Uno de los grandes pendientes del 2009 es sin duda el combate al crimen organizado, pese a la espectacularidad de los operativos del mes de diciembre.
La cuestión de fondo es que la coordinación con los Estados Unidos parece no dar los resultados esperados en materia de estrangulamiento de las finanzas de dichos grupos.
Mientras el gobierno mexicano continúa con una política de presencia militar en las calles y apenas se vislumbran aspectos positivos de inteligencia en la persecución de cabecillas, la unión americana parece más preocupada por revisar el funcionamiento de los recursos enviados mediante la operación Mérida, que en profundizar la colaboración de investigación bursátil y bancaria, y detener el criminal trasiego de armas.
Se anticipa la instalación de una oficina que daría seguimiento a los recursos autorizados en el marco de la colaboración binacional, cuando lo que se requiere es una unidad integrada por ambos países que profundice el seguimiento de recursos económicos y su flujo, como una vía para detener el poderío del crimen organizado.
Es obvio que ambas naciones trabajan en dicha tarea, la cuestión es hasta donde realmente ha funcionado. También es lógico que existan otras prioridades.
Para los Estados Unidos surge una nueva preocupación con las acciones terroristas de Al Qaeda y el regreso de las revisiones exhaustivas en vuelos desde instalaciones aeroportuarias mexicanas.
Este nuevo ingrediente coloca de nueva cuenta la coyuntura en el primer plano y no las acciones de largo plazo y definitivas en el combate a la criminalidad organizada.
Nadie en su sano juicio, conociendo que el crimen adopta caracteres multinacionales, estaría en desacuerdo en una colaboración con los Estados Unidos, la cuestión es el cariz que esta adopta: ¿auditoria en el uso de recursos –por cierto insuficientes- autorizados por el Congreso Norteamericano?, o una auténtica colaboración entre pares, donde no solo exista realmente información de inteligencia financiera, compartida y trabajada al más alto nivel, pese a la existente desconfianza, sino que el vecino del norte por fin decida cerrar la frontera al tráfico de armas, un frente indispensable y elemental para que México supere la situación de alta violencia que vive.
martes, 29 de diciembre de 2009
martes, 15 de diciembre de 2009
Bonitas declaraciones
El flamante gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, se estrenó con declaraciones que confirman el papel que habrá de desempeñar al frente de tan importante función.
Las afirmaciones apuntan, textual, que “sin menoscabo de sus funciones en política monetaria y sin poner en riesgo su autonomía, el Banco de México debe sumarse de forma decidida al desarrollo económico del país a través de una mayor coordinación y colaboración con la Secretaría de Hacienda, aprovechando al máximo las instancias que a propósito prevé la propia ley del instituto central”.
Porque, dice, desde su perspectiva, “el hecho de que el Banco se sume de forma decidida al desarrollo financiero nacional es imperativo porque en su situación actual es como un avión de cuatro motores”.
¿A qué se refiere el señor gobernador del Banco de México?, nos preguntamos todos los mexicanos, porque en ningún momento aclaró cómo desarrollar esa coordinación con la secretaria de hacienda sin menoscabo de su autonomía.
Pero además, parece que el señor gobernador carece de memoria histórica, porque el banco de México ha sufrido una evolución que le ha permitido estar al resguardo de los intereses políticos coyunturales del jefe del ejecutivo en turno. Se le podrán criticar muchos desplantes a Guillermo Ortiz, pero su independencia es uno de los elementos que generaron confianza a nivel internacional.
Ahora, de un plumazo, de facto, Carstens abandona el papel autónomo del banco central para ubicarse, una vez más, como ocurrió muchas veces en el pasado, en la nómina de oficinas, dependencias, simples estanquillos del poder ejecutivo federal.
El problema central entre Guillermo Ortiz, recordemos, fue precisamente lo que Calderón denominó falta de coordinación, pero que en términos llanos se refiere a la ausencia de sumisión del Banco de México a las políticas económicas y financieras de su gobierno.
Es cierto, los bancos centrales juegan un papel clave en el desarrollo de los modernos estados, pero no en el papel simplón del órgano irresponsable y benefactor de la economía, que imprime circulante sin ton ni son, provocando severas crisis económicas.
Tampoco es su papel modificar la estrategia en materia de tasas de interés, solo por el interés político del momento, porque a alguien se le ocurre que esa podría ser una estrategia para impulsar el desarrollo.
Las decisiones del Banco Central deben estar basadas en estudios objetivos, sin populismo, porque en sus manos se encuentra la estabilidad económica del país. Ojalá Don Agustín Carstens piense de esta manera.
Las afirmaciones apuntan, textual, que “sin menoscabo de sus funciones en política monetaria y sin poner en riesgo su autonomía, el Banco de México debe sumarse de forma decidida al desarrollo económico del país a través de una mayor coordinación y colaboración con la Secretaría de Hacienda, aprovechando al máximo las instancias que a propósito prevé la propia ley del instituto central”.
Porque, dice, desde su perspectiva, “el hecho de que el Banco se sume de forma decidida al desarrollo financiero nacional es imperativo porque en su situación actual es como un avión de cuatro motores”.
¿A qué se refiere el señor gobernador del Banco de México?, nos preguntamos todos los mexicanos, porque en ningún momento aclaró cómo desarrollar esa coordinación con la secretaria de hacienda sin menoscabo de su autonomía.
Pero además, parece que el señor gobernador carece de memoria histórica, porque el banco de México ha sufrido una evolución que le ha permitido estar al resguardo de los intereses políticos coyunturales del jefe del ejecutivo en turno. Se le podrán criticar muchos desplantes a Guillermo Ortiz, pero su independencia es uno de los elementos que generaron confianza a nivel internacional.
Ahora, de un plumazo, de facto, Carstens abandona el papel autónomo del banco central para ubicarse, una vez más, como ocurrió muchas veces en el pasado, en la nómina de oficinas, dependencias, simples estanquillos del poder ejecutivo federal.
El problema central entre Guillermo Ortiz, recordemos, fue precisamente lo que Calderón denominó falta de coordinación, pero que en términos llanos se refiere a la ausencia de sumisión del Banco de México a las políticas económicas y financieras de su gobierno.
Es cierto, los bancos centrales juegan un papel clave en el desarrollo de los modernos estados, pero no en el papel simplón del órgano irresponsable y benefactor de la economía, que imprime circulante sin ton ni son, provocando severas crisis económicas.
Tampoco es su papel modificar la estrategia en materia de tasas de interés, solo por el interés político del momento, porque a alguien se le ocurre que esa podría ser una estrategia para impulsar el desarrollo.
Las decisiones del Banco Central deben estar basadas en estudios objetivos, sin populismo, porque en sus manos se encuentra la estabilidad económica del país. Ojalá Don Agustín Carstens piense de esta manera.
lunes, 14 de diciembre de 2009
Centralismo y endeudamiento
Los gobiernos centralistas siempre buscan ejercer el monopolio presupuestal, bajo la base, indudable, de que el manejo de los recursos públicos significa la posibilidad real de ejercer el poder.
Al contrario, los gobiernos federalistas, esto es, sustentados en una distribución de competencias hacia las entidades y municipios, buscan liberar recursos para un ejercicio plural y democrático, en busca de una mayor permeabilidad presupuestal.
Los estados navegan muchas veces bajo la bandera federalista, pero se comportan como administraciones centralistas.
Tal es el caso del sistema mexicano.
Para Chihuahua, en el presupuesto 2010, hay una baja sensible de participaciones federales, lo cual provocó una reducción del uno por ciento en el gasto público del año próximo.
No es el único caso a nivel nacional. Otras entidades sufren los estragos de la crisis económica provocados por el contexto internacional, por un lado, y por el otro, por las decisiones inadecuadas del pasado inmediato que derrocharon los ingresos petroleros en forma inexplicable.
Ante esta situación, las entidades federativas deben hacer esfuerzos de administración, para sostener las políticas de obra pública y los beneficios sociales a la población, así como acentuar las acciones en materia de seguridad.
Dos son los mecanismos que tienen las entidades federativas como chihuahua para hacer frente a la situación, el crédito y los impuestos.
Una política sana, pero además de compromiso social, privilegia el empréstito por encima del alza en contribuciones, las cuales deben moverse en forma prudente. Debe existir un equilibrio en la aplicación de ambos mecanismos.
