Obsesión persecutora

Algo debe estar ocurriendo en los Pinos en relación con la Procuraduría General de la República que atraviesa por una de sus más severas crisis de credibilidad.
La mala imagen del ministerio público federal se convierte en un lastre que amenaza con provocar daño electoral al presidente Calderón, sobre todo porque genera la impresión indiscutible de que existe una dedicatoria política en su actuación.
El empecinamiento se transforma, de la perseverancia natural y plausible, a una enfermedad obsesiva, en momentos en que la procuración de justicia en el país requiere pasos sólidos y no tímidos tropiezos que se convierten en ruidosas caídas, ante la zozobra ciudadana por la incapacidad federal para hacer frente a la violencia provocada por el crimen organizado.
En Quintana Roo, a muy corto tiempo de la elección de gobernador, la Procuraduría General de la República sorprende con el arresto del candidato de la coalición de izquierda, Gregorio Sánchez, bajo la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El político es declarado formalmente preso y recluido en una cárcel de alta seguridad. La detención fue difundida de manera sumamente amplia en el territorio nacional.
Un año y varios meses después, Greg, como se le conoce, abandona la cárcel por decisión de un juez federal que sostuvo que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, nunca comprobó las acusaciones.
Apenas había puesto pie fuera de las celdas, el político fue detenido en el marco de las atribuciones que tiene la subprocuraduría en mención por 96 horas, hasta que lograron obtener en su perjuicio medidas cautelares por veinte días más, bajo vigilancia satelital y la prohibición de salir del Distrito Federal.
Los nuevos cargos son tráfico de indocumentados y lavado de dinero, que técnicamente son los mismos en los que ha estado insistiendo la Procuraduría General de la República desde hace ya muchos meses.
La autoridad basa sus indagatorias en testigos protegidos que afirman vinculación del político y exalcalde de Benito Juárez (Cancún) con dos grupos distintos y antagónicos del crimen organizado, así como indagatorias del Buro Federal de Investigaciones norteamericano que implican a Sánchez con movimientos inmobiliarios por cinco millones de dólares en Miami.
No se vislumbra como el gobierno federal podrá sostener las acusaciones de manera firme ante los juzgados federales; hacer en veinte días lo que no pudieron demostrar en cerca de veinte meses.
El caso de Greg Sánchez se suma al de los alcaldes de Michoacán y al de Jorge Hank, en una antesala a los comicios federales del 2012, con un mensaje de que la justicia tiene una vinculación inocultable con los intereses políticos, en una persecución criminal que raya en la obsesión, y que deteriora la imagen de la policía mexicana en momentos en que necesita fortalecerla, como instrumento necesario e indispensable para recuperar la paz y la tranquilidad.

