En su momento, Francisco Barrio aceptó que la seguridad era el talón de Aquiles de su administración.
No se equivocó.
Desde el inicio arrancó con un ambicioso programa de renovación moral –por así llamarlo- privilegiando el combate a la corrupción.
Como resultado, el policía del año fue detenido con una carga de marihuana en la sierra de chihuahua.
Francisco Molina se autoproclamo incorruptible y surgió el caso Mesta y las Islas Caimán.
En estos momentos, el presidente Felipe Calderón, enarbola los mismos principios. Es legitimo. La sociedad espera un gobierno que le garantice su seguridad. El problema es que la seguridad no se garantiza con discursos transmitidos en cadena nacional.
Se garantiza a través del esfuerzo efectivo en las calles, en la persecución de los delitos competencia de la federación y en la prevención.
Ahí esta el error de cálculo de los gobiernos emanados del PAN, tanto el de Felipe Calderón, como el de Carlos Borruel.
No existe en la investigación de los delitos la aplicación de la inteligencia: hay una reacción que termina por echarle la culpa a los otros, en este caso los gobiernos estatales, del clima de inseguridad provocado por los crímenes cometidos por la delincuencia organizada, cuando es responsabilidad federal.
En eso tiene razón Fermín Ordóñez, regidor del PRI, en la capital: el presidente Calderón no puede actuar en una dinámica de culpa, sino de actuación.
Los ayuntamientos y los gobiernos de los estados carecen de la capacidad de reacción ante dichos eventos criminales.
Solo en la mente de Felipe Calderón puede caber la posibilidad de que dichos ámbitos de competencia puedan hacer frente a dicha situación.
Lamentablemente, las víctimas no son las administraciones estatales y municipales, sino los ciudadanos todos.
lunes, 31 de agosto de 2009
miércoles, 26 de agosto de 2009
Los retos de la nueva legislatura
Es cierto que la próxima legislatura tiene la obligación de acometer reformas necesarias e imprescindibles en materia política, educativa, económica y social, sin embargo, no son los únicos temas relevantes.
Existe un apartado de reforzamiento legal tendiente a proteger la actividad periodística, que no puede ser soslayado y que ha sido dejado de lado.
Las organizaciones periodísticas Fapermex y Felap, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y Federación Latinoamericana de Periodistas, han insistido en adecuaciones a la Constitución General de la República, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y códigos penales estatales.
Se trata, en principio, de elevar a rango constitucional federal el secreto profesional y la cláusula de conciencia, para que, por un lado, no se exija a los colegas revelar sus fuentes de información vía judicial, y por el otro, que se evite la censura por la forma de pensar plural y diversa de los comunicadores en los distintos medios y empresas.
Asimismo, se propone que las leyes orgánicas y sus reglamentos, tanto de la cámara de diputados como de la procuraduría sean adecuadas, para fortalecer la comisión y la fiscalía, dedicadas a proteger a los periodistas y los medios de comunicación.
Por un lado, para que la comisión tenga rango de ordinaria y abandone el carácter de especial, que le impide presentar dictámenes ante el pleno, y que por lo tanto, tiene que depender de otras comisiones dictaminadoras.
Por otro lado, la fiscalía tendría que ser elevada a rango de subprocuraduría, para obtener suficientes recursos económicos y humanos e investigar adecuadamente los expedientes relacionados con agresiones a comunicadores, sin demerito de las líneas de investigación que en su caso desarrolle la subprocuraduría de investigación en delincuencia organizada.
No toda la reforma legislativa tiene que ver con el ámbito federal. También hay un trabajo pendiente en las legislaturas estatales. En este sentido, es demasiado tímido que el ámbito federal despenalice delitos de difamación y calumnia, sin que las entidades lo hagan. Es necesario un pronunciamiento fuerte por parte de la Cámara de Diputados en este sentido.
Hasta el momento son menos de diez Estados quienes han optado por eliminar de la legislación estatal estos delitos. El resto, continua castigando con cárcel estos delitos, lo que en algunos casos es utilizado como un arma política, una moderna espada de Damocles, en perjuicio de la labor de los comunicadores.
No cabe duda que los diputados federales, que inician funciones, tienen una alta responsabilidad. Ojala no la soslayen.
Existe un apartado de reforzamiento legal tendiente a proteger la actividad periodística, que no puede ser soslayado y que ha sido dejado de lado.
Las organizaciones periodísticas Fapermex y Felap, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y Federación Latinoamericana de Periodistas, han insistido en adecuaciones a la Constitución General de la República, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y códigos penales estatales.
Se trata, en principio, de elevar a rango constitucional federal el secreto profesional y la cláusula de conciencia, para que, por un lado, no se exija a los colegas revelar sus fuentes de información vía judicial, y por el otro, que se evite la censura por la forma de pensar plural y diversa de los comunicadores en los distintos medios y empresas.
Asimismo, se propone que las leyes orgánicas y sus reglamentos, tanto de la cámara de diputados como de la procuraduría sean adecuadas, para fortalecer la comisión y la fiscalía, dedicadas a proteger a los periodistas y los medios de comunicación.
Por un lado, para que la comisión tenga rango de ordinaria y abandone el carácter de especial, que le impide presentar dictámenes ante el pleno, y que por lo tanto, tiene que depender de otras comisiones dictaminadoras.
Por otro lado, la fiscalía tendría que ser elevada a rango de subprocuraduría, para obtener suficientes recursos económicos y humanos e investigar adecuadamente los expedientes relacionados con agresiones a comunicadores, sin demerito de las líneas de investigación que en su caso desarrolle la subprocuraduría de investigación en delincuencia organizada.
No toda la reforma legislativa tiene que ver con el ámbito federal. También hay un trabajo pendiente en las legislaturas estatales. En este sentido, es demasiado tímido que el ámbito federal despenalice delitos de difamación y calumnia, sin que las entidades lo hagan. Es necesario un pronunciamiento fuerte por parte de la Cámara de Diputados en este sentido.
Hasta el momento son menos de diez Estados quienes han optado por eliminar de la legislación estatal estos delitos. El resto, continua castigando con cárcel estos delitos, lo que en algunos casos es utilizado como un arma política, una moderna espada de Damocles, en perjuicio de la labor de los comunicadores.
No cabe duda que los diputados federales, que inician funciones, tienen una alta responsabilidad. Ojala no la soslayen.
jueves, 20 de agosto de 2009
Autonomía y calidad universitaria
Las universidades públicas constituyen un mecanismo de desarrollo y equilibrio social, un coadyuvante natural del Estado mexicano para construir mejores condiciones de vida.
Particularmente se debe hablar de las universidades del sector público, porque a través de subsidios, permiten que los integrantes de familias de clase baja y media, participen del proceso innovador y creador de la educación.
Es obvio que las universidades privadas también contribuyen a la construcción de un México de calidad, solo que desde una perspectiva de lucro y acceso elitista, determinado por el nivel socioeconómico de los estudiantes, con las naturales excepciones de políticas de becas, que solo representan un paliativo, un argumento social de justificación.
Un ejemplo de esta aportación del sector público a la educación de nivel superior es la Universidad Autónoma de Chihuahua, que incursiona con éxito en las auditorias para acreditar y certificar programas de calidad.
Para lograr el estándar de calidad, los maestros deben acreditar estudios de posgrado; los programas deben ser revisados bajo criterios independientes; se debe evaluar la mejora de infraestructura, es decir, son diversos los factores, en los cuales la Universidad de Chihuahua ha salido avante.
No se trata de un proceso sencillo; en él deben intervenir lo mismo estudiantes que maestros, es decir, los integrantes de la comunidad universitaria, con una visión de cohesión con el resto de la sociedad.
Destacan en los procesos diversas facultades, entre ellas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que encabeza el doctor Eduardo Borunda, quien ha propiciado el impulso de criterios que permitan fortalecer las acciones que desde la rectoría son señaladas, dentro del proyecto general de calidad.
El avance de las comunidades no puede entenderse sin una vinculación clara entre las instituciones de educación superior y los diversos sectores de la sociedad.
