Migración e impunidad

Diversas leyes relativas a migración e inmigración han sido modificadas para atender la demanda sentida de abandonar una política de estado que criminaliza a los indocumentados. Es plausible el espíritu de la reforma, el problema es que el gobierno federal, incapaz de castigar a la vasta red de corrupción, traslada responsabilidades en la materia a las entidades federativas y a los municipios y maquilla en el discurso una limpia necesaria y profunda en la estructura del Instituto Nacional de Migración, cuyo titular es protegido para evitar su comparecencia ante el Congreso de la Unión.
La nueva ley de migración elimina cualquier vestigio de sanción penal en contra de las personas que transitan por el territorio nacional en busca del sueño americano, en una sensata decisión que otorga a México la estatura moral para llamar la atención a los Estados Unidos acerca de la inhumana política de persecución contra los inmigrantes mexicanos que han sido clave detonante de la economía norteamericana.
Es cierto. No se puede castigar a una persona que ha abandonado su país en busca de una situación económica y social más adecuada: la política mexicana en la materia era eso, una doble sanción contra las personas que carecían de documentos que avalarán su tránsito o estancia en México.
No fue esta modificación a la Ley de Migración, Ley General de Población y códigos en materia penal, una concesión gratuita: las organizaciones civiles tuvieron que presionar para evitar un albazo legislativo que estuvo a punto de reproducir una ley Arizona a la mexicana.
Nadie puede negar la importancia de la reforma. Sin embargo, preocupa, que como ha ocurrido con otras materias, el ejecutivo federal busca desbordar la corresponsabilidad que de suyo existe entre las entidades federativas y los municipios con la federación en el tema, responsabilizándolos directamente.
Peca Calderón de inocencia: es sabido que el crimen organizado maneja la inmigración ilegal por el gran capital que genera: no se trata de delincuentes comunes: es una diversificación de la delincuencia que poco a poco deja de ser de exclusiva competencia del gobierno federal y que es trasladada a los estados y municipios sin adjuntar la suficiencia presupuestal requerida.
Dice el Presidente que con la reforma en materia migratoria se acabara con un círculo vicioso de discusión competencial. Tiene razón, tendrá un argumento para defenderse políticamente en el ámbito nacional e internacional, acusando, como ocurre con la seguridad, la artificial incapacidad de Estados y municipios: artificial porque es creada por modificaciones a la ley a conveniencia, a sabiendas de que el otorgamiento de esas facultades sin recursos es una irresponsabilidad de su gobierno.
Estos y otros tópicos iban a ser discutidos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la competencia del titular del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Rio –para quien no ocurre nada en materia de corrupción- y el secretario de gobernación, José Francisco Blacke Mora, pero a la fecha se ha detenido por la resistencia de la bancada panista, en una clara aceptación de que es imposible defender el punto de las narcofosas con inmigrantes sin aceptar las graves fallas en el sistema por parte de funcionarios federales.
La reforma es importante y era impostergable. Sigue una auténtica política de estado que castigue la impunidad.

