No terminamos de asombrarnos y exclamar la indignación por el asesinato del compañero Daniel Martínez Gil, ocurrido en Acapulco, Guerrero, cuando otro compañero, Jorge Kristian Bernal Moreno, pierde la vida en el Distrito Federal.
El homicidio de Jorge aparentemente tuvo como móvil un asalto, en donde los delincuentes le profirieron una herida con arma de fuego en el abdomen, que finalmente le quitó la vida al acudir a pedir auxilio a una clínica, en el centro del país.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y la Federación Latinoamericana de Periodistas, han insistido en la edificación de un auténtico andamiaje institucional para prevenir, proteger e investigar crímenes cometidos contra periodistas.
Sin embargo, el gobierno federal y la cámara de diputados han mantenido una posición de no escuchar y atender el reclamo.
La actual legislatura, específicamente la Cámara de Diputados, perdió la oportunidad de fortalecer la fiscalía especializada en atención a delitos contra periodistas e incluso, de aprobar una reforma a la ley orgánica de la Cámara de Diputados, para elevar a ordinaria la comisión que investiga atentados contra colegas y los medios.
Estas acciones legislativas permitirían investigar adecuadamente los atentados, porque por un lado se dotaría de recursos económicos suficientes a una fiscalía atada de manos, porque depende de los mismos recursos humanos con que cuenta la Procuraduría General de la República; pero además, siendo ordinaria, la comisión que desde la cámara de diputados investiga atentados, podría llevar al pleno iniciativas de ley, en lugar de cabildear con las comisiones que sí lo pueden hacer, en una negociación pesada que termina por desfigurarlas iniciativas trabajadas con las organizaciones periodísticas.
Estas acciones, sumadas a la construcción de una comisión de riesgo, apoyada en recursos federales, podría evitar más muertes de compañeros, que actualmente se encuentran amenazados, y que pese a ello, continuar desarrollando su función. Este proyecto tampoco encontró eco en la Cámara de Diputados Federal ni en el gobierno de la república.
Será la nueva legislatura quien tendrá la responsabilidad de sacar adelante estos proyectos, que ojala no queden a dormir el sueño de los justos, en los reclamos cotidianos de las organizaciones periodísticas.
viernes, 31 de julio de 2009
lunes, 27 de julio de 2009
Participación social contra el crimen
Se debate si el Estado Moderno ha claudicado a sus principales funciones, entre ellas la de proveer a la población de seguridad.
El avance y fortalecimiento de los grupos de la delincuencia organizada, hacen patente que los distintos niveles de gobierno, sin el auxilio de la sociedad, poco pueden hacer para garantizar dicha seguridad.
Sobre todo, cuando las acciones policíacas o militares, de persecución e inhibición de los delitos, resultan insuficientes e ineficientes, como lo ha demostrado la estrategia aplicada desde el operativo conjunto, que privilegia la fuerza al grito de “todos son delincuentes”, desconfiando de la ciudadanía, en lugar de convocarla al esfuerzo solidario con la autoridad.
Por eso llaman la atención las propuestas legislativas que tratan de impulsar desde el sector gubernamental un reconocimiento de la necesaria participación social, con acciones como la policía encubierta y la coparticipación de medios de comunicación masivos, como radio y televisión, para generar acciones de auto-protección.
De acuerdo a la iniciativa presentada por el legislador local Jorge Neaves, la policía encubierta deberá cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, una solicitud ante un juez, quien autorizará la intervención de la autoridad bajo esa modalidad. Esto es, no será capricho de la policía efectuar los operativos encubiertos, con lo cual se genera una garantía de legalidad y de revisión previa de la pertinencia de la medida excepcional.
Por otro lado, la participación de los medios de comunicación, en este caso radio y televisión, en la difusión de situaciones que requieran una atención inmediata de la sociedad, como el caso de un robo de un auto, tendrá que ser concertada y no impuesta.
Los medios de comunicación, en ese sentido, mediante una acción en la cual exista un convenio, pueden colaborar en la estimulación de la participación social, para atender situaciones de emergencia. Esa es una de las labores de los medios de comunicación social.
Al margen de que las propuestas sean finalmente legisladas o no, parten del valiente reconocimiento de que las autoridades han sido rebasadas, y que no pueden seguir caminando en una ruta de un solo camino, disociadas de la participación comunitaria.
La sociedad tiene mucho que aportar para la resolución del problema de la criminalidad: 107 millones de habitantes distribuidos en 32 entidades federativas, pueden más que la base social incipiente con que cuenta la delincuencia.
En este sentido los medios de comunicación juegan un papel relevante en la construcción ética de una comunidad más critica, pero constructiva y participativa; una comunicación menos superficial y coyuntural, que constituya –adicionalmente- instrumento para la resolución de problemas, y no solo para su amplificación, en una prensa de amplio y profundo compromiso social.
El avance y fortalecimiento de los grupos de la delincuencia organizada, hacen patente que los distintos niveles de gobierno, sin el auxilio de la sociedad, poco pueden hacer para garantizar dicha seguridad.
Sobre todo, cuando las acciones policíacas o militares, de persecución e inhibición de los delitos, resultan insuficientes e ineficientes, como lo ha demostrado la estrategia aplicada desde el operativo conjunto, que privilegia la fuerza al grito de “todos son delincuentes”, desconfiando de la ciudadanía, en lugar de convocarla al esfuerzo solidario con la autoridad.
Por eso llaman la atención las propuestas legislativas que tratan de impulsar desde el sector gubernamental un reconocimiento de la necesaria participación social, con acciones como la policía encubierta y la coparticipación de medios de comunicación masivos, como radio y televisión, para generar acciones de auto-protección.
