Es copia Claudia de Andrés

Echó por la borda Claudia Sheinbaum la gran oportunidad de renegar del legado nefasto de Andres Manuel, cuando menos un milimetro.

En nada se separó de su antecesor, a quien prodigo loas al por mayor, no solo verbales, sino gestuales; confirmó que será un apéndice sin vida propia del procer de la mentirosa Cuarta Transformación.

Mentirosa, porque vive Claudia, igual que hizo López, en una irrealidad; la seguridad destrozada; la salud abandonada; la educación ideologizada; la energía tirando dinero con Pemex.

Los grandes proyectos sexenales de López están incompletos; ni uno solo quedó concluido; el Aifa a la mitad; Dos Bocas, sin refinar gasolina; el Tren Maya, infuncional por caro para el pueblo bueno.

La ingenieria electoral basada en la dadiva tendrá continuidad e incremento; es el motor del voto lastimoso con grave consecuencia para las finanzas y la economía del mismo pueblo.

Esos 700 mil millones de pesos anuales son derramados sin distinguir si requieren o no la ayuda; es una dispersión a ciegas de dinero, que solo causa inflación y no ataca la pobreza; pero además, paraquienes con urgencia lo necesitan, esos miles de pesos se pierden ante el alto costo de la vida.

Se convierten en nada ante la ausencia de serrvicios de calidad, como la salud; están siendo arrojadas las personas a un alto costo de bolsillo, que no pueden sufragar con las migajas que la administración pública les arroja en sucursales sufridas del Banco del Bienestar, donde hay que hacer filas durante horas, en el sol y el frio, para mendigar esos pesos.

Eso sí, los siervos de la nación están prestos para condicionar apoyos, amenazar a ese pueblo bueno con que si no votan por Morena perderán los apoyos.

Esos siervos cuestan cientos de millones, y son el eje del aparato electoral de Morena convertido en partido de Estado, con el agravante de que muchos de ellos son fantasmas y solo son desvío artero de dinero en beneficio de la nomenklatura morenista, los nuevos ricos de la política.

Mal Claudia cuando pide a su partido que no se convierta en lo que por naturaleza es su diseño; nació para ser partido de Estado.

Asi vemos a la secretaria de gopbernación, Luisa María Alcalde dar un paso y convertirse en presidenta Nacional de Morena; y al presidente del partido, Mario Delgado, con un brinco llegar a la secretaria de Educación, para adoctrinar a la niñez y juventud mexicana, en los principios marxistas, y adulación a la 4T, y su idolo tlatuani AMLO.

Ni se diga que el enlace y operador de AMLO lo será su propio hijo Andy López Beltrán, incrustado por protección en el partido y mañana diputado, senador o Gobernador.

En el combate a la violencia, sigue en el error la presidenta; atacar las causas, abandonando la alta misión de gendarme del Estado, usando la fuerza legitima; empodera ironicamente al ejército, traicionando inclusive sus principios de izquierda; su gobierno, como el de su antecesor, adquiere matices de autoritarismo y populismo.

Toma entonces el rumbo marcado por el de macuspana, por el momento, pero las condiciones son diferentes; las segundas partes nunca son mejores, eso tiene en contra, por lo que deberá tomarse un momento y pensar, como ella misma recomendó el día de hoy desde la máxima tribuna del país, esa que arrebato la 4T de manera mañosa en la interpretación de las normas electorales, en auténtico pleito ratero.

Quizá pensando un poco toma otra decisión, pero lo dudo.

Si era un peligro para México

La política es el arte de lograr y permanecer en el poder a como dé lugar, sin hacer caso a la moral o a cualquiera de los valores que en ella sean pregonados.

Para la política la moral es un árbol de moras.

Lamentable definición esta de la política, pero realista, cuando se había construido en México a lo largo de los años un estado democrático de derecho funcional, bajo una definición idealista de dicho concepto.

En esta última concepción de la política nacen las democracias, sistemas de gobierno imperfectos, al permitir la mayor libertad posible aún con el yugo de un pacto social obligatorio producto de la organización social, en donde todos cedemos parte de nuestra libertad en aras del interés común.

Esa imperfección llega a tal grado que permite incluso que un populista llegue al poder y utilice esa vía democrática para construir el país de un solo hombre, una dictadura, como ocurrió en Venezuela y está en vías de ocurrir en México.

En la dictadura el Estado exige la cesión de todas las libertades.

Venezuela es una dictadura porque no se permite el disenso ni los contrapesos. La camarilla que gobierna con Nicolas Maduro esta apoderada de los tres poderes, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo; no hay división de poderes, hay unión de poderes en un solo hombre.