Por un lado la vinculación, por el otro, los estándares de calidad que deben cuidarse.
Entre tanto, los procesos políticos de renovación no deben confundir ni dañar las acciones de calidad. Lo peor que le puede pasar a una institución superior es atravesar por acciones de desestabilización y confrontación.
Sería lamentable que esto ocurriera con la Universidad Autónoma de Chihuahua, que en 2010 enfrenta un proceso de renovación, el cual debe realizarse bajo los cauces institucionales establecidos en su normatividad, sin intervención de personajes externos que tratan de vulnerar su autonomía.
Ni la universidad de chihuahua ni ninguna otra universidad merecen un enfrentamiento social, que vulnere los procesos de calidad.
Particularmente se debe hablar de las universidades del sector público, porque a través de subsidios, permiten que los integrantes de familias de clase baja y media, participen del proceso innovador y creador de la educación.
Es obvio que las universidades privadas también contribuyen a la construcción de un México de calidad, solo que desde una perspectiva de lucro y acceso elitista, determinado por el nivel socioeconómico de los estudiantes, con las naturales excepciones de políticas de becas, que solo representan un paliativo, un argumento social de justificación.
Un ejemplo de esta aportación del sector público a la educación de nivel superior es la Universidad Autónoma de Chihuahua, que incursiona con éxito en las auditorias para acreditar y certificar programas de calidad.
Para lograr el estándar de calidad, los maestros deben acreditar estudios de posgrado; los programas deben ser revisados bajo criterios independientes; se debe evaluar la mejora de infraestructura, es decir, son diversos los factores, en los cuales la Universidad de Chihuahua ha salido avante.
No se trata de un proceso sencillo; en él deben intervenir lo mismo estudiantes que maestros, es decir, los integrantes de la comunidad universitaria, con una visión de cohesión con el resto de la sociedad.
Destacan en los procesos diversas facultades, entre ellas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que encabeza el doctor Eduardo Borunda, quien ha propiciado el impulso de criterios que permitan fortalecer las acciones que desde la rectoría son señaladas, dentro del proyecto general de calidad.
El avance de las comunidades no puede entenderse sin una vinculación clara entre las instituciones de educación superior y los diversos sectores de la sociedad.
Por un lado la vinculación, por el otro, los estándares de calidad que deben cuidarse.
Entre tanto, los procesos políticos de renovación no deben confundir ni dañar las acciones de calidad. Lo peor que le puede pasar a una institución superior es atravesar por acciones de desestabilización y confrontación.
Sería lamentable que esto ocurriera con la Universidad Autónoma de Chihuahua, que en 2010 enfrenta un proceso de renovación, el cual debe realizarse bajo los cauces institucionales establecidos en su normatividad, sin intervención de personajes externos que tratan de vulnerar su autonomía.
Ni la universidad de chihuahua ni ninguna otra universidad merecen un enfrentamiento social, que vulnere los procesos de calidad.
miércoles, 19 de agosto de 2009
Periodismo e impunidad
Totalmente de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en que la impunidad en las investigaciones de los crímenes cometidos contra los periodistas ha generado más violencia contra el gremio.
También existe coincidencia en señalar que las fallas más comunes tienen que ver con las deficiencias procedimentales para integrar expedientes y efectuar las indagaciones, con elementos técnicos que permitan dar con el paradero de los responsables de las agresiones.
Es cierto que muchas de las entidades federativas han incurrido en esa responsabilidad, dejando en la desprotección a los compañeros y a las familias de las víctimas, cuando estos han sido asesinados.
Sin embargo debe apuntarse una realidad: que la mayoría de los crímenes tienen que ver con la intervención de una figura delictiva competencia del ámbito federal: la delincuencia organizada y el uso de armas de fuego exclusivas del ejército.
Estos elementos por si solos apuntan la mayor responsabilidad del gobierno de Felipe Calderón en la impunidad prevaleciente, en descargo de las entidades federativas, que en primera instancia solo allegan ciertos elementos de investigación, para luego esperar la famosa atracción de expedientes, que puede ocurrir hasta el final de los tiempos, a capricho de la Procuraduría General de la República.
Por eso la necesidad de elevar a rango federal la indagación de los delitos cometidos contra los periodistas, para alejar la sombra del capricho en la atracción, situación que hasta el momento subsiste, y que siempre y en todo momento, cuando el sujeto pasivo del delito ejerza materialmente la actividad periodística, la PGR este obligada a investigar.
Este es uno de los grandes pendientes legislativos, aunado al fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República, que debe recibir mayores recursos económicos y mayores facultades jurídicas, y no depender directamente de la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada.
Las entidades federativas han avanzado con legislación que protege a los periodistas, tal es el caso de Chihuahua, Morelos, Chiapas, Guerrero, por poner ejemplos. Pero requerimos avanzar más.
En este sentido es de reconocer que el periodismo organizado del país encuentra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos un aliado indiscutible, ratificado con la recomendación general número 17, relativa a la libertad de expresión, presentada por el maestro José Luis Soberanes, con quien coincidimos en el sentido de que “las investigaciones de la autoridad nunca serán suficientes en tanto los ataques y crímenes no se resuelvan y no se identifique y castigue a los responsables, y mientras no se conozca el paradero de los periodistas desaparecidos”.
También existe coincidencia en señalar que las fallas más comunes tienen que ver con las deficiencias procedimentales para integrar expedientes y efectuar las indagaciones, con elementos técnicos que permitan dar con el paradero de los responsables de las agresiones.
Es cierto que muchas de las entidades federativas han incurrido en esa responsabilidad, dejando en la desprotección a los compañeros y a las familias de las víctimas, cuando estos han sido asesinados.
Sin embargo debe apuntarse una realidad: que la mayoría de los crímenes tienen que ver con la intervención de una figura delictiva competencia del ámbito federal: la delincuencia organizada y el uso de armas de fuego exclusivas del ejército.
Estos elementos por si solos apuntan la mayor responsabilidad del gobierno de Felipe Calderón en la impunidad prevaleciente, en descargo de las entidades federativas, que en primera instancia solo allegan ciertos elementos de investigación, para luego esperar la famosa atracción de expedientes, que puede ocurrir hasta el final de los tiempos, a capricho de la Procuraduría General de la República.
Por eso la necesidad de elevar a rango federal la indagación de los delitos cometidos contra los periodistas, para alejar la sombra del capricho en la atracción, situación que hasta el momento subsiste, y que siempre y en todo momento, cuando el sujeto pasivo del delito ejerza materialmente la actividad periodística, la PGR este obligada a investigar.
Este es uno de los grandes pendientes legislativos, aunado al fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República, que debe recibir mayores recursos económicos y mayores facultades jurídicas, y no depender directamente de la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada.
Las entidades federativas han avanzado con legislación que protege a los periodistas, tal es el caso de Chihuahua, Morelos, Chiapas, Guerrero, por poner ejemplos. Pero requerimos avanzar más.
En este sentido es de reconocer que el periodismo organizado del país encuentra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos un aliado indiscutible, ratificado con la recomendación general número 17, relativa a la libertad de expresión, presentada por el maestro José Luis Soberanes, con quien coincidimos en el sentido de que “las investigaciones de la autoridad nunca serán suficientes en tanto los ataques y crímenes no se resuelvan y no se identifique y castigue a los responsables, y mientras no se conozca el paradero de los periodistas desaparecidos”.
martes, 18 de agosto de 2009
Imagen y recursos públicos
El ejercicio de los recursos públicos ha sido limitado con fines de eficientar su uso, evitar el dispendio y sobre todo, la discrecionalidad en el gasto.
De esta manera, se ha castigado la desviación de dinero del erario para fines o provecho personal, ya sea que el lucro se obtenga directa o indirectamente.
Se trata de recuperar la confianza de la población en la autoridad, ya que son los ciudadanos quienes contribuyen con sus impuestos al sostenimiento del poder público.