Un crédito blando, manejable, razonable, parece una buena medida para impulsar la obra pública. Esta deberá ser una de las bases que el congreso del estado de chihuahua deberá atender al discutir la propuesta de deuda por dos mil quinientos millones de pesos solicitada por la administración estatal, el otro, por supuesto, su destino, en busca del mayor crecimiento y beneficio social de los habitantes.
Al contrario, los gobiernos federalistas, esto es, sustentados en una distribución de competencias hacia las entidades y municipios, buscan liberar recursos para un ejercicio plural y democrático, en busca de una mayor permeabilidad presupuestal.
Los estados navegan muchas veces bajo la bandera federalista, pero se comportan como administraciones centralistas.
Tal es el caso del sistema mexicano.
Para Chihuahua, en el presupuesto 2010, hay una baja sensible de participaciones federales, lo cual provocó una reducción del uno por ciento en el gasto público del año próximo.
No es el único caso a nivel nacional. Otras entidades sufren los estragos de la crisis económica provocados por el contexto internacional, por un lado, y por el otro, por las decisiones inadecuadas del pasado inmediato que derrocharon los ingresos petroleros en forma inexplicable.
Ante esta situación, las entidades federativas deben hacer esfuerzos de administración, para sostener las políticas de obra pública y los beneficios sociales a la población, así como acentuar las acciones en materia de seguridad.
Dos son los mecanismos que tienen las entidades federativas como chihuahua para hacer frente a la situación, el crédito y los impuestos.
Una política sana, pero además de compromiso social, privilegia el empréstito por encima del alza en contribuciones, las cuales deben moverse en forma prudente. Debe existir un equilibrio en la aplicación de ambos mecanismos.
Un crédito blando, manejable, razonable, parece una buena medida para impulsar la obra pública. Esta deberá ser una de las bases que el congreso del estado de chihuahua deberá atender al discutir la propuesta de deuda por dos mil quinientos millones de pesos solicitada por la administración estatal, el otro, por supuesto, su destino, en busca del mayor crecimiento y beneficio social de los habitantes.
martes, 8 de diciembre de 2009
Las prisas del ayuntamiento
El presupuesto es un instrumento del sector público para eficientar el gasto y orientarlo a la consecución de los objetivos programáticos establecidos.
Esto es, no solo es suficiente hacer un uso racional, sin exceso, del gasto público, sino que además es necesario, que desde su base, el gasto se encuentre sustentado en líneas generales y particulares de gasto, con base en una planeación que defina con claridad y sencillez programas, y éstos a su vez, se encuentren sujetos a actividades y acciones.
Se trata más que todo de evitar la discrecionalidad en el gasto, y con ella, las decisiones atropelladas y coyunturales, que propician la anarquía en el gasto, instrumento perverso de algunos servidores públicos para cometer peculado, en el estricto sentido, utilizar de manera patrimonialista el recurso público, o bien, incurrir en el peculado electoral, distrayendo el erario para construir candidaturas y proyectos políticos.
Las entidades públicas, aún con la autorización del presupuesto, carecen de la posibilidad de auditarse por sí mismas, al menos en forma definitiva; lo hacen, pero en forma preventiva y correctiva, pero siempre existirá un órgano distinto que los revise y sancione, en la facultad de rendición de cuentas que camina hacia el perfeccionamiento de una auténtica autonomía constitucional.
Esa autorización presupuestal recae también en una diversa entidad. Tratándose de las autoridades municipales, es el cabildo quien revisa la pertinencia del gasto, el cual, pese a la deficiencia estructural básica de su conformación política, es un mecanismo de control.
El problema, como ocurre en el caso de Chihuahua, es que de manera deliberada se agotan los tiempos para provocar una revisión superficial del presupuesto, en busca de burlar la facultad legal y constitucional que tienen los regidores.
Como bien lo apunta Kenny Arroyo, el presidente municipal de chihuahua utiliza la dilación para evadir un mecanismo minucioso de evaluación de los programas para el próximo año, dentro de los cuales destacan las acciones de asistencia social y obra pública, que por ser año electoral, corren el riesgo de ser utilizados con ese objetivo.
Pero además, el ayuntamiento debe programar en forma responsable el pago de la deuda que se contrajo en esta administración y que rebasa los cien millones de pesos, y por supuesto, verificar con lupa los recursos destinados al área de seguridad pública, que de por sí son insuficientes, debe verificarse su programación.
La ausencia de un tiempo razonable hace que esta facultad revisora del cabildo se transforme en simulación. Ojalá no ocurra así.
Esto es, no solo es suficiente hacer un uso racional, sin exceso, del gasto público, sino que además es necesario, que desde su base, el gasto se encuentre sustentado en líneas generales y particulares de gasto, con base en una planeación que defina con claridad y sencillez programas, y éstos a su vez, se encuentren sujetos a actividades y acciones.
Se trata más que todo de evitar la discrecionalidad en el gasto, y con ella, las decisiones atropelladas y coyunturales, que propician la anarquía en el gasto, instrumento perverso de algunos servidores públicos para cometer peculado, en el estricto sentido, utilizar de manera patrimonialista el recurso público, o bien, incurrir en el peculado electoral, distrayendo el erario para construir candidaturas y proyectos políticos.
Las entidades públicas, aún con la autorización del presupuesto, carecen de la posibilidad de auditarse por sí mismas, al menos en forma definitiva; lo hacen, pero en forma preventiva y correctiva, pero siempre existirá un órgano distinto que los revise y sancione, en la facultad de rendición de cuentas que camina hacia el perfeccionamiento de una auténtica autonomía constitucional.
Esa autorización presupuestal recae también en una diversa entidad. Tratándose de las autoridades municipales, es el cabildo quien revisa la pertinencia del gasto, el cual, pese a la deficiencia estructural básica de su conformación política, es un mecanismo de control.
El problema, como ocurre en el caso de Chihuahua, es que de manera deliberada se agotan los tiempos para provocar una revisión superficial del presupuesto, en busca de burlar la facultad legal y constitucional que tienen los regidores.
Como bien lo apunta Kenny Arroyo, el presidente municipal de chihuahua utiliza la dilación para evadir un mecanismo minucioso de evaluación de los programas para el próximo año, dentro de los cuales destacan las acciones de asistencia social y obra pública, que por ser año electoral, corren el riesgo de ser utilizados con ese objetivo.
Pero además, el ayuntamiento debe programar en forma responsable el pago de la deuda que se contrajo en esta administración y que rebasa los cien millones de pesos, y por supuesto, verificar con lupa los recursos destinados al área de seguridad pública, que de por sí son insuficientes, debe verificarse su programación.
La ausencia de un tiempo razonable hace que esta facultad revisora del cabildo se transforme en simulación. Ojalá no ocurra así.
jueves, 3 de diciembre de 2009
Transparencia y demagogia
La transparencia es considerada como un elemento consustancial a la democracia, en función de que, aunada a la rendición de cuentas institucional, constituye la auditoria ciudadana, popular, de la información de interés público.
El nivel de transparencia constituye uno de los indicadores para considerar sí efectivamente nos encontramos frente a la existencia de un estado democrático.
Desafortunadamente, la transparencia es, por un lado, un elemento demagógico y de simulación, y por el otro, una simple nulidad.
Hay entidades federativas y ayuntamientos –sin descartar al ejecutivo federal, cuya estructura de rendición de cuentas deja mucho que desear- que navegan en la oscuridad de la información, e insisto, en la demagogia transparente.
Uno de estos casos es el ayuntamiento de Chihuahua, que presume de premios nacionales e internacionales, pero que en la realidad, se queda atrás de diversos órganos municipales que hacen esfuerzos por transparentar su vida interior.
Pero no es el único ayuntamiento que se encuentra en esta circunstancia.
De acuerdo a una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, los recursos públicos en manos de los más de 2 mil alcaldes del país se ejercen sin transparencia.
El informe, elaborado a partir del estudio a 373 municipios, que representan 80% del PIB nacional, 65% de la población y 65% del gasto municipal total, es demoledor.
Los resultados señalan que 100 de los ayuntamientos evaluados no cuentan con página de internet oficial, sólo 97 publican su presupuesto en la red, 89 no lo publican, 52 tienen una página que no funciona y sólo 35 ofrecen la opción de solicitar información pública.
No es Chihuahua uno de los municipios reconocidos en los primeros lugares, apenas se encuentra en el doceavo, incluso por debajo de Juárez; entre los primeros destacan Mexicali, La Paz, Atizapán y Tlaquepaque.
