Recelos federalistas

Un auténtico federalismo que distribuya de manera equitativa los recursos y genere igualdad de oportunidades a los habitantes del país, sea cual sea la región en que vivan, es sin duda una de las principales demandas de la Conferencia Nacional de Gobernadores, un espacio donde los titulares de los poderes ejecutivos estatales hacen causa común para impulsar políticas públicas con este contenido.
Hasta su formación plena el 30 de julio del 2003, con la incorporación de los mandatarios estatales emanados del Partido Acción Nacional, la Conferencia constituyó un primer ejercicio de contrapeso a la figura presidencial, rompiendo una regla no escrita que impedía la reunión de gobernadores sin la convocatoria federal.
La reunión de los gobernadores para discutir temas diversos, como la seguridad, la distribución fiscal, las facultades de los tres niveles de gobierno, la ecología, entre otros muchos, no solo representa catarsis que despresuriza las tensiones en la rivalidad competencial, tanto institucional como política, sino que ha permitido establecer un canal natural de comunicación y coordinación entre las entidades que no existía.
Las entidades federativas, aún más que hoy, representaban ínsulas de poder aisladas del resto del país. Había contactos naturales hacia el interior de los partidos políticos, y dentro de ellos, de los grupos o corrientes a los cuales pertenecían los gobernadores, pero hasta ese momento el principal impulsor de la reunión de titulares de ejecutivos estatales era el presidente de la república, sobre todo en sus informes de gobierno o actos similares de significación nacional.
El presidente y sus secretarios, evitaban la comparecencia ante una plenaria de gobernadores. O si se quiere conceder, esta no era posible porque no existía un organismo que convocará a una reunión de esta naturaleza.
Ahora, el presidente y los secretarios, cuando acuden a la Conferencia de Gobernadores, lo hacen en calidad de invitados, exponen o bien, escuchan las ponencias o reclamos que los gobernadores deben hacerles en relación con las diversas ramas de la administración pública.
No se trata de una comparecencia del nivel de la que deben asistir los integrantes del gabinete ante el Congreso de la Unión. Es cierto. Se trata de un espacio más amable y cordial, institucional, pero al fin, un espacio construido desde los mismos gobernadores, con sus reglas y procedimientos que presidencia y secretarios deben acatar.
Resulta relevante reconocer esta figura de coordinación, porque en una sociedad democrática se debe impulsar la creación de organismos que impulsen la discusión de la cosa pública, propicien acuerdos y consensos, sea del nivel que sea. Pero lo más importante, que los acuerdos se lleven a cabo.
Atacar o pretender minimizar la importancia de la unión de esfuerzos de las entidades federativas, por medio de un organismo no formal desde el punto de vista de la estructura constitucional ortodoxa, es atentar contra los avances en materia de federalismo.
Por ello, la decisión de realizar un operativo coordinado nacional, con objetivos concretos y medibles, por parte de los gobernadores, representa una decisión, que adoptada en el marco de sus competencias y obligaciones, es plausible.
El valor agregado es la simultaneidad del operativo en las 32 entidades federativas, y no en distintas regiones, como ocurre con los operativos conjuntos. Otra diferencia es que Conago 1 buscó poner énfasis en el combate a delitos del fuero común de manera sistemática.
Es obvio que los operativos de esta naturaleza causen recelo al ámbito federal, un recelo que en el fondo es queja hacia el fortalecimiento de la capacidad de las entidades federativas por organizarse en un ánimo de coordinación institucional que en nada violenta el orden legal ni constitucional, con un espíritu federalista, en contrario al centralismo decisorio que ahoga y que debemos abandonar.

