Educación superior de calidad

Los procesos de calidad y eficiencia tienen que alcanzar a todo el sector público, como un mecanismo de mejora continua en los servicios.
Dentro del sector público una de las áreas más sensibles es la educativa, especialmente la superior, que forma profesionistas críticos preparados adecuadamente para integrarse a las actividades productivas.
El mecanismo para evaluar a los programas y procesos educativos son la certificación y la acreditación, desarrollados por auditores externos para evitar cualquier influencia que pudiese pervertir los indicadores.
Actualmente las instituciones de educación superior que se precien de serlo deben someterse a los procesos de certificación y acreditación, ya no solo como un mecanismo de marketing, sino como la única puerta de acceso a recursos de entidades nacionales e internacionales.
Así lo ha hecho la Universidad Autónoma de Chihuahua bajo la rectoría de Raúl Chávez Espinoza y, particularmente, la secretaria Académica de Alfredo de la Torre, quien recién toma protesta como director de la Facultad de Contaduría y Administración.
Recientemente la UACH recibió la certificación de la norma internacional ISO 9001-2000 efectuada por la Casa de Registro Noruega DVN, Det Norke Ventas, La Verdad Noruega, en una evaluación que permitió acortar la curva de aprendizaje.
En este caso, la universidad sometió a evaluación los seis puntos básicos de supervisión, como es la aplicación del examen de admisión, titulación y expedición de cédula profesional, otorgamiento de becas, emisión de credenciales, unidad de estadística y coordinación administrativa.
La certificación valida la plataforma que contiene los lineamientos documentados precisos y claros para realizar las actividades de la gestión y operación, además de los indicadores de desempeño como herramientas de control y mejora continua de gestión y operación.
Esta certificación, sumada a muchas más de la misma naturaleza así como a la acreditación de programas, hizo que la Secretaría de Educación Pública, hace un par de años, extendiera un reconocimiento especial a la Universidad por el hecho de que el cien por ciento de sus programas fuesen de calidad.
Estos procesos de auditoría académica y de procesos deben constituir base fundamental de la continuación del trabajo en la rectoría, como un instrumento de perfeccionamiento, ahora bajo la egida del Maestro en Ciencias Enrique Seañez Saenz, con el acicate de la revaloración social de la educación superior pública, como formadora democrática, plural y con sentido social de los líderes que la comunidad requiere.
EN EL TABLERO…Un sentido pésame por el deceso de los compañeros Javier Benavidez y Aurora Molina, ambos colaboradores de la Organización Editorial Mexicana, el primero en Delicias y la segunda en Cuauhtémoc…Coincidentemente murieron a raíz de un accidente automovilístico…Aurora es colega desde mediados de los ochentas, cuando inicia en la redacción del Heraldo de Chihuahua…Desde hace un par de años era la representante del Foro de Periodistas en Cuauhtémoc, donde fungía como delegada, por lo tanto, hay una doble perdida, como colega y como líder gremial…Descansen en paz…

Un auténtico federalismo fiscal

Le dio de pronto al gobierno federal un ánimo desconcentrador, que no descentralizador de funciones.
Se le ocurrió que no tenía por qué cargar con las responsabilidades que le otorgó el constituyente del diecisiete y sin más decidió recurrir a la estratagema de enviar el dolor de cabeza a las entidades federativas.
Así lo hizo con el sector salud y el sector educativo, donde se compromete exclusivamente al envío de recursos para pago de nómina y a la construcción de inmuebles, cediendo la responsabilidad política y administrativa de atender dichos ámbitos a las entidades federativas, reservándose únicamente la rectoría.
Es decir, se guarda el derecho de marcar la pauta desde el centro del país, concentrando la suficiencia presupuestal idónea para hacer frente a dichas tareas y cuidando el aspecto político de las relaciones laborales a través de la titularidad de las relaciones con los sindicatos, que continúan siendo federales.
Mientras envía a las entidades federativas responsabilidades, se cuida de no soltar los recursos económicos, en un auténtico sentido federalista, porque federalismo que no incluye el apartado hacendario, es un federalismo que se convierte en una carga económica y un problema constante.
Es cierto: el sistema federalista implica una mayor democratización de las decisiones con la intervención decidida de los órganos de gobiernos estatales y municipales, pero poco tiene de democrática si los recursos continúan centralizados.
En este sentido, la Convención de Gobernadores ha impulsado la revisión del apartado hacendario con poco éxito. Existe una natural resistencia del gobierno federal, bajo un acendrado pensamiento centralista.
No nos engañamos, México se encuentra en pañales desde el punto de vista fiscal en relación con el Producto Interno Bruto: se requiere una mayor recaudación para acabar con la dependencia del recurso petrolero.
El circulo vicioso lo puede romper una coordinación fiscal equitativa y no leonina, para que las entidades sean incentivadas hacia una mayor captación recaudatoria y los ciudadanos tengan una mayor disposición contributiva derivada de los beneficios tangibles que la misma puede producir, fuera de la intangibilidad actual.
Tarea difícil pero de necesaria atención, para lo cual, desde la posición del PRI encabezara el abogado José Reyes Baeza Terrazas, en una continuidad a los trabajos desarrollados en el seno de la CONAGO, de cuya experiencia, esperamos, surja un nuevo modelo de coordinación fiscal, bajo la visión de largo aliento de un esquema propiciador de un desarrollo equilibrado para el país.