Por lo mismo, los cargos en todos los niveles de gobierno deben ser mirados como una oportunidad de servir y no servirse de ellos: es detestable que se consideren estos puestos desde el punto de vista patrimonialista: como si el recurso de las arcas públicas le pertenecieran al funcionario.
Así se creo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el ámbito Estatal y Federal, para sancionar a aquellos funcionarios que hagan mal uso del dinero de todos los ciudadanos.
Incluso, la reciente reforma constitucional incorporó en el ciento treinta y cuatro un párrafo que considera una nueva limitación: no se podrá usar dinero de los gobiernos para promover la imagen de los funcionarios.
La norma es determinante: no se puede pagar publicidad donde se difunda el nombre o la imagen.
Esto viene al punto por el anuncio del ayuntamiento de promover la imagen de Chihuahua para fines de posicionarla como punto turístico y de negocios en el ámbito nacional e internacional en una revista de gran prestigio. El problema es que se contrató una entrevista con el alcalde, Carlos Borruel, y esto podría resultar en una violación a la Constitución, por el uso inadecuado de los recursos.
Se anticipa la intervención de diversas autoridades para analizar esta situación. La cuestión es que el mismo ayuntamiento debería reconsiderar los términos del contrato, limitarse a promover Chihuahua, con lo cual todos estamos de acuerdo, y cuidar aspectos de promoción personal, que pudieran caer en una franca ilegalidad e inconstitucionalidad.
El problema no es difundir al Estado de Chihuahua y en particular, la imagen de la capital del Estado. La cuestión esta en el uso del dinero público, aportado por todos los ciudadanos vía impuestos, en la construcción de imagen de un servidor público.
Este tipo de publicaciones tienen además un claro ingrediente electoral, cuando estamos a unos cuantos meses para que inicie el proceso electoral local, en el cual habrá de elegirse gobernador del estado, diputados, ayuntamientos y síndicos.
Es obvio que el presidente municipal, siendo uno de los aspirantes a la gubernatura por el PAN, tiene interés político en el fortalecimiento de su imagen: luego entonces serían dos cuestiones las señalables, por un lado el uso de recursos públicos para construir imagen de un funcionario, y por el otro, la intencionalidad de esa imagen, que es a todas luces electoral, en detrimento del resto de los aspirantes panistas, que no tienen acceso a los finanzas públicas para avanzar en su posicionamiento.
De esta manera, se ha castigado la desviación de dinero del erario para fines o provecho personal, ya sea que el lucro se obtenga directa o indirectamente.
Se trata de recuperar la confianza de la población en la autoridad, ya que son los ciudadanos quienes contribuyen con sus impuestos al sostenimiento del poder público.
Por lo mismo, los cargos en todos los niveles de gobierno deben ser mirados como una oportunidad de servir y no servirse de ellos: es detestable que se consideren estos puestos desde el punto de vista patrimonialista: como si el recurso de las arcas públicas le pertenecieran al funcionario.
Así se creo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el ámbito Estatal y Federal, para sancionar a aquellos funcionarios que hagan mal uso del dinero de todos los ciudadanos.
Incluso, la reciente reforma constitucional incorporó en el ciento treinta y cuatro un párrafo que considera una nueva limitación: no se podrá usar dinero de los gobiernos para promover la imagen de los funcionarios.
La norma es determinante: no se puede pagar publicidad donde se difunda el nombre o la imagen.
Esto viene al punto por el anuncio del ayuntamiento de promover la imagen de Chihuahua para fines de posicionarla como punto turístico y de negocios en el ámbito nacional e internacional en una revista de gran prestigio. El problema es que se contrató una entrevista con el alcalde, Carlos Borruel, y esto podría resultar en una violación a la Constitución, por el uso inadecuado de los recursos.
Se anticipa la intervención de diversas autoridades para analizar esta situación. La cuestión es que el mismo ayuntamiento debería reconsiderar los términos del contrato, limitarse a promover Chihuahua, con lo cual todos estamos de acuerdo, y cuidar aspectos de promoción personal, que pudieran caer en una franca ilegalidad e inconstitucionalidad.
El problema no es difundir al Estado de Chihuahua y en particular, la imagen de la capital del Estado. La cuestión esta en el uso del dinero público, aportado por todos los ciudadanos vía impuestos, en la construcción de imagen de un servidor público.
Este tipo de publicaciones tienen además un claro ingrediente electoral, cuando estamos a unos cuantos meses para que inicie el proceso electoral local, en el cual habrá de elegirse gobernador del estado, diputados, ayuntamientos y síndicos.
Es obvio que el presidente municipal, siendo uno de los aspirantes a la gubernatura por el PAN, tiene interés político en el fortalecimiento de su imagen: luego entonces serían dos cuestiones las señalables, por un lado el uso de recursos públicos para construir imagen de un funcionario, y por el otro, la intencionalidad de esa imagen, que es a todas luces electoral, en detrimento del resto de los aspirantes panistas, que no tienen acceso a los finanzas públicas para avanzar en su posicionamiento.
viernes, 14 de agosto de 2009
Explicación
El Secretario Agustín Cartens, responsable del manejo hacendario en nuestro país, estará en chihuahua en unos días, para participar en la reunión nacional de los secretarios de finanzas estatales.
Será fácil para el secretario exponer la situación económica y financiera del país y justificar el recorte en las participaciones federales para los Estados y Municipios. Es un experto en la materia. Si alguien tiene la información al respecto es él.
La cuestión será convencer de las acciones que se han adoptado desde el gobierno federal para asumir la crisis económica, trasladando el problema a las entidades federativas.
No existe igualdad en las restricciones de gasto que se asumen desde los Estados con las que asume el gobierno federal. Al menos no parece ser así.
Pareciera que el gobierno federal quiere cargar la mano a los estados y el distrito federal en relación con la caída de los ingresos participables, fundamentalmente los provenientes del petróleo.
Los gobernantes, entre ellos Marcelo Ebrard, no se explican por que motivo si hubo excedentes millonarios por la venta del crudo nunca se invirtió para ser mas eficientes, y eso nada tiene que ver con una reforma energética, sino con la aplicación correcta y visionaria de los recursos.
Por eso, el frente común de gobernadores a través de la Conago, específicamente la comisión de hacienda que encabeza el gobernador Reyes Baeza, exigió una restructuración en las políticas de distribución de las participaciones, que solo en el primer bimestre cayeron cerca de un 28 por ciento.
Dado el esquema de recaudación de impuestos, los recursos económicos captados se concentran en el gobierno federal y luego son distribuidos a las entidades federativas, las cuales, en su mayoría, están atadas de manos con ingresos propios bajos, que les impiden hacer frente a la reducción de los recursos participables.
Una de las propuestas es echar mano de una autentica reducción en el gasto corriente federal y utilizar saldos de inversiones del sistema de pensiones, para canalizarlos a obra y atención social en los estados y municipios, y evitar el colapso de fin de año.
La otra es el empréstito.
En chihuahua los ayuntamientos ya se están endeudando para hacer frente a la crisis. Lo acaba de hacer la capital, independientemente de que se acusa irresponsabilidad en el manejo financiero, en estos momentos los municipios carecen de otra salida viable.
El riesgo es que se abre un hoyo para tapar otro: los ayuntamientos terminarán usando esos recursos para financiar gasto corriente, sueldos fundamentalmente, en un circulo vicioso que nada ayuda de fondo a resolver el problema y generar reactivación económica en las comunidades.
Por ese motivo, será fácil para Cartens explicar el fenómeno, pero no lo será convencer de que las medidas adoptadas por el gobierno federal son las idóneas, cuando se enfrente a los secretarios de finanzas de los estados, aquí en chihuahua, en próximas fechas.
Será fácil para el secretario exponer la situación económica y financiera del país y justificar el recorte en las participaciones federales para los Estados y Municipios. Es un experto en la materia. Si alguien tiene la información al respecto es él.
La cuestión será convencer de las acciones que se han adoptado desde el gobierno federal para asumir la crisis económica, trasladando el problema a las entidades federativas.
