Mecanismo inoperante

"Cada ciclo nuevo plantea retos e incertidumbres, que son superados y derribadas con honestidad, dedicación y esfuerzo: Feliz año nuevo: prosperidad y salud" Las agresiones contra periodistas continúan. Las cifras así lo indican: de acuerdo al recuento puntual que la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos realiza, del 2000 a mayo de éste año, se han perpetrado 128 homicidios en el país vinculados a libertad de prensa y expresión, 105 cometidos contra periodistas. Desafortunadamente el mecanismo de protección creado a nivel nacional por medio de una ley expedida por el Congreso de la Unión, ha carecido de capacidad para prevenir y atender los atentados: sus procedimientos son lentos y tortuosos, hay una escasa difusión de los mismos y lejanía de los periodistas y comunicadores: la confusión en el mecanismo al estar orientado a la libre expresión y a la defensa de los derechos humanos impide una especialización, necesaria en el tema. Adicionalmente, las organizaciones de periodistas fueron dejadas de lado en la conformación del consejo y el órgano de gobierno, es manejado por funcionarios de gobierno federal. Para muestra un botón: el pasado 21 de diciembre, en el Distrito Federal, la casa de la periodista Anabel Hernandez fue allanada, no por un individuo solitario que busca amedrentar o un asesino siniestro que utiliza la oscuridad de la noche para cometer un atentado: se trató de una incursión de un grupo fuertemente armado, que durante media hora buscó en los departamentos contiguos a la periodista, preguntando por su nombre. Los reportes indican que se trató de alrededor de diez individuos armados con fusiles de asalto, trasladados en camionetas sin placas, que en la mas grave impunidad rompieron rejas y se introdujeron al fraccionamiento, manteniendo en vilo a las familias domiciliadas en San Juan Totoltepec. Ninguna autoridad intervino, aun cuando, según la información que ha sido difundida, a una cuadra del lugar se localiza un módulo de seguridad. Al no encontrar a la periodista, el grupo armado se apoderó de la escolta asignada a su seguridad con motivo de una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que seguramente habrá de acumularse a la nueva denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. El escolta fue liberado horas mas tarde severamente golpeado. La periodista es autora del libro "Los señores del narco", editado en 2010. Recientemente escribió "México en llamas". Obvio, la periodista tuvo que abandonar su domicilio. En el caso, y en todos, una de las características del sistema de protección a periodistas debe ser la inmediatez, para evitar daños o riesgos innecesarios en la integridad de los periodistas, o en las instalaciones de los medios de comunicación social. Luego, la integridad en las acciones de protección: no es suficiente con la recepción de la queja y su turno a otras instancias, como podrían ser las comisiones estatales de derechos humanos o las procuradurías locales, debe ser la Federación, haciendo uso de personal y recursos financieros dotados por el recién creado fideicomiso, tomar las medidas necesarias, incluyendo la sustracción del lugar donde habita el periodista y su familia cercana. Es cierto que el mecanismo tiene que ser cuidadoso y evaluar adecuadamente el riesgo, partiendo de la certeza de las amenazas, para evitar el derroche de recursos en asuntos que carecen de gravedad: sin embargo, es preferible, como lo establece la misma ley que crea el mecanismo, adoptar medidas inmediatas con la sola mención de que la vida del periodista se encuentra en riesgo, y posteriormente, también en lo inmediato, realizar las evaluaciones pertinentes que lleven a modificar o atenuar las medidas. El nivel de riesgo en que se encuentra el periodista puede ser evaluado a través de diversas formas; los elementos de prueba que aporte el mismo periodista, su familia o terceros cercanos; deberá ser objetiva la evaluación estableciendo esa proximidad e inminencia del riesgo. Pero se trata de un procedimiento posterior. En el caso de la periodista Anabel Hernandez, es claro que la autoridad responsable de aplicar el mecanismo ha sido omisa, situación que deberá repararse de manera urgente, con la finalidad de proteger la integridad de la misma y de su familia. EN EL TABLERO...Son por lo menos seis mil los vehículos que serán decomisados a partir del quince de enero, ya que sus propietarios no atendieron el procedimiento de regularización...La medida tiene una doble vertiente, las sanciones penales a las personas que sean sorprendidas conduciendo los vehículos y las multas que por este concepto ingresaran a las arcas estatales, y que serán casi un tanto del valor del vehículo decomisado...El punto clave a cuidar es la corrupción para que la medida no quede en el arbitrio de los agentes responsables de efectuar las detenciones y los decomisos...Resulta ya no solo excesivo sino preocupante que -según se dice- a la fecha se hayan invertido por diversas administraciones municipales 50 millones de pesos en proyectos ejecutivos del Centro de Convenciones juárense y que no haya cristalizado...Al menos se espera que alguno de estos proyectos sirva de base para la edificación anunciada por la nueva administración municipal...

La encrucijada Rusa

Rusia no acaba de asimilar el acto terrorista que en Octubre pasado cobró siete muertos y 55 heridos y el domingo 29 de diciembre, enfrenta dos nuevos ataques: uno a la entrada al metro y otro en un trolebús, con un saldo terrible de decenas de personas fallecidas, todos en Volgogrado, antiguo Stalingrado. El Estado Ruso ha sido incapaz de prevenir los actos terroristas: se ha limitado a encarcelar a personas que se manifiestan en contra de la ausencia de libertad de expresión y el cambio climático: por cierto, recién habían sido liberadas las personas que ya habían sido sentenciadas a varios años de prisión por sus acciones de manifestación de protesta, entre ellas una integrante de un grupo Punk y activistas de Green Peace. Es cierto: deben condenarse las acciones auténticamente terroristas, como los actos perpetrados contra personas en octubre y diciembre: no podemos justificar la muerte de inocentes como mecanismo de presión para obligar a modificaciones de régimen, como esta ocurriendo en la ex Unión Soviética. Podrá señalarse la cerrazón de Vladimir Putin, así como la ausencia de capacidad política para enfrentar los retos de gobernabilidad que le plantea la nueva Rusia: sin embargo, esto no resulta suficiente para justificar la barbarie de un acto terrorista que le quita la vida a decenas de personas. El uso de las armas resulta un juego perverso, por que bajo la legitimidad del uso de la fuerza para modificar un gobierno totalitario y corruptor, se pretende justificar la muerte de personas que directamente son ajenas a los procesos políticos: estas personas resultan inocentes, víctimas de una lucha de poder. Pero además subyacen pretensiones de retroceso de antiguos intereses del régimen totalitario: estos procesos los estamos viendo con mucha claridad en Egipto, con el retorno de la milicia al poder después del derrocamiento del gobierno electo democráticamente. Hay un derecho a oponerse a los regímenes que resultan contrarios a los intereses de los países. La misma Constitución Mexicana lo hace: legitima al pueblo para cambiar y oponerse a un régimen dictatorial, bajo el uso de las armas: es el derecho a la Revolución, que nuestro país ya ha ejercido al menos en dos grandes gestas: la Independencia y la Revolución: pero no se trato de actos terroristas, como los que hemos sido testigos en Rusia. El proceso político de Rusia es verdaderamente complejo. No ha sido fácil para un gobierno autárquico aceptar modificaciones al régimen, que de entrada implican la perdida de la soberanía como país en el ex territorio soviético, con la autonomía alcanzada por los antiguos territorios hoy autónomos e independientes: pero además aceptar el glasnot y la perestroyka planteada por Gorbachov hace varios lustros, representa un auténtico drama democratizarse. Sin embargo, esto no justifica los excesos cometidos por un gobierno que cierra las puertas de la expresión y sanciona penalmente, con cárcel, conductas, que en naciones democráticas ameritan falta administrativa, 36 horas de arresto, y que en aquella nación implican cárcel por meses o años: Rusia tiene que avanzar en modificar su codificación penal para flexibilizar sus sanciones. La encrucijada Rusa es ceder a las acciones terroristas, porque ello significa justificarlas: por eso el gobierno asumirá una posición de mayor cerrazón y autoritarismo, con el miedo de perder gobernabilidad: una solución de esta naturaleza perpetuará las deficiencias en detrimento de la democracia, particularmente la tolerancia. Circulo vicioso que deberá romperse tarde que temprano. EN EL TABLERO...Las obras de edificación de las vialidades para la circulación del ViveJuárez tienen un retraso del 70 por ciento...La administración municipal analiza sanciones para la empresa constructora, aunque el problema de fondo es el flujo de recursos, hay serias deficiencias, en un gran proyecto que vale dos mil quinientos millones de pesos, y que representa el primer proyecto de inversión pública a largo plazo, que esta fracasando por un inadecuado seguimiento...Toma posesión Sergio Alvarez como alcalde de Coyame, tras unas históricas elecciones empatadas y su posterior triunfo en extraordinarias celebradas a mediados de noviembre...La clase política se trasladará a la tierra del sotol...