Eso es lo que acaba de hacer Andrés Manuel con la reforma constitucional que acabó con el Poder Judicial, para apropiarse de la función jurisdiccional.

Al hacerlo acaba de destruir el único dique que tenía el exacerbado poder presidencial que ha venido edificando.

A partir de la entrada en vigor de dicha reforma, se acabó la independencia del poder judicial y con ella, podemos sepultar al México que hasta ahora hemos conocido.

Lo anterior, porque el ansía de poder es insaciable, inagotable; ya no le alcanza el tiempo a AMLO, pero su sucesora, continuará contra todas las instituciones que representen aunque sea un pequeño dique ideológico en contra de la implantación de un régimen totalitario.

Profundizarán su ataque a la educación pública, desterrando cualquier elemento científico; acabaran con las Universidades, colonizaran los sindicatos, etc.

Si era, al final de cuentas, un peligro para México.

Todos los sectores sociales serán afectados, no habrá ninguno que se salve de este cambio de sistema político.

Ni el ejército, que ahora colabora entusiastamente con la 4T, quedará intacto, partiendo de la premisa de que van por todo, como ya quedó demostrado.

Dentro de muy pocos años, al paso que caminan, no habrá México, ni de nombre; llegará la República de Macuspana, al remedo de país que tendremos.

 

Dejar de lado lo técnico por lo político en la reforma judicial

La mayoría legislativa, el mandato popular, no puede ser base para una reforma de ley menos de carácter constitucional.

Es increíble, pero escuchamos al inicio de la Sesión de la Comisión del Senado que analiza la reforma judicial, a la secretaria de dicho órgano, algo así como que abordaría técnicamente de manera breve la propuesta para pasar al debate político.

No es el debate político el que lleva a recriminar la reforma caprichosa e insustancial, sino el apartado técnico, donde precisamente naufraga dicho intento golpista sobre el Poder Judicial y donde tiene su principal defecto.

Con las reservas en relación con el gran fraude a la ley cometido para socavar el genuino voto de los mexicanos, con la compra masiva y descarada del sufragio, nadie cuestiona las mayorías legislativas construidas, aún y cuando esté en tela de duda el actuar irresponsable de Guadalupe Taddei y Mónica Soto, en el INE y en el Trife.

Para empezar desde el punto de vista técnico no es posible legalmente cesar en sus derechos laborales a ministros, magistrados y jueces, porque tienen derechos adquiridos, que son fundamentales para proteger la independencia del sistema jurisdiccional nacional.

Detrás de esos derechos además está el servicio civil de carrera en el Poder Judicial, con funcionarios de menor rango que escalan conforme a un programa de capacitación y desarrollo profesional, mediante exámenes de oposición.

Escuchar a Citlalli Hernández, la exsecretaria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, ahora en su papel de secretaria de la Comisión que dictamina la mal llamada reforma judicial, hacer a un lado el estudio técnico, confirma precisamente esa ignorancia con la cual se ha manejado la Cuarta Transformación en la pretendida reforma.

Citlalli elogió la propuesta de la reforma en términos políticos, no jurídicos. No podría hacerlo. Estudio ciencias de la comunicación, de lo jurídico no conoce ni pizca. No es su culpa, no es su perfil profesional, desde el cual pretende pontificar acerca de la reforma.

Contar con mayoría formal no otorga la razón al momento de legislar. La razón estriba en la pertinencia técnica y operativa que es soporte de la legislación, cualquiera que sea el tema.

La mayoría legislativa, el mandato popular no puede ser base para una reforma de ley menos de carácter constitucional. Ello habla de la poca capacidad técnica de quienes tienen en sus manos la agenda legislativa.

 

Así muere la democracia en México

Morena ha encontrado el modus operandi, para gobernar, creando las bases de un estado autoritario, que no admite disenso, al muy tropicalizado estilo bolchevique, copia de lo existente en Cuba o Venezuela.

Acaba de celebrar reunión el Tribunal Electoral en Bolivia, encuentro en el que los partidos políticos -la mayoria comparsa del régimen-  acordaron en la mesa la suspensión de las elecciones ordinarias, para realizar en su lugar los comicios de selección de magistrados y jueces, y demás integrantes del poder judicial de aquel país.

Tal decisión inaudita para nosotros, es normalidad en un país, donde la democracia es un juego de manipulación desde el poder, con el fin de preservarlo. Ironicamente, para sellar su acuerdo, partidos y Tribunal firmaron la pomposamente llamada Declaración por la democracia, eufemismo que se explica solo.

