Alejado de la realidad

El domingo, en horario inhábil, el presidente Calderón encabezó un evento partidista para conmemorar diez años del panismo en la cabeza del Ejecutivo Federal, así como cuatro años de su administración.
En su discurso hizo señalamientos con un alto contenido subjetivo y parcial. Lo hizo en términos generales, acusó y señaló sin establecer expresamente destinatarios.
Habló de un pasado autoritario, omiso y corrupto que no debe regresar.
Dijo, desde el púlpito presidencial, que en su administración campean el estado de derecho y la democracia.
Que alejado esta el señor presidente de la realidad.
Hoy más que nunca el poder presidencial se ha convertido en omnímodo: desde ahí se construye el panismo nacional: se modifican estructuras, se aniquilan y crean liderazgos.
La dirigencia nacional termina por convertirse en una extensión del poder ejecutivo federal: ni sana distancia ni respetuosa cercanía: la institucionalidad, otrora criticada, se convierte en actitud obsequiosa, no cómplice, sino sumisa del dictado presidencial.
El sistema político se pervierte con alianzas que deterioran la gobernabilidad y que no generan claridad en las políticas públicas de administraciones construidas con plataformas ideológicas encontradas, bajo la lógica de la obtención del poder para desplazar al contrincante electoral.
Así, la democracia se convierte en un instrumento de aniquilación electoral: cuando debiera ser tolerante, la democracia encuentra sustento en la intolerancia.
En lo económico, la administración pública federal ha seguido los dictados neoliberales, ahondando la brecha entre los que más tienen con los que menos tienen. Se salvan los programas basados en instituciones que no son de su creación, sino que están basados en el principio de justicia social, cuya denominación no usa, pero que le provee a los mexicanos de un mínimo de estado con filosofía social.
Para colmo, la ineficiencia ha provocado que el problema de inseguridad se salga de las manos y que en un esfuerzo aparente de federalismo, desde el centro se envíen responsabilidades a los estados y municipios, acompañados del discurso solidario de que desde la presidencia se continuará apoyando la lucha contra el crimen organizado, cuando de origen es su responsabilidad.
El Estado de Derecho se lastima profundamente cuando se aprehende a decenas de funcionarios públicos en Michoacán que varios meses después son liberados, con el consecuente daño, no solo a los individuos, sino a la sociedad que ve trastocada su tranquilidad y confianza en el poder público: lo ve caprichoso y voluntarioso.
Hace mal el presidente al hablar del pasado, porque cuando trata de explicar pareciera que hace un análisis del presente, específicamente de su gobierno: un presidente con discurso electorero que trata de obtener votos en lugar de gobernar para todos los mexicanos: que es intolerante y busca aplastar al oponente: que asume una postura mesiánica desde la primera magistratura del país que no construye, divide y enfrenta, provoca ingobernabilidad.
Un presidente, que sin darse cuenta, reproduce vicios del pasado, y de que, en este contexto, contrario a lo que afirma, debilita y cimbra el sistema político, en perjuicio de todos los mexicanos.

Inteligencia y redistribución fiscal

La distribución de responsabilidades debe ir acompañada de la canalización de recursos económicos suficientes.
Esta es una regla general que aplica en cualquier ámbito, no solo en el sector público, pero es donde adquiere un drama mayor, porque las entidades federativas y los municipios constituyen la primera puerta de contacto con las necesidades sentidas de las comunidades.
En México, desde los últimos treinta años existe una tendencia marcada de desincorporar facultades de la federación a favor de los gobiernos de los estados y los ayuntamientos, empero no existe una correspondencia fiscal.
Es cierto. El presupuesto 2011 autorizado por el Congreso de la Unión para fortalecimiento municipal considera una partida presupuestal histórica de 13 mil ochocientos millones de pesos.
Sin embargo esos recursos son insuficientes para que los municipios del país enfrenten sus necesidades para prestar servicios públicos, no se diga para enfrentar con éxito las acciones de prevención de los delitos debido al ingrediente indiscutible del narcomenudeo.
El narcomenudeo ha generado una economía con un impacto en delitos del fuero común. Los recursos generados por esa actividad ilícita financian, sin duda, actividades ilícitas, que en condiciones normales cualquier municipio podría enfrentar, pero que en la situación actual es imposible que así ocurra.
No creo que exista algún estudio que nos diga la trascendencia de ese derrame de 40 mil millones de dólares –fruto de la delincuencia organizada en general- al año en las calles de nuestro país.
¿Cuánto de ese dinero queda en manos de las familias de los delincuentes?, ¿cuánto utilizan ellos mismos para cometer otros delitos? ¿Cuál es la naturaleza de los delitos cometidos para efectos de competencia y responsabilidad en la atención?
En condiciones ordinarias los agentes municipales de una localidad pequeña podían imponer el bando de policía y buen gobierno. Ahora no lo pueden hacer, porque quienes cometen las faltas por lo regular están armados. Imponen su ley de terror ante una incapacidad del Estado Mexicano por más esfuerzos que pudieran existir por parte de las entidades o los municipios, porque estamos frente a un problema de atención central, federal.
Esos recursos autorizados tienen un alto componente en materia de seguridad. Adicionalmente se contemplan aportaciones por siete mil millones en un fondo especial más cuatro mil en seguridad municipal.
Aún así no es suficiente.
Se requiere mayor apoyo fiscal. Resarcir el tejido social. Generar mayores recursos para mejorar servicios y brindar oportunidades a los jóvenes y empleo a los adultos. Ahí tiene que existir mayor recurso federal.
En lo policiaco, el presidente Calderón admite que es necesario reconfigurar el operativo. La inteligencia es la clave. Así lo señalaron los gobernadores, principalmente César Duarte de Chihuahua, en la reunión nacional de seguridad. Pero además así lo demuestran los últimos operativos exitosos.
Inteligencia por encima de la militarización de las calles. Y mayores recursos a las entidades y municipios.