Candidatos independientes mochos

Ya es vigente la norma constitucional que permite las candidaturas independientes en las entidades federativas y, con la omisión, restringe esta posibilidad en los puestos de elección popular federales. La doble tara aplicada en comicios estatales y federales explica el temor de los partidos políticos por perder, desde el centro del país, la capacidad de designar candidatos mediante el monopolio del registro ante el Instituto Nacional Electoral, recién autorizado pero aún sin entrar en vigor. Prefieren los partidos poner en practica el experimento en las elecciones de síndicos, diputados, presidentes municipales y gobernadores, para que -como ha ocurrido desde el nacimiento del país independiente- sean las entidades federativas las que sirvan de laboratorio para implementar el nuevo mecanismo que le permite a los sectores sociales organizarse y postular candidatos sin injerencia de los institutos políticos. Pero además, la decisión de conservar el monopolio en las elecciones federales tiene un sentido lógico y pragmático de conservación del poder en las dirigencias partidistas nacionales, por medio de las fracciones parlamentarias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados: las candidaturas independientes podrían romper esa capacidad de consenso y decisión grupal, que hoy permitió sacar adelante la mayor cantidad de reformas constitucionales y legales de los últimos años, mediante un mecanismo cohesionador extraordinario, como fue el Pacto por México. Las fracciones parlamentarias, en ambas Cámaras, acrecientan, con las reformas, los matices parlamentarios: un ejemplo es la designación del Fiscal General del Estado, solo uno: porque hay un sinnúmero de nombramientos que son directos o requieren ratificación parlamentaria: ante el incremento de las facultades, hay que cerrar el camino a las candidaturas independientes. Por ello, el constituyente permanente, teniendo como origen una iniciativa del Ejecutivo Federal, luego la aprobación de las Cámaras y la autorización de las legislaturas, autorizó modificaciones, al 116 constitucional y atando a éste último al 122 -relativo al Distrito Federal-, artículo que concentra -no todas- pero si el mayor ordenamiento que las entidades deben seguir en sus constituciones y leyes. Dice el 116, fracción IV, inciso o) "se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución". Vendrán enseguida, necesariamente, las regulaciones a las leyes secundarias locales, y la obligada adecuación constitucional, para hacer válida en la práctica la posibilidad de las candidaturas independientes. El problema es que al no existir un marco jurídico nacional indicador, las entidades harán de la figura de candidaturas independientes un instrumento tropicalizado, de acuerdo a los intereses locales. Así, habrá entidades que se apresuren o dilaten las reformas locales, y las saquen a contentillo, quedando el tema tan entrampado como lo estaba hasta este momento en entidades como Yucatán, que las permiten, pero al no existir normas reglamentarias, prácticamente eran imposibles de llevar a la practica. Las normas secundarias deberán regular aspectos como los requisitos que deberá reunir la persona para postularse, esto es, número y calidad de firmas de ciudadanos electores, el financiamiento en su origen y rendición de cuentas, el gasto de operación de la base organizativa del ciudadano, entre otros aspectos, que existen como regulación para los partidos. Hubiera sido deseable, como ya se ha hecho costumbre en nuestro poder legislativo federal, la inclusión de artículos transitorios que establecieran -aún y cuando solo fuera nominalmente, ya que los plazos quedan a la discreción de las legislaturas- el lapso de tiempo para emitir la reglamentación, así como los criterios generales de la misma, como se hizo en exceso en el caso de la reforma energética, y que ahora fue ayuna, con un patético transitorio único, que establece el mecanismo de entrada en vigor. En su momento el tema de nuevo tendrá que ser abordado para abundar en la normativa constitucional como ocurrió en su momento con el derecho de acceso a la información, artículo 6 constitucional. Con todo, mocha y corta, la reforma en relación con candidaturas independientes, es una buena noticia. EN EL TABLERO...El gobierno federal solo autorizó la declaratoria de emergencia para uno de los cuatro municipios que en Chihuahua se encuentran en crisis debido a las lluvias y el intenso frío, en vísperas de la cuarta tormenta invernal que azotará este fin de semana a la entidad...Ante la insensibilidad, la emergencia es atendida con recursos estatales y municipales...Con la designación del abogado César Wong como magistrado electoral, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en Chihuahua se encuentra incompleto...Seguramente será en los próximos días cuando se llame al suplente para ocupar la titularidad...

Salario mínimo de control

"Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra". Mateo, 2, 11. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal por sus siglas, pone el dedo en la llaga: México se ha plegado a los intereses económicos para conservar el salario mínimo en el nivel más bajo de Latinoamérica. Para 2014 el salario mínimo se plantea en 67.29 pesos diarios, insuficientes a todas luces para adquirir la canasta básica y sufragar los gastos elementales para contar con un nivel de vida aceptable. De acuerdo con la mencionada Comisión, México conserva un salario mínimo bajo como un mecanismo de control de la inflación y favorecer las exportaciones hacia la unión americana, en la competencia con el mercado Chino: México disputa con China en precios de mano de obra, con ventaja frente a otras naciones que han dejado la manufactura como generador de empleo por las condiciones paupérrimas que el mercado laboral impone. Si ya de por sí se considera inmoral controlar los salarios con estos objetivos, en perjuicio de la clase trabajadora, lo es aún más cuando flagrantemente nuestro país esta violando de manera reiterada el convenio 121 de la Organización Internacional del Trabajo, que propugna porque en la fijación del salario mínimo se tomen en cuenta las necesidades del trabajador y su familia, en relación con el desarrollo del país, la productividad y la conveniencia de alcanzar un alto nivel de empleo. Para la Organización Internacional, contar con una política activa de salarios mínimos contribuye a combatir la pobreza y redistribuir el ingreso. Por el contrario, una política restrictiva, con bajos salarios, asegura la rentabilidad de las empresas, aun si no hay aumento de la productividad, porque inhibe la innovación tecnológica en países donde predominan las actividades intensivas en mano de obra. Ya Milton Friedman lo había señalado hace décadas: el control de la inflación no debe provenir del control salarial e incluso, del control de los precios: debe provenir del control de la emisión de dinero por parte de los gobiernos, que alientan la inflación como un mecanismo tributario que le permite recabar recursos continuamente. Las cifras hablan por si solas: en 2011 México pagaba 147 dólares por mes como salario mínimo: Uruguay pagaba 300; Argentina, 475, Costa Rica, 516; El Salvador 224, Guatemala 273 y Chile 372. En 2013 México pagó 146.5 dólares al mes. Para 2014 será de 67.29 pesos diarios, con un incremento de 2.53 pesos, unos 152 dólares al mes. Es decir, para el próximo año continuará la política de restricción al salario. Es cierto que en México prácticamente el salario mínimo es un indicador en las diversas zonas en que se encuentra dividido el país; sin embargo, se convierte en un indicador perverso, porque restringe el salario real o de mercado, pero además, subsiste un subregistro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: las empresas solo reportan cuotas en base al salario mínimo y no el resto de las prestaciones: las jubilaciones, pensiones o incapacidades luego se pagan con base en ese monto, y no el total de prestaciones (que por cierto el próximo año tendrán una menor capacidad de deducibilidad fiscal). Pero además, el férreo control de los salarios no ha podido reducir la inflación: para el quince de diciembre se colocó por encima de lo esperado, 3.89 -aunque dentro de la estimación responsable que el banco central previó y que la Secretaria de Hacienda desestimó-: cual fue el detonante del crecimiento inflacionario, el transporte, uno de los precios que el sector público controla, así como el alza en las gasolinas. México debe reconsiderar su política de control de salarios, a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por cierto, un órgano colegiado integrado por el sector gobierno, el sindical y los empresarios. El auténtico control de la inflación provendrá de la reducción del aparato burocrático y sobre todo, la autonomía e independencia del control en la emisión del dinero, donde México ha dado pasos sólidos desde la creación de un banco central autónomo, pero que aún sigue siendo presa de los caprichos del gobierno en turno, que exige mayores recursos, insaciables, sin cubrir las necesidades de la población -que crecen día a día-, propugnando por mas tributos directos e indirectos, ocultos, como es el costo del dinero. EN EL TABLERO...Las investigaciones sobre el caso de la maquiladora BlueBerry no se han cerrado...La Comisión Especial creada para investigar el suceso en el Congreso del Estado esta a la espera de la entrega del expediente para revisar su contenido y valorar si efectivamente se trató de un accidente sin responsabilidad para nadie...La prorroga del Gobierno del Estado para regularizar los autos chuecos vence el fin de año y aún hay miles de personas que no lo han hecho...Mucho del problema subyace en los coyotes que lucran con la importación de chuecos, que están con los dedos en la puerta, en un negocio que vale muchos miles de pesos...