Pragmatismo y candidatura común

Los partidos políticos son instrumentos ciudadanos en la renovación periódica del poder. Su nombre lo dice todo: se llaman partidos porque representan una parte de los intereses de la sociedad o una porción ideológica de la misma.
En los primeros se encuentran, por ejemplo, los partidos de gremio que obedecen a los intereses de algún sector. En el caso de México podría decirse que el Partido Nueva Alianza es un partido gremial, porque representa a los maestros, aún y cuando formalmente no se reconozca. En los segundos, están los partidos de derecha –PAN-, izquierda –PRD- o centro –PRI-.
Es natural a los partidos que estos obedezcan a diversos intereses o ideologías. Lo antinatural es que representen todos o algunos de ellos lo mismo, porque en una democracia el distintivo es la competencia electoral, o sea, la disputa por el poder, mediante una oferta variada al electorado.
Cuando esa oferta se elimina o acaba, la competencia electoral se convierte en una farsa, eliminándose el juego democrático. Esa oferta puede ser manipulada no solo empatando los intereses o ideologías, sino recluyéndolas en el baúl de los recuerdos, y recurriendo al más puro pragmatismo para obtener el poder con el único afán de su ejercicio, en busca de eliminar a los contrincantes electorales.
Hay partidos que entre sí tienen diferencias pequeñas en sus intereses o ideologías: pueden enarbolar un mismo esquema económico, político y social. Por lo tanto, cuando se unen para competir es muy difícil que la sociedad se diga engañada, porque al final de cuentas, son tantas las similitudes que se encuentra un tanto natural que caminen juntos en la justa electoral.
El problema es cuando las ideologías son tan distantes que mediante un simple pragmatismo los partidos se coaligan o unen en busca del poder, con una plataforma electoral que obedece exclusivamente a la administración con acento en un uso democrático, eficiente e incluyente del poder.
La cuestión es que desde la óptica de derecha, izquierda o centro, la acepción gobierno con esas características es distinta, y en no pocas ocasiones encontrada. Además, la experiencia indica que se gobierna y administra con los afines, en un sistema presidencial que abarca los esquemas estatales y municipales, y que requiere necesariamente unidad de mando y subordinación jerárquica desde la cúspide de la unidad administrativa.
¿Cómo evitar la parálisis en una administración donde los secretarios obedecen a una línea ideológica o de intereses distinta? Eso habrá que verlo en los gobiernos de Sinaloa, Oaxaca y Puebla, grandes laboratorios del ejercicio pragmático de gobierno.
Mientras la candidatura común es sumamente flexible en lo ideológico, la coalición cierra la plataforma al obligar a presentar una sola, por lo cual si la intención es meter al orden a los partidos políticos en sus ofertas al electorado, esta última parece la mejor solución.
Claro, la coalición presenta otro elemento de rigidez, que los partidos coaligados aparecen en un solo logotipo en las boletas electorales, en el sitio que ocupa el partido más antiguo, y no con todos sus logotipos, donde tienen la ventaja de la sumatorias de sus votos duros.
La coalición implica un mayor esfuerzo de difusión y convencimiento, mientras la candidatura común es un esquema más cómodo.
La pregunta es si los ciudadanos merecen un mayor esfuerzo de los partidos en la contienda electoral o necesitan la reducción de candados, independientemente del factor real de poder que permite a las mayorías imponer legislaciones que permiten una mejor plataforma en la contienda.
Al final el argumento es válido: existiendo en el país diversos formatos de competencia, unos que permiten solo la coalición, otros una coalición matizada con elementos de candidatura común –como el sistema electoral federal- y unos más que contemplan solo la candidatura común, es bien difícil que la sala superior puede encontrar un elemento restrictivo de la contienda democrática en el Estado de México, a raíz de la reforma, sin aceptar la facultad legislativa autónoma de la esfera estatal en la materia, cumpliendo con los mínimos garantes de la equidad en la competencia electoral, como parece que está ocurriendo.
De fondo, claro, la competencia por el poder, el antecedente 2010, para brincar 2011 y posicionarse en 2012.
EN EL TABLERO…Mis más sinceras condolencias a la familia del señor ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, por su fallecimiento en días pasados…Conocí al maestro Gudiño hace algunos años, en 2004 para ser exactos, gracias a la intervención de la Doctora en Derecho y actual Consejera del IFE doña Macarita Elizondo Gasperín; me visitó en cabina en Radio Universidad para el programa de radio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua…De una charla amable y profunda, conversamos acerca de todo y de nada…Descanse en paz…

¿Cuál favor?