El gran legislador

Podrá decirse que el presidente Calderón se equivocó en diversos momentos durante la reunión con Sicilia y el resto de dirigentes de la sociedad civil, pero no lo hizo al asumir una interlocución ciudadana que lo legitime en sus propuestas frente a un Congreso que encontrará resistente a sus posiciones. Pareciera que el poeta le hizo un gran favor.
Es cierto, coincido en que se equivoca al pretender censurar al Poder Judicial de la Federación por la aplicación del debido proceso en beneficio del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon. Deslizar que son los jueces quienes, para evitar entrar al fondo de los asuntos, utilizan tecnicismos legales representa una barbaridad: es la aplicación de las garantías que todo ciudadano tiene, y que no pueden ser atropelladas por ninguna autoridad. Calderón no debe molestarse porque procedió la suspensión contra el acto de molestia y privación de la libertad.
Enviar este mensaje desde la presidencia de la república es muy delicado, pero aún más, asumir veladamente que hay corrupción en el Poder Judicial sin acreditar que ha actuado desde sus diversas vías para impulsar procedimientos que sancionen a dichos servidores públicos, es decir, simplemente manifestarlo sin más, es un asunto de gran atrevimiento, cuando la sociedad no espera de él las grandes consideraciones discursivas, sino las acciones que protejan auténticamente la vida, integridad y patrimonio de los ciudadanos.
Sí él tiene elementos que acuda ante el Consejo de la Judicatura o intente un desafuero, lo demás es simple histrionismo, que además tensa la relación con el sistema judicial nacional, uno de los ejes torales en la política de persecución y sanción de los delitos, clave para evitar la impunidad que auspicia el aire de intocabilidad del delincuente.
Suponer o manifestar con base en dimes y diretes no es el papel de la autoridad; le toca, si recibe una denuncia, propiciar el esclarecimiento y sanción de los hechos, no asumir una posición desde la cual parece olvidársele que sobre sus espaldas recae la alta responsabilidad del gobierno federal.
Estas afirmaciones forman parte del encuentro entre el gabinete de seguridad, encabezado por el mandatario nacional, y representantes de organizaciones civiles, donde destaca Javier Sicilia, transmitido en cadena nacional y reproducido a nivel nacional e internacional.
Calderón, en lo que pretendió ser una hábil jugada mercadológica, buscó aprovechar el movimiento ciudadano para ofrecer una visión democrática y tolerante: un presidente que se sienta a la mesa, tú a tú, con ciudadanos de a pie, que enfrentan la tragedia de haber perdido a un familiar, y que tiene la capacidad de autocastigarse, pedir perdón y asumir la responsabilidad histórica por la decisión.
La cuestión es que no es creíble o auténtica una postura, matizada de histrionismo, que al día siguiente se olvida y el presidente justifica la actuación de su administración en su estrategia, mientras Santa Catarina ve caer al jefe de la policía municipal asesinado en su propio despacho y en Chihuahua suman seis muertos en unas cuantas semanas entre las filas de la dirección de seguridad pública municipal, y aún así se pretende descargar en los municipios la tarea de combatir narcomenudeo.
No se cuestiona que la federación aplique la ley en contra de los traficantes de droga o los secuestradores o extorsionadores, lo que se pone en tela de duda son los procedimientos y su efectividad. El punto clave es el dinero, la financiación, el trasiego de dinero sucio que alimenta todos los días el crimen.
Hábil, el presidente establece una mesa con los representantes de las organizaciones, capitalizando su estatus moral como cabeza de un amplio sector indignado, pretendiendo darle la vuelta a los legisladores, en una jugada que busca legitimar su actuación y propuestas, le dice al Congreso: antes de ir contigo, purificó mis propuestas y te ato de manos: me convierto en el gran legislador, con una ventaja: propongo cuestiones inviables, provocando el rechazo del Congreso en lo que puede ser una jugada de tres bandas con miras al 2012.