La transparencia constituye un logro de las diversas fuerzas políticas en pro de un mayor control del gasto. Es el paso inmediato anterior a una auténtica fiscalización, con un órgano autónomo, independiente de los poderes de gobierno.
Por lo mismo, no debe ser utilizado como esquema demagógico electoral para posicionarse ante los ciudadanos, que tienen bien claro quién es quién en el manejo de la información.
El nivel de transparencia constituye uno de los indicadores para considerar sí efectivamente nos encontramos frente a la existencia de un estado democrático.
Desafortunadamente, la transparencia es, por un lado, un elemento demagógico y de simulación, y por el otro, una simple nulidad.
Hay entidades federativas y ayuntamientos –sin descartar al ejecutivo federal, cuya estructura de rendición de cuentas deja mucho que desear- que navegan en la oscuridad de la información, e insisto, en la demagogia transparente.
Uno de estos casos es el ayuntamiento de Chihuahua, que presume de premios nacionales e internacionales, pero que en la realidad, se queda atrás de diversos órganos municipales que hacen esfuerzos por transparentar su vida interior.
Pero no es el único ayuntamiento que se encuentra en esta circunstancia.
De acuerdo a una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, los recursos públicos en manos de los más de 2 mil alcaldes del país se ejercen sin transparencia.
El informe, elaborado a partir del estudio a 373 municipios, que representan 80% del PIB nacional, 65% de la población y 65% del gasto municipal total, es demoledor.
Los resultados señalan que 100 de los ayuntamientos evaluados no cuentan con página de internet oficial, sólo 97 publican su presupuesto en la red, 89 no lo publican, 52 tienen una página que no funciona y sólo 35 ofrecen la opción de solicitar información pública.
No es Chihuahua uno de los municipios reconocidos en los primeros lugares, apenas se encuentra en el doceavo, incluso por debajo de Juárez; entre los primeros destacan Mexicali, La Paz, Atizapán y Tlaquepaque.
La transparencia constituye un logro de las diversas fuerzas políticas en pro de un mayor control del gasto. Es el paso inmediato anterior a una auténtica fiscalización, con un órgano autónomo, independiente de los poderes de gobierno.
Por lo mismo, no debe ser utilizado como esquema demagógico electoral para posicionarse ante los ciudadanos, que tienen bien claro quién es quién en el manejo de la información.
martes, 1 de diciembre de 2009
Ética y crítica en el periodismo
Existen dos elementos fundamentales en el ejercicio periodístico, la crítica y la ética.
Podrá decirse que también existe la objetividad, la pluralidad, la independencia, entre otros muchos elementos conceptuales, sin embargo, la crítica implica un periodismo objetivo y plural, y la ética, la necesaria independencia y autonomía de criterio al momento de redactar una información.
¿Por qué un periodismo debe ser crítico? Porque es una de sus funciones elementales, el servir de control a los abusos y omisiones del poder público y los poderes facticos, entre ellos, el sector privado, la iglesia o el crimen organizado.
Esto es, no debe abandonarse la crítica bajo el argumento de que hay poderes facticos que actúan bajo la luz de la legalidad, y solo debe criticarse aquellos factores que actúan en la sombra de la ilegalidad. Obvio es, que ambos deben ser sujetos del señalamiento de los comunicadores.
La única diferencia, abismal diferencia, entre ambas instituciones, esto es, los poderes facticos y formales legales, es que, precisamente, tienen un marco referencial legal, y, el crimen organizado, por ejemplo, jamás podrá colocarse bajo un supuesto legal, claro, salvo que prosperen las iniciativas de ley que pretenden la legalización de la droga.
Esta situación diferencial nos lleva al extremo de que los poderes que actúan bajo un marco legal, podrán tener deficiencias y omisiones, actos de corrupción, impunidad, colusión –en ocasiones- con el crimen organizado, por ejemplo, pero también existen sectores de la función pública y privada que efectúan acciones positivas en beneficio de la comunidad.
¿Cuáles son estas? No lo sé. Ahí debe aplicarse la lupa del periodista bajo un principio ético de solidaridad de la autoridad que actúa en beneficio de la comunidad.
Siendo la ética un mecanismo de autocontrol, el periodista deberá valorar desde su formación profesional y humana, la información que deba resaltar y señalar como acción positiva de cualquiera de los poderes. Es la misma pluralidad de pensamientos e intereses legítimos, los que permitirán a los lectores acercarse diversa información que por un lado señala errores y aciertos.
Esta diversidad de conceptos constituyeron elemento de discusión al celebrarse en Durango la IX sesión de consejo directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, desde donde se emitió la declaración Durango, que demanda del presidente de la república y la cámara de diputados, las reformas legislativas que protejan y mejoren la calidad de vida de los periodistas en el país.
Podrá decirse que también existe la objetividad, la pluralidad, la independencia, entre otros muchos elementos conceptuales, sin embargo, la crítica implica un periodismo objetivo y plural, y la ética, la necesaria independencia y autonomía de criterio al momento de redactar una información.
¿Por qué un periodismo debe ser crítico? Porque es una de sus funciones elementales, el servir de control a los abusos y omisiones del poder público y los poderes facticos, entre ellos, el sector privado, la iglesia o el crimen organizado.
Esto es, no debe abandonarse la crítica bajo el argumento de que hay poderes facticos que actúan bajo la luz de la legalidad, y solo debe criticarse aquellos factores que actúan en la sombra de la ilegalidad. Obvio es, que ambos deben ser sujetos del señalamiento de los comunicadores.
La única diferencia, abismal diferencia, entre ambas instituciones, esto es, los poderes facticos y formales legales, es que, precisamente, tienen un marco referencial legal, y, el crimen organizado, por ejemplo, jamás podrá colocarse bajo un supuesto legal, claro, salvo que prosperen las iniciativas de ley que pretenden la legalización de la droga.
Esta situación diferencial nos lleva al extremo de que los poderes que actúan bajo un marco legal, podrán tener deficiencias y omisiones, actos de corrupción, impunidad, colusión –en ocasiones- con el crimen organizado, por ejemplo, pero también existen sectores de la función pública y privada que efectúan acciones positivas en beneficio de la comunidad.
¿Cuáles son estas? No lo sé. Ahí debe aplicarse la lupa del periodista bajo un principio ético de solidaridad de la autoridad que actúa en beneficio de la comunidad.
Siendo la ética un mecanismo de autocontrol, el periodista deberá valorar desde su formación profesional y humana, la información que deba resaltar y señalar como acción positiva de cualquiera de los poderes. Es la misma pluralidad de pensamientos e intereses legítimos, los que permitirán a los lectores acercarse diversa información que por un lado señala errores y aciertos.
Esta diversidad de conceptos constituyeron elemento de discusión al celebrarse en Durango la IX sesión de consejo directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, desde donde se emitió la declaración Durango, que demanda del presidente de la república y la cámara de diputados, las reformas legislativas que protejan y mejoren la calidad de vida de los periodistas en el país.
viernes, 27 de noviembre de 2009
Doble discurso
Dice el presidente Felipe Calderón que la mayoría de las corporaciones municipales han sido rebasadas por el crimen organizado y que requieren una modificación estructural que permita el reforzamiento logístico a través de la creación de treinta y dos policías estatales que subsuman a aquellas.
Tiene razón. Pero no es la solución de fondo al problema, que es el vacío de poder, la ausencia de coordinación por parte de la federación que debe asumir el liderazgo en la materia y que se ha visto incapaz para hacerlo, alentando por medio de omisiones y ausencias la corrupción y con ella la impunidad.
Es correcto buscar la reestructuración del sistema policial en el país como un mecanismo de solución, sin embargo los problemas de corporaciones compradas por el dinero del crimen organizado subsistirá, por la sencilla razón de que no hay voluntad para activar los mecanismos de control y supervisión, mecanismos que serán necesarios en el nuevo esquema planteado como lo son en este momento para detectar a los agentes policiacos que están en la nómina oscura del dinero criminal.
Este nuevo esquema tampoco resuelve el problema de la ausencia de equipo adecuado en las corporaciones policiacas, porque si existiera la supervisión adecuada, no habría desconfianza para equipar suficientemente a los agentes municipales, porque serían policías preparados técnica y logísticamente.