De acuerdo a la iniciativa presentada por el legislador local Jorge Neaves, la policía encubierta deberá cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, una solicitud ante un juez, quien autorizará la intervención de la autoridad bajo esa modalidad. Esto es, no será capricho de la policía efectuar los operativos encubiertos, con lo cual se genera una garantía de legalidad y de revisión previa de la pertinencia de la medida excepcional.
Por otro lado, la participación de los medios de comunicación, en este caso radio y televisión, en la difusión de situaciones que requieran una atención inmediata de la sociedad, como el caso de un robo de un auto, tendrá que ser concertada y no impuesta.
Los medios de comunicación, en ese sentido, mediante una acción en la cual exista un convenio, pueden colaborar en la estimulación de la participación social, para atender situaciones de emergencia. Esa es una de las labores de los medios de comunicación social.
Al margen de que las propuestas sean finalmente legisladas o no, parten del valiente reconocimiento de que las autoridades han sido rebasadas, y que no pueden seguir caminando en una ruta de un solo camino, disociadas de la participación comunitaria.
La sociedad tiene mucho que aportar para la resolución del problema de la criminalidad: 107 millones de habitantes distribuidos en 32 entidades federativas, pueden más que la base social incipiente con que cuenta la delincuencia.
En este sentido los medios de comunicación juegan un papel relevante en la construcción ética de una comunidad más critica, pero constructiva y participativa; una comunicación menos superficial y coyuntural, que constituya –adicionalmente- instrumento para la resolución de problemas, y no solo para su amplificación, en una prensa de amplio y profundo compromiso social.
miércoles, 22 de julio de 2009
Institucionalidad partidista
Una de las aportaciones de la cruenta lucha revolucionaria al México moderno es sin duda la institucionalidad y la normalidad en el relevo del poder.
Tuvo que someterse el país a una lucha fraticida para encontrar un nuevo camino para el ejercicio de la política, donde se cumplieran los plazos y se evitaran las asonadas y golpes de timón, bajo la ley del más fuerte, al margen de la ley.
Por ese motivo, resulta preocupante que dos de los principales partidos políticos, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el primero gobernante desde la Presidencia de la República, y el segundo, de la entidad federativa capital del país, no hayan sido capaces de superar una feroz crisis interna, que amenaza con debilitar aún más su fuerza electoral.
Ambos partidos constituyen las principales fuerzas opositoras del Partido Revolucionario Institucional, gobernante durante setenta años y principal fiel de la balanza, actualmente en el poder de decenas de estados y cientos de municipios, recién electo primer minoría en la cámara de diputados.
PAN y PRD disputan intestinamente ante una clara y evidente ausencia de institucionalidad:
En el PAN, perdidas las elecciones federales, se pide y obtiene la cabeza de German Martínez, el líder nacional, pero cuando se trata de renovar su puesto, se acusa al presidente Calderón de pretender la imposición de César Nava y se genera una insurrección interna que boicotea el proceso a nivel nacional.
En el PRD, el líder moral e histórico de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, propone como solución a la crisis, la expulsión de Andrés Manuel López Obrador y la renuncia del líder nacional Jesús Ortega, en un intento de refundar el partido al margen de las tribus, logrando solo profundizar el grave problema interno.
Germán Martínez, como Jesús Ortega, fueron electos por los militantes de sus partidos por un determinado período. Con fracasos y triunfos, la normalidad exige que se cumpla con dichos lapsos, en un clima de madurez y responsabilidad, de análisis serio de las derrotas, procedimientos y mecanismos de participación ciudadana, por encima de coyunturas o caprichos personales, en una institucionalidad que recupera credibilidad en un sistema político en crisis.
Tuvo que someterse el país a una lucha fraticida para encontrar un nuevo camino para el ejercicio de la política, donde se cumplieran los plazos y se evitaran las asonadas y golpes de timón, bajo la ley del más fuerte, al margen de la ley.
Por ese motivo, resulta preocupante que dos de los principales partidos políticos, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el primero gobernante desde la Presidencia de la República, y el segundo, de la entidad federativa capital del país, no hayan sido capaces de superar una feroz crisis interna, que amenaza con debilitar aún más su fuerza electoral.
Ambos partidos constituyen las principales fuerzas opositoras del Partido Revolucionario Institucional, gobernante durante setenta años y principal fiel de la balanza, actualmente en el poder de decenas de estados y cientos de municipios, recién electo primer minoría en la cámara de diputados.
PAN y PRD disputan intestinamente ante una clara y evidente ausencia de institucionalidad:
En el PAN, perdidas las elecciones federales, se pide y obtiene la cabeza de German Martínez, el líder nacional, pero cuando se trata de renovar su puesto, se acusa al presidente Calderón de pretender la imposición de César Nava y se genera una insurrección interna que boicotea el proceso a nivel nacional.
En el PRD, el líder moral e histórico de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, propone como solución a la crisis, la expulsión de Andrés Manuel López Obrador y la renuncia del líder nacional Jesús Ortega, en un intento de refundar el partido al margen de las tribus, logrando solo profundizar el grave problema interno.
Germán Martínez, como Jesús Ortega, fueron electos por los militantes de sus partidos por un determinado período. Con fracasos y triunfos, la normalidad exige que se cumpla con dichos lapsos, en un clima de madurez y responsabilidad, de análisis serio de las derrotas, procedimientos y mecanismos de participación ciudadana, por encima de coyunturas o caprichos personales, en una institucionalidad que recupera credibilidad en un sistema político en crisis.
jueves, 16 de julio de 2009
Auténtica representación popular
Se han esgrimido muchos argumentos en contra de los diputados de representación proporcional, sin embargo, el más sólido planteamiento –desde mi particular punto de vista- me parece es el de la misma representación.