Más que un jefe de partido

Es verdaderamente complicado para Felipe Calderón entregar buenas cuentas partidistas, por la percepción ciudadana de que está haciendo las cosas mal en el gobierno, y su efecto natural en el voto, con motivo, primero de los comicios estatales de este año, y posteriormente, con la renovación del gobierno federal y el congreso de la Unión en 2012.
De acuerdo con Mitofski, en su reporte del mes de mayo, relativo a la evaluación del gobierno, en su decimo octava edición, el presidente de la república no ha sido capaz de generar empleo, de superar la pobreza y de reducir la inflación, por tanto, si bien la economía fue desplazada por la inseguridad, como principal problema, los peores rubros en evaluación son precisamente aquellos, los que tocan el bolsillo de las familias.
Democracia, que es una de las cartas fuertes del presidente, no supera la dura crítica, ya que cae cuatro puntos en la evaluación, pese a que aún es del reconocimiento público la tolerancia como uno de los principales atributos de Calderón, con una sensible baja en el reconocimiento de atributos como la honradez, la experiencia para gobernar y la capacidad de resolver problemas.
De hecho, de acuerdo a la empresa encabezada por Roy Campos, al presidente Felipe Calderón solo le creen un 41 por ciento de los encuestados en relación con sus anuncios, el resto, un 59 por ciento duda acerca de sus pronunciamientos.
Es más, sigue creciendo el porcentaje de mexicanos que piensan que no se tienen las riendas del país y que las cosas –irónicamente pese a su tolerancia- se están saliendo de control.
Indudablemente que podrá cuestionarse el método o el sesgo en las preguntas, demeritarse el trabajo realizado por Roy Campos y su equipo; sin embargo, los datos revelan una gran división ciudadana en relación con la conducción presidencial de Felipe Calderón.
La crítica aumenta de tono, percibiéndose un agudizamiento en el norte del país, donde se ha incrementado el nivel de rechazo a las políticas presidenciales (17% más en relación con agosto del 2010), lo que se suma a las mismas condiciones prevalecientes en el centro.
Así las cosas, el presidente Calderón ofrece una catapulta electoral fracturada para su partido, nada halagüeña. Se antoja que poco podrá hacer para ayudar a sus candidatos en las diversas entidades donde se disputan cargos de elección popular –Estado de México, Hidalgo, Coahuila, y Nayarit el tres de julio y Michoacán el trece de noviembre-, más que conservar –con sus claros oscuros- los niveles de votación histórica.
Esta debilidad presidencial provoca crisis inmediatas con el simple anuncio de una declinación de Bravo Mena a favor de Encinas en el Estado de México, una declaración que moviliza al Comité Ejecutivo Nacional y a su líder Gustavo Madero en una negación desesperada, ante una campaña que nunca prendió.
También, genera irrupciones del tamaño de la detención del ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank, buscando el efecto mediático en la votación, e incluso, lo lleva a utilizar el discurso agresivo contra los Estados Unidos, tratando de simular un cambio en la política exterior que su gobierno y el de su antecesor han mostrado ante el poderoso vecino del norte.
Es cierto, la crisis de la figura presidencial a nadie beneficia, en un sistema donde el titular del ejecutivo federal debiese predominar: fiel de la balanza democrática, que supera la inmovilidad gubernamental, que propicia consensos, genera gobernabilidad, decide –con las consecuencias políticas naturales-, y no el garete de la alta división y competencia política, que divide, polariza y evita acuerdos, donde todos deciden, pero nadie asume consecuencias.
Hace falta, sin duda, un jefe de gobierno, más que un jefe de partido.