Las entrevistas de Don Mario Vázquez Raña a interlocutores de talla nacional e internacional son siempre interesantes. De hecho, la última vez que lo vi en sus oficinas en la ciudad de México, me hizo el favor de obsequiarme una edición especial de ellas. Se trata de varios compendios con decenas de charlas que retratan la situación de México y el mundo desde distintas ópticas, pero que en conjunto permiten formarse un criterio puntual tanto del acontecer actual como de sucesos históricos.
Pero además, las entrevistas permiten acentuar y enderezar la crítica. Generan material interesante. Precisamente, hace unos días se transcribe una conversación con el secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, quien afirma que la presencia de la policía federal y el ejército fue a petición del gobierno de Chihuahua, y que, siendo así, en el momento en que hubiera una solicitud en contrario, las fuerzas federales podían dejar de ayudar en las tareas que actualmente realizan.
La declaración periodística es asombrosa, no solo por el desparpajo con el cual se afirma, superficialmente, que la autoridad federal puede retirarse o acudir a atender delitos, que son de suyo federales, dependiendo de la solicitud de las entidades federativas –como si fuera discrecional y no una responsabilidad legal y constitucional-, sino porque deja entrever que la estancia de los cuerpos policiacos y militares obedece a restablecer la seguridad pública por delitos del orden común y no federal, cuando los primeros –en esta situación inédita- son consecuencia directa e inmediata de los segundos: son derivados del crimen organizado y no al revés.
Pareciera que delincuentes comunes tienen asolada a ciudad Juárez, y por ese motivo, han tenido que actuar miles de elementos policiacos federales e integrantes del ejército, asumiendo las labores de seguridad pública.
Los delitos como homicidio, secuestro, robo a mano armada y extorsión son cometidos en el marco de una diversificación del crimen organizado, paralelo a actividades de tráfico de drogas. Se ha documentado que como resultado del combate a la transportación y venta de drogas, los grupos armados de la delincuencia organizada han tenido que buscar vías alternas para acceder a recursos económicos.
Esa diversificación ha provocado una psicosis en la población, por la presencia de distintos grupos que se disputan la plaza, y que cometen delitos todos los días, -teniendo como víctimas por lo general inocentes- no solo en Juárez o Chihuahua, sino en el país entero, ante la incapacidad de la autoridad federal, única responsable desde el marco jurídico de combatir el fenómeno denominado crimen organizado.
¿Cómo pensar en que un homicidio doble es un asunto del fuero común cuando se utilizan armas largas de uso exclusivo del ejército?
La cuestión es que la autoridad federal prefiere cómodamente dejar la investigación, el arresto y el juicio en la autoridad local, hasta que en el expediente resulta que ¡oh!, hay conexidad con un delito federal y debe ser atraído, en el mejor de los casos, pero en el peor, se deja la carga de una indagatoria que sin la fuerza federal es probable que jamás encuentre un responsable.
Entonces, ¿es lógico que el secretario de seguridad diga que el problema es estatal y no federal? ¿Es aceptable que diga que en cualquier momento se retiran si la autoridad estatal así lo dispone? Por supuesto que no, no lo es. Hay un grave problema de seguridad competencia de la federación, y al ser así, es obligación y no facultad discrecional intervenir.
En ese sentido, el gobierno federal no le hace un favor a las entidades federativas al atender lo que es su obligación, por más que ese sea el discurso cotidiano.