Desde el punto de vista teórico, los diputados representan a una porción de la población electoral.
Lo mismo si son electos por el principio de mayoría relativa como el de representación proporcional: los primeros, constriñen su compromiso electoral a una circunscripción electoral básica, por así decirlo, un distrito, con mas-menos cien mil electores; los segundos, corresponden a una circunscripción mas amplia, conformada por varias entidades federativas, por lo que representan la voluntad de cinco, seis, siete, ocho o mas Estados de la república, entre cuarenta o cincuenta distritos electorales federales.
Esa es una de las primeras diferencias entre ambos legisladores, el número de ciudadanos que representan. ¿Si realizando campaña en las setenta, ochenta o cien colonias que pertenecen a un distrito electoral, es difícil establecer un dialogo con el candidato, como hacerlo cuando el conglomerado electoral es mas amplio?
Pero además, cuando ni siquiera existe la obligación de presentar propuestas, defenderlas o hacer campaña electoral en esa porción de electores, que no tiene conocimiento a ciencia cierta de quien es su candidato por la vía de la representación proporcional.
Es cierto: su nombre aparece en el reverso de la boleta, con letras chiquitas, como contrato leonino: nadie lo ve o tiene conciencia a ciencia cierta de por quien debe votar: y aún y cuando la tuviera, ¿Cómo disociar su voto por ambas vías? ¿Cómo decir, voto por este diputado por mayoría relativa y por tal o cual diputado por la vía proporcional? No existe un mecanismo que permita este voto cruzado, conciente y razonado del elector. Al contrario, su voto por la vía de la mayoría relativa esta indisolublemente asociado al de la representación proporcional. Hay un determinismo procedimental, que creo, resulta inconstitucional, porque coacciona o determina fatalmente el voto ciudadano en ambas vías.
Un elemento mas: un candidato gasta suela de zapato en campaña y el otro, heredero de los privilegios de los diputados por partido, se limita a esperar el resultado: existe un diseño institucional que genera una casta divina en los legisladores, y que los aleja de los electores.
Es tiempo de pensar en este mecanismo de elección, para evitar la continua perversión del sistema electoral, que hasta el momento ha dado buenos resultados en materia de gobernabilidad y renovación periódica del poder.
Desde el punto de vista teórico, los diputados representan a una porción de la población electoral.
Lo mismo si son electos por el principio de mayoría relativa como el de representación proporcional: los primeros, constriñen su compromiso electoral a una circunscripción electoral básica, por así decirlo, un distrito, con mas-menos cien mil electores; los segundos, corresponden a una circunscripción mas amplia, conformada por varias entidades federativas, por lo que representan la voluntad de cinco, seis, siete, ocho o mas Estados de la república, entre cuarenta o cincuenta distritos electorales federales.
Esa es una de las primeras diferencias entre ambos legisladores, el número de ciudadanos que representan. ¿Si realizando campaña en las setenta, ochenta o cien colonias que pertenecen a un distrito electoral, es difícil establecer un dialogo con el candidato, como hacerlo cuando el conglomerado electoral es mas amplio?
Pero además, cuando ni siquiera existe la obligación de presentar propuestas, defenderlas o hacer campaña electoral en esa porción de electores, que no tiene conocimiento a ciencia cierta de quien es su candidato por la vía de la representación proporcional.
Es cierto: su nombre aparece en el reverso de la boleta, con letras chiquitas, como contrato leonino: nadie lo ve o tiene conciencia a ciencia cierta de por quien debe votar: y aún y cuando la tuviera, ¿Cómo disociar su voto por ambas vías? ¿Cómo decir, voto por este diputado por mayoría relativa y por tal o cual diputado por la vía proporcional? No existe un mecanismo que permita este voto cruzado, conciente y razonado del elector. Al contrario, su voto por la vía de la mayoría relativa esta indisolublemente asociado al de la representación proporcional. Hay un determinismo procedimental, que creo, resulta inconstitucional, porque coacciona o determina fatalmente el voto ciudadano en ambas vías.
Un elemento mas: un candidato gasta suela de zapato en campaña y el otro, heredero de los privilegios de los diputados por partido, se limita a esperar el resultado: existe un diseño institucional que genera una casta divina en los legisladores, y que los aleja de los electores.
Es tiempo de pensar en este mecanismo de elección, para evitar la continua perversión del sistema electoral, que hasta el momento ha dado buenos resultados en materia de gobernabilidad y renovación periódica del poder.
miércoles, 15 de julio de 2009
Lebaron
Una comunidad entera alzó la voz para denunciar el secuestro de uno de sus integrantes, Erick Lebaron.
Sus reclamos y tenaz determinación de exigir la liberación sin el pago de rescate, culminó felizmente con la libertad del joven habitante de la comunidad mormona de Lebaron, en Galeana, Municipio de Chihuahua.
Sin embargo, como represalia –al menos así se considera hasta el momento- Benjamin Lebaron y Luis Wildmar, fueron ejecutados, tras ser privados de la libertad y golpeados frente a sus familias.
Benjamin junto con Luis, se significaron por ser los principales promotores y lideres del movimiento comunitario que rechazó la violencia y el secuestro.
Unos días después, el elcalde de Namiquipa, Hector Ariel Meixueiro Muñoz, corrió la misma suerte: fue acribillado cuando viajaba en su vehiculo a una comunidad cercana.
Pareciera que existe, en ambas muertes, el interés de culpar a la autoridad estatal. Incluso hay quienes han exigido la renuncia del gobernador y de la procuradora de justicia del estado, por la supuesta omisión de no haberlos protegido.