Premeditación y torpeza

Después del denominado “michoacanazo”, cuando una veintena de servidores públicos municipales y estatales fueron liberados tras un largo proceso en el cual fueron victimizados doblemente –presos tal viles delincuentes y juzgados culpables a través de una intensa y despiadada campaña mediática- era difícil pensar en un nuevo capítulo vergonzoso para la administración de Felipe Calderón, pero nos equivocamos, no tardaba en ocurrir el “Hankanazo”.
Tal vez se pensó en un simple efecto mediático para golpear al poderoso grupo político Atlacomulco, en una doble consecuencia, inmediata tratando de afectar la ventaja electoral de Eruviel Avila, y mediata, empañar la carrera presidencial de Enrique Peña Nieto, asumiendo la presidencia de la República una clara faceta partidista, alejándose de la imparcialidad de la persecución de los delitos y el necesario, estricto, cumplimiento del procedimiento penal, como garantía máxima del estado de derecho.
Fue sencillo para la Juez de Distrito, que tuvo que resolver con respecto a las acusaciones, y así salir del aprieto: las acusaciones no aguantaron ni el primer análisis, de hecho esto nunca ocurrió, la primera fase, la legalidad de la detención y el acopio de los elementos de prueba, las armas, cayó como pesada losa al demostrarse que no existió flagrancia porque la secuencia de hechos presentada por el Ministerio Público Federal fue torpe, atropellada e inconsistente: el ejército, al final de cuentas, solo acudió en apoyo, coadyuvancia, en el marco de los operativos conjuntos que actualmente se desarrollan contra el crimen organizado.
En lugar de preparar el caso, integrar una averiguación, intervenir comunicaciones, hacer acopio de testigos –como ahora se dice existen, al menos uno protegido que atestiguo en torno al asesinato de una joven vinculada sentimentalmente con el hijo de Jorge Hank Rhon con quien procreo una niña- el Ministerio Público Federal instiga a las fuerzas armadas, se introducen sin orden de cateo al domicilio del polémico empresario y lo presentan ante la Juez, menospreciando la posibilidad de un arraigo que en el orden federal es una posibilidad para sustentar acusaciones, ganando tiempo en preparar el asunto: asumen –equivocados- que con el golpe mediático es suficiente.
Posteriormente, sin facultades, la procuraduría estatal de Baja California ordena un arraigo administrativo para tratar de construir un caso de asesinato, sin contar que, violando una garantía constitucional, inmediatamente un juez de distrito otorga la suspensión, ordenando la liberación inmediata del exalcalde de Tijuana.
En automático la PGR apela, más que todo por orgullo propio, en la antesala de un nuevo revés y emprende un ataque mediático en contra del poder judicial por no valorar los elementos aportados, sin tomar en cuenta que estando viciado de origen el procedimiento penal, el resto de los elementos pasan a carecer de importancia, al existir una imposibilidad de valoración, ya que no puede existir sujeción a proceso por la ilegalidad con que se procedió.
¿Es posible tanta torpeza? ¿Hay premeditación o mala fe en ella?
Lo cierto es que el Presidente de la República no la pasa muy bien estos días porque mientras habla de un pasado autoritario y carente de estado de derecho, el Ministerio Público Federal actúa como su órgano político partidista y riñe con el Poder Judicial que le llama la atención protegiendo la elemental garantía de legalidad.