Decisiones arbitrarias

Es un deber indiscutible en una sociedad democrática defender la construcción y consolidación de las herramientas que permitan la selección de las autoridades a través del voto, en un marco de equidad, transparencia, rendición de cuentas, pero sobre todo, de impulso a la competencia, motor indispensable en la consolidación del mencionado estado democrático.
Una de estas herramientas es el Instituto Federal Electoral, que desde su nacimiento a principios de la década de los noventas, ha evolucionado hasta constituirse en el eje vertebrador de una política democrática de Estado.
Es cierto. Hay que tener mucho cuidado al referirnos a esta figura administrativa de operación electoral que alcanzó estadios de consolidación bajo el liderazgo de José Woldenberg y que, virtud a su fuerza, basada en el servicio profesional electoral nacional, no sucumbió ante el torpe manejo de Luis Carlos Ugalde.
Sin embargo, presa de una reforma electoral controladora, que ahoga la libre expresión de las ideas y spotiza el debate electoral, remitiéndolo a una simple confrontación de clitches, el Consejo General del IFE sucumbió a la tentación legislativa del abuso en la reglamentación, y decidió, a cuatro meses del inicio del proceso electoral del 2012, acortar los tiempos para la revisión, procesamiento y transmisión de mensajes en radio y televisión, partiendo de varias premisas falsas, y una, solo una verdadera.
La primera de ellas, es que todas las estaciones de radio y televisión tienen la capacidad humana y material de atender las solicitudes en 72 o 48 horas, dependiendo del mecanismo mediante el cual se va a hacer llegar el material; parece que no se conoce que cientos de estaciones de radio sobreviven con penurias al embate de los grandes consorcios de comunicación que acaparan la publicidad y con ello, la rentabilidad en un negocio que hace mucho dejó de ser negocio para ellos, y que por lo mismo, sobreviven con el mínimo de personal y capacidad técnica.
Segundo, que la transmisión de 39 millones de spots, en unas 30 mil versiones diferentes, implica la disposición de personal específicamente responsable de la atención del pautado electoral, con lo cual se crea una carga adicional a las estaciones de radio y televisión, lo cual me parece desborda el simple uso del espectro en la transmisión de mensajes electorales, y que deviene necesariamente en gastos administrativos que alguien debe cubrir, y que en este caso, serán los propios concesionarios y permisionarios, quienes deberán hacerlo, en un asunto interesante que aún no es explorado como vía de impugnación.
Tercero, el mismo Instituto Federal Electoral, que demostró un alto grado de efectividad con los tiempos anteriores, se coloca en la picota de procedimiento, al reducirse también sus tiempos de revisión de la calidad y duración de los mensajes, en un asunto que no debe ser desestimado, y que al igual que en el caso de los medios de comunicación, de incumplirse con los plazos, puede generar condiciones de inequidad.
Cuarto, se dice, en el acuerdo, que con estas medidas se garantiza a los ciudadanos un modelo de comunicación más ágil, a través de la información oportuna de promocionales, lo que fomentará un debate de ideas más efectivo, lo cual parece una alocución demagógica, cuando el árbitro debería ser el más centrado en la comunicación de las ideas: los spots solo trivializan la discusión de las ideas, no profundizan, se convierten en el reino del cliché y de la superficialidad en el debate necesario y urgente de la cosa pública.
Sólo tiene razón el IFE en la constitucionalidad y legalidad del acto. Creo que se encuentra en el ámbito de sus atribuciones y que, salvo el asunto de la radio comunitaria, con un trato diferenciado, el resto de la reforma pasará lamentablemente la prueba del ácido. Sin embargo, el Tribunal podría considerar insuficientemente motivado el acuerdo y devolverlo con el fin de soportarlo adecuadamente, pero además, adecuarlo a la realidad: las normas deben ser de posible cumplimiento. Esa podría ser una buena salida, ante una decisión arbitraria y absurda que pone en riesgo el proceso electoral del 2012.

Explicaciones

El sistema de seguridad en el país, basado en una distribución de competencias según el tipo de delito, no es incorrecto.
Modificar dicho sistema no traerá la solución de manera automática, porque está íntimamente relacionado con otros mecanismos de distribución de competencias, como el fiscal.
El modelo de seguridad se basa en el tipo de país. México es una federación, integrada por entidades con cierto grado de soberanía en función de su dependencia del marco constitucional federal, en el cual se establecen las competencias.
Las entidades federativas y los municipios en su interior, están llamados a combatir los delitos del fuero común y las faltas al denominado bando de policía y buen gobierno, con una función, en el último caso, eminentemente preventiva.
Los otros delitos, los del fuero federal, donde destaca por su trascendencia e impacto el narcotráfico en sus diversas modalidades, son combatidos por el gobierno federal.
¿Por qué? El gobierno federal cuenta con mayores recursos económicos, en el caso del narcotráfico se trata de un delito de interés multinacional y en el ámbito de la estrategia y la táctica operativa, las corporaciones federales pueden aprovechar la ausencia de arraigo y con ello una mucho menor vulnerabilidad de sus elementos al ser ajenos a los lugares donde enfrentan el crimen.
Los agentes federales y sus mandos inmediatos no pertenecen a las entidades federativas donde despliegan sus acciones policiacas, lo cual no ocurre con las corporaciones estatales y municipales, lo cual coloca a estos últimos en una situación de desventaja, como ha quedado demostrado con el homicidio de elementos y mandos municipales en diversos puntos del país.
Decir que el narcomenudeo no es narcotráfico es difícil de sostener. Se trata de un eslabón más de un delito contra la salud. Ligado, íntimamente ligado al narcotráfico. ¿De dónde se obtiene la droga y el financiamiento para operar la venta de narcóticos si no es a través de su vinculación con los grupos del crimen que día a día tejen sus redes de distribución y realizan acciones de protección y ampliación de territorios, como lo ha señalado el mismo Alejandro Poire, Secretario de Seguridad Pública Federal?
La lógica indica que a mayores atribuciones mayores recursos. Darle a las entidades federativas la responsabilidad de combatir el narcomenudeo significa considerar un aumento significativo de presupuesto, que se traduzca en armamento, vehículos apropiados, política de seguridad para sus elementos y familias, entre otros rubros.
Dotar de más responsabilidades sin el recurso, es una simple estrategia de cargar a los estados con un objetivo meramente mercadológico, que en el fondo parece significar una claudicación federal, que se deberá explicar no solo a los mexicanos, sino al mismo entorno internacional.