Es cierto, concentrar los mandos de la policía municipal en una sola cabeza estatal otorgará mayor capacidad de acción, con una sola línea vertical jerárquica, fortaleciendo la capacidad de acción de los gobernadores, pero debe tenerse cuidado, porque de entrada esto significa mayores responsabilidades y gasto.
La medida debe ir acompañada de una revisión a la distribución de recursos hacia las entidades federativas, porque en los hechos significa una cesión hacia el ámbito estatal de una actividad, que en estos momentos le corresponde al gobierno federal, que es el combate a la delincuencia organizada: sería lamentable que solo se cargara en los Estados una nueva responsabilidad sin los recursos económicos suficientes, sería desastroso, una medida simplemente mediática, de imagen.
Igual ocurre con los centros de readaptación social, los que son administrados por los estados, que día con día reciben internos por delitos federales, lo que provoca un aumento en el grado de riesgo del resguardo, sin que exista reciprocidad federal en los recursos.
En los hechos hay una distancia con el discurso que exige a los estados mayor participación, sin la correspondiente retribución financiera: esto es, conservo el presupuesto, pero me desligo de responsabilidades, un doble discurso riesgoso por la materia tan delicada.
Tiene razón. Pero no es la solución de fondo al problema, que es el vacío de poder, la ausencia de coordinación por parte de la federación que debe asumir el liderazgo en la materia y que se ha visto incapaz para hacerlo, alentando por medio de omisiones y ausencias la corrupción y con ella la impunidad.
Es correcto buscar la reestructuración del sistema policial en el país como un mecanismo de solución, sin embargo los problemas de corporaciones compradas por el dinero del crimen organizado subsistirá, por la sencilla razón de que no hay voluntad para activar los mecanismos de control y supervisión, mecanismos que serán necesarios en el nuevo esquema planteado como lo son en este momento para detectar a los agentes policiacos que están en la nómina oscura del dinero criminal.
Este nuevo esquema tampoco resuelve el problema de la ausencia de equipo adecuado en las corporaciones policiacas, porque si existiera la supervisión adecuada, no habría desconfianza para equipar suficientemente a los agentes municipales, porque serían policías preparados técnica y logísticamente.
Es cierto, concentrar los mandos de la policía municipal en una sola cabeza estatal otorgará mayor capacidad de acción, con una sola línea vertical jerárquica, fortaleciendo la capacidad de acción de los gobernadores, pero debe tenerse cuidado, porque de entrada esto significa mayores responsabilidades y gasto.
La medida debe ir acompañada de una revisión a la distribución de recursos hacia las entidades federativas, porque en los hechos significa una cesión hacia el ámbito estatal de una actividad, que en estos momentos le corresponde al gobierno federal, que es el combate a la delincuencia organizada: sería lamentable que solo se cargara en los Estados una nueva responsabilidad sin los recursos económicos suficientes, sería desastroso, una medida simplemente mediática, de imagen.
Igual ocurre con los centros de readaptación social, los que son administrados por los estados, que día con día reciben internos por delitos federales, lo que provoca un aumento en el grado de riesgo del resguardo, sin que exista reciprocidad federal en los recursos.
En los hechos hay una distancia con el discurso que exige a los estados mayor participación, sin la correspondiente retribución financiera: esto es, conservo el presupuesto, pero me desligo de responsabilidades, un doble discurso riesgoso por la materia tan delicada.
jueves, 26 de noviembre de 2009
Dados cargados
La actividad jurisdiccional es fundamental, elemento indispensable, en el estado moderno. Forma parte, junto con la actividad legislativa y ejecutiva, de un sistema de administración del poder público. Pero no solo ello, constituye una garantía que evita la concentración del poder en una sola persona o en una corporación única, con lo cual son posibles los pesos y contrapesos de que nos habla la teoría del estado y la doctrina constitucional.
El hecho de que se judicialicen las actividades de los particulares en sus relaciones comunes entre sí o con el Estado, no es algo que deba alarmar a nadie. Es de ordinario que se escuche con preocupación que las cuestiones tengan que resolverse ante los jueces, como si se tratara de algo extraordinario.
Creo que la intervención de los jueces debe ser, efectivamente, extraordinaria, pero en el sentido, de que antes de acudir a la justicia, debe buscarse una amable composición con base en el sentido común y la negociación, donde las partes ceden cada una en forma razonable.
Esta actividad jurisdiccional es aún más importante y necesaria cuando no existe esa posibilidad de arreglo, por constituir una forma civilizada, ordenada e imparcial de resolver los conflictos, que en teoría abandona el esquema de resolución vía cualquier esquema de la fuerza.
Es trascendental la función de resolución legal de conflictos en una sociedad democrática, por la polarización natural de intereses entre los partidos políticos, razón por la cual los tribunales en la materia se tornan en piedra toral de la instrumental electoral.
Toman especial relevancia sus características de independencia e imparcialidad, que deben reflejarse en sus magistrados, quienes deben en ocasiones construir la norma desde la interpretación, por lo que sus personas, su característica subjetiva, es determinante en el sentido de las resoluciones.
Chihuahua actualmente cuenta con un tribunal que se ha consolidado y profesionalizado, probado en diversos procesos electorales, generando confianza en los actores políticos, a tal grado de que por consenso se llega al nombramiento de la abogada Roxana García, como su nueva integrante, junto a José Rodríguez Anchondo y José Miguel Salcido.
2010 será una nueva prueba para éste órgano jurisdiccional, cuando se elija gobernador, alcaldes, síndicos y diputados; se espera una actuación sin dados cargados ni favoritismos de alguna especie.
El hecho de que se judicialicen las actividades de los particulares en sus relaciones comunes entre sí o con el Estado, no es algo que deba alarmar a nadie. Es de ordinario que se escuche con preocupación que las cuestiones tengan que resolverse ante los jueces, como si se tratara de algo extraordinario.
Creo que la intervención de los jueces debe ser, efectivamente, extraordinaria, pero en el sentido, de que antes de acudir a la justicia, debe buscarse una amable composición con base en el sentido común y la negociación, donde las partes ceden cada una en forma razonable.
Esta actividad jurisdiccional es aún más importante y necesaria cuando no existe esa posibilidad de arreglo, por constituir una forma civilizada, ordenada e imparcial de resolver los conflictos, que en teoría abandona el esquema de resolución vía cualquier esquema de la fuerza.
Es trascendental la función de resolución legal de conflictos en una sociedad democrática, por la polarización natural de intereses entre los partidos políticos, razón por la cual los tribunales en la materia se tornan en piedra toral de la instrumental electoral.
Toman especial relevancia sus características de independencia e imparcialidad, que deben reflejarse en sus magistrados, quienes deben en ocasiones construir la norma desde la interpretación, por lo que sus personas, su característica subjetiva, es determinante en el sentido de las resoluciones.
Chihuahua actualmente cuenta con un tribunal que se ha consolidado y profesionalizado, probado en diversos procesos electorales, generando confianza en los actores políticos, a tal grado de que por consenso se llega al nombramiento de la abogada Roxana García, como su nueva integrante, junto a José Rodríguez Anchondo y José Miguel Salcido.
2010 será una nueva prueba para éste órgano jurisdiccional, cuando se elija gobernador, alcaldes, síndicos y diputados; se espera una actuación sin dados cargados ni favoritismos de alguna especie.
martes, 24 de noviembre de 2009
Una nación dependiente y carente de autonomía
Es muy difícil para alguien que tiene una deuda que rebasa sus capacidades financieras salir a corto plazo de las mismas.
Se requiere, más que voluntad para pagar, establecer una serie de procedimientos de ajuste de gasto para enfrentarlas.
No es posible pensar en la deuda destinándole un cierto porcentaje en forma permanente para pago, cuando apenas se alcanzan a cubrir los intereses y la deuda continua creciendo, pero además, cuando se echa mano de otros mecanismos financieros hasta llevar la deuda al infinito, esto es, a esquemas que la convierten en impagable.
Es cierto que estos mecanismos forman parte de los métodos que las personas físicas y morales asumen para enfrentar sus pasivos, sin embargo, la situación toma tintes dramáticos cuando se trata de una deuda de un gobierno, que debe enfrentar sus responsabilidades cotidianas de gobernabilidad sin menoscabo de cumplir con sus obligaciones financieras.
Es el caso de México.