Derecho de réplica

Se ha sostenido que el tema de libre expresión de las ideas constituye eje toral de un sistema democrático, y que por lo tanto, cualquier intento por acotarlo representa una regresión a un estado autocrático y represor.
Es cierto que en su ejercicio, la libre expresión de las ideas ha provocado excesos, las figuras públicas se han sentido lastimadas cuando se tocan ciertos aspectos de la vida personal que rebasan, en ocasiones, los límites del interés público y se constituyen en morboso pasatiempo del periodismo amarillista.
Aún así es preferible soportar los excesos, en espera del funcionamiento lento pero efectivo de la autoregulación por parte de quienes ejercen la libre expresión de las ideas e incluso del mismo público lector, radioescucha o televidente, que tarde que temprano sanciona, vox populi, vox dei, los arrebatos de la comunicación.
Esto es así, toda vez que, guardando el respeto a la privacidad, el respeto a la moral y al orden público –entendido como la preservación de valores comunitarios, como la solidaridad, el respeto, el cuidado, etc.- cualquier persona pueda expresarse, construyendo ciudadanía, participando en los actos de decisión de interés común.
Las elecciones constituyen un acto de interés común, probablemente uno de los más importantes, porque son el instrumento por medio del cual el pueblo designa a los representantes que ejercerán, en diversa medida, los actos de soberanía, dentro de ellos, el gobierno o sea la administración pública.
Por ese motivo las expresiones en torno a elecciones, candidatos, campañas, propuestas, plataformas, gobierno, deben alentarse y no suprimirse, aún con los excesos que pudiesen presentarse.
Las reformas en materia de medios de comunicación amenazan con suprimir esta capacidad de discusión a través de la regulación del derecho de réplica, en una segunda intentona, ahora desde el Instituto Federal Electoral.
Hace un par de años se discutió una propuesta legislativa impulsada desde el PAN, para dotar a la Secretaría de Gobernación de facultades para perseguir y sancionar faltas cometidas bajo el argumento de la protección al derecho constitucional de réplica consagrado en el artículo sexto.
Era a todas luces una propuesta que en lugar de garantizar la discusión de los asuntos públicos sujetaría a los medios de comunicación al arbitrio del operador político presidencial, dotado de la posibilidad de aplicar sanciones.
La nueva intentona ahora parte indebidamente del interior del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Se pretende, desde un reglamento, decirle a los medios de que manera deben llevar a cabo el proceso de replica e incluso se habla de sanciones.
La propuesta es inadecuada, primero porque el IFE es un órgano que debe propiciar, por su naturaleza, una mayor participación y discusión de los asuntos públicos, específicamente en las elecciones; y segundo, porque la misma constitución habla de que sería, en su caso, una ley, la que deberá reglamentar el derecho de réplica.
Es obvio que el mismo constituyente cometió un exceso al pretender regular la réplica, sin embargo, genera un piso mínimo para ello, esto es, que deba transitar por el Congreso de la Unión, posibilitando un debate más amplio y plural, que una simple determinación de tipo administrativa como actualmente se pretende.

Conciencia social

Chihuahua, y en especifico, Juárez, se convirtieron en el epicentro de las demandas de reforma nacional en materia económica, política y de seguridad pública, bajo un esquema de movilización de grupos ciudadanos y de izquierda, bajo la figura del poeta Javier Sicilia.
Las presiones, en síntesis, buscan legítimamente generar reformas estructurales que permitan una mayor justicia, seguridad, distribución equitativa de la riqueza y la rendición de cuentas hacia servidores públicos federales, que desde la perspectiva de los integrantes de la marcha, no han cumplido con sus responsabilidades.
Una de las principales aportaciones de la manifestación es sin duda el llamado a la conciencia social hacia estos temas torales, que no deben quedar en el análisis superficial de la exigencia de renuncias o el simplismo del retiro del ejército a los cuarteles.
Esa conciencia social convertida en instrumento de reorientación de las políticas públicas se constituye en la principal ruta de solución a la crisis de seguridad que vive el país, partiendo de la base de que la solución somos todos desde nuestro entorno, en una recuperación de valores, si se quiere simplemente ciudadanos, que reconstruya el andamiaje social, en la actualidad severamente lesionado y erosionado.
No es la autoridad la única responsable de lo que ocurre en el país. Siguiendo a Lebaron, los responsables somos todos. Como sociedad hemos sido permisivos, omisos, incongruentes y pasivos ante un crecimiento inusitado de las conductas que atentan, en sus diversos niveles de gravedad, en contra de la vida en comunidad, y ante ello, con sus excepciones, simplemente hemos cerrado los ojos.
Pero es obvio que la autoridad tiene un alto grado de responsabilidad, solo que en la distribución de ésta, la administración federal carga con la mayor cantidad por tratarse de ilícitos de su exclusiva competencia, que al desbordarse y ramificarse vulneran de tal forma el orden social que se convierten en asuntos de auténtica seguridad nacional.
Sicilia hizo bien en recorrer el país, porque provoca esa reflexión y evoca la necesidad que existe en el resurgimiento de la conciencia social, solo que al responsable lo tenía a unos pasos en los Pinos: ahí pudo pedir su renuncia, ahí pudo demandarle mayores recursos para la educación universitaria, ahí pudo insistir en el nuevo modelo económico de distribución de la riqueza, ahí pudo exigir la salida del ejército de las calles.
Lo demás se convirtió en un elemento de posicionamiento mercadológico con tintes políticos y electorales, en vísperas del 2012.
Lo importante es ese despertar de la conciencia social, capacidad reflexiva de revisar nuestro entorno y ver como individuos, en forma crítica, que estamos haciendo para mejorarlo.