Una puerta abierta al crimen

La desesperación y reclamos de Javier Sicilia son entendibles y plausibles. Es antinatural que los padres perdamos a nuestros hijos, porque el dolor es inmenso, más aún de forma violenta, anti racional, inhumana, como está ocurriendo en el marco de una violencia inédita.
En el fondo, nadie puede estar en desacuerdo con el poeta: el Estado mexicano debe reestructurarse con la finalidad de atacar de manera efectiva al sector de la sociedad que se encuentra gangrenado y que amenaza con avanzar en el deterioro aún más profundo de los valores elementales del ser humano, desprovisto de los cuales, el delincuente no tiene límite alguno en sus fechorías.
Es cierto, la sociedad debe recuperar su espacio como controladora del poder público, asumiendo una posición activa con instrumentos ciudadanos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la afirmativa ficta, la iniciativa ciudadana y la revocación de mandato, entre otras, como la candidatura común.
La cuestión es que se trata de un proceso lento y gradual, que debe ser tomado con reserva en un entorno donde la misma sociedad, ya no se diga el Estado mexicano, esta vulnerada.
De acuerdo con Jean-François de Gayraud, quien escribió acerca de la geopolítica del crimen organizado, éste es de tal manera intrusivo que puede lograr el involucramiento, ya no solo directo, sino indirecto, del diez por ciento de la población.
Es muy difícil desconfiar de la afirmación del autor francés, cuando vemos manifestaciones populares impulsadas desde el crimen organizado en ciertas ciudades del norte del país, como Monterrey, donde se ha llegado al extremo de utilizar pancartas y bloquear calles.
El crimen organizado ha diversificado sus operaciones con base en la competitividad que le otorga el narcotráfico, trata de blancas, extorsiones, secuestros, tráfico de armas y personas, a grado tal que acumula una gran riqueza que le permite lavar cerca de 40 mil millones de dólares al año.
Ese dinero, una parte por supuesto, se derrama en los sectores de la sociedad en transacciones de bienes muebles e inmuebles y prestadores de servicios, sin que la autoridad federal tenga un plan integral para atacar esta conducta social ilícita, hasta hace unos días que el senado aprobó una reforma que espera ratificación en la cámara de diputados del Congreso de la Unión.
No solo estamos hablando de grandes transacciones de dinero, como la inversión en negocios multimillonarios, sino el dinero que reciben las familias donde alguno de los integrantes tiene alguna relación con el crimen.
Entonces, el asunto tiene en el fondo un aspecto moral más que policiaco. Esto es: no es suficiente que la policía hurgue en las cuentas bancarias o fiduciarias, si la micro-corrupción carcome una de las principales fortalezas de las comunidades democráticas, que es la sociedad valiente y solidaria, pero sobre todo honesta.
¿Debemos caminar en el sentido que propone Sicilia? Creo que sí, pero de manera responsable y gradual. Con una sociedad que se retira de las urnas y tiene un desinterés y desgano por lo público, es muy complicado. Abrir demasiado la puerta es permitir el ingreso de más dinero sucio a la política a través de la figura de candidatos independientes.
Los delincuentes no surgen de la nada. Derivan de una sociedad profundamente deteriorada, confundida, sin una perspectiva de avance, en cinturones de miseria, sin servicios, habitantes de favelas mexicanas, ignoradas y olvidadas, en un mundo globalizado, sujeto a las políticas neoliberales inhumanas, que privilegian el consumo desmedido en beneficio de los dueños del salvaje mercado económico.

Distancia y enfrentamiento

Durante el año pasado los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática construyeron un acercamiento político y mediático que llevó a pensar en una alianza electoral en el Estado de México.
El principio del fin inició cuando se realizaron modificaciones electorales que eliminaron la posibilidad de candidatura común en la elección de gobernador, con lo cual la única opción, la coalición, no resultaba atractiva, por sus limitaciones en relación principalmente al uso de recursos económicos y a la aparición en la boleta de un solo emblema conformado por los dos signos partidistas.
Aún así, los partidos decidieron consultar a la población mexiquense simpatizante de ambos institutos, y no obstante la opinión mayoritaria hacia el sí, las cúpulas decidieron caminar por separado, distanciados por sus grupos internos radicales que insistían en Alejandro Encinas y Felipe Bravo Mena, personajes identificados, el primero con Andrés Manuel López Obrador, y el segundo, con el Yunque: grupos confrontados en el pasado reciente en la elección “peligrosa” del 2006.
Las preferencias electorales, previo al registro y aprobación del mismo por parte del Instituto Electoral del Estado de México, le otorgan a Eruviel Avila, el aspirante priísta, una clara y distante ventaja sobre Encinas y Bravo, que seguramente se acortará, pero es sumamente difícil que se revierta debido a la solidez del voto duro priísta, con el ingrediente de la atención nacional por considerarse la natural antesala de la contienda presidencial del 2012 y un tiro de calentamiento entre los principales protagonistas.
La división del voto en dos tercios para Eruviel y el resto para los aspirantes opositores, ha provocado en éstos un agudizamiento de las diferencias, a grado tal, que privilegiando el órgano electoral la garantía ciudadana de postulación, por encima de las suspicacias surgidas en relación con la residencia efectiva de Alejandro Encinas, la representación del PAN en la voz de Francisco Garate, anticipó un recurso de inconformidad por no aceptar el dictamen.
El PAN sabe lo que quiere. Desea ir por los votos del PRD en la contienda, conocedor de que en estos momentos el único candidato posicionado es Alejandro Encinas. Además es necesario acrecentar, a cualquier costo, la presencia mediática del aspirante panista.
Se basa el alegato del PAN en que Alejandro Encinas, pese a los documentos que presentó, incluyendo su credencial de elector y una carta de residencia, no cumple con la residencia efectiva de cinco años como vecino del Estado de México.
Le reclama incluso el uso de documentos diversos para acreditar residencia en el Distrito Federal para buscar otros cargos de elección popular, ciudad donde hasta diciembre del 2006 fue jefe de gobierno en sustitución de Andrés Manuel López Obrador.
Encinas fue funcionario federal en administraciones priístas, luego integrante del gabinete con Andrés Manuel, a quien sustituye luego de su derrota en el Estado de México en 2003, fecha en que se le dio por buena su residencia, documento que ocho años después le sirve aún de soporte ante el órgano electoral local, al no existir dictamen distinto por parte de algún tribunal.
Estando en segundo y tercer lugar en las preferencias, es obvio que la estrategia de Bravo Mena será marcar diferencia por lo pronto con Alejandro Encinas, y posteriormente con Eruviel Avila. La cuestión es que solo son 45 días y las preferencias electorales están muy marcadas.
El saldo pudiese ser, únicamente, ahondar la diferencia y el distanciamiento entre PAN y PRD, anticipando de antemano la ruptura del idilio electoral hacia 2012.

