Suplantación de autoridad

Es cierto que en un estado de derecho nadie puede hacerse justicia por propia mano. Aceptar que esto es posible rompe con toda posibilidad de convivencia social, de sobre vivencia de las instituciones y de ejercicio de gobierno. Esto es lo que ocurre en Guerrero con los grupos ciudadanos de auto defensa, que en los últimos días han radicalizado su postura con la detención de un jefe de policía municipal y de ocho de sus elementos como presuntos cómplices de grupos de la delincuencia organizada. La detención de un mando policiaco por estos grupos de auto defensa denominados Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, sin ningún procedimiento formal y material de naturaleza jurisdiccional, más que el clamor de la comunidad, coloca al estado de derecho en entredicho, porque hace de la Impartición de la justicia un instrumento de la fuerza popular. Las fuerzas ciudadanas organizadas ya no sólo actúan en el supuesto de la flagrancia, sino que están implementando acciones persecutoras de los delitos y de Impartición de justicia: no sólo están sustituyendo a las policías en su labor preventiva de los delitos, sino que suplantan al ministerio público como integrador de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, y al juez impartidor de justicia. Estos grupos investigan, detienen y procesan a los delincuentes: probablemente tengan que instalar prisiones donde compurguen las penas las personas que ellos "sentencien", todo al margen de la ley y sin ninguna supervisión de organismos protectores de derechos humanos. El funcionamiento de estos grupos nace ante la desesperación ciudadana por la ola de violencia criminal que azota las pequeñas comunidades enclavadas en la sierra de guerrero. Sin embargo, suplantar la tarea de los órganos del estado no es la solución de fondo al problema. Se ha instaurado un mecanismo social para perseguir y castigar los delitos, bajo la mirada vigilante de los organismos protectores de los derechos humanos, nacionales e internacionales. Ese mecanismo social cuenta con procedimientos establecidos que garantizan la legalidad de las actuaciones, protegiendo el derecho del inculpado a una defensa adecuada y de las víctimas para evitar la impunidad. Hacer justicia por propia mano conduce a la ley del más fuerte. Esto es lo que esta ocurriendo en Guerrero, donde estos grupos ciudadanos están enfrentados a los grupos de la delincuencia organizada: este fin de semana varios de esos ciudadanos fueron privados de la libertad, en respuesta a la detención y posterior liberación de una decena de presuntos delincuentes, al carecer el ministerio público de pruebas contundentes. Toca a la autoridad establecida ejercer la ley con toda la fuerza del Estado: a los ciudadanos denunciar los hechos delictivos, todo en el marco del pleno respeto a los derechos humanos. Si la autoridad lo hace bien o mal, es una situación que debe ser señalada y corregida, pero no suplantada como esta ocurriendo en el sur del país, donde se esta rompiendo continuamente el estado de derecho.