Un paradigma del periodismo

En el argot periodístico se acuñan frases que trascienden y permanecen, convirtiéndose en normas pétreas de la actividad profesional.
Una de ellas tiene que ver con el dicho “Perro no come carne de perro”, a través de la cual se trata de expresar, como regla ética no escrita, que los periodistas no deben hablar mal de ellos, no solo en sus diálogos cotidianos, sino en la información difundida.
Paradigma del periodismo moderno, que sin duda debe ser superado, bajo una visión en la cual todos los actores sociales y políticos de una comunidad, deben ser sujetos a los controles formales e informales de poder.
Probablemente no en la medida de “cuarto poder” –acepción pretenciosa desde el punto de vista formal- pero sí en la consideración del poder fáctico que despliega el periodismo, éste debe quedar sujeto a límites jurídicos y éticos: los primeros, en el marco de legalidad mínima a la cual los ciudadanos estamos obligados, en un concierto ideal de relaciones armónicas.
Sujeción jurídica que, en el caso particular del periodismo, debe privilegiar la máxima libertad de informar, en todas las partes del proceso: buscar, publicar y distribuir información, que controla el uso del poder, privilegiando valores comunitarios de equidad, solidaridad, subsidariedad, legalidad, justicia, etcétera.
En este sentido, llama la atención la decisión de la Corte de otorgar amparo a una colega por el daño moral provocado por una noticia publicada en un periódico tabasqueño, el Novedades, uno de los diarios importantes del Municipio de Centro.
En este sentido, surgen interrogantes que debemos plantearnos de una manera autocrítica.
¿Hasta dónde los periodistas son considerados personas de interés público, en razón de la importancia de su función, y hasta donde debe existir una disminución en la protección de su esfera personal y por tanto, un mayor escrutinio público de su actividad? Esto es, ¿hasta dónde el periodista tiene una superlativa responsabilidad frente a la comunidad, para la cual escribe y emite juicios, y ante la cual, por lo tanto, debe mostrarse transparente y estar disponible al juicio mismo de sus colegas?
¿Es el periodista un actor político en el sentido más amplio de la palabra, porque realiza una función clave y pilar en una democracia, de altísimo riesgo y trascendencia –pregunto-, que obliga a un deber estadual de protegerlo, pero que a la par, implica obligaciones éticas y jurídicas de control social del poder que ejerce a través de la comunicación?
¿No debe ser también el periodista controlado por el mismo periodismo, un periodismo que goza de permisividad en el análisis de la información, basados en que ésta es un bien de dominio público, permitiéndosele, en ese marco, hacer inferencias y juicios de valor?
Al otorgar la Corte el amparo, ¿no está violentando el derecho amplísimo de la sociedad a recibir información y el derecho del mencionado periódico a difundir la misma, aún con sus excesos, atendiendo que el periodismo no puede ser ajeno al autocontrol por parte del mismo?
Se trata de un asunto harto delicado, donde se deben encontrar los equilibrios. Es obvio, el periodista debe ser sujeto de control por el mismo periodismo, bajo los mismos cuidados éticos en el manejo de la información, que el que se tiene con cualquier persona: una información responsable, objetiva, veraz, pero sobre todo, pensando que, en una era de abundante e inútil información, lo que digamos construya y aliente a construir una mejor sociedad: un periodismo que se erija en una herramienta útil de control del poder, con la limitación universal del respeto a la persona, a su dignidad.
EN EL TABLERO… La Cátedra de Periodismo Científico y Medio Ambiente del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, de la UPEC, la UNESCO y el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba, está convocando al Seminario Regional Periodismo; Medio Ambiente y desarrollo, a celebrarse en La Habana entre el 22 y 24 de noviembre de 2010…Rebeca Cabrales, titular de relaciones públicas del Instituto, es la responsable, en el correo electrónico eventos@prensaip.co.cu...

Responsabilidad de nadie

Existe una tendencia en los gobiernos democráticos para que el poder legislativo nombre o en su caso, ratifique las designaciones en ciertas carteras de las administraciones federales y estatales.
Se busca colmar con esta intervención del legislativo dos propósitos: por un lado, que la designación recaiga en el mejor perfil de las personas propuestas, y segundo, que los legisladores asuman una especie de corresponsabilidad en el desarrollo de funciones por parte del funcionario público.
En el primero de los casos, efectivamente la discusión plural en los Congresos permite someter a un mayor examen las designaciones de ciertos funcionarios públicos, como es el caso, en el ámbito federal, del procurador o del secretario de relaciones exteriores. Los representantes populares, desde su óptica, señalan deficiencias en unos y otros, en busca del mejor perfil.
Sin embargo, es conocido que las designaciones se convierten en una discusión interminable, toda vez que la votación debe asumirse al final por una determinada mayoría, simple o calificada, para tomar la decisión, en el marco de una negociación entre las fuerzas políticas necesarias para llegar al número de votos requerido. Al final, hay una negociación política de fondo en la designación.
Por otro lado, se afirma que con la designación se impulsa la corresponsabilidad de los legisladores en el nombramiento, ya que al participar en la deliberación y discusión de los perfiles y avalar la designación, se asume una porción de la responsabilidad ejecutiva. Empero esto difícilmente ocurre. Las fracciones parlamentarias de oposición asumen una posición de crítica hacia el servidor público designado, partiendo de la base de que forma parte de un proyecto político concretizado en una administración dirigida por un signo partidista diferente.
Se podrá o no estar de acuerdo con estas afirmaciones. Lo cierto es que el titular del ejecutivo responde políticamente por la administración pública estatal, de la cual forma parte la procuración de justicia.
En ese sentido, compartir la responsabilidad de la ratificación del nombramiento parece ser una fórmula adecuada y realista, como ocurrirá con la figura recién creada de la Fiscalía General del Estado, que asume las funciones de la procuraduría y de la policía estatal preventiva.
El esquema de ratificación cumplirá con el propósito de discutir en el seno del Congreso el perfil de la propuesta, sometiendo a la persona a un escrutinio público necesario en la administración pública, pero dejando en el titular del ejecutivo la responsabilidad de dar resultados a través de sus funcionarios.
Recordemos que responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie: el esquema de distribución de competencias, si bien no debe ser rígido, en busca de los contrapesos necesarios, como es el caso de la intervención legislativa para ratificar nombramientos, si debe acentuar la línea central de la función de cada órgano, que en el caso del ejecutivo, es gobernar materialmente, y sobre todo, dar resultados en ese sentido.
EN EL TABLERO…La organización Comunicadores de Baja California realizará el Foro “Los Periodistas y los Derechos Humanos, con participación relevante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos…El evento tendrá lugar a las nueve de la mañana el próximo jueves 30 de septiembre, con la asistencia importante de las asociaciones de Mexicali, Ensenada, Rosarito y Tijuana…Felicidades a Juanita Jiménez, Presidenta y Manuel Suárez, Vicepresidente…