Sin embargo, ¿Cómo responsabilizar de un hecho a una autoridad que no es competente para enfrentar el crimen organizado? Pareciera que se quiere construir una estela de humo para desviar la atención.
El secuestro, en su modalidad simple, es un delito del fuero común, pero cuando existe un grupo paramilitar detrás, que hace uso de armas de alto poder exclusivas del ejército, es competencia federal.
Pero además, el conocimiento de las amenazas en contra de diversos miembros de la comunidad Lebaron, es información que se conoce en el seno del operativo conjunto Chihuahua, donde participan autoridades de los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal.
Y es el nivel federal quien posee, de acuerdo al diseño institucional, la fuerza para enfrentar el crimen organizado. Es quien, en determinado momento, debiera responsabilizarse. Lo que pasa es que no se ha tenido la voluntad de elaborar un plan de protección, ya no solo a testigos, sino a quienes han tenido vinculación, como víctimas o familiares de ellas, con el crimen organizado.
No son las entidades federativas quienes tienen esa fuerza para encarar a la delincuencia organizada, tampoco los municipios como Namiquipa o Galeana: es el ejército y las corporaciones policíacas federales, con el respaldo del presupuesto federal.
No es en el deslinde de responsabilidades, como pretende hacerlo la federación, sino en la asunción de las mismas, como se va a garantizar la seguridad de las comunidades así como en la edificación de un programa que proteja a los ciudadanos de las amenazas de la delincuencia organizada, desde un ámbito de competencia correcto, como es el caso del gobierno de Felipe Calderón.
Experiencias hay al respecto, ahí esta Colombia, con un comité de riesgo que evalúa las amenazas e inmediatamente acciona protegiendo la integridad y la vida de las personas.
Sus reclamos y tenaz determinación de exigir la liberación sin el pago de rescate, culminó felizmente con la libertad del joven habitante de la comunidad mormona de Lebaron, en Galeana, Municipio de Chihuahua.
Sin embargo, como represalia –al menos así se considera hasta el momento- Benjamin Lebaron y Luis Wildmar, fueron ejecutados, tras ser privados de la libertad y golpeados frente a sus familias.
Benjamin junto con Luis, se significaron por ser los principales promotores y lideres del movimiento comunitario que rechazó la violencia y el secuestro.
Unos días después, el elcalde de Namiquipa, Hector Ariel Meixueiro Muñoz, corrió la misma suerte: fue acribillado cuando viajaba en su vehiculo a una comunidad cercana.
Pareciera que existe, en ambas muertes, el interés de culpar a la autoridad estatal. Incluso hay quienes han exigido la renuncia del gobernador y de la procuradora de justicia del estado, por la supuesta omisión de no haberlos protegido.
Sin embargo, ¿Cómo responsabilizar de un hecho a una autoridad que no es competente para enfrentar el crimen organizado? Pareciera que se quiere construir una estela de humo para desviar la atención.
El secuestro, en su modalidad simple, es un delito del fuero común, pero cuando existe un grupo paramilitar detrás, que hace uso de armas de alto poder exclusivas del ejército, es competencia federal.
Pero además, el conocimiento de las amenazas en contra de diversos miembros de la comunidad Lebaron, es información que se conoce en el seno del operativo conjunto Chihuahua, donde participan autoridades de los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal.
Y es el nivel federal quien posee, de acuerdo al diseño institucional, la fuerza para enfrentar el crimen organizado. Es quien, en determinado momento, debiera responsabilizarse. Lo que pasa es que no se ha tenido la voluntad de elaborar un plan de protección, ya no solo a testigos, sino a quienes han tenido vinculación, como víctimas o familiares de ellas, con el crimen organizado.
No son las entidades federativas quienes tienen esa fuerza para encarar a la delincuencia organizada, tampoco los municipios como Namiquipa o Galeana: es el ejército y las corporaciones policíacas federales, con el respaldo del presupuesto federal.
No es en el deslinde de responsabilidades, como pretende hacerlo la federación, sino en la asunción de las mismas, como se va a garantizar la seguridad de las comunidades así como en la edificación de un programa que proteja a los ciudadanos de las amenazas de la delincuencia organizada, desde un ámbito de competencia correcto, como es el caso del gobierno de Felipe Calderón.
Experiencias hay al respecto, ahí esta Colombia, con un comité de riesgo que evalúa las amenazas e inmediatamente acciona protegiendo la integridad y la vida de las personas.
martes, 14 de julio de 2009
Los grandes pendientes legislativos
Pasado el proceso electoral y con la recomposición de la nueva legislatura, una de las tareas primordiales será la revisión de dos grandes tareas, la seguridad y la economía, dos grandes boquetes de la administración de Felipe Calderón.
Por lo que toca a la seguridad, hay varios aspectos que los legisladores tendrán que analizar, la creación de una policía única, la modificación a las atribuciones en materia de combate al crimen organizado por parte de las policías estatales, una redefinición de la distribución de los recursos económicos a los estados y municipios y finalmente, el ejercicio de las funciones de inteligencia desarrolladas por la PGR y la Policía Federal.
Se ha querido tomar como modelo a Colombia para el combate al crimen organizado. En términos generales es correcto: la experiencia colombiana es muy rica en tareas de prevención y participación social para recuperar espacios públicos y detener –vía la denuncia anónima- a las cabezas de los carteles; sin embargo, siendo un Estado Centralista, cuenta con una policía nacional, con una estructura militarizada y jerárquica lineal.
La característica central de su gobierno le permite contar con una fuerza policiaca de esta naturaleza. No es el caso de México, donde existe una distribución de competencias en razón de la naturaleza de los delitos o bien, por el sujeto activo que los comete. Habría que modificar el sistema y regresar a uno que centralice estas funciones, en un evidente retroceso federalista.