No existe igualdad en las restricciones de gasto que se asumen desde los Estados con las que asume el gobierno federal. Al menos no parece ser así.
Pareciera que el gobierno federal quiere cargar la mano a los estados y el distrito federal en relación con la caída de los ingresos participables, fundamentalmente los provenientes del petróleo.
Los gobernantes, entre ellos Marcelo Ebrard, no se explican por que motivo si hubo excedentes millonarios por la venta del crudo nunca se invirtió para ser mas eficientes, y eso nada tiene que ver con una reforma energética, sino con la aplicación correcta y visionaria de los recursos.
Por eso, el frente común de gobernadores a través de la Conago, específicamente la comisión de hacienda que encabeza el gobernador Reyes Baeza, exigió una restructuración en las políticas de distribución de las participaciones, que solo en el primer bimestre cayeron cerca de un 28 por ciento.
Dado el esquema de recaudación de impuestos, los recursos económicos captados se concentran en el gobierno federal y luego son distribuidos a las entidades federativas, las cuales, en su mayoría, están atadas de manos con ingresos propios bajos, que les impiden hacer frente a la reducción de los recursos participables.
Una de las propuestas es echar mano de una autentica reducción en el gasto corriente federal y utilizar saldos de inversiones del sistema de pensiones, para canalizarlos a obra y atención social en los estados y municipios, y evitar el colapso de fin de año.
La otra es el empréstito.
En chihuahua los ayuntamientos ya se están endeudando para hacer frente a la crisis. Lo acaba de hacer la capital, independientemente de que se acusa irresponsabilidad en el manejo financiero, en estos momentos los municipios carecen de otra salida viable.
El riesgo es que se abre un hoyo para tapar otro: los ayuntamientos terminarán usando esos recursos para financiar gasto corriente, sueldos fundamentalmente, en un circulo vicioso que nada ayuda de fondo a resolver el problema y generar reactivación económica en las comunidades.
Por ese motivo, será fácil para Cartens explicar el fenómeno, pero no lo será convencer de que las medidas adoptadas por el gobierno federal son las idóneas, cuando se enfrente a los secretarios de finanzas de los estados, aquí en chihuahua, en próximas fechas.
jueves, 13 de agosto de 2009
Impunidad tzotzil
Brete sumamente complejo en el que se ha metido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de un plumazo condenó al sistema judicial mexicano por corrupto y decadente.
Así debe interpretarse la resolución que pone en libertad a 48 indígenas chiapanecos inculpados mediante fabricación de pruebas por el asesinato cruento de tzotziles en 1997.
Es un verdadero aprieto porque con el dictamen, la Corte esta obligada a iniciar un procedimiento a través del Consejo de la Judicatura para sancionar a los magistrados, jueces, secretarios y defensores de oficio, que intervinieron en el procedimiento que encontró responsables a estos indígenas de aquellos cruentos hechos.
Asimismo, debería hacerse un extrañamiento a los ministros que no votaron conforme la mayoría, porque luego entonces ellos también estarían incurriendo en el error de perpetuar la violación a los derechos humanos contra los inculpados.
Pero también, deben iniciarse averiguaciones previas desde la Procuraduría General de la República para procesar a los agentes del ministerio público que intervinieron en primera y posterior instancia, agentes de la extinta policía judicial federal, al delegado de la PGR y a los subprocuradores que intervinieron en el caso, para culminar con la responsabilidad por omisión del entonces titular de la procuraduría, Jorge Madrazo.
Ah, pero también deberá iniciarse un juicio político contra los ministros de la corte que no tomaron la decisión de atraer el caso, dada la gravedad del mismo, en una omisión terrible, que permitió el encarcelamiento injusto de los indígenas por diez años.
Pero ahí no culmina el brete. Se habla de fabricación de pruebas y la inclusión de otros delitos, pero resulta que del asunto central, el homicidio poco o nada se dice. Por ese motivo llama la atención que un obispo, en este caso el de Saltillo, Raúl Vera López acuse a los ministros de convertirse en una “sarta de cómplices criminales” al aprovechar “deliberadas omisiones legales” para liberar a paramilitares asesinos.
La intervención del obispo es interesante, toda vez que debe recordarse que subyace en el crimen masivo un fondo de disputa religiosa entre grupos antagónicos seguidores de la religión católica y grupos protestantes y evangelistas, donde por cierto ya se expresó el temor de que la liberación provoque una nueva ola de violencia.
Esto es, partiendo de la idea de que los indígenas fueron encarcelados injustamente, no se dice nada de su inocencia, sino, insisto, de su encarcelamiento ilegal y de la violación del procedimiento.
Con esta decisión, jamás se sabrá si en realidad tuvieron participación en aquellos hechos dantescos, porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pero, a veinte años de la masacre, es probable que nunca se sepa que ocurrió y quien es el responsable, violando los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares, en un oprobio más de impunidad de nuestro sistema de justicia.
Así debe interpretarse la resolución que pone en libertad a 48 indígenas chiapanecos inculpados mediante fabricación de pruebas por el asesinato cruento de tzotziles en 1997.
Es un verdadero aprieto porque con el dictamen, la Corte esta obligada a iniciar un procedimiento a través del Consejo de la Judicatura para sancionar a los magistrados, jueces, secretarios y defensores de oficio, que intervinieron en el procedimiento que encontró responsables a estos indígenas de aquellos cruentos hechos.
Asimismo, debería hacerse un extrañamiento a los ministros que no votaron conforme la mayoría, porque luego entonces ellos también estarían incurriendo en el error de perpetuar la violación a los derechos humanos contra los inculpados.
Pero también, deben iniciarse averiguaciones previas desde la Procuraduría General de la República para procesar a los agentes del ministerio público que intervinieron en primera y posterior instancia, agentes de la extinta policía judicial federal, al delegado de la PGR y a los subprocuradores que intervinieron en el caso, para culminar con la responsabilidad por omisión del entonces titular de la procuraduría, Jorge Madrazo.
Ah, pero también deberá iniciarse un juicio político contra los ministros de la corte que no tomaron la decisión de atraer el caso, dada la gravedad del mismo, en una omisión terrible, que permitió el encarcelamiento injusto de los indígenas por diez años.
Pero ahí no culmina el brete. Se habla de fabricación de pruebas y la inclusión de otros delitos, pero resulta que del asunto central, el homicidio poco o nada se dice. Por ese motivo llama la atención que un obispo, en este caso el de Saltillo, Raúl Vera López acuse a los ministros de convertirse en una “sarta de cómplices criminales” al aprovechar “deliberadas omisiones legales” para liberar a paramilitares asesinos.
La intervención del obispo es interesante, toda vez que debe recordarse que subyace en el crimen masivo un fondo de disputa religiosa entre grupos antagónicos seguidores de la religión católica y grupos protestantes y evangelistas, donde por cierto ya se expresó el temor de que la liberación provoque una nueva ola de violencia.
Esto es, partiendo de la idea de que los indígenas fueron encarcelados injustamente, no se dice nada de su inocencia, sino, insisto, de su encarcelamiento ilegal y de la violación del procedimiento.
Con esta decisión, jamás se sabrá si en realidad tuvieron participación en aquellos hechos dantescos, porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pero, a veinte años de la masacre, es probable que nunca se sepa que ocurrió y quien es el responsable, violando los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares, en un oprobio más de impunidad de nuestro sistema de justicia.
miércoles, 12 de agosto de 2009
Identidad
Los partidos políticos, en todo el mundo, han sido clasificados desde diversas ópticas. Una de ellas es la que tiene que ver con la conformación del conglomerado de militantes que lo integran.
Así de esta forma, algunos partidos son considerados de cuadros y otros de masas. Los primeros, de acuerdo al diccionario electoral publicado por el Instituto Nacional de Estudios Políticos AC, INEP por sus siglas, descansa principalmente sobre personalidades notables, cuyo prestigio sirve para garantizar a los candidatos que presenta a los electores.
Este tipo de partidos se sostienen económicamente con aportaciones de grandes donadores.