La opción por los pobres

"En recuerdo a mi entrañable amigo Wu Yangheng, con gran cariño y aprecio. Un hombre honesto, de una sola palabra, intelectual y filósofo de la vida, que se enamoró de Chihuahua, periodista del mundo" Las primeras palabras del nuevo Papa Francisco tienen que ver con su vocación jesuita, la opción por los pobres. La declaratoria del dirigente de la Iglesia Católica frente a la prensa llamó la atención mundial, porque era un discurso, el de los pobres, que ya no eran tan continuamente utilizado, porque representa una estrategia discursiva de la izquierda eclesiástica representada por la teología de la liberación, donde destacan principalmente sacerdotes de la orden Jesuita. El discurso por los pobres alienta la lucha de clases por la vía armada, como ocurrió ya en los sesentas en Latinoamérica, antes las grandes revoluciones sociales en el mundo con la creación del estado socialista; el siglo antepasado produjo los planteamientos filosóficos que sirvieron de base a estos movimientos. La característica en Latinoamérica es que la iglesia de izquierda se involucra activamente. Más recientemente en la guerrilla chiapaneca, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se cobijó fuertemente en ese sector de la iglesia, apenas en 1994. La opción por los pobres ha sido un instrumento de control político y económico. Ha sido explotado recientemente por las instituciones políticas. El Partido de la Revolución Democrática, con su caudillo Andrés Manuel López Obrador la utilizo profusamente en las dos ocasiones que intentó llegar a la presidencia de la república, en primer lugar con un discurso incendiario y en segundo, con una estrategia de la república amorosa, siempre con el discurso subyacente de la redención de clases y el combate a la oligarquía económica. No es con discursos por los pobres como se van a encontrar mecanismos que reduzcan la inequidad en la distribución de la riqueza. Es con la inclusión de los que menos tienen en las oportunidades de desarrollo y mejora, tarea que compete a toda la sociedad -es cierto- pero primordialmente a la autoridad civil. Cuando el jerarca católico habla de los pobres en el tono que lo hace alienta la lucha de clases. Es una desafortunada frase que poco contribuye a que la iglesia católica se recuperé de los escándalos en que se ha visto involucrada, porque abre un nuevo frente, por cierto, muy peligroso. El problema no es la pobreza económica, es una parte del problema, más bien debemos referirnos a la pobreza moral de un pueblo, no desde un punto de vista estrictamente religioso, sino de voluntad, fuerza, decisión, empuje, para construir nuevas condiciones de armonía, desarrollo económico. Siguiendo a José Ingenieros, encontrar esa fuerzas morales, donde las personas, primero en esa individualidad, y luego de manera colectiva, se reencuentren, sean mejores moralmente.

Antimonopolio en las comunicaciones

Las concesiones para radio y televisión ya no serán objeto de otorgamiento político por la vía administrativa del ejecutivo federal: ahora estos permisos gubernamentales serán determinados por dos órganos constitucionales autónomos y sus resoluciones solo podrán ser atacadas a través de amparo indirecto, previo conocimiento de tribunales especializados en telecomunicaciones. Este es el resultado de un acuerdo político entre las Fuerzas partidistas del país con el presidente Enrique Peña Nieto, traducido en propuesta de reforma constitucional enviado al Congreso de la Unión, en busca de evitar la concentración monopolica y democratizar el acceso al internet y a las comunicaciones. Se trata de una reforma de gran calado, que en principio evita que las televisoras dominantes, Televisa y Tv Azteca participen en la licitación pública de las dos cadenas nuevas de televisión abierta, con lo cual se evita el acentuamiento del monopolio en las comunicaciones. Con esta decisión se abre la posibilidad de oxigenar la competencia económica en el manejo de las telecomunicaciones, con la posibilidad de propiciar un manejo más plural de la comunicación social, lo cual debe redundar en una democratización de contenidos. La clave, es indudable, para evitar suspicacias y manejo discrecional en las concesiones, es la creación de los órganos constitucionales autónomos, cuyos nombramientos serán ratificados por el Senado. Estos órganos, la Comision Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, constituyen una buena base para desterrar esa discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones. La Comisión tendrá una actuación amplia, no sólo en la regulación y resolución en materia de telecomunicaciones, como órgano revisor, sino en todas las materias económicas del país. El Instituto deberá emitir y cuidar los diversos actos administrativos para otorgamiento de concesiones, bajo la vigilancia de la mencionada comisión, pero además, bajo el control jurídico revisor de los tribunales especializados que deberán ser constituidos por el Consejo de la Judicatura Federal e incluso el amparo indirecto, mecanismo de control del poder judicial sobre la materia. La iniciativa fue resumida en un ABC: reducir los precios en beneficio de la población, ampliar la cobertura de las telecomunicaciones y evitar la concentración monopolica. Dice Enrique Peña Nieto, y tiene razón, al final hay que cuidar los nuevos riesgos del analfabetismo funcional, acercando el internet y las comunicaciones a los ciudadanos, en una mayor y mejor comunicación, en cantidad y calidad, cuidar los contenidos, encontrando un equilibrio en el deseo de entretener y formar ciudadanos en valores, situación que las telecomunicaciones han abandonado parcialmente. La decisión política del acuerdo de reforma en telecomunicaciones puede quedarse en letra muerta si no existe una participación de gran calado por parte de todos los actores sociales. Es determinante, pero no es suficiente la voluntad del gobierno y las fuerzas partidistas: la sociedad deberá participar más decididamente. La reforma es una plataforma idónea de fortalecimiento, democratización, ampliación de cobertura y recuperación de la rectoría del estado en materia de telecomunicaciones, en el marco del gran pacto político y social emprendido desde el primero de diciembre pasado.