Este aspecto, la naturaleza de los delitos, permitió distribuir las competencias en la persecución e investigación de los mismos, dejándole al órgano descentralizado municipal la prevención y las faltas menores; al ámbito estatal le corresponden los llamados delitos del fuero común, aquellas conductas antisociales cometidas por un individuo, con ciertas excepciones: que no haya delincuencia organizada y que no se trata de diversas materias, como delitos contra la salud.
Así, por ejemplo, un delito como secuestro corresponde al fuero común, pero en función de la participación de delincuencia organizada, materialmente pasa a ser del conocimiento del fuero federal, pero no formalmente, porque requiere atracción, un dique fabuloso que le permite a capricho al gobierno federal investigar o no ciertos delitos.
La federación ya le envió a los municipios facultades –pero no recursos- para combatir el narcomenudeo, con desastrosas consecuencias, ya que los cuerpos policíacos municipales se han corrompido y enfrascado en luchas contra grupos en franca desventaja.
Se requieren más recursos económicos para los municipios y entidades federativas y no sólo remanentes que a la Federación se le ocurre. Hay que revisar las tablas y el mecanismo de calculo: sus variables deben modificarse.
Por último las labores de inteligencia. A nadie le queda duda que es el camino correcto, pero no se hace o bien, no adecuadamente. Habría que llamar a comparecer al titular de la Procuraduría General de la República para que explique la ineficiencia en el rubro. Algo esta fallando, no cabe duda.
Estas son tareas inmediatas que los nuevos legisladores están obligados a atender.
Por lo que toca a la seguridad, hay varios aspectos que los legisladores tendrán que analizar, la creación de una policía única, la modificación a las atribuciones en materia de combate al crimen organizado por parte de las policías estatales, una redefinición de la distribución de los recursos económicos a los estados y municipios y finalmente, el ejercicio de las funciones de inteligencia desarrolladas por la PGR y la Policía Federal.
Se ha querido tomar como modelo a Colombia para el combate al crimen organizado. En términos generales es correcto: la experiencia colombiana es muy rica en tareas de prevención y participación social para recuperar espacios públicos y detener –vía la denuncia anónima- a las cabezas de los carteles; sin embargo, siendo un Estado Centralista, cuenta con una policía nacional, con una estructura militarizada y jerárquica lineal.
La característica central de su gobierno le permite contar con una fuerza policiaca de esta naturaleza. No es el caso de México, donde existe una distribución de competencias en razón de la naturaleza de los delitos o bien, por el sujeto activo que los comete. Habría que modificar el sistema y regresar a uno que centralice estas funciones, en un evidente retroceso federalista.
Este aspecto, la naturaleza de los delitos, permitió distribuir las competencias en la persecución e investigación de los mismos, dejándole al órgano descentralizado municipal la prevención y las faltas menores; al ámbito estatal le corresponden los llamados delitos del fuero común, aquellas conductas antisociales cometidas por un individuo, con ciertas excepciones: que no haya delincuencia organizada y que no se trata de diversas materias, como delitos contra la salud.
Así, por ejemplo, un delito como secuestro corresponde al fuero común, pero en función de la participación de delincuencia organizada, materialmente pasa a ser del conocimiento del fuero federal, pero no formalmente, porque requiere atracción, un dique fabuloso que le permite a capricho al gobierno federal investigar o no ciertos delitos.
La federación ya le envió a los municipios facultades –pero no recursos- para combatir el narcomenudeo, con desastrosas consecuencias, ya que los cuerpos policíacos municipales se han corrompido y enfrascado en luchas contra grupos en franca desventaja.
Se requieren más recursos económicos para los municipios y entidades federativas y no sólo remanentes que a la Federación se le ocurre. Hay que revisar las tablas y el mecanismo de calculo: sus variables deben modificarse.
Por último las labores de inteligencia. A nadie le queda duda que es el camino correcto, pero no se hace o bien, no adecuadamente. Habría que llamar a comparecer al titular de la Procuraduría General de la República para que explique la ineficiencia en el rubro. Algo esta fallando, no cabe duda.
Estas son tareas inmediatas que los nuevos legisladores están obligados a atender.
viernes, 10 de julio de 2009
Al rescate de la credibilidad
La democracia tiene una serie de conceptos que se materializan funcionalmente en la instrumentación de procesos electorales.
Uno de ellos es el principio de mayoría relativa.
Esto es, no importa –desde el punto de vista formal- cuantos votos se emiten en las urnas y tampoco es relevante cuantos de ellos son anulados por los electores, en forma consciente o inconsciente.
Al final de cuentas, lo que importa y, es evaluado por los escrutadores en las mesas receptoras de votos, son los sufragios emitidos en forma correcta, para ser computados a los distintos partidos y candidatos.
Las elecciones del pasado domingo presentaron de nueva cuenta dos fenómenos que se han tornado recurrentes en los comicios: una alta abstención acompañada de diferencias pequeñas entre el primero y segundo lugar, y finalmente, una alta tasa de votos nulos.
La combinación de estos elementos genera un problema de gobernabilidad y una prueba de fuego para el sistema electoral, que al menos en este caso, fue superada por la calidad implementada en los procesos, refinada a lo largo de 29 años de existencia del órgano electoral federal.
Una solución adecuada al conflicto es el conteo voto por voto cuando la diferencia entre el candidato perdedor y el ganador es menor al uno por ciento en el distrito, a través de mesas de trabajo integradas por representantes de partido y consejeros distritales; la otra solución es el reconteo de votos en casilla cuando los nulos son superiores a esa diferencia de candidatos.