El tipo opuesto al partido de cuadros es el de masas. Conforme al mismo diccionario, éstos dependen de la participación activa de su base amplia, donde descansa su fuerza electoral y financiera.
Desde este punto de vista, podría señalarse que los partidos de cuadros son excluyentes, hasta cierto punto de vista elitista, por cuanto hay un grupo reducido que busca el poder a través de pedir el voto al electorado abierto; por el contrario, podría pensarse que los partidos de masas son partidos más abiertos, democráticos e incluyentes.
Por ese motivo, no descubre el hilo negro el consejero panista José Luis Coindreau, presidente de la Comisión de Reflexión y Análisis del Resultado Electoral 2008, cuando afirma que el PAN poco a poco se hizo excluyente, y que esto habría contribuido a los magros resultados del 5 de julio.
El Partido Acción Nacional fue diseñado como un partido que pudiera considerrse excluyente: un partido de cuadros, bajo un procedimiento riguroso de admisión de socios y una serie de requisitos permanentes para conservar la militancia, entre ellos, el pago de cuotas, capacitación, etcétera.
Pero además, los reglamentos interiores implicaban una serie de restricciones, que en no pocos casos derivaron en la expulsión de quienes osaron violarlos, entre ellos, la discreción de las desavenencias y problemas internos.
Lo que Coindreau plantea no implica una simple modificación estatutaria del PAN, sino una refundación de un principio elemental y toral del panismo, su constitución como el único partido de cuadros en México, desde el punto de vista formal y material.
Lo que no resulta claro, es como se logrará esta modificación esencial del PAN, sin que éste pierda identidad: esto es, como abrirse a la sociedad, convirtiéndose en un partido de masas, sin flexibilizar la ideología albiazul, con el consecuente riesgo de caer en su deterioro y posterior perdida, en relación con sus principios fundacionales.
Será César Nava en su calidad de dirigente albiazul quien tenga que dar respuesta a esta interrogante. Lo ideal es un equilibrio que evite partidos excluyentes de cuadros, pero que tampoco propicie partidos populistas y demagógicos de masas.
Así de esta forma, algunos partidos son considerados de cuadros y otros de masas. Los primeros, de acuerdo al diccionario electoral publicado por el Instituto Nacional de Estudios Políticos AC, INEP por sus siglas, descansa principalmente sobre personalidades notables, cuyo prestigio sirve para garantizar a los candidatos que presenta a los electores.
Este tipo de partidos se sostienen económicamente con aportaciones de grandes donadores.
El tipo opuesto al partido de cuadros es el de masas. Conforme al mismo diccionario, éstos dependen de la participación activa de su base amplia, donde descansa su fuerza electoral y financiera.
Desde este punto de vista, podría señalarse que los partidos de cuadros son excluyentes, hasta cierto punto de vista elitista, por cuanto hay un grupo reducido que busca el poder a través de pedir el voto al electorado abierto; por el contrario, podría pensarse que los partidos de masas son partidos más abiertos, democráticos e incluyentes.
Por ese motivo, no descubre el hilo negro el consejero panista José Luis Coindreau, presidente de la Comisión de Reflexión y Análisis del Resultado Electoral 2008, cuando afirma que el PAN poco a poco se hizo excluyente, y que esto habría contribuido a los magros resultados del 5 de julio.
El Partido Acción Nacional fue diseñado como un partido que pudiera considerrse excluyente: un partido de cuadros, bajo un procedimiento riguroso de admisión de socios y una serie de requisitos permanentes para conservar la militancia, entre ellos, el pago de cuotas, capacitación, etcétera.
Pero además, los reglamentos interiores implicaban una serie de restricciones, que en no pocos casos derivaron en la expulsión de quienes osaron violarlos, entre ellos, la discreción de las desavenencias y problemas internos.
Lo que Coindreau plantea no implica una simple modificación estatutaria del PAN, sino una refundación de un principio elemental y toral del panismo, su constitución como el único partido de cuadros en México, desde el punto de vista formal y material.
Lo que no resulta claro, es como se logrará esta modificación esencial del PAN, sin que éste pierda identidad: esto es, como abrirse a la sociedad, convirtiéndose en un partido de masas, sin flexibilizar la ideología albiazul, con el consecuente riesgo de caer en su deterioro y posterior perdida, en relación con sus principios fundacionales.
Será César Nava en su calidad de dirigente albiazul quien tenga que dar respuesta a esta interrogante. Lo ideal es un equilibrio que evite partidos excluyentes de cuadros, pero que tampoco propicie partidos populistas y demagógicos de masas.
martes, 11 de agosto de 2009
Frases huecas
Definitivamente existen motivos para considerar que, si bien no hay fracaso completo, la cumbre entre el ministro Harper y los presidentes Obama y Calderón dejo pendientes los grandes temas de la agenda entre los tres países, ante la generalidad de los acuerdos, que se convierten en meras declaraciones de buena voluntad, sin el aterrizaje concreto para operar acciones en verdad efectivas y a corto plazo.
Una gran parte de la critica hacia esta reunión se basa en el uso mediático para levantar la deteriorada imagen de los gobernantes, donde el primer ministro canadiense esta por ir a las urnas, y el presidente mexicano acaba de ser reprobado por el electorado, ante un mandatario norteamericano cuya popularidad ha descendido.
Los jefes de nación en Estados Unidos, Canadá y México alcanzaron acuerdos generales para preparar a los países ante una nueva oleada de influenza, promover la recuperación de la crisis global, fortalecer la infraestructura transfronteriza, revigorizar la relación comercial con beneficios compartidos, combatir el cambio climático, desmantelar redes delictivas, aumentar la cooperación con Centroamérica y el caribe y apoyar a la OEA en la solución de la crisis en Honduras.
Sin embargo, en los temas que mas apuran a México, en concreto el problema migratorio y la situación de millones de mexicanos en los Estados Unidos, que son perseguidos y expulsados; así como el alto consumo de droga en aquella nación y el criminal tráfico de armas hacia nuestra nación; así como la unilateral decisión canadiense de aplicar Visa para ingresar, poco avance mostraron; de hecho, el escenario montado en tierras jaliscienses, solo sirvió para que Harper como Obama defendieran sus puntos de vista, y ofrecer un tímido discurso de buscar modificar las cosas.
Es obvio que los puntos particulares de la agenda no se iban a tratar de cara a los medios de comunicación y que esos aspectos finos serán conservados en lo oscurito en busca de llegar a un acuerdo. Por ese motivo, la presencia de decenas de secretarios de Estado por las tres naciones, en imagen internacional, en lugar de enviar un mensaje de colaboración y trabajo, evidencia todo lo contrario: un afán mediático por parte de los gobernantes.
Se hubiese querido escuchar de voz del ministro canadiense, que en reciprocidad por la hospitalidad mexicana, se levantaba la visa; que el gobierno norteamericano confiaba en México y sin trabas políticas enviaba el irrisorio recurso del Plan Mérida: sin embargo no fue así: estos temas quedaron para más tarde, con frases que suenan huecas.
Una gran parte de la critica hacia esta reunión se basa en el uso mediático para levantar la deteriorada imagen de los gobernantes, donde el primer ministro canadiense esta por ir a las urnas, y el presidente mexicano acaba de ser reprobado por el electorado, ante un mandatario norteamericano cuya popularidad ha descendido.
Los jefes de nación en Estados Unidos, Canadá y México alcanzaron acuerdos generales para preparar a los países ante una nueva oleada de influenza, promover la recuperación de la crisis global, fortalecer la infraestructura transfronteriza, revigorizar la relación comercial con beneficios compartidos, combatir el cambio climático, desmantelar redes delictivas, aumentar la cooperación con Centroamérica y el caribe y apoyar a la OEA en la solución de la crisis en Honduras.
Sin embargo, en los temas que mas apuran a México, en concreto el problema migratorio y la situación de millones de mexicanos en los Estados Unidos, que son perseguidos y expulsados; así como el alto consumo de droga en aquella nación y el criminal tráfico de armas hacia nuestra nación; así como la unilateral decisión canadiense de aplicar Visa para ingresar, poco avance mostraron; de hecho, el escenario montado en tierras jaliscienses, solo sirvió para que Harper como Obama defendieran sus puntos de vista, y ofrecer un tímido discurso de buscar modificar las cosas.