Castigo por contentillo

Los datos son reveladores: en los últimos trece años un promedio de 18 servidores públicos federales de manera diaria han sido sancionados: se han aplicado 99 mil 215 sanciones a 86 mil empleados: se han reintegrado 2 mil 196 millones de pesos -nada- a la Tesorería de la Federación, producto de actos de corrupción. Hay más: México ocupa el lugar 106 en percepción de corrupción de 177 países evaluados de acuerdo a Transparencia Internacional: se calcula en 32 mil millones de pesos anuales el costo de las "mordidas": se cree que al año se producen 200 millones de actos de corrupción: los hogares destinan el 14 por ciento de sus ingresos a las "mordidas". Que ocurre: que muchos servidores públicos acostumbran beneficiar a sus familiares y amigos en los procedimientos administrativos de compras, o bien, cobrar por trámites que son gratuitos, fingir robos y realizar autorobos, entre otras practicas ilegales. Se trata de obtener beneficios personales por las funciones oficiales que se desempeñan, sin importar que tales actos produzcan un mayor daño a la sociedad. El desempeño de la función pública tiene, bajo esta perspectiva, como objetivo obtener privilegios. Se olvida que el concepto "servidor público" obedece a una finalidad mediante la cual el Estado se convierte -por medio de sus empleados- en facilitador, garante y ejecutor de actos administrativos que buscan ordenar, controlar y dirigir a los particulares en la ejecución de sus atribuciones, pero además, prestar los servicios oficiales bajo principios de honestidad, eficiencia y calidad. Pero además, los derechos cobrados por los mismos servidores públicos en favor del Estado, como contraprestación por los servicios, son la única contribución que debe pagar el particular. Al momento en que se comete un acto de corrupción, el Estado deja de percibir el ingreso: presta el servicio pero no recibe retribución, la cual queda, depreciada, en el bolsillo del servidor público deshonesto. Hay un daño adicional: corre la voz, el rumor, propala la versión de que es posible desviarse en el cumplimiento de los requisitos del trámite o procedimiento, y entonces se multiplica el acto de corrupción, en la impunidad de la no sanción y en la afectación al erario público: hablamos de 200 millones de actos de corrupción y apenas 86 mil empleados sancionados: la diferencia es abismal. Además, las mordidas son calculadas en 32 mil millones de pesos, y apenas se han logrado reintegrar a la tesorería un poco más de dos mil millones: cifras irrelevantes que nos hablan de un desarrollo ineficiente de la labor de contraloria y supervisión de las responsabilidades de los servidores públicos. En el fondo, el problema del ejercicio de las funciones de supervisión, control y sanción de servidores públicos es la prevalencia de criterios políticos: los responsables de dirigir las investigaciones y proponer las sanciones no son auténticamente independientes y autónomos en la función: obedecen a sus intereses políticos. Hoy esta tarea es desarrollada de manera preventiva por órganos integrados a las estructuras de gobierno en los ámbitos municipal, estatal y federal: tienen una relación de dependencia de los titulares de los ejecutivos estatales, o bien, del jefe del ejecutivo federal. De manera posterior funcionan las auditorias superiores de los estados y de la federación, que a posteriori revisan y ordenan aplicar sanciones, pero bajo un procedimiento que implica el voto de las mayorías parlamentarias, en ambos niveles de gobierno. Son los mismos partidos quienes, bajo un criterio político, determinan la procedencia en la imposición de sanciones. La creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, se supone, viene a atacar estos problemas de fondo. El problema es que seguirá dependiendo en su integración del factor político: los diputados y senadores. Luego entonces, si en la fase de prevención de irregularidades y sanciones administrativas, el órgano depende de un factor político por la dependencia jerárquica de los gobernadores y del Presidente de la República, y en la segunda fase, el de la auditoria superior, también ocurre así, poco futuro puede augurarse al sistema de control y sanción de servidores públicos, que quedara exclusivamente en la fase discursiva. Debe, al final de cuentas, separarse el fondo político del técnico en materia de responsabilidades de servidores públicos; una base política propende hacia la protección o castigo del empleado dependiendo del contentillo político. Una base técnica castiga con fundamento en bases objetivas. Este es el sistema ideal hacia el cual debemos caminar, pero que -desgraciadamente- nos alejamos cada vez mas. EN EL TABLERO...El fin de año toma posesión como alcalde el presidente municipal electo de Coyame, Sergio Alvarez...El excandidato priísta recibirá la estafeta del presidente del Consejo Municipal, Jaime Ramos Estrada -quien se supone regresa a la recaudación de rentas del gobierno del estado...Ricardo Yañez, director de tránsito, endurecerá las medidas en contra de ciudadanos que conducen vehículos en estado de ebriedad...las cifras de personas que han sido detenidas en estas condiciones han aumentado, y ello resulta preocupante....