De esta forma, en Chihuahua la alta competencia llevó a instrumentar estos procedimientos, el primero en los distritos 03 y 05 y el segundo, en el distrito 06. En la normalidad se contaron de nueva cuenta votos y los funcionarios de casilla pasaron la prueba sin mayor problema.
El asunto esta en que formalmente todo esta solucionado y serán escasas las impugnaciones que llegarán al tribunal electoral, ya no se diga en Chihuahua, sino a nivel nacional.
La cuestión es que la abstención y el voto nulo son reacciones de hartazgo al sistema ya no solo electoral, sino político.
Debe rescatarse la actividad política del nivel tan bajo de credibidilidad en que se encuentra.
Es cierto que el principio de mayoría relativa permite que un solo voto sea suficiente para declarar ganador y que los partidos y candidatos deben acatar el dictamen ciudadano, sin embargo, sociedad e instituciones debemos participar en el fortalecimiento de la democracia: darle contenido y discusión a las campañas; evitar la guerra sucia; generar mecanismos de comunicación ciudadano-candidato; señalar el dolo en las promesas de campaña, entre otras cosas.
Uno de ellos es el principio de mayoría relativa.
Esto es, no importa –desde el punto de vista formal- cuantos votos se emiten en las urnas y tampoco es relevante cuantos de ellos son anulados por los electores, en forma consciente o inconsciente.
Al final de cuentas, lo que importa y, es evaluado por los escrutadores en las mesas receptoras de votos, son los sufragios emitidos en forma correcta, para ser computados a los distintos partidos y candidatos.
Las elecciones del pasado domingo presentaron de nueva cuenta dos fenómenos que se han tornado recurrentes en los comicios: una alta abstención acompañada de diferencias pequeñas entre el primero y segundo lugar, y finalmente, una alta tasa de votos nulos.
La combinación de estos elementos genera un problema de gobernabilidad y una prueba de fuego para el sistema electoral, que al menos en este caso, fue superada por la calidad implementada en los procesos, refinada a lo largo de 29 años de existencia del órgano electoral federal.
Una solución adecuada al conflicto es el conteo voto por voto cuando la diferencia entre el candidato perdedor y el ganador es menor al uno por ciento en el distrito, a través de mesas de trabajo integradas por representantes de partido y consejeros distritales; la otra solución es el reconteo de votos en casilla cuando los nulos son superiores a esa diferencia de candidatos.
De esta forma, en Chihuahua la alta competencia llevó a instrumentar estos procedimientos, el primero en los distritos 03 y 05 y el segundo, en el distrito 06. En la normalidad se contaron de nueva cuenta votos y los funcionarios de casilla pasaron la prueba sin mayor problema.
El asunto esta en que formalmente todo esta solucionado y serán escasas las impugnaciones que llegarán al tribunal electoral, ya no se diga en Chihuahua, sino a nivel nacional.
La cuestión es que la abstención y el voto nulo son reacciones de hartazgo al sistema ya no solo electoral, sino político.
Debe rescatarse la actividad política del nivel tan bajo de credibidilidad en que se encuentra.
Es cierto que el principio de mayoría relativa permite que un solo voto sea suficiente para declarar ganador y que los partidos y candidatos deben acatar el dictamen ciudadano, sin embargo, sociedad e instituciones debemos participar en el fortalecimiento de la democracia: darle contenido y discusión a las campañas; evitar la guerra sucia; generar mecanismos de comunicación ciudadano-candidato; señalar el dolo en las promesas de campaña, entre otras cosas.
lunes, 6 de julio de 2009
Referéndum gubernamental
Las elecciones del pasado domingo constituyeron en los hechos un auténtico referéndum.
Los ciudadanos sancionaron el gobierno de Felipe Calderón y sus políticas públicas, con una calificación muy baja, en relación al antecedente comicial anterior.
Pensar en estos comicios como una simple elección intermedia que renueva la cámara baja, conservando los tres principales partidos una porción del poder, fortaleciendo los equilibrios y contrapesos es muy simplista y funcional.
Es cierto que PRI, PRD y PAN conservan en términos generales el mismo número de diputados, con excepción del segundo que tuvo una merma importante, pero lo relevante es que por primera vez en algunas legislaturas, estamos en la posibilidad de tener un partido con mayoría absoluta, esto es, más de la mitad de las curules en un mismo signo.
¿Habrán pensado realmente los electores que le estaban entregando a un partido político la posibilidad de modificar leyes sin el concurso de ningún otro instituto político? Probablemente no fue una posición racional en todos los casos, pero en el subconsciente colectivo pudo privar la idea de un cogobierno, ya no solo en los hechos, sino desde el punto de vista legal.
El Partido Revolucionario Institucional ha asumido una posición de acompañamiento a los presidentes panistas, sacando adelante reformas y presupuestos, en una institucionalidad que no pocos han criticado.
Fueron ellos, los priístas, quienes permitieron que Felipe Calderón rindiera protesta en medio del tumulto y la violencia camaral. Esta posición de Estado es un elemento que resalta comúnmente Beatriz Paredes.
Tocará primero a los consejos distritales entregar constancias de mayoría a los diputados electos por dicho principio y posteriormente, al consejo general, realizar la distribución de diputaciones por el principio de la representación proporcional.
Sabremos pues en una semana la cantidad exacta de legisladores de cada partido, aunque sea en forma preliminar, en espera de que el tribunal electoral resuelva las impugnaciones que en su caso se presenten, y que no serán pocas en función de la escasa distancia entre los primeros y los segundos lugares, y el cinco por ciento de votos nulos nacional.
Efectuado este procedimiento, sabremos si se confirma la mayoría absoluta del PRI en la cámara de diputados, en una llamada de atención al gobierno federal y a su partido, que no al presidente, quien en lo personal, en forma paradójica, conserva elevados niveles de aceptación y popularidad.