Actualmente, solo pensando en la deuda interna, nuestro país debe, a través de diversos instrumentos, como Tesobonos, Cetes, Bondes, Ajustabonos y a finales de los noventas, Udibonos, algo así como dos billones 782 mil 303 millones de pesos, datos dados a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para darnos una idea de la magnitud del problema, el presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión para el próximo año es del orden de los 3 billones 176 mil millones de pesos, apenas unos quinientos mil millones de pesos más que el monto de la deuda interna. De la deuda externa ni hablamos.
No sería extraño que de pronto nos encontráramos con el problema financiero que provoco la primera gran crisis de nuestro país en 1982, cuando el gobierno mexicano no pudo enfrentar los pagos de sus compromisos contraídos a través de la deuda interna.
Y no sería extraño, ya que la deuda interna creció en el gobierno de Felipe Calderón algo así como un 63 por ciento, con lo cual se evidencia que es el instrumento de gobernabilidad que ha sido utilizado, como un mecanismo que permita enfrentar el compromiso con la deuda externa.
Probablemente el fondo es que se prefiere el endeudamiento interno para evitar comprometer la soberanía nacional, argumento poco creíble cuando quienes quieren los instrumentos son por lo general personas físicas y morales donde no se distinguen nacionalidades, y por lo mismo, existe un quebrantamiento de la independencia de nuestro país, aunque claro, bajo mecanismos que diversifican la deuda y por lo mismo, pluralizan las obligaciones.
Si bien es cierto, los gobiernos han tenido un manejo positivo de la deuda al mejorar el perfil de las amortizaciones, colocar exitosamente bonos del gobierno federal, alargar plazos, disminuir saldos, también tiene un lado negativo, el saldo es excesivo para las finanzas públicas, con un pago que compromete recursos que deberían usarse para paliar auténticamente la pobreza y sin políticas públicas que adelgacen el gobierno y enfrenten decididamente áreas ociosas e ineficientes.
Se requiere, más que voluntad para pagar, establecer una serie de procedimientos de ajuste de gasto para enfrentarlas.
No es posible pensar en la deuda destinándole un cierto porcentaje en forma permanente para pago, cuando apenas se alcanzan a cubrir los intereses y la deuda continua creciendo, pero además, cuando se echa mano de otros mecanismos financieros hasta llevar la deuda al infinito, esto es, a esquemas que la convierten en impagable.
Es cierto que estos mecanismos forman parte de los métodos que las personas físicas y morales asumen para enfrentar sus pasivos, sin embargo, la situación toma tintes dramáticos cuando se trata de una deuda de un gobierno, que debe enfrentar sus responsabilidades cotidianas de gobernabilidad sin menoscabo de cumplir con sus obligaciones financieras.
Es el caso de México.
Actualmente, solo pensando en la deuda interna, nuestro país debe, a través de diversos instrumentos, como Tesobonos, Cetes, Bondes, Ajustabonos y a finales de los noventas, Udibonos, algo así como dos billones 782 mil 303 millones de pesos, datos dados a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para darnos una idea de la magnitud del problema, el presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión para el próximo año es del orden de los 3 billones 176 mil millones de pesos, apenas unos quinientos mil millones de pesos más que el monto de la deuda interna. De la deuda externa ni hablamos.
No sería extraño que de pronto nos encontráramos con el problema financiero que provoco la primera gran crisis de nuestro país en 1982, cuando el gobierno mexicano no pudo enfrentar los pagos de sus compromisos contraídos a través de la deuda interna.
Y no sería extraño, ya que la deuda interna creció en el gobierno de Felipe Calderón algo así como un 63 por ciento, con lo cual se evidencia que es el instrumento de gobernabilidad que ha sido utilizado, como un mecanismo que permita enfrentar el compromiso con la deuda externa.
Probablemente el fondo es que se prefiere el endeudamiento interno para evitar comprometer la soberanía nacional, argumento poco creíble cuando quienes quieren los instrumentos son por lo general personas físicas y morales donde no se distinguen nacionalidades, y por lo mismo, existe un quebrantamiento de la independencia de nuestro país, aunque claro, bajo mecanismos que diversifican la deuda y por lo mismo, pluralizan las obligaciones.
Si bien es cierto, los gobiernos han tenido un manejo positivo de la deuda al mejorar el perfil de las amortizaciones, colocar exitosamente bonos del gobierno federal, alargar plazos, disminuir saldos, también tiene un lado negativo, el saldo es excesivo para las finanzas públicas, con un pago que compromete recursos que deberían usarse para paliar auténticamente la pobreza y sin políticas públicas que adelgacen el gobierno y enfrenten decididamente áreas ociosas e ineficientes.
martes, 17 de noviembre de 2009
Un gobierno reflejo
El Índice Nacional de Percepción de la corrupción, dado a conocer por Transparencia Internacional, es un balde de agua fría para los gobernantes mexicanos, en momentos en que concluían la negociación de un presupuesto federal superior a los tres billones de pesos.
Según el informe, México presenta un índice de 3.3, en el puesto 89, en el mismo sitio que naciones como Ruanda o Malawi, muy lejos del lugar 72 que sostenía hace un año. La corrupción no solo continua, sino que se agudiza en el país.
Las razones de dicha percepción, de acuerdo al estudio, se encuentran en las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados, que frustran iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible.
Ante esta situación, el organismo internacional sostiene que es indispensable "una activo control por parte del poder legislativo, un poder judicial eficiente, organismos de auditoría y lucha contra la corrupción independientes y con recursos adecuados", así como la aplicación "enérgica" de la ley, transparencia presupuestal y espacios para los medios de comunicación independientes.
Nadie puede cuestionar en términos absolutos las sugerencias para reducir la corrupción ni cuestionar las causas mencionadas.
Sin embargo, debe señalarse que las instituciones son débiles, no por sí mismas, sino como reflejo de la corrupción que las carcome. Las instituciones en México son tan fuertes que soportaron un gobierno débil y ambiguo como el de Vicente Fox, sin hacerse añicos, al contrario, emergiendo una y otra vez del escándalo y la omisión.
Contrario a lo que señalan los expertos, las prácticas de gobernabilidad no son deficientes, por supuesto que no: son de tal eficiencia que permiten en estos momentos que los tres grandes partidos políticos lleguen a acuerdos que les permitan gobernar con la comodidad de los impuestos descansando sobre la base de los contribuyentes, sin una real política de austeridad, y que incluso, con gran desfachatez, se insista, ante la grave crisis económica, en un nuevo edificio para nuestros legisladores, para sustituir San Lázaro.
Es cierto, hay una injerencia excesiva de los particulares en las decisiones, pero de los intereses particulares de la clase gobernante, y unos cuantos empresarios que detentan la concentración de la riqueza en el país.
Desafortunadamente la corrupción en el sistema gubernamental es reflejo de una sociedad laxa y pragmática, que no solo permite dicho estado de cosas, sino que lo impulsa y se aprovecha de él; no es que el gobierno se haya alejado del sentir comunitario, al contrario, lo refleja en su mayor crudeza.
Según el informe, México presenta un índice de 3.3, en el puesto 89, en el mismo sitio que naciones como Ruanda o Malawi, muy lejos del lugar 72 que sostenía hace un año. La corrupción no solo continua, sino que se agudiza en el país.
Las razones de dicha percepción, de acuerdo al estudio, se encuentran en las instituciones débiles, las prácticas de gobernabilidad deficientes y la excesiva injerencia de los intereses privados, que frustran iniciativas tendientes a promover un desarrollo equitativo y sostenible.
Ante esta situación, el organismo internacional sostiene que es indispensable "una activo control por parte del poder legislativo, un poder judicial eficiente, organismos de auditoría y lucha contra la corrupción independientes y con recursos adecuados", así como la aplicación "enérgica" de la ley, transparencia presupuestal y espacios para los medios de comunicación independientes.
Nadie puede cuestionar en términos absolutos las sugerencias para reducir la corrupción ni cuestionar las causas mencionadas.
Sin embargo, debe señalarse que las instituciones son débiles, no por sí mismas, sino como reflejo de la corrupción que las carcome. Las instituciones en México son tan fuertes que soportaron un gobierno débil y ambiguo como el de Vicente Fox, sin hacerse añicos, al contrario, emergiendo una y otra vez del escándalo y la omisión.
Contrario a lo que señalan los expertos, las prácticas de gobernabilidad no son deficientes, por supuesto que no: son de tal eficiencia que permiten en estos momentos que los tres grandes partidos políticos lleguen a acuerdos que les permitan gobernar con la comodidad de los impuestos descansando sobre la base de los contribuyentes, sin una real política de austeridad, y que incluso, con gran desfachatez, se insista, ante la grave crisis económica, en un nuevo edificio para nuestros legisladores, para sustituir San Lázaro.