Es obvio que los puntos particulares de la agenda no se iban a tratar de cara a los medios de comunicación y que esos aspectos finos serán conservados en lo oscurito en busca de llegar a un acuerdo. Por ese motivo, la presencia de decenas de secretarios de Estado por las tres naciones, en imagen internacional, en lugar de enviar un mensaje de colaboración y trabajo, evidencia todo lo contrario: un afán mediático por parte de los gobernantes.
Se hubiese querido escuchar de voz del ministro canadiense, que en reciprocidad por la hospitalidad mexicana, se levantaba la visa; que el gobierno norteamericano confiaba en México y sin trabas políticas enviaba el irrisorio recurso del Plan Mérida: sin embargo no fue así: estos temas quedaron para más tarde, con frases que suenan huecas.
Frases huecas
Definitivamente existen motivos para considerar que, si bien no hay fracaso completo, la cumbre entre el ministro Harper y los presidentes Obama y Calderón dejo pendientes los grandes temas de la agenda entre los tres países, ante la generalidad de los acuerdos, que se convierten en meras declaraciones de buena voluntad, sin el aterrizaje concreto para operar acciones en verdad efectivas y a corto plazo.
Una gran parte de la critica hacia esta reunión se basa en el uso mediático para levantar la deteriorada imagen de los gobernantes, donde el primer ministro canadiense esta por ir a las urnas, y el presidente mexicano acaba de ser reprobado por el electorado, ante un mandatario norteamericano cuya popularidad ha descendido.
Los jefes de nación en Estados Unidos, Canadá y México alcanzaron acuerdos generales para preparar a los países ante una nueva oleada de influenza, promover la recuperación de la crisis global, fortalecer la infraestructura transfronteriza, revigorizar la relación comercial con beneficios compartidos, combatir el cambio climático, desmantelar redes delictivas, aumentar la cooperación con Centroamérica y el caribe y apoyar a la OEA en la solución de la crisis en Honduras.
Sin embargo, en los temas que mas apuran a México, en concreto el problema migratorio y la situación de millones de mexicanos en los Estados Unidos, que son perseguidos y expulsados; así como el alto consumo de droga en aquella nación y el criminal tráfico de armas hacia nuestra nación; así como la unilateral decisión canadiense de aplicar Visa para ingresar, poco avance mostraron; de hecho, el escenario montado en tierras jaliscienses, solo sirvió para que Harper como Obama defendieran sus puntos de vista, y ofrecer un tímido discurso de buscar modificar las cosas.
Es obvio que los puntos particulares de la agenda no se iban a tratar de cara a los medios de comunicación y que esos aspectos finos serán conservados en lo oscurito en busca de llegar a un acuerdo. Por ese motivo, la presencia de decenas de secretarios de Estado por las tres naciones, en imagen internacional, en lugar de enviar un mensaje de colaboración y trabajo, evidencia todo lo contrario: un afán mediático por parte de los gobernantes.
Se hubiese querido escuchar de voz del ministro canadiense, que en reciprocidad por la hospitalidad mexicana, se levantaba la visa; que el gobierno norteamericano confiaba en México y sin trabas políticas enviaba el irrisorio recurso del Plan Mérida: sin embargo no fue así: estos temas quedaron para más tarde, con frases que suenan huecas.
Una gran parte de la critica hacia esta reunión se basa en el uso mediático para levantar la deteriorada imagen de los gobernantes, donde el primer ministro canadiense esta por ir a las urnas, y el presidente mexicano acaba de ser reprobado por el electorado, ante un mandatario norteamericano cuya popularidad ha descendido.
Los jefes de nación en Estados Unidos, Canadá y México alcanzaron acuerdos generales para preparar a los países ante una nueva oleada de influenza, promover la recuperación de la crisis global, fortalecer la infraestructura transfronteriza, revigorizar la relación comercial con beneficios compartidos, combatir el cambio climático, desmantelar redes delictivas, aumentar la cooperación con Centroamérica y el caribe y apoyar a la OEA en la solución de la crisis en Honduras.
Sin embargo, en los temas que mas apuran a México, en concreto el problema migratorio y la situación de millones de mexicanos en los Estados Unidos, que son perseguidos y expulsados; así como el alto consumo de droga en aquella nación y el criminal tráfico de armas hacia nuestra nación; así como la unilateral decisión canadiense de aplicar Visa para ingresar, poco avance mostraron; de hecho, el escenario montado en tierras jaliscienses, solo sirvió para que Harper como Obama defendieran sus puntos de vista, y ofrecer un tímido discurso de buscar modificar las cosas.
Es obvio que los puntos particulares de la agenda no se iban a tratar de cara a los medios de comunicación y que esos aspectos finos serán conservados en lo oscurito en busca de llegar a un acuerdo. Por ese motivo, la presencia de decenas de secretarios de Estado por las tres naciones, en imagen internacional, en lugar de enviar un mensaje de colaboración y trabajo, evidencia todo lo contrario: un afán mediático por parte de los gobernantes.
Se hubiese querido escuchar de voz del ministro canadiense, que en reciprocidad por la hospitalidad mexicana, se levantaba la visa; que el gobierno norteamericano confiaba en México y sin trabas políticas enviaba el irrisorio recurso del Plan Mérida: sin embargo no fue así: estos temas quedaron para más tarde, con frases que suenan huecas.
lunes, 10 de agosto de 2009
Los eternos baches
Los ayuntamientos tienen una serie de responsabilidades importantes con la comunidad. Son, de hecho, el principal enlace, el primer contacto, que la autoridad tiene con los ciudadanos.
Por ese motivo, le toca atender temas que son de una especial inmediatez y proximidad con el ciudadano, tales son los aspectos de seguridad pública, en su faceta preventiva, el servicio de limpia, el alumbrado público, y el mantenimiento de calles y avenidas, por poner ejemplos.
Cuando el ciudadano siente que estos aspectos torales no son atendidos adecuadamente, se genera frustración social. Las personas no entienden porque si pagan los impuestos, la autoridad municipal no actúa adecuadamente y satisface en forma eficiente el cumplimiento de los servicios señalados.
Esto ocurre cuando las lámparas se encienden en forma escalonada y no de manera general, cuando el camión de limpia no pasa por sus casas o cuando, al conducir un coche, el ciudadano se encuentra con un gran bache.
Las calles de la ciudad de chihuahua lucen destruidas a raíz de las recientes lluvias. Hay un programa de bacheo que es insuficiente y que no resuelve de fondo el problema. El recarpeteo superficial, tapar el bache abriendo otro, es una política inadecuada desde el ayuntamiento, que requiere buscar alternativas a largo plazo para solucionar el problema.
Las calles no pueden estarse destrozando cada vez que llueve, pero además, la autoridad no puede ser indolente ante los desperfectos provocados por esas trampas mortales que son los baches.
Hacía un llamado el presidente municipal a denunciar los baches; no es tarea del ciudadano enmendarle la plana a la autoridad, puede coadyuvar, pero hasta ahí: debe existir un programa municipal que audite la calidad de la cinta asfáltica en forma permanente y tome soluciones más allá de colocar un pedazo de asfalto y aplanarlo sobre un bache.
Lo que los ciudadanos deben denunciar son los desperfectos provocados por los baches, donde el ayuntamiento necesariamente tiene responsabilidad y debe hacerse cargo de pagar las reparaciones.
La cuestión es que demostrar que existe una relación directa entre el bache y el desperfecto en el coche es difícil y tortuoso de demostrar.
Si usted se encuentra en esta condición, imaginó que cuando ocurra algo así, debe solicitar la presencia de la dirección general de tránsito, para que levante constancia de los sucesos; en caso de contar con seguro, igual solicitar la presencia de la aseguradora.