Orejas grandes, piel gruesa y cola chica

La revista Forbes pierde la objetividad cuando presenta una lista de los diez mexicanos más corruptos sin establecer el mecanismo metodológico para llegar a esa conclusión. No se trata de defender a esos personajes que durante 2013 hicieron todo lo necesario para estar considerados dentro de ese listado exclusivo, sino de encontrar el basamento a través del cual la edición norteamericana arriba a esas conclusiones. Es obvio que no se trata de un artículo de opinión basado en criterios científicos que hayan muestreado la opinión de los mexicanos en relación con la exclusiva lista de personajes: de ser así, pudieron haber presentado el estudio. Tampoco parece ser que existe una liga entre la publicación y el ministerio público mexicano o el Poder Judicial: no hay en la información contundencia de investigación ministerial ni decisión judicial alguna. Se trata simplemente de una opinión editorial. Así lo presenta Forbes: Esta es la lista de Forbes en Estados Unidos de los 10 mexicanos más corruptos de 2013. Es entonces, una simple apreciación periodística. Claro que la publicación arrancó reacciones de algunos de los personajes ahí mencionados, como es el caso del exgobernador Fidel Herrera y la exvocera de la presidencia de la república, Alejandra de la Sota. ¿Por que reaccionaron ellos únicamente? Tal vez se trata del contenido abreviado que acompaña a su nombre en la fatídica lista. De Fidel Herrera se dice -textual- "Fidel Herrera. Como gobernador de Veracruz las denuncias en su contra por supuestas conexiones con el grupo delictivo de los Zetas prosperaron. En este momento, no pesa en su contra ninguna investigación formal en su contra, y hay informes no confirmados de que pudiera ser enviado como embajador a Grecia". El exgobernador tenía razones para molestarse. La divulgación de esta información editorial llega en el momento menos oportuno, cuando se discute la posibilidad de su designación como embajador en Grecia en sustitución de Tarcisio Navarrete Montes de Oca. De la exvocera presidencial, Forbes publicó: "Alejandra Sota. La ex vocera del ex presidente Felipe Calderón, se encuentra investigada por las autoridades mexicanas por la presunta malversación de fondo y tráfico de influencias. Es acusada de favorecer a amigos y antiguos compañero de clase con los contratos gubernamentales cuando se desempeñó como funcionaria. Ella está asistiendo a la escuela de posgrado en la Escuela Kennedy de Harvard a pesar de que no tiene título universitario". Ambos ex funcionarios públicos se limitan a desmentir las afirmaciones y exigir una corrección a la información. De la Sota exigió de la Revista dé a conocer la fuente de información de donde obtuvo la mencionada lista. La verdad de las cosas, es que, hasta donde se aprecia, Forbes realizó una pesquisa de las publicaciones de medios informativos mexicanos, y sin ningún criterio metodológico, decidió la enunciación de nombres de personajes, que de acuerdo a las mismas publicaciones periodísticas, destacaban por sus acusaciones de corrupción. Un editor le da título a la información, ligándola con el lugar que México ocupa en el concierto latinoamericano en relación con indices de percepción sobre corrupción, y de ahí presenta una lista, que no es otra cosa que un listado de nombres que Forbes considera, sin ningún elemento -mas que el análisis periodístico de publicaciones- quienes son los más corruptos mexicanos. Es pues un editorial, que plasma la opinión de la revista. La apreciación periodística de la Revista es polémica por el tema mismo. Pero difícilmente cualquiera de los ahí señalados, Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Genaro García Luna, Raúl Salinas de Gortari, Tomas Yarrington, Humberto Moreira o Arturo Montiel, pueden manifestarse ajenos a las continuas publicaciones periodísticas que han evidenciado posibles actos de corrupción, supuestas investigaciones e incluso, procesos judiciales en trámite. Se les olvida a los exfuncionarios públicos que por haber ocupado el puesto administrativo relevante en la función pública los hace más vulnerables a la crítica, la cual, en criterio firme de la Corte, es natural, dada la exposición pública de los mismos y al deseable peso y contrapeso que el periodismo ejerce desde la posición critica. Decía el filosofo de rubio, el chihuahuense Don Artemio Iglesias Miramontes, ex senador de la República, acerca de las cualidades del político: Orejas grandes, para oír mejor; cola chica para que no la pisen, y piel gruesa para resistir los embates. Eso falta en nuestros políticos actuales. EN EL TABLERO...Los padres de familia deberán pagar 1,690 pesos de inscripción al Bachilleres, más 500 de un libro de ingles...¿donde quedó la gratuidad de la educación que imparte el Estado de acuerdo al Tercero Constitucional?...César Wong fue electo magistrado del Tribunal Estatal Electoral...El abogado ha sido consejero del Instituto Estatal Electoral durante los últimos procesos electorales...La votación en su favor en el Congreso fue por mayoría...Solo le faltó un voto para la unanimidad...Jorge González Nicolas, el Fiscal General del Estado, logró sacar avante la extinción de dominio de dos inmuebles utilizados por una banda de secuestradores para cometer sus crímenes en la ciudad de Chihuahua...Se trata de la primer extinción de dominio autorizada por un Juez Civil...

Discrecionalidad partidista

"A la memoria de mi estimado amigo, el excelente periodista juarense Alfredo Quijano, hombre de un excelente trato y aguda visión periodística. Descanse en paz." A las reformas políticas constitucionales y legales, que lo extinguen, se suma la afectación presupuestal inmediata al Instituto Federal Electoral, sintesis de los tumbos y equívocos partidistas, tolerados desde la administración pública federal. Es así porque sin razón alguna, de un plumazo se elimina al órgano electoral que con un inicio precario -dependencia del gobierno federal- avanzó con paso firme durante mas de tres lustros para ubicarse como una de las instituciones más sólidas del entramado jurídico nacional, dotando a la sucesión política de una fuerza tal, que las diferencias porcentuales en los comicios presidenciales, de menos de un punto, poco pudieron hacer para debilitar la normalidad democrática y la gobernabilidad nacional. La desaparición del IFE mediante un nuevo organismo, el Instituto Nacional Electoral, sería al menos una simple modificación en el nombre, de no ser, que con ella se busca que los órganos electorales locales y los tribunales, sean integrados mediante la designación directa del INE, así como la ejecución de funciones, como la capacitación electoral de los funcionarios de casilla entre otras, nulificando en los hechos a los organismos locales. Amén de estas consideraciones, a través de las cuales prácticamente el INE asume las funciones electorales en el país, sin importar si se trata de comicios locales o nacionales -con la facultad de atraer la organización de procedimientos electorales o la misma organización total de comicios-, el nuevo organismo -que aún no nace, porque falta que culmine el procedimiento constitucional con la autorización de las legislaturas, y falta la reglamentación secundaria- tendrá de inicio problemas con los recursos. Esto es así porque de entrada, el INE hecha mano de los activos que tiene el Instituto Federal Electoral, sus recursos humanos, materiales y financieros. En este sentido, los legisladores autorizaron dentro del presupuesto de egresos una reducción de 500 millones de pesos al presupuesto del aún con vida Instituto Federal Electoral. La afectación por esta reducción en la capacidad financiera, de pronto afecta gasto operativo y proyectos contemplados para 2014. El Instituto Federal Electoral recibirá solo 7 mil 800 millones de pesos de 8 mil 300 que proyectaba, de acuerdo al proyecto enviado a la Cámara de Diputados, que no tocó ni con el pétalo de una rosa el recurso asignado a los partidos políticos, que se mantiene en 4 mil 44 millones de pesos: un ajuste racional hubiera afectado por igual a partidos políticos que al órgano garante de los comicios, pero los legisladores decidieron afectar únicamente a éste último. La reducción motivará que el próximo año los sueldos y salarios del personal que ocupa posiciones de mandos medios se sostenga sin incremento real, pero con un decremento natural por el efecto inflacionario. Asimismo, el menor recurso provocará la cancelación de inversiones en infraestructura por 271 millones y el resto corresponderá a proyectos especiales, para lo cual se contemplaban 1 mil 606 millones. Lo mas grave es que los legisladores, en la autorización del presupuesto, pasaron por alto las atribuciones que tiene el Instituto Federal Electoral en la materia, de proyectar el gasto y entregar un proyecto, con todo el sustento técnico de las necesidades del organismo y sujeto a las condiciones necesarias de austeridad en el gasto. Los legisladores con la mano en la cintura lo ajustaron sin pensar en que no solo le dan una última estocada a la operatividad del Instituto Federal Electoral, sino que afectan al naciente Instituto Nacional Electoral, que tendrá un gélido inicio de funciones, con un atorón en los recursos, de cara a los comicios del 2015, que por disposición legal inician con la instalación del Consejo General en el último trimestre del 2014. La reforma política en relación con el INE olvidó un pequeño detalle: el respeto a la planeación presupuestal del mismo. Su ausencia lo hace presa de la coyuntura política del momento, situación sumamente grave, que en estos momentos tiene al IFE sin cabeza constitucional y legal, y con un órgano de dirección diezmado, soportado por la capacidad y experiencia de miles de ciudadanos entregados a la tarea de organizar comicios, pese a los vendabales políticos, que hoy esperan en la zozobra y la incertidumbre el nacimiento del nuevo descubrimiento organizativo, que no resolverá de fondo el problema cuyo origen es la mutua desconfianza, abonada desde la discresionalidad partidista con estas reformas. EN EL TABLERO...Es muy difícil explicar la medida drástica adoptada en contra de la Fundación Cáritas San Martín de Porres por la comisión de una falta a las reglas de salubridad, que fue debidamente atendida y resuelta...La disposición de las decenas de voluntarios se demuestra con el hecho de que aún fuera del Hospital Infantil continúan proveyendo la ayuda imprescindible para las decenas de personas de escasos recursos que no tienen otra manera de alimentarse...Las manifestaciones violentas en el exterior del edificio legislativo de Chihuahua, por la aprobación de la reforma energética son un llamado de atención por la aparición de un grupo radical que ya hace unos días tuvo acción, con motivo de la puesta en marcha del Vive Bus...No es la vía para oponerse a las modificaciones constitucionales y legales, por cierto auspiciadas por las fuerzas políticas en el más puro pragmatismo...El mismo PRD tiene responsabilidad, en el vaivén de sus intereses y obsequiosidad, ahora se dice víctima y se rasga las vestiduras...