Hacía allá va México, a convertirse en una Bolivia o en una Venezuela, en materia de democracia, lejos del sistema construido a lo largo de decadas, que precisamente le permitió a Morena vivir del presupuesto público desde su creación, y empezar a escalar posiciones de poder en entidades federativas como la ciudad de México o escaños en el poder legislativo.

Morena aprovechó las ventajas de un sistema democrático como el mexicano, que permite la libre creación de partidos, con financiamiento público para sus actividades ordinarias y de campaña, profesionalización de sus cuadros dirigentes. Son millones de pesos los que pasaron por la tesoreria de Morena y que terminaron en los bolsillos de quienes lo dirigían y lo dirigen.

La prevalencia del financiamiento público sobre el privado fue una exigencia de la oposición desde hace cincuenta años, para evitar que los candidatos fueran capturados por el dinero de los ricos del pueblo o los malosos; se construyo un andamiaje para revisar esos recursos económicos, y evitar esas influenzas que distorsionan la democracia, porque anteponen intereses particulares sobre los intereses comunes.

Pues ese financiamiento quiere desaparecerlo Morena, ya en el poder, junto con las diputaciones y senadurias plurinominales, a nivel federal y local, porque representan un gasto injustificado, cuando precisamente son eje toral del sistema democrático mexicano.

Esas dos figuras, financiamiento y plurinominales, permitió al partido comunista sobrevivir en el Partido Socialista Unificado de México, o el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, o cualquiera de sus derivados, incluido el Partido de la Revolución Democrática, y por supuesto a Morena. Con este financiamiento, acabó la visita de los líderes a mendigar a la secretaria de Gobernación de Manuel Bartlett -1982 a 1988-, por un mecanismo transparente que impulsa la divergencia política.

Ahora que Morena ostenta su calidad de partido hegemonico, en virtud del peculado electoral permanente, legalizado y constitucionalizado, es cuando cobran mayor relevancia, como mecanismo de control del exceso y abuso de poder, con el cual están conduciéndose Andres Manuel López Obrador y probablemente lo hará su sucesora, Claudia Sheinbaum.

El pueblo bueno y sabio no les dio el poder de reformar de raíz al país y sus instituciones largamente construidas, como es el caso de los plurinominales y el financiamiento público, con ocurrencias anarquicas e irresponsables.

No dudamos ni un momento, que habrá una reunión de partidos -convocados desde un INE y un TRIFE capturado por Morena- para firmar un Acuerdo por la democracia, para aplazar las elecciones constitucionales y legales, para poder realizar los comicios de ministros, magistrados y jueces, locura carente de cualquier lógica, más que la mañosa conservación del poder, a costa de la certidumbre económica y seguridad jurídica de los mexicanos. O bien, para en aras de la democracia, desaparecer los plurinominales y el financiamiento público.

Es la distracción a través de estas barbaridades, golpe mortal no solo a la democracia, sino al estilo de vida que aún tenemos, sin sustento ni utilidad, como Morena ha encontrado el modus operandi, para gobernar, creando las bases de un estado autoritario, que no admite disenso, al muy tropicalizado estilo bolchevique, copia de lo existente en Cuba o Venezuela.

Tiene visos de Golpe de Estado

Quedarán con esta reforma planteada de manera populista, concentrados los poderes de la unión en una sola persona, Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente en Claudia Sheinbaum.

Existe un derecho jurídico a la inamovilidad de los ministros, magistrados y jueces, del ámbito federal y local, en la constitución vigente, en sus leyes y en los tratados internacionales de los que México es parte.

Destituir a estos funcionarios judiciales, es atentar de manera grave en contra de la estabilidad de uno de los poderes fundamentales del estado mexicano, que es el Poder Judicial Federal y sus correlativos estatales.

Es la reforma judicial pretendida por Morena, a propuesta de Andrés Manuel López Obrador, verdadero golpe de estado, porque corta la cabeza a los servidores públicos que sirven de contrapeso al poder del Ejecutivo Federal.

Mediante un fraude a la ley, los senadores y diputados de Morena y sus partidos satélites, pretenden reformar la constitución que nos rige desde 1917, para que en su lugar prevalezca el capricho de una elección popular que en nada resuelve los problemas existentes en la impartición de justicia.

No es cambiando a los servidores públicos como se resolverá la corrupción acusada, ni la tardanza en los procedimientos, ni la injusticia a los que menos tienen y que no pueden acceder por sus costos a un juicio de amparo, sino realizando profundo estudio y planteando soluciones.

