión de las ideas.

Sin embargo, es necesario aceptar que las acciones directas tienen un agregado criminal que busca aniquilar al periodista, situación de suma gravedad, que de 1983 a la fecha ha dejado una estela de 230 periodistas asesinados en nuestro país.

En Chihuahua, Miroslava Breach y Adrián Rodríguez, son una prueba lamentable de ello.

El artículo cuarto de la Declaración Chapultepec se va a referir a las acciones directas como aquellas que “coartan severamente” la libertad de prensa y expresión.

Dice textual dicha declaración: “4.- El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.

El homicidio de los comunicadores no es la única acción directa que pueden intentar los enemigos de la libre expresión de las ideas. Lo es también el terrorismo, como ya ha acontecido en algunos medios de comunicación del país, con el periódico El Debate en Culiacán, Sinaloa, en 2008, o el periódico El Norte en Monterrey y Matamoros en 2011, o el periódico Noroeste, en Mazatlán, Sinaloa en 2010. Dichos periódicos sufrieron atentados en sus instalaciones.

En cuanto al secuestro, en 2014, de acuerdo con Reporteros sin fronteras, México se encontraba en el quinto lugar a nivel mundial con tres casos.

Las presiones, la intimidación y la prisión injusta, cometidos contra informadores, son mecanismos para violentar la libertad de expresión. Son utilizadas por funcionarios de los distintos niveles de gobierno y por representantes de poderes fácticos del sector privado y social, en busca de conducir el contenido de la comunicación para proteger sus intereses.

Desde una llamada telefónica, una declaración agresiva que estereotipa o la agresión física de un elemento policíaco en una escena del crimen, estas conductas trastocan la actividad de cobertura periodística, bajo la más completa impunidad.

La amenaza de prisión injusta o incluso su materialización, constituían una espada de Damocles permanente sobre la cabeza de los comunicadores. La eliminación de la calumnia y difamación constituye un alivio para la comunicación; sin embargo las sanciones pecuniarias establecidas por jueces civiles constituyen un moderno tipo penalque impone sanciones monetarias impagables a los comunicadores.

Cuando Chapultepec habla de prohibir la violencia de cualquier tipo, la formula es afortunada, ya que el poder formal o fáctico utiliza cada día nuevas y más ocultas formas de atentar contra la libre expresión de las ideas. Cada una de ellas constituye una especie de violencia.

Es cierto. La impunidad es un verdadero problema. Son contados los casos en que los agresores materiales o intelectuales obtienen sentencia condenatoria. Por ello se ha insistido en crear una Fiscalía Estatal dotada de recursos suficientes para responder de manera especializada y profesional de la persecución de los delitos de prensa y expresión.

Pero además, que debe fortalecerse la coordinación con otros órdenes de gobierno, y crear mecanismos de seguimiento en el Poder Legislativo, así como reconocer la importancia de una mesa amplia de dialogo y rendición de cuentas como la que crea el mecanismo de protección a periodistas de 2010.

La construcción de éstos mecanismos institucionales y de acompañamiento con el sector organizado de periodistas, constituyen, sin duda, un auxilio importante para que las investigaciones se realicen con celeridad y se castigue a los responsables.

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