Los ciudadanos sancionaron el gobierno de Felipe Calderón y sus políticas públicas, con una calificación muy baja, en relación al antecedente comicial anterior.
Pensar en estos comicios como una simple elección intermedia que renueva la cámara baja, conservando los tres principales partidos una porción del poder, fortaleciendo los equilibrios y contrapesos es muy simplista y funcional.
Es cierto que PRI, PRD y PAN conservan en términos generales el mismo número de diputados, con excepción del segundo que tuvo una merma importante, pero lo relevante es que por primera vez en algunas legislaturas, estamos en la posibilidad de tener un partido con mayoría absoluta, esto es, más de la mitad de las curules en un mismo signo.
¿Habrán pensado realmente los electores que le estaban entregando a un partido político la posibilidad de modificar leyes sin el concurso de ningún otro instituto político? Probablemente no fue una posición racional en todos los casos, pero en el subconsciente colectivo pudo privar la idea de un cogobierno, ya no solo en los hechos, sino desde el punto de vista legal.
El Partido Revolucionario Institucional ha asumido una posición de acompañamiento a los presidentes panistas, sacando adelante reformas y presupuestos, en una institucionalidad que no pocos han criticado.
Fueron ellos, los priístas, quienes permitieron que Felipe Calderón rindiera protesta en medio del tumulto y la violencia camaral. Esta posición de Estado es un elemento que resalta comúnmente Beatriz Paredes.
Tocará primero a los consejos distritales entregar constancias de mayoría a los diputados electos por dicho principio y posteriormente, al consejo general, realizar la distribución de diputaciones por el principio de la representación proporcional.
Sabremos pues en una semana la cantidad exacta de legisladores de cada partido, aunque sea en forma preliminar, en espera de que el tribunal electoral resuelva las impugnaciones que en su caso se presenten, y que no serán pocas en función de la escasa distancia entre los primeros y los segundos lugares, y el cinco por ciento de votos nulos nacional.
Efectuado este procedimiento, sabremos si se confirma la mayoría absoluta del PRI en la cámara de diputados, en una llamada de atención al gobierno federal y a su partido, que no al presidente, quien en lo personal, en forma paradójica, conserva elevados niveles de aceptación y popularidad.
jueves, 2 de julio de 2009
Plurinominales
El Estado Mexicano tomó la decisión de generar espacios legislativos en forma artificial para los partidos políticos que carecían de una representación amplia, en un electorado cautivo por las dos principales fuerzas políticas, el PRI y el PAN.
De esta forma nacen los diputados de partido, que luego, en un saneamiento que generó una mayor legitimidad en el otorgamiento de curules, se crean los diputados de representación proporcional, una vez que el electorado madura y se pluraliza.
Actualmente se requiere obtener el dos por ciento de la votación nacional efectiva para acceder al menos a una diputación por el principio de representación proporcional. Esa votación efectiva se deduce de la votación nacional emitida, menos los votos nulos y los votos a partidos que no lograron ese dos por ciento.
Actualmente están representados en la Cámara de Diputados, el Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Convergencia y Nueva Alianza.
Como se observa, se ha roto el principio bipartidista para abrir camino a un sistema de partidos con mayor competencia electoral, demostrada en 2006 con la diferencia tan escasa en la elección presidencial.
Esa alta competencia electoral se distribuye por todo el país, con regionalismos que plantean distintos partidos predominantes, como en el Distrito Federal el PRD, el PRI en Puebla o el PAN en Guanajuato.
De esta forma, la pluralidad electoral llega a los estados y municipios, en la conformación de las legislaturas locales.
Por ese motivo se cuestiona si el sistema artificial que compensa con legisladores a los partidos con pequeña representación debe endurecerse, elevando el porcentaje mínimo requerido para alcanzar una curul y reducir también el número de 200 diputados llamados plurinominales.
Una solución intermedia puede ser un cambio gradual: eliminar un porcentaje de legisladores de representación proporcional, para incentivar en los partidos la búsqueda de escaños por la vía de la mayoría relativa, con lo cual, por un lado, se incrementa el compromiso frente al ciudadano al buscar el voto directo y por el otro, no se deja de lado la profesionalización de cuadros y la gobernabilidad interna mediante el otorgamiento de espacios en los partidos.
Esta propuesta gradual parece apropiada, evitando un golpe de tajo a la pluralidad artificial, que podría polarizar aún más las fuerzas en el congreso, representadas mayoritariamente por el PRI, PAN y PRD.
Paralelo a esta decisión, debería estudiarse con detenimiento, como se hace ya en la cámara alta, la necesidad de incursionar en las candidaturas independientes, donde el punto débil es el financiamiento público y su rigurosa fiscalización, para evitar la incursión de recursos de origen ilícito.
De esta forma nacen los diputados de partido, que luego, en un saneamiento que generó una mayor legitimidad en el otorgamiento de curules, se crean los diputados de representación proporcional, una vez que el electorado madura y se pluraliza.
Actualmente se requiere obtener el dos por ciento de la votación nacional efectiva para acceder al menos a una diputación por el principio de representación proporcional. Esa votación efectiva se deduce de la votación nacional emitida, menos los votos nulos y los votos a partidos que no lograron ese dos por ciento.
Actualmente están representados en la Cámara de Diputados, el Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Convergencia y Nueva Alianza.
Como se observa, se ha roto el principio bipartidista para abrir camino a un sistema de partidos con mayor competencia electoral, demostrada en 2006 con la diferencia tan escasa en la elección presidencial.
Esa alta competencia electoral se distribuye por todo el país, con regionalismos que plantean distintos partidos predominantes, como en el Distrito Federal el PRD, el PRI en Puebla o el PAN en Guanajuato.