Lastre en Pemex

Uno de los grandes problemas que tendrá que enfrentar Petróleos Mexicanos en su faceta como empresa productiva del Estado Mexicano, es su relación con el personal. La dicotomía empresa productiva contra organismo descentralizado se describe en un solo punto: eficiencia: el problema es que el costoso contrato colectivo de trabajo será un pesado lastre. Es cierto que es un gran avance para la empresa haber eliminado la presencia de los cinco votos del sindicato petrolero de la junta de gobierno, sin embargo persiste, por disposición legal, la protección a los derechos laborales ya obtenidos por los 151 mil empleados de confianza y sindicalizados, que deberán respetarse a un alto costo. Si en el año 2000 -de acuerdo a cifras difundidas ampliamente por El Universal- un trabajador tenia un costo promedio anual de 382 mil pesos en 2012 costaba 418 mil: un 22 por ciento, pese a que la produccion per capita por empleado cayó en una cuarta parte. No existe en la lógica de las decisiones una justificación del aumento del costo frente a una reducción de las utilidades. El colmo es que las áreas que mas crecieron en la paraestatal (112%) fueron las administrativas, en detrimento de las operativas y técnicas. Pero el mayor lastre lo ocupan las prestaciones contractuales: ayuda para renta de casa, vacaciones excepcionales (21 días), aguinaldo extraordinario (60 días) y prima vacacional de primer mundo (186% promedio del sueldo). Agréguele prestaciones en salud, mil litros de gasolina y seis litros de aceite lubricante al mes y un reembolso de 135 kilogramos de gas domestico por mes, mas tres mil pesos de canasta básica: se trata de un contrato colectivo envidiable para empleados sindicalizados, que tiene un espejo en las prestaciones a personal de confianza, aunque con diferencias a la baja. Un contrato colectivo de esta naturaleza hace complicada la subsistencia de Petróleos Mexicanos como empresa productiva. ¿Por que? por que una empresa productiva tiene que reducir costos para poder competir con la iniciativa privada en la proveeduría de servicios de distinta naturaleza al Estado Mexicano, que recupera la rectoría del petróleo en sus diferentes procesos, por medio de un Organo Regulador que se supone autónomo. Los nuevos trabajadores de la paraestatal deberán suscribir nuevas condiciones laborales, lo cual significa un gran problema operativo: desempeñaran funciones iguales a trabajadores que tendrán mejores salarios y prestaciones. El resultado de esta combinación será la inconformidad laboral, que demandará el establecimiento de salarios y prestaciones iguales, bajo el principio constitucional "a trabajo igual, salario igual". El criterio del tribunal es conceder a los trabajadores la razón al exigir el cumplimiento del precepto constitucional. La empresa productiva tendrá que hacer frente a este nuevo problema jurídico en el devenir de los años, cuando la actual administración haya dejado la responsabilidad. Es cierto que se deben respetar las conquistas laborales. Es un derecho logrado en el transcurso del tiempo. El problema es que son pocos los mexicanos que pueden gozar de ese tipo de privilegios, lo cual habla de exclusión y de prebendas. El sindicato dejará de participar con voto en la toma de decisiones dentro del órgano de gobierno de la empresa productiva. Antes interferían en la autorización de actos de diversa naturaleza, como la autorización de proyectos. Empero la modificación no constituye un hito: se trata de una cuestión elemental que jamas se debió autorizar, y que hoy se elimina, bajo la condición de conservar todas las prebendas existentes en beneficio del sindicato, que podrá continuar administrando recursos humanos que se cuentan por decenas de miles, bajo la protección constitucional, y que harán difícil la tarea de convertir a la empresa productiva Petróleos Mexicanos en un detonante del desarrollo, y en un auténtico competidor de la iniciativa privada en la lucha feroz por obtener jugosas licitaciones. EN EL TABLERO...Miles de propietarios de vehículos extranjeros no han realizado el tramite de regularización, pese al ofrecimiento del gobierno del estado de triangular crédito para tal efecto...Si las cosas continúan igual, enero será el mes de los decomisos, bajo la advertencia de no permitir la circulación de vehículos sin placas...Se advierte que dentro de los miles de vehículos en esta situación subyace el negocio de los loteros que importaron a diestra y siniestra, inundaron el mercado y ahora no hayan que hacer...Algo paso en el Congreso del Estado de Chihuahua pero la aprobación de la reforma energética llegó muy tarde para los efectos de contarse dentro de los 17 votos necesarios de las legislaturas para efectos constitucionales...

Uruguay y la marihuana

La determinación de la diputación uruguaya es francamente violatoria de la convención única contra estupefacientes firmada por 73 países en 1961, en vigor desde 1964, y ratificada en sus términos -con pequeñas modificaciones y atenuantes- por posteriores acuerdos internacionales en 1971 y 1988. Establece la mencionada convención de manera textual, artículo 36, numeral 1.-, inciso a). "A reserva de lo dispuesto por su Constitución, cada una de las Partes se obliga a adoptar las medidas necesarias para que el cultivo y la producción, fabricación, extracción, preparación, posesión, ofertas en general, ofertas de venta, distribución, compra, venta, despacho de cualquier concepto, corretaje, expedición, expedición en tránsito, transporte, importación y exportación de estupefacientes, no conformes a las disposiciones de esta Convención o cualesquiera otros actos que en opinión de la Parte puedan efectuarse en infracción de las disposiciones de la presente Convención, se consideren como delitos si se cometen intencionalmente y que los delitos graves sean castigados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión u otras penas de privación de libertad". Existe una obligación de los países firmantes de la convención, incluido Uruguay, de acatar sus términos, vigentes para efectos de la marihuana -científicamente cannabis o su derivado resina de cannabis-. La violación a la convención no sólo tiene que ver con la despenalización de la producción y venta de marihuana, sino con la razón esencial por la cual se convocó a la misma, y es privilegiar el uso exclusivo de estupefacientes para efectos médicos o terapéuticos científicos, con exclusión de cualquier otro uso, como es el caso del recreativo. Reconociendo los usos tradicionales en algunas naciones del mundo, la convención otorgó diversos plazos para la entrada en vigor de las prohibiciones, que en el caso de la marihuana fue de 25 años, los cuales concluyeron en 1989. Esta es una de las atenuantes acordadas en 1988, respetar con fundamento en derechos humanos los usos y tradiciones de los pueblos originarios en el uso de estupefacientes. El principio fundamental de los acuerdos, tratados, protocolos y cualesquier instrumento de esta naturaleza es el cumplimiento. Estados Unidos no estuvo de acuerdo con el contenido de la Convención, motivo por el que retrasó su firma diez años hasta que en 1971 se hicieron modificaciones no sustanciales y acepto firmar, toda vez que en su opinión las restricciones debían ser más severas. Si bien es cierto la firma obliga al cumplimiento, debe privilegiarse al respeto soberano de las naciones de darse un marco jurídico que resuelva sus múltiples situaciones, aún en contradicción del derecho internacional que exige correspondencia en un entorno sumamente globalizado. Sin embargo, es muy difícil pensar en un país aislado de la comunidad internacional, pero que además va a contrapelo de los acuerdos de la mayoría de las naciones. El procedimiento adecuado en el caso, de acuerdo al derecho internacional, es invocar reservas y convocar a reunión para discutirlas en el seno de los organismos creados ex profeso, porque la asunción de medidas unilaterales rompe el concierto de acuerdos trabajados en calidad de comunidad internacional. Es cierto que deben revisarse los acuerdos en materia de estupefacientes porque algunos resultan anacrónicos. Es cierto que la guerra contra las drogas ha generado muerte y violación a derechos humanos. Pero también es cierto que el acuerdo internacional es la mejor vía de solución. Y que las naciones, en su ámbito interno, deben hacer las modificaciones que eliminen los abusos, capaciten a sus cuerpos policiacos, profundicen el uso de la inteligencia, para combatir el narcotráfico, y sobre todo eviten la impunidad. La razón es que el narcotráfico es un problema mundial, no sólo nacional o local. La Convención contra estupefacientes ha sido acremente criticada desde su entrada en vigor. Sin embargo es el principal instrumento en la materia y es la desembocadura de los primeros acuerdos desde la reunión de Shangai en 1909, que trató de evitar la desviación de la producción de estupefacientes con fines lícitos a fines ilícitos. Despenalizar la marihuana en sus diversos procesos no resuelve el problema de fondo del alto consumo de drogas. La marihuana solo es una de ellas. Las otras drogas continuarán siendo ilícitas y por lo mismo continuara el problema. Aún más, el narcotráfico es sólo un brazo del crimen organizado: sumemos el tráfico de personas, la trata, la pornografía, el secuestro, la extorsión, entre muchos delitos asociados. Legalizar la marihuana es profundizar el deterioro de millones de jóvenes que tendrán oportunidad, en sus condiciones de pobreza, de acercarse con mayor facilidad y legalidad a un producto nocivo para su salud. EN EL TABLERO...Muchos de los municipios de Chihuahua y del país se vieron obligados a solicitar préstamos para cubrir las obligaciones laborales de fin de año, particularmente aguinaldo...Se trata de una deuda momentánea, que por lo regular se salda en los primeros meses del año siguiente; sin embargo algunos de ellos quedan sujetos, por lo precario de sus finanzas, a pagar a prorrata durante todo el año, comprometiendo así su escaso presupuesto mensual...Algo debiera hacerse desde las haciendas públicas estatales para apoyarlos y romper el círculo vicioso...