Decisión de Estado

La detención de Elba Esther Gordillo y su auto de formal prisión, por malversación de recursos, es un llamado fuerte a los grupos fácticos de poder, en este caso el sindicato magisterial, que se oponía a las reformas educativas que regresan la rectoría en la materia al gobierno federal y obligan a la evaluación permanente. Había diversos síntomas que avisaban de la determinación de asumir posiciones contundentes para avanzar en la rectoría educativa, una de ellas el nombramiento de Emilio Chauyffet Chemor como Secretario de Educación. Chauyffet fue el operador político para desbancar a Elba Esther de la coordinación de diputados priistas en la LVIII legislatura, como corolario del enfrentamiento con Roberto Madrazo en 2003. Otro de los síntomas fue la incorporación al Pacto por México de la reestructuración de la educación, particularmente la calidad como uno de los vértices más relevantes, sin la intervención del sindicato de maestros, y como determinación presidencial consensuada con los partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Hacia mucho que Elba Esther Gordillo no era el centro del discurso educativo en el país. La calidad, que sería impulsada desde la decisión del Estado, con la colaboración y no la determinación del sindicato, implica revisar procesos no solo revisar cuestiones de recursos humanos y materiales, aunque ello sea una parte que no hay que descuidar. Una rectoría donde el Estado asume su responsabilidad en la planeación y conducción del proceso educativo, en colaboración y coordinación con los maestros y padres de familia. El doctor en pedagogia, el español Pere Marques Graell, señala que un sistema educativo de calidad se caracteriza por ser accesible a todos los ciudadanos; facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las necesidades de cada alumno para que todos puedan tener las oportunidades que promoverán lo más posible su progreso académico y personal; promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas; promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como en la vida de la institución, en un marco de valores donde todos se sientan respetados y valorados como personas; lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad; estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los demás profesionales del centro. En este proceso de colaboración, es la secretaria de educación quien planteara las rutas de trabajo, fuera de los intereses de un sindicalismo que perdió la brújula y rebasó su responsabilidad en la protección de los derechos gremiales y asumió la conducción del proceso educativo, asumiendo indebidamente rol de autoridad. En este camino destacan aspectos tan absurdos como el hecho de que los indicadores señalan que la proporción de maestros por alumnos es la adecuada, incluso se encuentra por encima de la media que maneja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y aún así no hay buenos resultados con 5.4 millones de personas analfabetas, 10 millones sin primaria, 16.5 millones con secundaria inconclusa y 7 de cada 10 jóvenes carecen de acceso a educación superior. Es cierto. La calidad como resultado del proceso educativo será fruto de la interacción y adecuada coordinación de los diversos elementos, maestros, padres de familia y autoridad. La cuestión es que esa coordinación requiere un liderazgo. Ese papel debe ser asumido por la autoridad, representada por la secretaria de educación en toda su estructura organizacional. Hablar de calidad, rendición de cuentas magisteriales, evaluación continúa, reorganización y reordenación de procesos, en educación, es un aliciente y una bocanada de aire fresco para una sociedad que sabe y esta consciente que las mejores condiciones de vida cruzan necesariamente por la premisa educativa nacional.