Lo importante que exista un documento oficial que haga constar los hechos, para luego ir a pelear con el ayuntamiento el pago de los daños ocasionados a los vehículos.
Por ese motivo, le toca atender temas que son de una especial inmediatez y proximidad con el ciudadano, tales son los aspectos de seguridad pública, en su faceta preventiva, el servicio de limpia, el alumbrado público, y el mantenimiento de calles y avenidas, por poner ejemplos.
Cuando el ciudadano siente que estos aspectos torales no son atendidos adecuadamente, se genera frustración social. Las personas no entienden porque si pagan los impuestos, la autoridad municipal no actúa adecuadamente y satisface en forma eficiente el cumplimiento de los servicios señalados.
Esto ocurre cuando las lámparas se encienden en forma escalonada y no de manera general, cuando el camión de limpia no pasa por sus casas o cuando, al conducir un coche, el ciudadano se encuentra con un gran bache.
Las calles de la ciudad de chihuahua lucen destruidas a raíz de las recientes lluvias. Hay un programa de bacheo que es insuficiente y que no resuelve de fondo el problema. El recarpeteo superficial, tapar el bache abriendo otro, es una política inadecuada desde el ayuntamiento, que requiere buscar alternativas a largo plazo para solucionar el problema.
Las calles no pueden estarse destrozando cada vez que llueve, pero además, la autoridad no puede ser indolente ante los desperfectos provocados por esas trampas mortales que son los baches.
Hacía un llamado el presidente municipal a denunciar los baches; no es tarea del ciudadano enmendarle la plana a la autoridad, puede coadyuvar, pero hasta ahí: debe existir un programa municipal que audite la calidad de la cinta asfáltica en forma permanente y tome soluciones más allá de colocar un pedazo de asfalto y aplanarlo sobre un bache.
Lo que los ciudadanos deben denunciar son los desperfectos provocados por los baches, donde el ayuntamiento necesariamente tiene responsabilidad y debe hacerse cargo de pagar las reparaciones.
La cuestión es que demostrar que existe una relación directa entre el bache y el desperfecto en el coche es difícil y tortuoso de demostrar.
Si usted se encuentra en esta condición, imaginó que cuando ocurra algo así, debe solicitar la presencia de la dirección general de tránsito, para que levante constancia de los sucesos; en caso de contar con seguro, igual solicitar la presencia de la aseguradora.
Lo importante que exista un documento oficial que haga constar los hechos, para luego ir a pelear con el ayuntamiento el pago de los daños ocasionados a los vehículos.
viernes, 7 de agosto de 2009
Aguas turbias
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de atraer el expediente que contiene la investigación en torno a la muerte de 46 niños en una guarderia de Sonora, representa la oportunidad de que un órgano distinto intervenga para evitar impunidad y corrupción.
La corte interviene cuando aún no son hechos juzgados, concluidos: los asuntos son sustraídos del conocimiento de la autoridad judicial ordinaria, y excepcionalmente investigados bajo la orden de un ministro.
Este sistema ha sido cuestionado, cuando existen otros mecanismos previos de defensa por parte de las victimas en contra de los resolutivos de los jueces, quienes incluso pueden ser sujetos a sanciones de tipo administrativo o penal, por irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Se entiende que la función excepcional investigadora que la corte asume tiene como objetivo preservar el estado de derecho, fundamentalmente proteger los derechos humanos de las personas, de abusos de autoridad; sin embargo, mas bien parece una función política que indagatoria.
La cuestión es que la investigación de los hechos se aleja de un procedimiento penal ordinario, esto es, un mecanismo sistematizado que permite a la sociedad, a través del ministerio público, y al presunto responsable, acudir a una acusación, fundarla y motivarla.
Se entiende que la facultad de investigación es un elemento añadido, un parche constitucional, para que la Corte genere una válvula de escape: ha demostrado su eficacia desde el punto de vista político, como ocurrió con Acteal y en estos momentos con la Guardería ABC en Sonora.
Pero, ¿debe la suprema corte politizarse? ¿Deben esas funciones de investigación de violaciones graves a los derechos humanos dejarse a otros órganos, con procedimientos establecidos, distintos a los ministros, que indaguen y sancionen, dejando a salvo el derecho fundamental de amparo?
Por eso, el artículo noventa y siete, párrafo segundo, permite que esa indagatoria sea efectuada por jueces de distrito o magistrados de tribunales colegiados, eso evita la politización de la suprema corte.
La cuestión es que son los ministros quienes la han asumido, colocándose en una situación que golpea políticamente al máximo tribunal del país, sumergiéndose en las aguas turbias de la política.
Ojala que la decisión sea para bien y no para deteriorar aún mas la imagen del poder judicial federal.
La corte interviene cuando aún no son hechos juzgados, concluidos: los asuntos son sustraídos del conocimiento de la autoridad judicial ordinaria, y excepcionalmente investigados bajo la orden de un ministro.
Este sistema ha sido cuestionado, cuando existen otros mecanismos previos de defensa por parte de las victimas en contra de los resolutivos de los jueces, quienes incluso pueden ser sujetos a sanciones de tipo administrativo o penal, por irregularidades en el desempeño de sus funciones.
Se entiende que la función excepcional investigadora que la corte asume tiene como objetivo preservar el estado de derecho, fundamentalmente proteger los derechos humanos de las personas, de abusos de autoridad; sin embargo, mas bien parece una función política que indagatoria.
La cuestión es que la investigación de los hechos se aleja de un procedimiento penal ordinario, esto es, un mecanismo sistematizado que permite a la sociedad, a través del ministerio público, y al presunto responsable, acudir a una acusación, fundarla y motivarla.
Se entiende que la facultad de investigación es un elemento añadido, un parche constitucional, para que la Corte genere una válvula de escape: ha demostrado su eficacia desde el punto de vista político, como ocurrió con Acteal y en estos momentos con la Guardería ABC en Sonora.
Pero, ¿debe la suprema corte politizarse? ¿Deben esas funciones de investigación de violaciones graves a los derechos humanos dejarse a otros órganos, con procedimientos establecidos, distintos a los ministros, que indaguen y sancionen, dejando a salvo el derecho fundamental de amparo?
Por eso, el artículo noventa y siete, párrafo segundo, permite que esa indagatoria sea efectuada por jueces de distrito o magistrados de tribunales colegiados, eso evita la politización de la suprema corte.
La cuestión es que son los ministros quienes la han asumido, colocándose en una situación que golpea políticamente al máximo tribunal del país, sumergiéndose en las aguas turbias de la política.
Ojala que la decisión sea para bien y no para deteriorar aún mas la imagen del poder judicial federal.
jueves, 6 de agosto de 2009
Incongruencia anti-drogas
Los adictos que cometan delitos bajo el influjo de drogas serán enviados a centros de rehabilitación, en un plan piloto para Nuevo León, bajo un acuerdo entre los Estados Unidos y México.
Estos delincuentes serían juzgados en cortes de drogas, órganos especializados diseñados a imagen y semejanza de lo que ocurre en la Unión Americana, según anunciaron en forma conjunta Gil Kerlikowske y Eduardo Medina Mora, zar antidrogas norteamericano y Procurador General de la República.
El anuncio genera muchas expectativas. El problema es que las cortes no se darán abasto.
Según cálculos conservadores de la Organización Mundial de la Salud (2000), existen en el mundo unos 450 millones de adictos a la Heroína, cocaína, alucinógenos, anfetaminas, marihuana y sedantes.
En México habría hasta el 2002 unos 203 mil adictos a drogas; en seis años la cifra habría crecido hasta 361 mil, de acuerdo a informes del Consejo Nacional contra las adicciones.
Este mismo consejo realizó una encuesta en la Universidad Nacional Autónoma de México, en sus diversas facultades. Los estudiantes que reportan haber utilizado “alguna vez en su vida” drogas son: alcohol (86.6), Tabaco (72.8); Mariguana (14.9); Tranquilizantes (6.0); Anfetaminas (4.8); Inhalables (3.5), entre otras.