Es cierto, hay una injerencia excesiva de los particulares en las decisiones, pero de los intereses particulares de la clase gobernante, y unos cuantos empresarios que detentan la concentración de la riqueza en el país.
Desafortunadamente la corrupción en el sistema gubernamental es reflejo de una sociedad laxa y pragmática, que no solo permite dicho estado de cosas, sino que lo impulsa y se aprovecha de él; no es que el gobierno se haya alejado del sentir comunitario, al contrario, lo refleja en su mayor crudeza.
martes, 10 de noviembre de 2009
Manos oscuras
Es muy común que el poder público busque mecanismos sutiles, cuando no directos, para atosigar a la prensa.
Por eso nos resulta muy sospechoso que la colega Gabriela Gallegos, líder periodista en Durango, haya sufrido un robo en su casa, de donde fueron sustraídos equipos de distinta naturaleza que ella utiliza para realizar su trabajo.
Manos oscuras se llevaron la computadora, unas cámaras de video y su aparato celular, en un asunto que por supuesto nos inquieta, porque había objetos de valor en la misma habitación que no fueron tocados.
No deseo acusar a nadie en particular, pero las circunstancias del robo son extrañas. Hay que ser serios en el asunto. Esperamos que se trate de un simple hurto, como los que abundan en un México donde la tranquilidad se ha perdido, y que no existe ningún móvil detrás para acallar la libre expresión de las ideas.
Ya existe una averiguación previa en la procuraduría de justicia de aquella entidad. Debemos, en principio, tener confianza en que las indagatorias llegaran a buen puerto y finalmente habrá de aclararse la situación.
De las circunstancias del hecho son de todos conocidas: Gabriela Gallegos en su calidad de líder del periodismo realizó declaraciones fuertes en relación con el asesinato del colega Vladimir Antuna, con lo cual suman cuatro los compañeros que han muerto en 2009 en Durango.
¿Quién es el responsable de esas muertes?
No lo sabemos. Será responsabilidad de la autoridad estatal o federal, según sea el caso, determinarlo, así como el móvil del mismo, sea cual sea.
La responsabilidad del gremio periodístico es salir en defensa de los colegas exigiendo justicia y que las investigaciones deslinden culpas.
A esas investigaciones, con los señalamientos que ya ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habremos de atenernos: en ese sentido, esperamos expedientes pulcros, testigos entrevistados, hipótesis auscultadas, esto es, profesionalismo en las investigaciones, y no omisiones criminales que alientan la impunidad y el crimen.
Por eso nos resulta muy sospechoso que la colega Gabriela Gallegos, líder periodista en Durango, haya sufrido un robo en su casa, de donde fueron sustraídos equipos de distinta naturaleza que ella utiliza para realizar su trabajo.
Manos oscuras se llevaron la computadora, unas cámaras de video y su aparato celular, en un asunto que por supuesto nos inquieta, porque había objetos de valor en la misma habitación que no fueron tocados.
No deseo acusar a nadie en particular, pero las circunstancias del robo son extrañas. Hay que ser serios en el asunto. Esperamos que se trate de un simple hurto, como los que abundan en un México donde la tranquilidad se ha perdido, y que no existe ningún móvil detrás para acallar la libre expresión de las ideas.
Ya existe una averiguación previa en la procuraduría de justicia de aquella entidad. Debemos, en principio, tener confianza en que las indagatorias llegaran a buen puerto y finalmente habrá de aclararse la situación.
De las circunstancias del hecho son de todos conocidas: Gabriela Gallegos en su calidad de líder del periodismo realizó declaraciones fuertes en relación con el asesinato del colega Vladimir Antuna, con lo cual suman cuatro los compañeros que han muerto en 2009 en Durango.
¿Quién es el responsable de esas muertes?
No lo sabemos. Será responsabilidad de la autoridad estatal o federal, según sea el caso, determinarlo, así como el móvil del mismo, sea cual sea.
La responsabilidad del gremio periodístico es salir en defensa de los colegas exigiendo justicia y que las investigaciones deslinden culpas.
A esas investigaciones, con los señalamientos que ya ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habremos de atenernos: en ese sentido, esperamos expedientes pulcros, testigos entrevistados, hipótesis auscultadas, esto es, profesionalismo en las investigaciones, y no omisiones criminales que alientan la impunidad y el crimen.
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Precandidatos en serio
Las entidades federativas tienen como principio el republicano en su forma de gobierno. ¿Qué significa esto? Que hay una renovación periódica de las personas que ocupan las principales magistraturas, entre ellas, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Pareciera que el principio republicano solo aplicará a los poderes legislativo y ejecutivo, que son de elección directa y no al judicial, que es de elección indirecta, pero la realidad es que también aplica con la finalidad de evitar la permanencia de una sola persona en un cargo por periodos demasiado prolongados.
El punto viene al caso porque son varios los estados que renuevan gobernador y diputados, entre los cuales se encuentra Chihuahua.
El estado grande debe elegir 22 diputados, 67 ayuntamientos y un gobernador, en un proceso electoral que arranca el próximo mes de diciembre con la instalación del Consejo General.
Los partidos políticos empiezan oficialmente con precampañas en el mes de enero, el día trece, según ha trascendido. Sin embargo, los tiempos de afianzamiento de precandidaturas prácticamente han iniciado.
En el Partido Acción Nacional, Carlos Borruel, prominente integrante de la ultraderecha, se perfila como candidato único, tras la declinación de Gustavo Madero y la desgracia de Juan Blanco.
En el Partido Revolucionario Institucional sobresalen Héctor Murguía Lardizabal, César Duarte Jáquez y Oscar Villalobos Chávez. También tienen interés Fernando Rodríguez Moreno y Alejandro Cano Ricaud.
El martes Oscar Villalobos dio el paso definitivo hacia la candidatura, al asumir la decisión de retirarse de la secretaria de fomento social, en un acuerdo político con el gobernador José Reyes Baeza.
En una estrategia mediática, Oscar Villalobos utilizó la plataforma de palacio de gobierno para evidenciar su cercanía e institucionalidad hacia el jefe del ejecutivo estatal: manifestar el argumento central de su renuncia, que es la búsqueda de la candidatura.
Tan pulcra fue su decisión, que incluso el líder de la coordinación parlamentaria del PAN, Fernando Álvarez Monge, la justificó, desde el punto de vista de que siendo secretario del gobierno del estado, el uso de las instalaciones oficiales para anunciar la renuncia y sus motivos, es legítimo.
Es indudable que la renuncia fue obligada por las presiones de los otros contendientes a la candidatura, pero el anuncio, en la forma en que se realiza, es un paso adelante hacia la consecución del objetivo. Ahora sí, podría decirse, que hay tres aspirantes a la candidatura del PRI a la gubernatura en firme, en un asunto que deberá definirse en febrero, cuando concluya la interna, que se avizora como inevitable, pese a los intentos de forzar desde el centro una candidatura de unidad.
Pareciera que el principio republicano solo aplicará a los poderes legislativo y ejecutivo, que son de elección directa y no al judicial, que es de elección indirecta, pero la realidad es que también aplica con la finalidad de evitar la permanencia de una sola persona en un cargo por periodos demasiado prolongados.
El punto viene al caso porque son varios los estados que renuevan gobernador y diputados, entre los cuales se encuentra Chihuahua.
El estado grande debe elegir 22 diputados, 67 ayuntamientos y un gobernador, en un proceso electoral que arranca el próximo mes de diciembre con la instalación del Consejo General.
Los partidos políticos empiezan oficialmente con precampañas en el mes de enero, el día trece, según ha trascendido. Sin embargo, los tiempos de afianzamiento de precandidaturas prácticamente han iniciado.
En el Partido Acción Nacional, Carlos Borruel, prominente integrante de la ultraderecha, se perfila como candidato único, tras la declinación de Gustavo Madero y la desgracia de Juan Blanco.
En el Partido Revolucionario Institucional sobresalen Héctor Murguía Lardizabal, César Duarte Jáquez y Oscar Villalobos Chávez. También tienen interés Fernando Rodríguez Moreno y Alejandro Cano Ricaud.
