Sobre el escritorio

Los homicidios de agentes policiacos municipales en la capital del Estado de Chihuahua son un mensaje muy claro de la vulnerabilidad en que se encuentra el sistema policiaco preventivo no solo en el ámbito local, sino nacional.
Dice bien el presidente municipal de la capital de Chihuahua, Marco Adán Quezada, que la Federación debe fortalecer la presencia para inhibir la actuación del crimen organizado en sus diversas manifestaciones, partiendo de la lógica de que es la presidencia de la República la responsable primera de combatir los delitos del fuero federal.
En los últimos ocho días han sido asesinados tres elementos policiacos municipales, dos de ellos de gran experiencia en la corporación, y uno más de academia, recientemente incorporado a las filas preventivas.
Se desconoce aún el móvil de cada uno de los crímenes, la verdad es que los integrantes de la policía municipal, los que realizan rondines por las diversas colonias de la ciudad de chihuahua y custodian establecimientos mercantiles, son los más vulnerables a los ataques, por actuar de manera individual y en el mejor de los casos en parejas, contrario a lo que ocurre con los elementos de las corporaciones federales y el mismo ejército.
Estos últimos elementos, fuertemente armados y en número de nueve a doce, transitan en comandos integrados hasta por tres vehículos.
Los agentes federales viajan distribuidos de tal manera que divisan los diversos ángulos de tiro, siempre con el gatillo en las armas de alto poder, enfundados en sus pasamontañas.
Ellos, la mayoría si no es que todos, llegaron a chihuahua y a las diversas entidades donde realizan sus operativos, del interior del país, lo cual les genera una gran ventaja: combaten en un lugar distinto al sitio donde viven sus familias.
Muchos de los elementos del ejército viven con sus familias en la ciudad donde son comisionados. La diferencia es que su esposa e hijos habitan colonias resguardadas día y noche por policía militar.
Estos indicios son relevantes para efecto de establecer la vulnerabilidad con la cual actúan los agentes policiacos municipales en el marco de esta “guerra”: ellos realizan sus tareas policiacas-preventivas en la misma ciudad que los vio nacer y donde habitan sus familias. Muchos de ellos entran cotidianamente en conflicto con las pandillas locales y los grupos criminales.
Este es un asunto muy serio que la autoridad federal se ha empeñado en ignorar al pretender trasladar facultades a los estados y a los municipios en el combate al narcomenudeo, bajo la premisa simplista de que también deben atacar este tipo de delincuencia, en una corresponsabilidad que debe ser sometida a análisis.
Independientemente de esta vulnerabilidad de las corporaciones policiacas municipales, existe el tema de la insuficiencia de recursos económicos para fortalecer armamento y equipamiento. No conformes con esta ausencia de apoyo presupuestal federal, en el presente año se redujeron las partidas destinadas a seguridad pública a través del subsidio especial (Subsemun) en el caso concreto de Chihuahua.
Es por este motivo que no se comprende la posición del gobierno federal: por un lado exige a las autoridades estatales y municipales una mayor participación en el combate a la delincuencia organizada, y por el otro restringe el apoyo presupuestal, mientras desliza nuevas facultades en una clara estrategia partidista que deviene en un juego perverso, porque afecta, no a la clase política, sino a todos los habitantes de entidades, que como Chihuahua, enfrenta el nuevo flagelo, in situ, tratando todos los días de trabajar, ir a la escuela y sobrevivir, mientras en la ciudad de México, el señor presidente y sus secretarios, deciden sobre el escritorio.