Las cifras se vuelven escandalosas cuando la encuesta se efectúa en hogares: del total de la población del país entre los 12 y 65 años de edad, el 5.03% ha usado drogas alguna vez en su vida, lo que equivale a 3 millones 508 mil 641 personas, al 2002.
Efectivamente, el combate integral al narcotráfico tiene que contemplar esquemas de rehabilitación para consumidores de drogas, solo que parece contradictorio, que por un lado se trata de reducir el consumo vía estas medidas correctivas, y por el otro, parece que se alienta, con la reciente ley contra el narcomenudeo, donde se incrementan las dosis que los adictos pueden tener en posesión para consumo propio.
De nada servirá invertir una fuerte cantidad de recursos para tratar de rescatar a esas tres millones de personas adictas, si al final de cuentas la ley se vuelve mas laxa y permisiva, abriendo una nueva puerta al narcomenudeo, al cual pretende atacar.
Se esperaría de la nueva legislatura una revisión a dichas reformas, en una visión integral, que genere esquemas dignos de rehabilitación, pero que sancione la posesión de drogas en forma auténtica y no simulada.
Ahora bien, no parece ser el modelo norteamericano el mejor ejemplo a seguir, en materia de combate al narcotráfico y rehabilitación de adictos, al constituir el principal mercado para los grupos criminales, en una sociedad permisiva hacia los excesos en el uso de drogas.
Estos delincuentes serían juzgados en cortes de drogas, órganos especializados diseñados a imagen y semejanza de lo que ocurre en la Unión Americana, según anunciaron en forma conjunta Gil Kerlikowske y Eduardo Medina Mora, zar antidrogas norteamericano y Procurador General de la República.
El anuncio genera muchas expectativas. El problema es que las cortes no se darán abasto.
Según cálculos conservadores de la Organización Mundial de la Salud (2000), existen en el mundo unos 450 millones de adictos a la Heroína, cocaína, alucinógenos, anfetaminas, marihuana y sedantes.
En México habría hasta el 2002 unos 203 mil adictos a drogas; en seis años la cifra habría crecido hasta 361 mil, de acuerdo a informes del Consejo Nacional contra las adicciones.
Este mismo consejo realizó una encuesta en la Universidad Nacional Autónoma de México, en sus diversas facultades. Los estudiantes que reportan haber utilizado “alguna vez en su vida” drogas son: alcohol (86.6), Tabaco (72.8); Mariguana (14.9); Tranquilizantes (6.0); Anfetaminas (4.8); Inhalables (3.5), entre otras.
Las cifras se vuelven escandalosas cuando la encuesta se efectúa en hogares: del total de la población del país entre los 12 y 65 años de edad, el 5.03% ha usado drogas alguna vez en su vida, lo que equivale a 3 millones 508 mil 641 personas, al 2002.
Efectivamente, el combate integral al narcotráfico tiene que contemplar esquemas de rehabilitación para consumidores de drogas, solo que parece contradictorio, que por un lado se trata de reducir el consumo vía estas medidas correctivas, y por el otro, parece que se alienta, con la reciente ley contra el narcomenudeo, donde se incrementan las dosis que los adictos pueden tener en posesión para consumo propio.
De nada servirá invertir una fuerte cantidad de recursos para tratar de rescatar a esas tres millones de personas adictas, si al final de cuentas la ley se vuelve mas laxa y permisiva, abriendo una nueva puerta al narcomenudeo, al cual pretende atacar.
Se esperaría de la nueva legislatura una revisión a dichas reformas, en una visión integral, que genere esquemas dignos de rehabilitación, pero que sancione la posesión de drogas en forma auténtica y no simulada.
Ahora bien, no parece ser el modelo norteamericano el mejor ejemplo a seguir, en materia de combate al narcotráfico y rehabilitación de adictos, al constituir el principal mercado para los grupos criminales, en una sociedad permisiva hacia los excesos en el uso de drogas.
lunes, 3 de agosto de 2009
Injusta acusación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución ejemplo en su género.
Fue creada bajo inspiración del Ombudsman europeo, como un mecanismo gubernamental, autónomo, garante de los derechos humanos.
Se ha constituido en un organismo, que con sus limitaciones estructurales y financieras, ha restituido la prevalencia del respeto a los derechos humanos, frente a los abusos del poder público.
La creación de esta Comisión a través de una Ley, impulso la constitución en las entidades federativas de organismos similares, que en el ámbito estatal, pugnan por el respeto a los derechos humanos.
Es cierto. La Comisión Nacional tiene limitaciones. Desde el punto de vista jurídico, dos son fundamentales, la primera que solo puede emitir recomendaciones, las cuales no resultan obligatorias, sino llamadas de atención al sector público gubernamental federal, estatal y municipal, en estos últimos dos casos, cuando los asuntos son atraídos del conocimiento de las comisiones estatales.
Se ha discutido hasta donde los dictámenes deben o no constituir recomendaciones, y por que no elevarse a rango de resoluciones que obliguen al cumplimiento. La razón es que ya existen órganos del gobierno que atienden la violación a garantías individuales, entre ellas el juicio de amparo a través del poder judicial.
No podría por tanto existir en el mismo plano dos órganos que emiten resoluciones obligatorias.
Por otro lado, la insuficiencia de recursos económicos es otra limitante. El Congreso de la Unión ha evadido la responsabilidad de etiquetar porcentajes del presupuesto a los organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Un presupuesto ajeno a los vaivenes y caprichos de la política permitiría a las instituciones planear, ahora sí, en forma completamente autónoma, su desarrollo y supervivencia administrativa.
No es de dudarse que existan deficiencias en la integración de expedientes y en las indagatorias que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; sin embargo, es de reconocerse que no son la constante y si la excepción.
Actualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se constituye como uno de los principales aliados del periodismo nacional, en la defensa y protección del ejercicio de los comunicadores.
Urge fortalecerla. Para ello es necesario pensar seriamente en atender sus aspectos estructurales y financieros. Generalizar y llamarla ineficiente, me parece una acusación severa e injusta.
Fue creada bajo inspiración del Ombudsman europeo, como un mecanismo gubernamental, autónomo, garante de los derechos humanos.
Se ha constituido en un organismo, que con sus limitaciones estructurales y financieras, ha restituido la prevalencia del respeto a los derechos humanos, frente a los abusos del poder público.
La creación de esta Comisión a través de una Ley, impulso la constitución en las entidades federativas de organismos similares, que en el ámbito estatal, pugnan por el respeto a los derechos humanos.
Es cierto. La Comisión Nacional tiene limitaciones. Desde el punto de vista jurídico, dos son fundamentales, la primera que solo puede emitir recomendaciones, las cuales no resultan obligatorias, sino llamadas de atención al sector público gubernamental federal, estatal y municipal, en estos últimos dos casos, cuando los asuntos son atraídos del conocimiento de las comisiones estatales.
Se ha discutido hasta donde los dictámenes deben o no constituir recomendaciones, y por que no elevarse a rango de resoluciones que obliguen al cumplimiento. La razón es que ya existen órganos del gobierno que atienden la violación a garantías individuales, entre ellas el juicio de amparo a través del poder judicial.
No podría por tanto existir en el mismo plano dos órganos que emiten resoluciones obligatorias.
Por otro lado, la insuficiencia de recursos económicos es otra limitante. El Congreso de la Unión ha evadido la responsabilidad de etiquetar porcentajes del presupuesto a los organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Un presupuesto ajeno a los vaivenes y caprichos de la política permitiría a las instituciones planear, ahora sí, en forma completamente autónoma, su desarrollo y supervivencia administrativa.
No es de dudarse que existan deficiencias en la integración de expedientes y en las indagatorias que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; sin embargo, es de reconocerse que no son la constante y si la excepción.
Actualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se constituye como uno de los principales aliados del periodismo nacional, en la defensa y protección del ejercicio de los comunicadores.
Urge fortalecerla. Para ello es necesario pensar seriamente en atender sus aspectos estructurales y financieros. Generalizar y llamarla ineficiente, me parece una acusación severa e injusta.
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