El martes Oscar Villalobos dio el paso definitivo hacia la candidatura, al asumir la decisión de retirarse de la secretaria de fomento social, en un acuerdo político con el gobernador José Reyes Baeza.
En una estrategia mediática, Oscar Villalobos utilizó la plataforma de palacio de gobierno para evidenciar su cercanía e institucionalidad hacia el jefe del ejecutivo estatal: manifestar el argumento central de su renuncia, que es la búsqueda de la candidatura.
Tan pulcra fue su decisión, que incluso el líder de la coordinación parlamentaria del PAN, Fernando Álvarez Monge, la justificó, desde el punto de vista de que siendo secretario del gobierno del estado, el uso de las instalaciones oficiales para anunciar la renuncia y sus motivos, es legítimo.
Es indudable que la renuncia fue obligada por las presiones de los otros contendientes a la candidatura, pero el anuncio, en la forma en que se realiza, es un paso adelante hacia la consecución del objetivo. Ahora sí, podría decirse, que hay tres aspirantes a la candidatura del PRI a la gubernatura en firme, en un asunto que deberá definirse en febrero, cuando concluya la interna, que se avizora como inevitable, pese a los intentos de forzar desde el centro una candidatura de unidad.
martes, 3 de noviembre de 2009
Transparencia y demagogia
La transparencia es considerada como un elemento consustancial a la democracia, en función de que, aunada a la rendición de cuentas institucional, constituye la auditoria ciudadana, popular, de la información de interés público.
El nivel de transparencia constituye uno de los indicadores para considerar sí efectivamente nos encontramos frente a la existencia de un estado democrático.
Desafortunadamente, la transparencia es, por un lado, un elemento demagógico y de simulación, y por el otro, una simple nulidad.
Hay entidades federativas y ayuntamientos –sin descartar al ejecutivo federal, cuya estructura de rendición de cuentas deja mucho que desear- que navegan en la oscuridad de la información, e insisto, en la demagogia transparente.
Uno de estos casos es el ayuntamiento de Chihuahua, que presume de premios nacionales e internacionales, pero que en la realidad, se queda atrás de diversos órganos municipales que hacen esfuerzos por transparentar su vida interior.
Pero no es el único ayuntamiento que se encuentra en esta circunstancia.
De acuerdo a una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, los recursos públicos en manos de los más de 2 mil alcaldes del país se ejercen sin transparencia.
El informe, elaborado a partir del estudio a 373 municipios, que representan 80% del PIB nacional, 65% de la población y 65% del gasto municipal total, es demoledor.
Los resultados señalan que 100 de los ayuntamientos evaluados no cuentan con página de internet oficial, sólo 97 publican su presupuesto en la red, 89 no lo publican, 52 tienen una página que no funciona y sólo 35 ofrecen la opción de solicitar información pública.
No es Chihuahua uno de los municipios reconocidos en los primeros lugares, apenas se encuentra en el doceavo, incluso por debajo de Juárez; entre los primeros destacan Mexicali, La Paz, Atizapán y Tlaquepaque.
La transparencia constituye un logro de las diversas fuerzas políticas en pro de un mayor control del gasto. Es el paso inmediato anterior a una auténtica fiscalización, con un órgano autónomo, independiente de los poderes de gobierno.
Por lo mismo, no debe ser utilizado como esquema demagógico electoral para posicionarse ante los ciudadanos, que tienen bien claro quién es quién en el manejo de la información.
El nivel de transparencia constituye uno de los indicadores para considerar sí efectivamente nos encontramos frente a la existencia de un estado democrático.
Desafortunadamente, la transparencia es, por un lado, un elemento demagógico y de simulación, y por el otro, una simple nulidad.
Hay entidades federativas y ayuntamientos –sin descartar al ejecutivo federal, cuya estructura de rendición de cuentas deja mucho que desear- que navegan en la oscuridad de la información, e insisto, en la demagogia transparente.
Uno de estos casos es el ayuntamiento de Chihuahua, que presume de premios nacionales e internacionales, pero que en la realidad, se queda atrás de diversos órganos municipales que hacen esfuerzos por transparentar su vida interior.
Pero no es el único ayuntamiento que se encuentra en esta circunstancia.
De acuerdo a una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, los recursos públicos en manos de los más de 2 mil alcaldes del país se ejercen sin transparencia.
El informe, elaborado a partir del estudio a 373 municipios, que representan 80% del PIB nacional, 65% de la población y 65% del gasto municipal total, es demoledor.
Los resultados señalan que 100 de los ayuntamientos evaluados no cuentan con página de internet oficial, sólo 97 publican su presupuesto en la red, 89 no lo publican, 52 tienen una página que no funciona y sólo 35 ofrecen la opción de solicitar información pública.
No es Chihuahua uno de los municipios reconocidos en los primeros lugares, apenas se encuentra en el doceavo, incluso por debajo de Juárez; entre los primeros destacan Mexicali, La Paz, Atizapán y Tlaquepaque.
La transparencia constituye un logro de las diversas fuerzas políticas en pro de un mayor control del gasto. Es el paso inmediato anterior a una auténtica fiscalización, con un órgano autónomo, independiente de los poderes de gobierno.
Por lo mismo, no debe ser utilizado como esquema demagógico electoral para posicionarse ante los ciudadanos, que tienen bien claro quién es quién en el manejo de la información.
Un nuevo agravio al periodismo
Para el periodismo organizado del país es claro que la autoridad ha sido incapaz de detener los crímenes contra los periodistas. La muerte de Vladimir Antuna García, en Durango, así lo demuestra.
En lo que va de 1983 a la fecha, han sido asesinados cerca de cien periodistas en todo el país, con lo cual México ocupa el primer lugar a nivel internacional. En Durango, el crimen de Vladimir es el cuarto en lo que va del año: antes que él, fueron asesinados Carlos Ortega Melo Samper, Eliseo Barrón Hernández, y Gerardo Esparza Mata.
Los crímenes actualizan las propuestas que han hecho tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, como la Federación Latinoamericana de Periodistas, entre ellas dos que destacan, la federalización de delitos contra periodistas y la creación de una comisión de riesgo que evalúe amenazas y adopte medidas urgentes para salvaguardar la integridad de los compañeros.
Ambas propuestas, desafortunadamente, han quedado en el tintero: el congreso de la unión ha sido una roca insensible a la necesidad de generar estos mecanismos extraordinarios de protección a los periodistas.
Con la federalización de los delitos se evitaría la discrecionalidad de la Procuraduría General de la República para investigar especialmente agresiones físicas fatales. Pero además, impediría que se rechace esta posibilidad cuando existe evidencia de crimen organizado, pero en la muerte no hay uso de armas exclusivas del ejército, como ocurrió en el caso del colega Vladimir Antuna.
La creación de una comisión interinstitucional de riesgo es urgente, porque, como ocurrió con el compañero Antuna, las amenazas son desestimadas porque no existe un procedimiento para que se dé seguimiento a las mismas. Vivimos una guerra de competencias que deja en la indefensión a los compañeros que sufren amenazas.
Es de vital importancia que el Procurador General de la República, recién estrenado, asuma su responsabilidad, en principio, ordenando la reestructuración de la fiscalía, que por el momento pocos resultados ha brindado, e impulsando ambas propuestas, en busca de encontrar soluciones en el corto plazo.
En lo que va de 1983 a la fecha, han sido asesinados cerca de cien periodistas en todo el país, con lo cual México ocupa el primer lugar a nivel internacional. En Durango, el crimen de Vladimir es el cuarto en lo que va del año: antes que él, fueron asesinados Carlos Ortega Melo Samper, Eliseo Barrón Hernández, y Gerardo Esparza Mata.
Los crímenes actualizan las propuestas que han hecho tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, como la Federación Latinoamericana de Periodistas, entre ellas dos que destacan, la federalización de delitos contra periodistas y la creación de una comisión de riesgo que evalúe amenazas y adopte medidas urgentes para salvaguardar la integridad de los compañeros.
Ambas propuestas, desafortunadamente, han quedado en el tintero: el congreso de la unión ha sido una roca insensible a la necesidad de generar estos mecanismos extraordinarios de protección a los periodistas.
Con la federalización de los delitos se evitaría la discrecionalidad de la Procuraduría General de la República para investigar especialmente agresiones físicas fatales. Pero además, impediría que se rechace esta posibilidad cuando existe evidencia de crimen organizado, pero en la muerte no hay uso de armas exclusivas del ejército, como ocurrió en el caso del colega Vladimir Antuna.