¿Cuál es el pecado de Juárez?

Uno de los temas torales en el funcionamiento de las naciones es la distribución de los recursos económicos y la generación de igualdad de oportunidades en las distintas regiones.
Esto tiene que ver con las políticas centralistas que abandonan a su suerte a las regiones más alejadas y luego, en el colmo, las estigmatizan, como ocurre actualmente con ciudad Juárez.
El tema resurge en voz del gobernador de chihuahua César Duarte Jáquez que frente a la clase política y social del estado reclama este abandono, cuestionando de manera emotiva ¿Cuál es el pecado de Juárez?, con motivo de la conmemoración de la Toma Revolucionaria de la ciudad, hace cien años.
“¿Haber sido refugio de la república?, ¿haber fungido como el espacio que tuvo Benito Juárez para defender la república y a la nación?, ¿haber sido aquí la definición de la última batalla de la revolución que consumó la renuncia del régimen?”
“¿Haber logrado la revolución industrial contemporánea, con la industria manufacturera y ser el más competitivo de la república? ¿Dar cobijo a miles de compatriotas que han sido víctimas del modelo económico y que aquí encontraron espacio de trabajo y desarrollo?”
“¿Haber generado empleo pleno para el desarrollo de la región, la falta de oportunidad que muchas regiones expulsaron y que hoy son juarenses, ¿ser competitivo? y con ello hoy tiene un gran costo social, ¿o haber sido resistentes por décadas a las políticas públicas insensibles del desarrollo social armónico con el desarrollo industrial?”
“¿Soportar el prejuicio a veces centralista de ser una entidad desarrollada y rica y por ello no merecer la inversión para superar los rezagos que hoy nos cobra la violencia?”
Es cierto. Juárez vive una situación de abandono que se agudiza con la violencia exacerbada y el consecuente deterioro económico, ante un gobierno federal reactivo que no asume de manera asertiva su responsabilidad en el combate a los delitos del fuero federal, y que solo reclama un accionar de las entidades federativas y municipios, con la paradoja de que carecen del recurso económico y la fuerza policial para hacerlo.
Eso lo sabe la federación. Sabe de esa incapacidad lógica para enfrentar al crimen por parte de las entidades y municipios, y aún así insiste en ello, pero no solo eso, asume que este es el fondo de la inseguridad, cuando en realidad lo es la política errática asumida por el gobierno de la república, que en el colmo de los males asume acciones de simple maquillaje para Juárez, con lo cual se ahonda el problema social y con ello se perpetua la violencia.