Sobre el escritorio

Los homicidios de agentes policiacos municipales en la capital del Estado de Chihuahua son un mensaje muy claro de la vulnerabilidad en que se encuentra el sistema policiaco preventivo no solo en el ámbito local, sino nacional.
Dice bien el presidente municipal de la capital de Chihuahua, Marco Adán Quezada, que la Federación debe fortalecer la presencia para inhibir la actuación del crimen organizado en sus diversas manifestaciones, partiendo de la lógica de que es la presidencia de la República la responsable primera de combatir los delitos del fuero federal.
En los últimos ocho días han sido asesinados tres elementos policiacos municipales, dos de ellos de gran experiencia en la corporación, y uno más de academia, recientemente incorporado a las filas preventivas.
Se desconoce aún el móvil de cada uno de los crímenes, la verdad es que los integrantes de la policía municipal, los que realizan rondines por las diversas colonias de la ciudad de chihuahua y custodian establecimientos mercantiles, son los más vulnerables a los ataques, por actuar de manera individual y en el mejor de los casos en parejas, contrario a lo que ocurre con los elementos de las corporaciones federales y el mismo ejército.
Estos últimos elementos, fuertemente armados y en número de nueve a doce, transitan en comandos integrados hasta por tres vehículos.
Los agentes federales viajan distribuidos de tal manera que divisan los diversos ángulos de tiro, siempre con el gatillo en las armas de alto poder, enfundados en sus pasamontañas.
Ellos, la mayoría si no es que todos, llegaron a chihuahua y a las diversas entidades donde realizan sus operativos, del interior del país, lo cual les genera una gran ventaja: combaten en un lugar distinto al sitio donde viven sus familias.
Muchos de los elementos del ejército viven con sus familias en la ciudad donde son comisionados. La diferencia es que su esposa e hijos habitan colonias resguardadas día y noche por policía militar.
Estos indicios son relevantes para efecto de establecer la vulnerabilidad con la cual actúan los agentes policiacos municipales en el marco de esta “guerra”: ellos realizan sus tareas policiacas-preventivas en la misma ciudad que los vio nacer y donde habitan sus familias. Muchos de ellos entran cotidianamente en conflicto con las pandillas locales y los grupos criminales.
Este es un asunto muy serio que la autoridad federal se ha empeñado en ignorar al pretender trasladar facultades a los estados y a los municipios en el combate al narcomenudeo, bajo la premisa simplista de que también deben atacar este tipo de delincuencia, en una corresponsabilidad que debe ser sometida a análisis.
Independientemente de esta vulnerabilidad de las corporaciones policiacas municipales, existe el tema de la insuficiencia de recursos económicos para fortalecer armamento y equipamiento. No conformes con esta ausencia de apoyo presupuestal federal, en el presente año se redujeron las partidas destinadas a seguridad pública a través del subsidio especial (Subsemun) en el caso concreto de Chihuahua.
Es por este motivo que no se comprende la posición del gobierno federal: por un lado exige a las autoridades estatales y municipales una mayor participación en el combate a la delincuencia organizada, y por el otro restringe el apoyo presupuestal, mientras desliza nuevas facultades en una clara estrategia partidista que deviene en un juego perverso, porque afecta, no a la clase política, sino a todos los habitantes de entidades, que como Chihuahua, enfrenta el nuevo flagelo, in situ, tratando todos los días de trabajar, ir a la escuela y sobrevivir, mientras en la ciudad de México, el señor presidente y sus secretarios, deciden sobre el escritorio.