López Obrador y sus aplaudidores en el senado y la cámara de diputados, no ofrecen diagnostico alguno, ni soluciones a los problemas demagógicamente enunciados con voz estertórea y salvadora de la nación; por el contrario, se envuelven en la bandera de primero los pobres, para traicionar a éstos, que quedarán inermes ante la fuerza del Estado, que tendrá en sus manos al poder legislativo, ejecutivo y judicial.

Quedarán con esta reforma planteada de manera populista, concentrados los poderes de la unión en una sola persona, Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente en Claudia Sheinbaum, moderna versión de Su Alteza Serenísima, Supremo Poder Conservador.

Los foros como el realizado en la Cámara de Diputados o el efectuado en la Universidad de Guadalajara, son mera simulación, mediante la cual el gobierno centralista está sepultando el más importante contrapeso a la arbitrariedad de la concentración de poder.

Allá en el auditorio principal de la UdeG, los aplausos fueron el sello de un Golpe de Estado, con el cual está sepultándose el legado de Ignacio L. Vallarta o Crescencio Rejón, que deben estarse revolviendo en sus tumbas al ver lo que están haciendo los morenistas con el legado histórico del Amparo y la independencia del Poder Judicial, quebrantada y pisoteada por un gobierno populista, al que solo le falta agregar la hoz y el martillo al emblema.

Es auténtico rompimiento del orden constitucional

"Ordenamiento constitucional.- 1. Const. Conjunto de valores, principios y reglas contenidas en la Constitución y el bloque de la constitucionalidad". Real Academia de la Lengua Española.

La reforma al Poder Judicial presentada por Andres Manuel López Obrador y confirmada por Claudia Sheinbaum hasta el momento, pervierte en grado superlativo la estabilidad e historia bicentenaria de la impartición de justicia en nuestro país, y constituye profunda fractura al orden constitucional.

Ha sido la lenta construcción del Poder Judicial garantía de imparcialidad -con sus defectos-, desde el nacimiento del Estado Mexicano con la independencia de 1810, y sus Cartas Magnas de 1824, 1857 y 1917, con las sucesivas reformas, todas ellas fruto -en su mayoria- de la prudencia legislativa para evitar el exceso que otorga tener el control del Constituyente Permanente.

Es cierto que en la técnica legislativa constitucional es posible teoricamente modificar cualquier apartado del texto supremo, sin embargo encuentra límites más allá de la simple lógica de poder, toda vez que las Constituciones han surgido producto del derramamiento de sangre, con miles de muertes, como factor histórico que no puede ser obviado de un plumazo.

Abona a lo anterior, que hay elementos caracteristicos del Estado moderno, consignados en nuestra Carta Magna, cuya alteración significan un retroceso, como romper con la naturaleza federal, representativa, democrática, aspectos que estarán siendo violentados al despedazar al Poder Judicial, destituyendo con un fraude a la ley a los Ministros en funciones y cerca de mil 600 jueces y magistrados.

Es grave el concepto, pero no hay otro término que el de quebrantamiento constitucional, para definir la intentona que pretende dar el presidente en funciones en contra del Poder Judicial, porque rompe con la estabilidad que el sistema jurídico nacional otorga, por medio de funcionarios profesionales y expertos designados mediante procedimientos legales y constitucionales, en contra de los principios de certeza y seguridad jurídica.

Pasa el presidente también por encima del principio de no retroactividad de la ley, para violentar derechos adquiridos, no solo de los altos funcionarios jurisdiccionales, sino de los mismos ciudadanos, que verán afectado su derecho de acceso a la justicia, porque sus asuntos, quedarán en manos de quien sabe quien, electo por la vía de las urnas, como demostración populista de un exceso de poder concentrado en un par de manos. 

Habrá mil 600 Lenias Batres impartiendo justicia por todo el territorio nacional, resolviendo los amparos a violaciones de derechos y principios constitucionales, de los cuales depende el patrimonio o la libertad de los ciudadanos, con las deficiencias de la Ministra expuestas clara y lastimosamente de manera pública desde que asumió el cargo.

Carece el presidente de la facultad de imponer una agenda de concentración del poder público, que vulnera la necesaria división del mismo, extinguiendo de facto a un tribunal constitucional fuerte que tiene la última palabra conforme a la técnica jurídica y la interpretación convencional y constitucional, por encima de caprichos personales de coyuntura, bañados de anarquía totalitaria.