Las complicaciones de Marcelo

Marcelo Ebrard Casaubón, el jefe de gobierno del Distrito Federal, se desmarca de su último padrino político, Andrés Manuel López Obrador, y se coloca como la figura central de una eventual alianza con el Partido Acción Nacional, en una jugada magistralmente planeada que incluye no solo la reconciliación con Felipe Calderón, sino el reconocimiento público a las acciones federales contra el crimen organizado.
Desde su llegada al poder, Marcelo marcó una línea de distancia con el gobierno federal, congruente con la postura asumida por Andrés Manuel López. Asumió una decisión de no compartir estrado con el presidente Calderón, y ante situaciones inevitables, evitar saludos.
Con Andrés Manuel comparte no solo el pensamiento de izquierda y la posición en grupo en el Partido de la Revolución Democrática, sino también el agradecimiento: el entonces jefe de gobierno lo salvó de un linchamiento político cuando varios policías fueron asesinados por una turba en Tlahuac, cuando Marcelo era el jefe de seguridad pública, y fue destituido por Vicente Fox Quezada.
Perteneciente a la clase política radical del perredismo -con pasado inmediato en administraciones priístas bajo la tutela de Manuel Camacho Solís- Marcelo poco a poco fue suavizando su manejo desde la administración de la capital del país, cobijado por un presupuesto total autorizado para el presente ejercicio fiscal del 2011 de 137 mil millones de pesos, de los cuales, poco más de un tercio ejerce en sus dependencias centrales por un monto de 39 mil millones de pesos.
El último y definitivo desmarque con el político tabasqueño fueron las elecciones en el Estado de México, donde sus posturas se encontraron. Marcelo apostaba a una alianza con candidatura común o en último caso una coalición con el Partido Acción Nacional, Andrés Manuel se oponía, se opuso hasta el final, al grado de echar abajo una consulta popular que otorgó el “Sí”.
Era obvio que Marcelo jugo magistral: levantó primero la mano a Alejandro Encinas como candidato, en un madruguete operado en un céntrico y lujoso hotel de la ciudad de México, porque sabía que electoralmente Encinas no tenía nada que hacer: apostaba a una candidatura panista, que le posibilitara una negociación en 2012, en una alianza amplia, con un perredista, él, a la cabeza, sin importar que ocurriera en las elecciones mexiquenses.
La jugada cuajó, no como lo había planeado, pero fructificó: Andrés Manuel es señalado como responsable de la derrota del PAN-PRD y él avanza en una reconciliación con Felipe Calderón, que dejó ver esta semana, cuando en su calidad de Presidente de la Convención Nacional de Gobernadores, saludó de mano al jefe de gobierno federal y posteriormente, en conferencia de prensa, no tuvo empacho en reconocer las acciones de Calderón en la lucha contra el crimen organizado.
El jefe del gobierno capitalino se presenta como la carta fuerte de una eventual alianza PRD-PAN, por encima de los candidatos forzados que el presidente Calderón ha empezado a placear, encabezados por el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, con todo lo que esto representa, en una pugna interna donde los grupos se polarizarán y dividirán, en una reedición de las elecciones mexiquenses.
Es muy complicado que Marcelo avance en la candidatura, no por él, que ha sido hábil, sino porque la decisión será al final de los órganos de gobierno partidistas, donde los grupos presionarán, obvio, porque su candidato sea perredista o panista, luego porque –de ceder- no existe ningún mecanismo que obligue al cumplimiento de compromisos en la ejecución de una plataforma política conjunta y menos en la distribución de carteras en el gabinete, y tercero, porque lo que menos necesita el país es una administración dividida, en disputa permanente, propiciando la ingobernabilidad y olvidándose de resolver los problemas urgentes que los mexicanos enfrentan.