Sanciones ejemplares

El agravamiento de penas es un instrumento para disuadir la comisión de delitos específicos en aquellos casos en que, por la naturaleza de las víctimas, genera mayor escozor y gran indignación social, por vulnerar valores esenciales de la comunidad.
Un ejemplo de ello son los delitos cometidos en contra de los periodistas, partiendo de la base de que éstos constituyen un instrumento social de control del poder institucionalizado o público y del poder factico, pieza fundamental del sistema democrático.
Sin un periodismo crítico y plural es más común que se presenten abusos por parte de dichos poderes, bajo el amparo del silencio y la secrecía: la oscuridad oculta el dispendio de recursos o su hurto, la connivencia con el crimen o la participación directa en él.
Por ese motivo, el legislador considera que al atentarse contra los trabajadores de la pluma y la libreta se lesiona gravemente al Estado Mexicano, por lo cual es necesario enviar un mensaje claro que cualquier delito contra periodistas será severamente castigado, más allá de la sanción descrita en concreto para las conductas antisociales.
En Chihuahua, los diputados, sin distingo de partido, votaron unánimemente por elevar hasta a cincuenta años la prisión en contra de quien cometa homicidio o lesiones calificadas en perjuicio de periodistas, empleados o titulares de medios de comunicación, con motivo y en ejercicio de su actividad periodística, reformando el artículo 136 del código penal.
Dice el diputado Fernando Rodríguez Moreno, en su iniciativa, que “la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental inherente a las personas, consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Magna”.
“Lamentablemente –señala el también líder de la fracción parlamentaria del PRI- el libre desarrollo de la profesión periodística se ha visto afectado por la ola de violencia y criminalidad que se vive en el país, las cuales ponen en riesgo la vida e integridad de quienes cumplen con su deber de informar”.
“La agresión contra periodistas ha aumentado en los últimos años, incluso en voz de este gremio – puntualiza el legislador- México es considerado el país más peligroso del Continente Americano para ejercer el periodismo, debido al número de muertes violentas de comunicadores que se han registrado en Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Durango, Michoacán, y Coahuila”.
Dos elementos son relevantes y deben destacarse de la recién aprobada reforma al Código Penal: por un lado la atinada decisión de incluir en la protección punitiva a los empleados de los medios de comunicación, así en términos generales, con lo cual se protegen, incluso, las labores administrativas como posibilidad de presión o daño directo a la actividad periodística, como ha ocurrido con el ataque a compañeros voceadores en diversos rincones del país.
En este sentido, el otro aspecto relevante es el que tiene que ver con la descripción del móvil del ataque: con motivo y en ejercicio de la actividad periodística.
¿Por qué debe destacarse esta fórmula?
Porque la actividad periodística, descrita de una manera amplia y no restrictiva, es toda participación, directa o indirecta, en los procesos informativos: recabar, publicar y difundir información. De esta manera, cualquier empleado de medio de comunicación tiene vinculo con la actividad periodística y por ese motivo, al ser blanco de ataques, el ministerio público tiene la obligación, en principio, de abrir un canal de investigación en relación con la materia, para no descartar como móvil una acción tendiente a socavar las libertades de prensa y expresión.
Por cierto, el nombre de Fernando Rodríguez Moreno aparece en el periódico oficial del Estado, publicado éste miércoles, como representante del Poder Legislativo, en el anexo especial que contiene el Sistema Integral de Protección a Periodistas del Estado de Chihuahua. Congruente con su forma de pensar, impulsa esta nueva iniciativa que agrava penas para sancionar a los agresores de periodistas, cerrando una pinza normativa protectora importante.
EN EL TABLERO…Teodoro Rentería Arroyave, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodista y fundador de la FAPERMEX, tiene una apretada agenda de presentación de su libro “Mi vida son mis amigos: la historia de los noticiarios en México”, en los Estados de Hidalgo y Campeche, ésta y la siguiente semana…Felicidades al amigo…

