Migración e impunidad

Diversas leyes relativas a migración e inmigración han sido modificadas para atender la demanda sentida de abandonar una política de estado que criminaliza a los indocumentados. Es plausible el espíritu de la reforma, el problema es que el gobierno federal, incapaz de castigar a la vasta red de corrupción, traslada responsabilidades en la materia a las entidades federativas y a los municipios y maquilla en el discurso una limpia necesaria y profunda en la estructura del Instituto Nacional de Migración, cuyo titular es protegido para evitar su comparecencia ante el Congreso de la Unión.
La nueva ley de migración elimina cualquier vestigio de sanción penal en contra de las personas que transitan por el territorio nacional en busca del sueño americano, en una sensata decisión que otorga a México la estatura moral para llamar la atención a los Estados Unidos acerca de la inhumana política de persecución contra los inmigrantes mexicanos que han sido clave detonante de la economía norteamericana.
Es cierto. No se puede castigar a una persona que ha abandonado su país en busca de una situación económica y social más adecuada: la política mexicana en la materia era eso, una doble sanción contra las personas que carecían de documentos que avalarán su tránsito o estancia en México.
No fue esta modificación a la Ley de Migración, Ley General de Población y códigos en materia penal, una concesión gratuita: las organizaciones civiles tuvieron que presionar para evitar un albazo legislativo que estuvo a punto de reproducir una ley Arizona a la mexicana.
Nadie puede negar la importancia de la reforma. Sin embargo, preocupa, que como ha ocurrido con otras materias, el ejecutivo federal busca desbordar la corresponsabilidad que de suyo existe entre las entidades federativas y los municipios con la federación en el tema, responsabilizándolos directamente.
Peca Calderón de inocencia: es sabido que el crimen organizado maneja la inmigración ilegal por el gran capital que genera: no se trata de delincuentes comunes: es una diversificación de la delincuencia que poco a poco deja de ser de exclusiva competencia del gobierno federal y que es trasladada a los estados y municipios sin adjuntar la suficiencia presupuestal requerida.
Dice el Presidente que con la reforma en materia migratoria se acabara con un círculo vicioso de discusión competencial. Tiene razón, tendrá un argumento para defenderse políticamente en el ámbito nacional e internacional, acusando, como ocurre con la seguridad, la artificial incapacidad de Estados y municipios: artificial porque es creada por modificaciones a la ley a conveniencia, a sabiendas de que el otorgamiento de esas facultades sin recursos es una irresponsabilidad de su gobierno.
Estos y otros tópicos iban a ser discutidos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la competencia del titular del Instituto Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Rio –para quien no ocurre nada en materia de corrupción- y el secretario de gobernación, José Francisco Blacke Mora, pero a la fecha se ha detenido por la resistencia de la bancada panista, en una clara aceptación de que es imposible defender el punto de las narcofosas con inmigrantes sin aceptar las graves fallas en el sistema por parte de funcionarios federales.
La reforma es importante y era impostergable. Sigue una auténtica política de estado que castigue la impunidad.