Un revolucionario clave

En apariencia, no debería ser difícil para los historiadores ponerse de acuerdo en relación con la entidad federativa que tenga que ser considerada como Cuna de la Revolución Mexicana, aunque existen varias de ellas que se disputan tal honor.
En Puebla, el 18 de Noviembre de 1910, los hermanos Serdán se enfrentaron a los cuerpos de policía con fines revolucionarios.
Coahuila de Zaragoza pelea también el honor por el inicio de la Revolución, porque es ahí donde vio la luz el presidente Francisco I. Madero, quien escribió en esas tierras “La sucesión presidencial de 1910”.
San Luis Potosí, por el mérito de haber sido sede del Plan de San Luis, escrito durante el arresto momentáneo de Madero por orden de Porfirio Díaz, también pelea la distinción.
Sin embargo, Chihuahua tiene, por orden cronológico, una importancia vital en la Revolución. El 14 de noviembre –cuatro días antes que Puebla- Toribio Ortega encabezó a un grupo de setenta pobladores, desde Cuchillo Parado, para alzarse en contra del régimen porfirista.
Ortega no fue un improvisado en ideas políticas. Si bien era un comerciante dedicado a sus tareas, también lo es que nunca se desentendió de sus responsabilidades ciudadanas, porque desde su regreso a Chihuahua -tras una breve estancia en la ciudad de México- asumió una posición agrarista en contra de los terratenientes Creel y Terrazas.
Fue un permanente adversario del régimen de Porfirio Díaz, presidente del Club antirreeleccionista de Cuchillo Parado, apoyo la fórmula Madero-Vázquez Gómez.
Su intervención en la Revolución no se limito al 14 de noviembre: luchó al lado de Abraham González, bajo las órdenes directas de Pascual Orozco, combatió para tomar Ojinaga y Chihuahua.
En 1912 asume las armas de nuevo para combatir a Orozco quien se había rebelado contra el presidente Madero. Tras la decena trágica reasume las armas al lado de Francisco Villa, teniendo una participación decidida en batallas celebres como la toma de Zacatecas.
Por eso, creo que relativamente es fácil para los historiadores determinar donde inició la Revolución.
Lo difícil será para los diputados federales llegar a un consenso.
Actualmente tres entidades federativas han sido declaradas por sus legislaturas locales como cuna de la revolución: Coahuila, San Luis Potosi y Chihuahua.
Eso no es relevante. Lo importante es atender al juicio de la historia.
La figura de Toribio Ortega se yergue imponente durante seis años de la época revolucionaria, al lado de diversos caudillos claves, desde que tomó las armas, el primero en el país, hasta las célebres batallas junto a Villa.
Seguramente cabalgó al lado de los modernos centauros del norte el pasado catorce de noviembre por las calles polvorosas de Cuchillo Parado. Igual que en su momento, mientras en el centro del país se discutían las cosas, en Chihuahua se actuaba. Ese es y será su mérito.