Insurgencia y crimen

Las expresiones de Hillary Clinton son desafortunadas, cuando utiliza la expresión “insurgencia” para catalogar las acciones del crimen organizado en el territorio nacional.
No existe ninguna similitud.
Una acción ideológica plantea el uso de las armas para propiciar la reforma del Status Quo, promoviendo una revolución, bajo premisas como mayor igualdad, una mejor distribución de la riqueza: esto es, valores que pretendan construir un nuevo orden, que en teoría, sea mejor que el anterior.
No existe, en principio, un interés pecuniario, de lucro, de ventaja económica, aunque al final de cuentas esto pudiese provocarse como consecuencia de la revolución efectuada.
Un movimiento insurgente no utiliza la extorsión, el robo a mano armada, el narcotráfico, la prostitución, el contrabando, las acciones ilícitas para proveerse de recursos económicos, aunque haya excepciones en el mundo de guerrillas revolucionarias distorsionadas: el crimen organizado no busca derrocar a un gobierno, busca doblarlo, corrompiéndolo, para realizar su negocio: irónicamente el crimen requiere de un orden social democrático, de amplias libertades.
Un movimiento revolucionario auténtico procura atraerse la base social, no su repudio, porque sabe que tarde que temprano deberá acudir a ella para conseguir el cambio deseado en la estructura de poder.
Además, en la insurgencia como guerrilla existen mandos jerárquicos establecidos, en el crimen organizado éstos se pulverizan de acuerdo al surgimiento de grupos que pelean las plazas, en virtud del poder económico que despliegan, y que les permiten independizarse de sus matrices: mientras en uno la ideología provoca cohesión, en los otros la acumulación del dinero genera división.
Una cosa es cierta: en uno y en otro la utilización del terrorismo jamás se justifica, porque implica el uso del terror como presión, siempre e invariablemente con víctimas por cuenta de la sociedad.
Pero de eso a considerar que México vive una insurgencia, es llana ignorancia, no solo de la situación prevaleciente, sino de la naturaleza de la insurgencia y el crimen organizado: en México no hay guerra, ni siquiera de guerrillas: no hay combatientes, solo integrantes del crimen organizado y policías, aunque, para infortunio de todos, en ocasiones la línea entre ambos sea tan tenue.
EN EL TABLERO….La unidad del gremio periodístico es fundamental para enfrentar los retos de una violencia exacerbada, deterioro de protección social y carencia de suficientes programas institucionales que estimulen y alienten el desarrollo profesional…Esa unidad debe darse a través de las organizaciones periodísticas, que a nivel nacional, encuentran en nuestra querida Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, su principal expresión, bajo la dirigencia de la brillante y reconocida colega Hilda Luisa Valdemar y Lima, que inaugura la nueva página web de nuestra organización, en la dirección www.fapermex.mx...Felicitaciones y enhorabuena, a sumarnos al esfuerzo enviando colaboraciones al correo electrónico boletin@fapermex.mx, espacio privilegiado para hacer sentir nuestra voz…Felicidades Señora Presidenta…

De fueros a fueros

Sabe la Corte que no es sencillo resolver la recomendación enviada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el fondo, la solución fácil es atender a pie juntillas la resolución; la difícil es encontrar una respuesta armónica al sistema de competencias establecido históricamente.
Como se sabe, la CIDH consideró que los militares que violenten derechos humanos deben ser procesados de acuerdo al orden penal civil y no bajo un procedimiento de la justicia militar.
La lógica internacional es la máxima protección a los derechos humanos de los civiles, como un freno necesario a la fuerza del Estado, expresada en su máxima posibilidad a través del ejército.
Se parte de la posibilidad de que el fuero militar proteja a sus integrantes con penas que no sean proporcionales a sus faltas, esto es, que se privilegie la impunidad en el caso de abusos contra civiles.
Es cierto. Eso es posible y probablemente ha ocurrido. Sin embargo la premisa parte de una posibilidad de la cual no es ajeno el fuero civil. Uno de los más graves problemas de la justicia penal es la ausencia de castigo a los responsables de incurrir en conductas antijurídicas llamadas comúnmente delitos.
¿Cómo entonces eliminar la posibilidad de impunidad cuando el fuero civil está contaminado de los mismos vicios que se acusan al fuero militar: corrupción, opacidad, falta de preparación, mala integración de los expedientes, etcétera, etcétera, etcétera?
La solución no está en la vía utilizada para procesar judicialmente a una persona, sino en atender el apego fiel al procedimiento, comprobado a través de la transparencia del mismo, antes, durante y después a la emisión de la resolución.
Pero además hay que atender que las condiciones bajo las que se actúa no son las mismas en el fuero civil que en el militar, porque de ser así ¿debe juzgarse a un criminal que asesina a un militar bajo el fuero de éste último, cuando actúo como civil y no como miembro del ejército?
Una cosa más, un militar como un policía civil, atiende a una formación específica y a un orden jurídico delimitado que establece su radio de acción: en sus peculiaridades son distintos, pero en general atienden al principio de protección a los derechos humanos, los cuales no pueden ser vulnerados bajo el pretexto de proteger intereses de la colectividad.
Un militar que abusa debe ser juzgado y castigado. La resolución debe ser pública. La sanción debe ser ejemplar y proporcional, apegada estrictamente a la norma.
No existe ningún fundamento para violentar derechos humanos con el pretexto de salvaguardar la seguridad pública o la soberanía nacional, pero tampoco, bajo este concepto fundamental internacional puede estirarse la liga y romper el estricto principio constitucional de órdenes de actuación de la milicia y el orden civil.