Utilidad y producción compartida

La reforma energética fue finalmente aprobada por el Congreso de la Unión. Con ella se abre la puerta a los contratos de utilidad y de producción, puros y mixtos. Nadie discute el recurso económico que se generará con motivo de la incursión del sector privado internacional en actividades de exploración, extracción y producción de hidrocarburos. El problema es la indefinición jurídica que plantea una reforma constitucional cargada de artículos transitorios, donde se deja a la norma secundaria la regulación de los contratos, en un entorno de modificaciones de gran calado que incluyen la desincorporación de Petróleos Mexicanos como descentralizado para convertirse en una empresa productiva -con un periodo de transición comprensible pero prolongado-, con indefinición de facto de sus relaciones con los trabajadores, aunque jurídicamente se les garantiza su estabilidad -bajo un techo presupuestal hacendario-, en un asunto que genera inquietud e incertidumbre. La reforma aprobada con con una reacción de protesta e inconformidad de la izquierda, con voto en Cámara Alterna, desaguisados mil, no satisface técnicamente. Representa una medida audaz y temeraria, que le quita a la paraestatal el control financiero, que se otorga en la fase de regulación a un organismo gubernamental desconcentrado y en su fase financiera de administración de ingresos a un fideicomiso público. En 120 días naturales deberá expedirse la norma secundaria que regule las modalidades de contratación. Sin embargo, pese a estar en transición, Petróleos Mexicanos tiene autorización, por virtud de los transitorios, para establecer con el Estado Mexicano contratos de servicios, utilidad, producción compartida o licencia, la exploración y extracción de hidrocarburos, sólidos, líquidos y gaseosos, -incluyendo las que pueda celebrar Pemex en su calidad de empresa productiva con los particulares-. Los artículos transitorios le permiten al Estado mexicano delimitar el modelo contractual que maximice los ingresos de la nación, cuyas modalidades de contraprestación deberán ser establecidas en la ley secundaria, bajo ciertas bases: efectivo para contratos de servicios; porcentaje de utilidad para contratos de utilidad compartida, que al final no es otra cosa que efectivo; porcentaje de producción para contratos de producción compartida, y transmisión onerosa de hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo. Los contratos de servicios no tienen discusión. Actualmente se prestan en esos términos. El problema lo tenemos con los contratos de utilidad compartida, porque existe una gran discrepancia con la Secretaría de Hacienda: El pago corresponde a una utilidad porcentual pactada en los contratos, y no en una determinación de acuerdo al servicio prestado: No son otra cosa que contratos de riesgo, que comprometen la renta, es decir, la utilidad después de gastos; es cierto, los ingresos no son captados por la empresa particular, sino por un fideicomiso administrado por el Banco Central, que al final paga los porcentajes pactados, es un simple intermediario, con una labor complicadísima: muchos de los asuntos donde existe esta figura de asociación publico-privada han concluido en arbitrajes sumamente costosos: México no lo ha comprendido. Los contratos de producción compartida son otra historia: Es obvio que la entrega de un porcentaje de hidrocarburo coloca en estado de indefensión al Estado, porque esta entregando el producto en bruto, no una cantidad fija en dinero, sino el producto. Pero además, se deja abierta la puerta a contratos mixtos: de servicios-utilidad compartida, servicios-producción compartida o utilidad y producción compartida, modalidades que podrán ser determinadas en las licitaciones respectivas y fijadas en los contratos. Las leyes secundarias deben regular de manera adecuada los diversos mecanismos de contratación, con la finalidad de proteger el interés nacional, una vez que han sido autorizados los cambios constitucionales. La transparencia y rendición de cuentas a que estarán sujetos los contratos, y la creación de reguladores estrictos de poco servirán si en el fondo los contratos privilegian la entrega de producción y utillidad en términos de las ganancias que esperan los grandes capitalistas como condición para aceptar el riesgo de buscar y explotar el recurso petrolero. EN EL TABLERO....El gobierno del estado anuncia una reducción del 15 por ciento a la plantilla laboral de las oficinas centrales, como medida de austeridad para 2014...Se trata del despido de unas dos mil personas...Consejería Jurídica y Comunicación Social, de operación estratégica, son las principales áreas afectadas...Diez municipios presentan irregularidades administrativas que ameritan procedimientos de sanción, de acuerdo a la revisión final votada por el Congreso del Estado...Se trata de Bachiniva, Carichi, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Guadalupe y Calvo, Janos, Maguarichi, Guazapares, Huejotitan e Ignacio Zaragoza...Parral no aparece...