¿Quién los engañó?

Esto es algo así como cuando todo mundo lo sabía, pero nadie se lo dice a los interesados.
¿Será que Alejandro y Luis Felipe sospechaban algo, pero jamás tuvieron la certeza? ¿Alguien los engaño? ¿Les dijeron que ellos podían ganar?
En los comités de campaña, por separado, es obvio que se anticipaba el resultado. Eso lo saben los operadores, los que tienen que ver todos los días con la conformación de la estructura en las mesas directivas de casilla y los representantes generales.
Eso se sabe con las diversas encuestas de opinión levantadas a lo largo y ancho de la campaña, con lo cual se tenía una medición puntual de la penetración de las propuestas, el convencimiento de los electores, en suma, de la proyección electoral por sección, municipio, distrito y Estado.
Solo ellos parecían no saber que eran forasteros en el Estado de México, y que por tanto, lo más que podía pasar era obtener una votación tan baja como la que aconteció en 1993, cuando ambos perdieron la misma elección frente a Emilio Chuayffet.
Es más, Alejandro Encinas ni siquiera pudo demostrar fehacientemente la vecindad electoral para ser postulado, ya que el órgano electoral decidió no meterse en problemas y simplemente votar aprobatoriamente el registro, sin que nadie se inconformará al respecto, aún y cuando existían elementos para hacerlo.
Las campañas, tanto de Alejandro, como de Luis Felipe, nunca prendieron y se enraizaron en el territorio mexiquense. No fue culpa del equipo de campaña. Era sumamente complicado posicionar perfiles poco vendibles desde el punto de vista mercadológico; hay cosas que la mercadotecnia no puede hacer. Esta fue una de ellas.
Una alianza, en términos de los resultados, tampoco hubiera sido suficiente: la suma de 21 por ciento y 12 por ciento apenas llega a 33 punto porcentuales, contra 61 del abanderado priísta, aún considerando que el electorado panista o perredista se hubiese volcado a favor de un candidato pintado de amarillo o azul, lo cual parece muy difícil ya que no todos ellos estaban a favor de un candidato común. Sin embargo, esto nunca lo sabremos.
Además, en la candidatura tendría que haberse pensado en un aspirante con mayor capacidad de arrastre, carisma, manejo e identificación con el electorado mexiquense: un Mario López Valdez o un Rafael Moreno Valle, un expriísta, con el cual no contaban, como sí ocurrió en Sinaloa y Puebla.
Lo contrario: Andrés Manuel y Marcelo se empecinaron en su candidato, como ocurrió con el Presidente Calderón, y decidieron jugar todas las canicas a él, bajo el capricho de que no ceder la titularidad en la candidatura común.
Tal vez la razón no fue esa. Tal vez ocurrió que sabían que de igual manera sobrevendría la derrota y no quisieron exponerse a un Waterloo electoral, en una alianza que intentarán en 2012 bajo la premisa de aplastar al contrario a como dé lugar, sin importar la gobernabilidad posterior, apostándole a un objetivo estrictamente utilitario, coyuntural y sectario.