Apología criminal

La prostitución es uno de los grandes negocios del crimen organizado en el mundo, con la diversificación de actividades tras el estrangulamiento del narcotráfico a través de la vigilancia policial y financiera, que en diversos grados de efectividad se despliega en los diversos países.
El combate al trato de blancas, como se le llama en el argot periodístico al tráfico sexual, debe ser prioridad de los Estados nacionales y no dejarse como una materia de combate a nivel local o regional, precisamente por la intervención organizada de la delincuencia en su despliegue.
Ya no estamos frente al tráfico sexual del individuo que explota a una o varias mujeres, sino de una actividad estructurada como una auténtica organización, que prevé desde las instalaciones físicas, comunicaciones, cartera de clientes, negocios adyacentes, etc., por medio de cual se consiguen grandes ganancias.
Inclusive, la actividad utiliza a los medios de comunicación masiva para promover sus servicios. Televisa hoy dedicó grandes espacios en cadena nacional a insistir sobre la incongruencia de grandes cadenas periodísticas, que por un lado denuncian la prostitución y la ausencia de valores, como el respeto a la dignidad humana, y por el otro dedican grandes cantidades de planas donde promueven el comercio sexual.
El periodismo amarillista encuentra en la prostitución, casas de masajes y casas de juego, la ocasión de obtener ingresos. Pero no es la única forma de hacerlo: la otra es comerciar con la foto de horror en primeras planas, donde a color se presentan los crímenes diarios de una ola inédita de violencia que convulsiona a nuestro país.
Es cierto: pretender la censura previa o posterior a la publicación de información, con el fin de prohibir la difusión de información que constituya apología al delito, como es la prostitución, o bien, la publicación de crímenes que por lo regular son mensajes de grupos de la delincuencia organizada, puede constituir una violación a la libertad de expresión y del ejercicio periodístico libre.
El problema estriba en que el público lector busca saciar el morbo adquiriendo dichas publicaciones y creando un mercado comercial apetecible. Si no hubiese público lector, comprador de las publicaciones, no existirían éstas.
Ahora bien, el papel del periodismo en una sociedad democrática debe alentar el control de los abusos de poder y la libre circulación de la información, incluyendo toda clase de pensamientos. Bajo ese esquema no es posible regular a los medios. Incluso, debe aceptarse, que es preferible que se cometan abusos.
La solución es la autoregulación: que desde el punto de vista ético los medios de comunicación reflexionemos acerca del papel que desempeñamos en la formación de opinión pública y en la construcción de valores comunitarios, como la dignidad, la igualdad, la colaboración, la solidaridad, la humanidad: promover la prostitución, es obvio, no encaja en ninguno de esos valores. Al final, en un esquema de libertad, la decisión es del periodista y del lector: el problema es que condenamos a niños, jóvenes y adultos a enfrentar un mundo hostil, violento y perverso, cuando carecen de los elementos mínimos de autodefensa: ellos caen inertes ante el bombardeo mediático y social.
¿Será que merecemos ese tipo de periodismo?
Me parece que no.