Educación y padres de familia

Es difícil equivocarse si establecemos que la educación es uno de los caminos que deben recorrer las sociedades para desarrollarse.
Es decir, existe una íntima vinculación entre el desarrollo de cada país y el grado de esfuerzo educativo desplegado.
Esa vocación educativa, es cierto, no debe ser exclusiva del sector público, porque los particulares están llamados a generar diversas oportunidades que le están vedadas al ámbito gubernamental en por razones de suficiencia presupuestal y obstáculos naturales de una maquinaria burocrática.
Sin duda falta mucho por hacer no solo en términos de infraestructura y atención cuantitativa, sino también cualitativa.
En el ámbito nacional, en el ciclo escolar 2002-2003, a fin de cursos se registró una inscripción total en educación básica de 24.9 millones de alumnos. El porcentaje de reprobación fue de 5.4% en primaria y 18.9% en secundaria: dos de cada diez estudiantes reprueban en educación media.
Esto no es nada: en Bachillerato el índice de reprobación reportado por Inegi en aquel lejano año fue de 39.2 por ciento, cuatro de cada diez alumnos.
Se insiste acerca de las fallas estructurales del sistema educativo. La presencia de un sindicato al cual se atribuyen resistencias para mejorar la calidad y la eficiencia.
También, hay verdad, falta mayor inversión federal de acuerdo a estándares internacionales donde se vincula el gasto en proporción al Producto Interno Bruto. Por ejemplo, México invierte el 5.3 del PIB contra un 14 por ciento en Cuba.
Sin embargo, concediendo la existencia de estas fallas del sistema educativo que son graves y afectan decididamente el aprovechamiento del alumno, porque generan saturación en las aulas, deficiencias en la ejecución de los programas, mal ambiente laboral para los docentes e inadecuada distribución salarial, el problema de la educación es de todos.
Nos decía un maestro, orientador de secundaria, que si antes el padre de familia y el maestro constituían el origen del ochenta por ciento de la información que recibía el alumno, ahora, las cosas se han invertido: el medio ambiente suministra ese ochenta por ciento y los padres y maestros han sido desdibujados del proceso educativo.
Por el lado de los padres de familia hay cada día menos atención a sus hijos virtud a las cargas de trabajo diario. Las relaciones familiares tienden también a ser un factor de afectación emocional hacia los hijos, que se ven sometidos continuamente a tensiones por el incremento de violencia en sus diferentes grados.
La solución al problema educativo esta en las políticas públicas macro, donde se requiere una reorientación financiera para hacer frente a la inversión necesaria; es necesario romper paradigmas y entrar auténticamente a la dinámica de calidad y eficiencia.
Empero, el padre de de familia tiene mucho que aportar, construyendo un entorno grato y confortable para que los niños y jóvenes acudan a la escuela en condiciones de obtener el máximo aprovechamiento, en una decisión de cercanía, autoridad, supervisión, respeto y cariño, indispensable en el proceso de adquisición de conocimientos.

Transparencia contra crimen

La transparencia es un mecanismo ciudadano de rendición de cuentas dentro de un sistema democrático de gobierno.
Tiene una doble función, porque a la vez que genera convicción de una especie de co-gobierno en el ciudadano al conocer la forma en que se están haciendo las cosas, provoca en él una corresponsabilidad al participar de la información, generando legitimidad en las acciones de sus representantes.
Esto es, la transparencia permite que se conozcan los documentos para que, a través de ellos, se llegue al conocimiento de las resoluciones de la autoridad, en sus diversas materias, ya sean administrativas, jurisdiccionales o legislativas.
Del estudio de la información se realiza una evaluación ciudadana, en el fortalecimiento de una especie de contraloría social, donde todos, –en teoría- todos, podemos conocer de todo, con sus excepciones muy definidas y acotadas no solo en el ámbito estatal, sino federal, con criterios que deben siempre privilegiar la máxima apertura en detrimento de cualquier opacidad.
La transparencia es una institución joven que deberá evolucionar al siguiente paso, que es la rendición de cuentas. En este sentido se podrá conocer no solo el que y el cómo, sino el porqué de la actuación pública.
Esta es la tendencia internacional en un esquema que rompe paradigmas ante la crisis del estado democrático, donde las conductas antisociales, muchas de ellas, antijurídicas, se despliegan con rasgos de impunidad.
En la democracia, entendida como la máxima expresión de la libertad ciudadana, florece el crimen en sus diversas manifestaciones, como la corrupción, el narcotráfico, el secuestro, entre muchos otros, carcomiendo a todos los sectores sociales sin excepción.
Siendo así, el sector público también se ve invadido, es presa codiciada porque constituye el responsable primigenio de conservar el orden en beneficio de la colectividad. Por eso, el crimen siempre busca contaminarlo.
Evitar esta situación es una de las principales preocupaciones de los gobernantes. Para ello cuentan con una serie de instrumentos, entre ellos la transparencia y por supuesto, la rendición de cuentas. La transparencia, entonces, fortalece al Estado Democrático y lo blinda frente a los embates de la delincuencia organizada.
Seguramente forma parte del concepto expresado por el gobernador César Duarte cuando manifestaba, en su discurso primero como gobernador, la imperiosa necesidad de regresar al orden y acabar con la impunidad, en una alianza social que combata el lastre que amenaza a la comunidad entera.