Madiba

Nelson Mandela vivió para enviar continuamente mensajes de concordia y entendimiento, por encima de diferencias que parecían insalvables, como los cientos de años de oprobio y esclavitud que sufrió el pueblo originario de Sudáfrica en manos de sus colonizadores, y su propio encarcelamiento por 30 largos años; su muerte también es un mensaje, recordatorio, de lo que aún falta por hacer, no solo en ese territorio, ubicado en uno de los continentes con mayor pobreza en el mundo, sino en el planeta entero. Madiba fue un crítico continuo a las formas de gobierno que profundizaban las desigualdades en lugar de equilibrarlas, reduciendo el trecho entre los que menos y más tienen. Fue un reclamo permanente para un sistema económico mundial que precariza el nivel de vida de las personas y las somete. Una economía mundial sujeta a la especulación financiera que genera fortunas de la nada, más que de la ficción del mercado, colgado con pinzas, que tiembla ante la debacle económica propiciada por el manejo abusivo y corrupto de amplios sectores dedicados al negocio del dinero, como se demostró con la reciente crisis detonada por las hipotecas basura en los Estados Unidos. La igualdad preconizada por el expresidente sudafricano esta cada día más lejos de serlo: el sistema económico cierra la movilidad social y la mejora en la calidad de vida de las familias, las más paupérrimas esperanzadas a programas subsidiarios movidos por el animo clientelar electoral en la coyuntura de cada comicio. Las administraciones públicas, ante el crecimiento poblacional y la necesidad de prestar más servicios públicos, crecen la burocracia, y el gasto corriente, privilegian el aumento de impuestos, con castigo a los cautivos contribuyentes, deteriorando la capacidad de las empresas, pequeñas y medianas, para continuar ofreciendo empleos. El aparato público omite acciones de austeridad y ahorro, y simplemente busca mayores recursos. Si los impuestos no son suficientes opta por el déficit, financiado por endeudamiento. El año próximo el déficit autorizado en el país será del 4 por ciento del Producto Interno Bruto. Otro problema para los gobiernos es la corrupción. Se cree que un cinco por ciento de los presupuestos alimenta la cadena de pagos ilícitos en todos los niveles y sectores, incluyendo al privado. De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el noventa y dos por ciento de los mexicanos piensa que la policía es corrupta y el ochenta y nueve por ciento piensa lo mismo de los partidos políticos. El pensamiento de Mandela rebasa con mucho la lógica de la reivindicación de la raza negra y la eliminación del apartheid: es cierto que era su prioridad en ese momento, pero alcanza otras latitudes: tenía que ver con un pensamiento que condenaba el sistema económico neoliberal, el consumismo desenfrenado y la especulación financiera desenfrenada. Los líderes de cien países se dieron cita para despedir el cuerpo del luchador social. Uno a uno, muchos de ellos desfilaron por el micrófono, profiriendo alabanzas a Madiba, pero el mundo necesita mucho más que apretones de manos entre Barak Obama y Raúl Castro: necesita acciones remediales urgentes que libren de la pobreza extrema a mil 400 millones de personas en el mundo, que carecen de lo elemental, alimento, techo, sanidad y salud. Se requiere humanizar la economía -la tercera vía Inglesa-, eficientar los gobiernos, acabar la corrupción, sensibilizar a la sociedad, para que cada quien ponga un granito de arena a la construcción de un mejor mundo. EN EL TABLERO... La intervención del Municipio con el uso de la fuerza pública, proporcional y adecuada, para desalojar a vendedores ambulantes, es parte de la solución al reordenamiento del centro histórico, que luce de primer mundo...La otra parte tiene que ver con generar alternativas de solución a la problemática social que sufre ese sector poblacional...Los empleos temporales, igual que hizo la pasada administración, es una puerta, como lo son los créditos o la reubicación...La reunión del secretario de finanzas con los empresarios sirvió de antesala al encuentro con legisladores para revisar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del próximo año...Es preludio de los amparos que se anticipan una vez entrada en vigor, combatiendo la ausencia de proporcionalidad y la equidad del Impuesto sobre Nómina, un tributo nacido en 1992 para atender la coyuntura que provocó la tromba de septiembre negro...

Culmen de exceso

El rechazo a cualquier regulación en materia de libertad de expresión, que sirva para atarla, es necesario e indispensable en una democracia. La libre expresión de las ideas soporta el balance de poder, particularmente el público, ante los excesos del mismo. En este sentido, la minuta que autoriza reglamentar el artículo sexto constitucional, autorizada de madrugada este viernes pasado por la Cámara de Diputados, que utiliza el argumento falso de garantizar el derecho de réplica, constituye un serio atentado a la libre manifestación del pensamiento a través de la difusión de la palabra en imágenes, escritos y habla, impone una carga indebida en los medios de comunicación al tener que fundar y motivar su negativa a las peticiones concretas que con este motivo se presenten y les amenaza con multas excesivas. No es la primer vez que los señores legisladores federales han intentado colocar una mordaza a los medios de comunicación, periodistas, comunicadores y líderes de opinión: Desde hace dos legislaturas el Partido Acción Nacional presentó proyecto de reglamento al derecho de réplica, que fue rechazado de manera unánime por considerar que traería mas perjuicios que beneficios al restringir la libre circulación del pensamiento. La idea base en materia de libre expresión es que la regulación en esta, cualquiera que sea, es una restricción a la misma. La palabra, y la difusión del pensamiento, debe ser libre, acotada exclusivamente por el derecho constitucional que tenemos todos de expresarnos bajo condiciones de respeto al derecho de terceros; respeto que por razones históricas, avaladas por la misma Corte, sufre una minusvalia cuando se trata de personajes dedicados a la función pública o que desarrollan tareas de mayor calado social, político, económico, deportivo, que por tal motivo, están sujetos a la critica, tarea necesaria para generar balances de poder público y factico. No es lo mismo, pues, criticar acremente, incluso con exceso, al monarca moderno -Presidente, Primer Ministro- o a su corte -Secretarios de Estado- o al parlamento -Senadores y Diputados- así como a los virreyes -Gobernadores-. Estos personajes realizan tareas vinculadas estrechamente con el interés público, y por tal motivo, son sujetos al escrutinio abierto y directo de líderes de opinión, comunicadores, incluso, del ciudadano común. Un análisis del contenido de los medios de comunicación permitirá encontrar que las críticas van dirigidas precisamente a ese grupo gobernante en el sector público y privado. El periodista, comunicador o líder de opinión, difícilmente se ocupa del ciudadano común, y si lo hace, el abordaje parte de un sentido de solidaridad y auxilio, y no de ataque. Por tanto, los señores diputados, al aprobar la minuta -que esperemos sea rechazada en el Senado- buscan un instrumento que les permita, a costa de los medios de comunicación, tener espacio para responder a las criticas, que en el desempeño de su función, se realizan. No buscan los legisladores proteger el interés social, buscan reducir una de las fortalezas de la sociedad, como es el periodismo. ¿Debe el comunicador, periodista o líder de opinión ofender el honor de los servidores públicos, difundir mentiras o calumniar personajes? Creo que no. El camino es la capacitación y el fortalecimiento académico del periodista, para avanzar en caminos de mayor profundidad en el análisis de la función pública, privada, económica, social, política, educativa, académica, en salud, etc., para evitar el periodismo fácil de la diatriba y la calumnia. El camino es la auto-regulación ética, como lo defendió el diputado Ricardo Mejía Berdeja. La auto-regulación permite -y de hecho genera de manera continua, diaria, cotidiana- la replica, en una discusión permanente que enriquece al lector, radio-escucha o televidente. Ordenar al medio de comunicación que reciba las solicitudes de replica, que responda en un plazo perentorio, que funde y motive, que notifique formalmente al solicitante de la resolución, que atienda las determinaciones de los Jueces que en su caso intervengan, y que si no lo hace, si no cumple una fase del procedimiento, deberá enfrentar sanciones de hasta 10 mil salarios mínimos, me parece que es el culmen del exceso: se le pide al periodista que se auto-censure, en una moderna censura previa prohibida por los ordenamientos internacionales de los cuales México es parte. Esperemos que el Senado haga su parte en este drama legislativo y evite la aprobación de tan execrable ley. EN EL TABLERO...Los cambios orquestados por Alejandro Domínguez en el Comité Directivo Estatal del PRI le permitirán preparar el próximo proceso electoral con personal de su entera confianza en todas las carteras...Destaca Normando Perales como Secretario Técnico del Consejo Político Estatal...El lunes se reúnen diputados y Hacienda con líderes del sector privado y personajes empresariales para airear el aumento al impuesto sobre nomina, que despertó muchísimas voces en contra por la carga tributaria que generara en las empresas chihuahuenses...Eduardo Ramírez e Ignacio Manjarrez, Canaco y Coparmex, llevan la voz cantante...