Una firma trascendente

Resulta trascendente para el periodismo la firma del decreto que obliga al cumplimiento del Sistema Integral de Protección a Periodistas, por parte de los titulares de los tres poderes del Estado de Chihuahua.
Es cierto: el sistema debe estar basado en la buena fe y en la voluntad política de los suscribientes, pero su instrumentación se fortalece a través de su publicación en el periódico oficial y la asunción inmediata de las autoridades en el Estado, de manera obligatoria, y como recomendación por parte de periodistas y medios.
Se abre un paréntesis de análisis en relación con el sistema chihuahua de protección a periodistas, en el ámbito nacional e internacional, por la capacidad de esfuerzo horizontal para construir un esquema democrático, pero sobre todo, que tropicaliza la experiencia en el mundo y la aplica a una situación peculiar de guerra como la que vive nuestra entidad y el país entero.
El sistema, también debe reconocerse, no es la solución mágica a la grave problemática de inseguridad, pero aporta herramientas de autoprotección para evitar, en lo humanamente posible, una nueva agresión.
Siguen dos acciones, en lo inmediato y en lo mediato: por un lado bajar la información a los colegas así como sensibilizar a los cuerpos policiacos acerca de la importancia de la actividad periodística, y por el otro, empujar desde chihuahua iniciativas similares a través de la Convención Nacional de Gobernadores.
Es trascendente la firma del Sistema, porque servirá de modelo a nivel nacional, no solo en las entidades, sino en el mismo gobierno federal y Comisión Nacional de Derechos Humanos, para enriquecer los trabajos técnicos que ya realizan en torno a la materia.
Pero además, es trascendente, porque trasciende administraciones al tener carácter de decreto administrativo que seguramente será ratificado al valorarse su origen consensuado y el valor de los principios ahí resguardados: ética, responsabilidad, compromiso social, verdad, objetividad, independencia, derecho a la información, derecho de la información, protección a las víctimas, autoprotección, corresponsabilidad en la recuperación de la tranquilidad, entre otros.
La trascendencia implica también una ratificación del valor ético del periodismo hacia la sociedad, en momentos en los cuales se encuentra trastornada por la ola de violencia inédita que sufre.
El periodismo, como se señala en el Sistema, tiene la posibilidad de incidir, en una sociedad para que recupere valores.
A eso le apostamos al final de cuentas en un ejercicio de corresponsabilidad: la autoridad ratifica la implementación de políticas públicas y el periodista asume con madurez acciones de auto-protección, que van desde el ejercicio ético hasta las medidas de cuidado antes, durante y después de cubrir información de alto riesgo.

Voluntad y aplicación para la protección de periodistas

Es cierto lo que sostiene el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendáriz. La letra del Sistema Integral de Protección a Periodistas del Estado de Chihuahua requiere voluntad y aplicación.
Las acciones, cualesquiera que sean, jamás habrán de realizarse si hay inexistencia del impulso inicial. Ese impulso habrá de mover la voluntad para construir, edificar, con base en un concepto, una actividad, que estamos seguros será de beneficio para la colectividad, además de cumplir con el objetivo directo de prevenir, en lo humanamente posible, más atentados y agresiones contra colegas periodistas.
En Chihuahua el impulso unificador aconteció de manera natural desde la indignación por la muerte del compañero periodista Guillermo Alcaraz. Una marcha con pancartas que deviene en una mesa redonda con el gobernador Reyes Baeza y posteriormente, la instrumentación de un mecanismo horizontal de planeación y acuerdos.
La voluntad para que trascienda requiere plasmarse en documentos con cierta permanencia y oficialidad. Esto ocurrirá el próximo lunes, cuando en una mesa amplia, organizaciones de comunicadores y medios de comunicación, rubricarán, junto a los titulares de los tres poderes del Estado, un acuerdo de protección a los periodistas, que tiene como base el Sistema Integral.
Un Sistema en el cual se garantizan políticas públicas de máxima apertura y protección al quehacer periodístico por parte de las autoridades estatales, estableciendo un mecanismo cautelar, sin requisitos previos, de salvaguarda a la integridad de colegas amenazados y donde, en corresponsabilidad, el periodista asume compromisos éticos en la búsqueda y publicación de información.
En resumen, de la voluntad a la acción, un acuerdo donde el periodista le dice a la sociedad que será veraz y objetivo, oportuno, en el dato, y donde el Estado asume el compromiso de evitar agresiones y propiciar el mayor flujo de información.
Es cierto: hay una colisión de derechos: ¿hasta dónde se coarta la libertad de expresión del periodista si se le impide tomar imágenes de crímenes y publicarlas, y, hasta donde, por el contrario, se vulneran los derechos de las víctimas al utilizar imágenes de sus cuerpos y publicarlas en medios de difusión?
También, ¿en qué momento la autoridad pone en riesgo a los elementos policiacos o a la sociedad misma con la divulgación de cierta información? y, al revés, ¿cuándo estamos frente a un acto de manipulación de datos con fines políticos?
Estos límites se establecen en los periodistas en el carácter ético de su desempeño, y en la autoridad, en la ley.
Por eso es necesario un paso más allá de la voluntad, como lo demuestra la próxima semana la publicación en periódico oficial del Sistema Integral de Protección a Periodistas, firmado por los tres poderes del Estado y las organizaciones periodísticas.
Manifestada la voluntad y hecho oficial a través de su publicación, solo restará aplicarlo, en una suerte de compromiso social que todos debemos asumir.