De esta forma, la pluralidad electoral llega a los estados y municipios, en la conformación de las legislaturas locales.
Por ese motivo se cuestiona si el sistema artificial que compensa con legisladores a los partidos con pequeña representación debe endurecerse, elevando el porcentaje mínimo requerido para alcanzar una curul y reducir también el número de 200 diputados llamados plurinominales.
Una solución intermedia puede ser un cambio gradual: eliminar un porcentaje de legisladores de representación proporcional, para incentivar en los partidos la búsqueda de escaños por la vía de la mayoría relativa, con lo cual, por un lado, se incrementa el compromiso frente al ciudadano al buscar el voto directo y por el otro, no se deja de lado la profesionalización de cuadros y la gobernabilidad interna mediante el otorgamiento de espacios en los partidos.
Esta propuesta gradual parece apropiada, evitando un golpe de tajo a la pluralidad artificial, que podría polarizar aún más las fuerzas en el congreso, representadas mayoritariamente por el PRI, PAN y PRD.
Paralelo a esta decisión, debería estudiarse con detenimiento, como se hace ya en la cámara alta, la necesidad de incursionar en las candidaturas independientes, donde el punto débil es el financiamiento público y su rigurosa fiscalización, para evitar la incursión de recursos de origen ilícito.
miércoles, 1 de julio de 2009
El voto nulo
En nuestro país viven ciento tres millones de personas, de ambos sexos y de todas las edades.
Ellos, sin importar estas características ni su condición social, son gobernados por autoridades electas o designadas, quienes toman las grandes decisiones para guiar a la nación.
De esos ciento tres millones, solo setenta forman parte del listado nominal, esto es, han cumplido los 18 años y cuentan con su credencial de elector, pero además, no se encuentran impedidos por alguna resolución judicial que los prive de sus derechos político-electorales.
Pero, esos setenta millones no acudirán a las urnas el próximo domingo cinco de julio: solo lo harán unos cuarenta millones, poco mas de la mitad: el resto se abstendrá de ejercer su derecho.
De esos cuarenta millones, el dos por ciento será nulo, ya sea por decisión conciente del elector o por equivocación, al marcar dos o más opciones electorales.
Realmente no se sabrá cuales de esos votos nulos formaron parte de una acción racional del elector, como demostración de hartazgo ante los políticos.
No existe ninguna disposición logística ni legal para contabilizar esos votos anulados en forma particular y analítica. Tampoco podrán ser las boletas sujetas de estudio posterior, ya que tendrán que ser destruidas el año siguiente al de la elección.
Esto ocurre así, por disposición de la ley y por criterio establecido por el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le negó las boletas del 2006 a la revista Proceso, al considerar que el derecho de acceso a la información tiene limitaciones, como en este caso documentos que expresan la voluntad ciudadana de formar gobierno.
No se sabrá, por tanto, la afectación por el llamado voto nulo que realizan comunicadores y organizaciones sociales. Incluso, lo que producirá en los hechos es incrementar el porcentaje de votos de los partidos, beneficiando fundamentalmente a los considerados pequeños, que gracias a este fenómeno podrían salvar su registro y garantizar financiamiento público.
De esta forma, quienes anulen su voto, aun y cuando lo hagan en forma racional como una manifestación de rechazo al sistema político, terminarán fortaleciéndolo, al dar vida artificial a instituciones políticas que carecen de amplia representación popular, y que forman parte de las paradojas de la reforma electoral, que por un lado elimina el subsidio a las agrupaciones y por el otro privilegia a instituciones políticas sin respaldo.
Ellos, sin importar estas características ni su condición social, son gobernados por autoridades electas o designadas, quienes toman las grandes decisiones para guiar a la nación.
De esos ciento tres millones, solo setenta forman parte del listado nominal, esto es, han cumplido los 18 años y cuentan con su credencial de elector, pero además, no se encuentran impedidos por alguna resolución judicial que los prive de sus derechos político-electorales.
Pero, esos setenta millones no acudirán a las urnas el próximo domingo cinco de julio: solo lo harán unos cuarenta millones, poco mas de la mitad: el resto se abstendrá de ejercer su derecho.
De esos cuarenta millones, el dos por ciento será nulo, ya sea por decisión conciente del elector o por equivocación, al marcar dos o más opciones electorales.
Realmente no se sabrá cuales de esos votos nulos formaron parte de una acción racional del elector, como demostración de hartazgo ante los políticos.
No existe ninguna disposición logística ni legal para contabilizar esos votos anulados en forma particular y analítica. Tampoco podrán ser las boletas sujetas de estudio posterior, ya que tendrán que ser destruidas el año siguiente al de la elección.
Esto ocurre así, por disposición de la ley y por criterio establecido por el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le negó las boletas del 2006 a la revista Proceso, al considerar que el derecho de acceso a la información tiene limitaciones, como en este caso documentos que expresan la voluntad ciudadana de formar gobierno.
No se sabrá, por tanto, la afectación por el llamado voto nulo que realizan comunicadores y organizaciones sociales. Incluso, lo que producirá en los hechos es incrementar el porcentaje de votos de los partidos, beneficiando fundamentalmente a los considerados pequeños, que gracias a este fenómeno podrían salvar su registro y garantizar financiamiento público.
De esta forma, quienes anulen su voto, aun y cuando lo hagan en forma racional como una manifestación de rechazo al sistema político, terminarán fortaleciéndolo, al dar vida artificial a instituciones políticas que carecen de amplia representación popular, y que forman parte de las paradojas de la reforma electoral, que por un lado elimina el subsidio a las agrupaciones y por el otro privilegia a instituciones políticas sin respaldo.
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