Mecanismo urgente

La muerte en Matamoros del colega periodista Carlos Alberto Guajardo Romero, en la refriega del fin de semana en un operativo policiaco contra un importante cabecilla del crimen organizado en el país, patentiza la urgencia con la cual se debe impulsar desde el ámbito nacional el mecanismo de protección para los comunicadores bajo un esquema horizontal de consenso que le provea de la necesaria legitimación.
Es cierto. El acuerdo firmado por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituye un avance en la construcción de medidas que protejan la seguridad de los periodistas y se aliente –y no inhiba- el ejercicio de la libertad de expresión.
Sin embargo, ambas instituciones han dejado de lado una amplia consulta con las asociaciones de periodistas del país, y sobre todo, las experiencias de los colegas que desempeñan su labor en una situación de alto riesgo, como es el caso de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa o Baja California.
El acuerdo considera el establecimiento de mecanismos para sustraer de sus lugares de trabajo a los periodistas en riesgo, acciones de protección social así como protocolos de actuación de periodistas en cobertura de sucesos de alto impacto, así como practicas ideales del ejercicio profesional.
Estos elementos no son una novedad. Mecanismos internacionales en la materia lo contienen, principalmente Colombia. Chihuahua avanzó desde mediados del año con un mecanismo idéntico.
Lo que se requiere en el ámbito nacional es un amplio consenso en relación con las medidas y evitar la imposición desde la cúpula de un mecanismo que carezca de la legitimidad para su aplicación.
Esto es importante porque, si bien es cierto, muchas de las acciones tienen que ver con capacitación y sensibilización a cuerpos policiacos en todos sus niveles, también lo es que los periodistas deberemos romper paradigmas y comprender que la cobertura, en todos sus procesos, se ha modificado y ante ello debemos asumir nuevas conductas para seguir informando.
Esas nuevas conductas tienen que ver con acciones individuales y colectivas, incluso, con participación de las mismas empresas, que deberán revisar políticas editoriales, en busca de proteger al periodista.
El reto es grande. Las autoridades en el ámbito nacional tienen que acelerar la marcha para obtener un producto adecuado y consensado para que pueda ser de aplicación real, y que privilegie la máxima difusión de la información bajo condiciones de seguridad.
Es urgente que ocurra así. Mientras tanto es importante que los colegas asuman protocolos estrictos de cobertura.

Omisión partidaria

Los partidos políticos son instituciones políticas fundamentales en una democracia. Nadie puede cuestionar este hecho.
Por tal motivo, el sistema electoral ha fortalecido a los partidos dotándolos de una armadura constitucional y legal en sus decisiones internas, donde nadie puede incidir.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y sus similares en los Estados, consideran una serie de actos que son de estricta resolución interna, y solo en caso de vulneración al procedimiento en perjuicio de los derechos políticos de los militantes, existe la posibilidad de recurrir a una segunda instancia.
Esto significa que los partidos están obligados a resolver en primera instancia en relación con los recursos que intenten sus militantes, como podría ser en el caso de elecciones internas para decidir a sus dirigencias.
El Partido Acción Nacional vive en estos momentos un proceso de selección del titular de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, donde se han registrado varios candidatos, entre ellos el chihuahuense Gustavo Madero Muñoz, quien se perfila como el favorito desde la catapulta natural de su posición en el Senado.
En ese marco, otro aspirante, Roberto Gil Zuarth, quien se dice, es el ungido por el presidente Calderón, fue impugnado al no cumplir con uno de los requisitos elementales de postulación, que es el periodo de militancia mínimo que es de tres años.
Ante la queja, el partido se lava las manos y envía el asunto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el argumento de que la hipótesis planteada no está señalada estatutariamente para su resolución.
En sí, con el traslado a una instancia jurisdiccional externa, el Comité Ejecutivo Nacional está resolviendo tácitamente, porque con su postura avala el registro de Gil, considerándolo desde el punto de vista fáctico como procedente en función de la inexistencia de un procedimiento que lo sancione.
Lo ideal es que, ante la ausencia de un procedimiento, tendría que ser la instancia interna correspondiente, en este caso el responsable de operar las elecciones internas, quien debiese dictaminar, a la vista de los estatutos y de la conducta señalada.
La omisión al respecto envía un mensaje inadecuado a la militancia de dicho partido así como a la población en general, en un asunto delicado, porque está en juego, nada menos, que la sucesión del partido en el poder, a dos años de las elecciones presidenciales.
En términos generales, los partidos no pueden ser omisos en la resolución de sus conflictos internos, en función de que gozan de una autonomía que los blinda frente a la injerencia de factores externos.
Es obvio que César Nava cuida su situación política personal ante la cauda de intereses prevalecientes. Lo malo es que debilita a un órgano clave en el juego de poder.