Borrar al IFE

Prácticamente cocinada la reforma política, se anticipa un alto costo financiero en su implementación, que esperemos sea menor a sus beneficios en la gobernabilidad, transparencia y equidad, no solo en la contienda electoral, sino en el ejercicio de gobierno de los tres niveles de administración, contrapeso de los poderes y ejercicio auténticamente autónomo de los órganos constitucionales. Para darnos una idea de un aspecto central de la democracia instrumental, la credencial de elector, representará un dolor de cabeza para la transición del denominado Instituto Nacional Electoral y el extinto Instituto Federal Electoral. ¿Por que? Porque la credencial corresponde a la denominación de IFE y no INE. Cambiar la credencial a los más de ochenta y siete millones de electores en el país tendría un costo de casi ochocientos millones de pesos. Pero el recurso económico, escaso, es lo menos relevante en el asunto: hay un tiempo que tendrá que transcurrir operativamente hablando para hacer posible el cambio de credencial. Para darnos una idea del esfuerzo operativo que representa cambiar las credenciales de elector extraviadas y caducas, cada año se atiende a 17 millones de personas. A ese ritmo tendrían que transcurrir seis años para cambiar la totalidad de las credenciales de elector. El costo sería gradualmente absorbido por el órgano electoral, y el desperdicio de plásticos -y todo el proceso administrativo que se encuentra detrás de este gran esfuerzo- no tendría mayor impacto. Entrar en el capricho de cambiar de manera terminante la credencial, eso si sería un error garrafal, producto de la improvisación y el desdén de las fuerzas políticas por el esfuerzo de construcción de un instrumento base de la democracia mexicana. Debe resistir el consenso partidista la tentación de tratar de borrar de un golpe y porrazo al Instituto Federal Electoral, bajo la premisa de que se trata, ya no solo de algo ilógico, sino de una actitud irracional. Aún más. La lógica indica que no debe cambiarse una marca exitosa por una marca nueva, cuando no existen razones para ello. El Instituto Federal Electoral es un órgano que encabeza las instituciones con mayor confianza y menor corrupción en el país. Ha logrado, desde su nacimiento como un órgano del gobierno en 1990 y su autonomía en 1996, dotar de certeza, independencia, autonomía, objetividad e imparcialidad a los comicios federales, pese a las acusaciones -la mayoría infundadas- de inequidad, por parte de los mismos contendientes que utilizan el ataque como instrumento de presión para obtener canonjías. Sin embargo, ante la decisión de desaparecer al IFE como denominación, y ampliar sus facultades -la de atracción de comicios es una de las más relevantes- la razón indica un proceso gradual de cambio, y no el descabezamiento de cada uno de los procedimientos e instrumentos electorales, como es el caso de la credencial de elector. En el proceso de seis años, las credenciales podrán ser sustituidas por un nuevo plástico, seguramente con las mismas medidas de seguridad del actual, con la denominación del Instituto Nacional Electoral, conforme vayan entrando en la caducidad de cada documento en partícular, con lo cual no será necesario hacer un esfuerzo financiero inmediato, sino que será soportado por el trabajo operativo de las miles de personas que colaboran en el órgano constitucional electoral autónomo. Los señores diputados y senadores pueden autorizar esta sustitución gradual mediante un transitorio, estos que están de moda actualmente. Solo sería uno más a los acotamientos normativos que se realizan a través del cajón de sastre. Por lo demás, la reforma esta prácticamente lista. Ayer de madrugada se afinaron los últimos detalles y se turno al pleno, superadas las reservas -más de sesenta-: destacan la reelección desde la Constitución; nulidad de elección por rebase de tope de campaña en 5%; sanciones a denuncias frívolas; modificación al proceso sancionador mixto INE-Trife así como a definiciones de sub y sobre representación; la conformación de tribunales y órganos electorales administrativos locales, entre otros aspectos, sobre lo cual existen muchas interrogantes. El gran ausente, y nadie habla de ello, es la desaparición de los diputados y senadores plurinominales y la reducción de las Cámaras; candidaturas independientes a nivel federal y el mayor umbral para chiqui-partidos. EN EL TABLERO....El presupuesto de egresos del Gobierno del Estado fue entregado al Congreso del Estado el fin de semana...Contiene ajustes con base en criterios de austeridad que alcanzarán a todas las dependencias...Es congruente con un año que no se antoja fácil para las finanzas nacionales y estatales...Precisamente este miércoles comparece ante el pleno del Congreso del Estado, el titular de la Secretaria de Hacienda, Jaime Herrera...Uno de los temas panistas de cajón será el endeudamiento para 2014...

Previa censura periodística

La reforma política planteada en el Pacto por México, hace ya un año exactamente, es sumamente ambiciosa. Ello explica, que al ser trasladada a blanco y negro, hayan saltado chispas en la negociación de las distintas facciones partidistas. No es lo mismo generar el discurso que la acción. El compromiso ochenta y nueve y noventa del mencionado Pacto, dan cuenta de estas pretensiones reformadoras de gran calado, con un nuevo marco jurídico de partidos que reduzca costos y genere mayor certidumbre, transparencia y estabilidad al sistema político, que modifique gasto, topes de campaña, compra de cobertura informativa, tiempos oficiales, esquemas financieros ilícitos y el órgano electoral nacional. Todos estos puntos deberían ser considerados en la propuesta de reforma política, la cual aún desconocemos en su contenido, ya que sería hasta este martes por la noche o miércoles en la madrugada, cuando se discuta. Hasta donde se ha ventilado, se plantea en el dictamen respectivo la posibilidad de un gobierno optativo de coalición, la creación de un diezmado Instituto Nacional de Elecciones y la reelección hasta por doce años de diputados y senadores. Como se observa, los puntos filtrados de la reforma no atienden los compromisos concretos del Pacto, con excepción de la creación del Instituto Nacional de Elecciones. Dos temas llaman la atención: la necesaria, urgente, transparencia y rendición de cuentas de partidos, en el gasto electoral, así como sus sanciones, y la intentona por revisar la contratación de espacios periodísticos. Es cierto que la reciente reforma al sistema de transparencia obliga a los partidos a someterse al órgano constitucional autónomo. Sin embargo, debe ir acompañada de sanciones reales de acuerdo a su gravedad, tal cual se plasmo en el Pacto: que el rebase de campaña acreditado sea causa de nulidad. La grave dificultad que esta reforma entraña es la consecuencia de la misma, es decir, ¿nuevas elecciones? o ¿el segundo lugar asume el cargo de la elección anulada? Es justo que gane el segundo lugar, siempre y cuando la diferencia entre ambos sea cercana, para respetar el voto -¿5, 10, o menos puntos?-, en caso contrario se abriría la puerta a una extraordinaria, pero en un procedimiento abreviado, como se acordó atinadamente en la reciente elección del Municipio de Coyame, Chihuahua. El otro tema, el de indagar pagos indebidos a medios de comunicación para el uso de espacios noticiosos como propaganda, es delicado. Abre la puerta a que el gobernante en turno persiga a los comunicadores y empresas, que legítimamente, tienen la opción de optar por un candidato o partido, bajo la premisa de que la libertad de expresión, en su variante de libertad de imprenta, comunicación y periodismo, no necesariamente implica pluralidad informativa. Al final es el lector quien castiga a los medios que inclinan la balanza informativa, y reconoce la pluralidad. Estamos hablando de empresas del sector privado. Las concesiones y permisos de radio y televisión, implican una mayor complejidad. Sin embargo, es pernicioso iniciar una cacería de brujas. Al final ellos mismos, Televisa y Tv Azteca, para ejemplificar, están sujetos al escarnio de la audiencia. Saben que deben optar por la pluralidad, pero desde la autorregulación de contenidos periodísticos, sin la previa o posterior censura del Estado, por más que sea acordada por el consenso de partidos. EN EL TABLERO...Maestros pertenecientes al Conalep se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir homologación salarial y cese de hostilidades por parte del sindicato...La solución al problema no se encuentra en Chihuahua, sino en México, donde están etiquetados los recursos...Por lo pronto, la manifestación coincidente con otra de campesinos, desquicio el primer cuadro de la ciudad...La desaparición de las garitas por orden presidencial acarreó los primeros problemas el fin de semana, en trámites que se realizaban antes ahí y que ahora generan embudo en las instalaciones aduaneras fronterizas, pero además en la corrupción que inmediatamente pululó por parte de elementos de corporaciones policíacas, que hacen su agosto esquilmando a conductores con cualquier pretexto, pero al final revisan el cumplimiento de obligaciones fiscales...