La creación de una comisión interinstitucional de riesgo es urgente, porque, como ocurrió con el compañero Antuna, las amenazas son desestimadas porque no existe un procedimiento para que se dé seguimiento a las mismas. Vivimos una guerra de competencias que deja en la indefensión a los compañeros que sufren amenazas.
Es de vital importancia que el Procurador General de la República, recién estrenado, asuma su responsabilidad, en principio, ordenando la reestructuración de la fiscalía, que por el momento pocos resultados ha brindado, e impulsando ambas propuestas, en busca de encontrar soluciones en el corto plazo.
lunes, 2 de noviembre de 2009
Una decisión valiente
¿Cuáles fueron los motivos que orillaron a Maurilio Ochoa a votar en contra del paquete económico que impone aumentos a las contribuciones, en medio de una de las peores crisis que México y el mundo han padecido?
La verdad, lo desconozco, pero sin duda, fue una decisión valiente por varias razones.
Maurilio Ochoa tuvo que sopesar con su voto la lealtad al Partido Revolucionario Institucional, en términos generales, y en particular, a la bancada por Chihuahua.
El legislador, de los nueve diputados federales recién estrenados por la entidad, fue el único que se opuso a los nuevos incrementos, los emblemáticos IVA e ISR.
Seguramente Maurilio esta convencido de que el mejor o mayor servicio que le puede hacer a su partido es oponerse al aumento de contribuciones, bajo el argumento –cierto- de que el ejecutivo federal se cerró para encontrar alternativas distintas al cómodo resolutivo de incrementar impuestos.
Esa cierto. Como ocurrió con el aumento del Impuesto al Valor Agregado del diez al quince por ciento, cuando el Revolucionario Institucional cargó con todo el peso de la decisión, que le permitió a los subsecuentes gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón administrar con menores contratiempos, ahora el Partido Acción Nacional no quiso cargar con la responsabilidad.
Se esperaba, en este escenario, que el PRI asumiera de nueva cuenta la responsabilidad histórica, pero en este caso de enmendarle la plana al ejecutivo federal en forma total y completa, y no parcial, como ocurrió con las modificaciones superficiales a la ley de ingresos, aún cuando tenía las herramientas legislativas para hacerlo.
No se trataba de obstaculizar la marcha de la administración pública federal: se trataba de recuperar la esencia del estado mexicano, en sus características sustanciales de profundo compromiso social: de entender al estado como rector e impulsor del desarrollo: un estado que asume las funciones elementales para vivir en sociedad, dejando el resto en los particulares: un estado moderno, eficiente, con un mínimo de gasto corriente: un estado que en lugar de pedir más dinero encuentra mecanismos para reducir sus gastos.
Probablemente Maurilio comprendió esto y actuó en consecuencia, con los riesgos políticos que implica. ¿Es el mal menor lo que se aprobó por los diputados y senadores o existía otra alternativa? Creo, como Maurilio, que la existía.
La cuestión es que autorizados los nuevos impuestos, seguramente quedará para mejores oportunidades un real federalismo en la distribución de los recursos: de nueva cuenta el gobierno central se queda con los impuestos, y las migajas van a los Estados y Municipios; la base de contribuyentes será menor y la economía subterránea se fortalecerá; y finalmente, se ahogará el esfuerzo y la creatividad de los profesionistas que deberán aportarle al gobierno el 30 por ciento de sus ingresos vía ISR.
La verdad, lo desconozco, pero sin duda, fue una decisión valiente por varias razones.
Maurilio Ochoa tuvo que sopesar con su voto la lealtad al Partido Revolucionario Institucional, en términos generales, y en particular, a la bancada por Chihuahua.
El legislador, de los nueve diputados federales recién estrenados por la entidad, fue el único que se opuso a los nuevos incrementos, los emblemáticos IVA e ISR.
Seguramente Maurilio esta convencido de que el mejor o mayor servicio que le puede hacer a su partido es oponerse al aumento de contribuciones, bajo el argumento –cierto- de que el ejecutivo federal se cerró para encontrar alternativas distintas al cómodo resolutivo de incrementar impuestos.
Esa cierto. Como ocurrió con el aumento del Impuesto al Valor Agregado del diez al quince por ciento, cuando el Revolucionario Institucional cargó con todo el peso de la decisión, que le permitió a los subsecuentes gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón administrar con menores contratiempos, ahora el Partido Acción Nacional no quiso cargar con la responsabilidad.
Se esperaba, en este escenario, que el PRI asumiera de nueva cuenta la responsabilidad histórica, pero en este caso de enmendarle la plana al ejecutivo federal en forma total y completa, y no parcial, como ocurrió con las modificaciones superficiales a la ley de ingresos, aún cuando tenía las herramientas legislativas para hacerlo.
No se trataba de obstaculizar la marcha de la administración pública federal: se trataba de recuperar la esencia del estado mexicano, en sus características sustanciales de profundo compromiso social: de entender al estado como rector e impulsor del desarrollo: un estado que asume las funciones elementales para vivir en sociedad, dejando el resto en los particulares: un estado moderno, eficiente, con un mínimo de gasto corriente: un estado que en lugar de pedir más dinero encuentra mecanismos para reducir sus gastos.
Probablemente Maurilio comprendió esto y actuó en consecuencia, con los riesgos políticos que implica. ¿Es el mal menor lo que se aprobó por los diputados y senadores o existía otra alternativa? Creo, como Maurilio, que la existía.
La cuestión es que autorizados los nuevos impuestos, seguramente quedará para mejores oportunidades un real federalismo en la distribución de los recursos: de nueva cuenta el gobierno central se queda con los impuestos, y las migajas van a los Estados y Municipios; la base de contribuyentes será menor y la economía subterránea se fortalecerá; y finalmente, se ahogará el esfuerzo y la creatividad de los profesionistas que deberán aportarle al gobierno el 30 por ciento de sus ingresos vía ISR.
viernes, 30 de octubre de 2009
Rasgado de vestiduras
Todos los contribuyentes estamos obligados a pagar impuestos de acuerdo al marco jurídico aplicable. La cuestión es que no todos tienen la posibilidad de realizar ingeniería fiscal para eludir, que no evadir el pago de impuestos.
La elusión es un mecanismo muy antiguo que le permite a las personas físicas y morales gestionar la devolución de pagos a la secretaría de hacienda.
Si a esto se suma la figura de la consolidación fiscal, es obvio que el fisco termina regresándole dinero a las empresas.
No son, por lo tanto, éstas quienes están mal, sino el sistema fiscal mismo.
Por ese motivo, el reclamo presidencial parece fuera de tono, pero además desproporcionado.
Fuera de tono, porque no es él quien debe abrir un nuevo frente con sus aliados del sector privado, al hacerlo solo se coloca en una situación de mayor desprotección y debilita la figura presidencial, que en estos momentos requerimos sea fuerte para enfrentar las decisiones difíciles que se deben adoptar.
Es desproporcionada, porque el sector empresarial no es el responsable de la falta de capacidad del sistema fiscal para recaudar los impuestos, ni tampoco es responsable de la crisis económica, la coyuntural y la permanente, que vivimos los mexicanos. Son parte del problema, pero no recae en ellos toda la responsabilidad.
Pero además, al agregar a sus comentarios el reproche de que el sector empresarial pide ajuste al gasto corriente, cuando son ellos quienes eluden millonariamente al fisco, y por tanto, no jalan parejo, aunque sea verdad, es un arrebato innecesario: los dos aspectos son verdades irrefutables, que deben enfrentarse: la reducción al gasto corriente y la eliminación o reducción de grietas que permiten la elusión.
Creo que la posibilidad de que las empresas, mediante una eficiente ingeniería fiscal, accedan a incentivos fiscales, no es del todo terrible, lo que resulta condenable es que no eludan, sino evadan el pago de impuestos, incurriendo en delitos de tipo fiscal, lo que en algunos casos, estoy seguro se configura y debe atenderse con prontitud, atendiendo a una política fiscal, no más agresiva, o persecutora, sino más puntual y meticulosa por parte de la federación, pero sobre todo, donde el señor presidente y el señor secretario abandonen la estrategia del rasgado de vestiduras y el señalamiento de responsables, antes de asumir ellos mismos los costos.
La elusión es un mecanismo muy antiguo que le permite a las personas físicas y morales gestionar la devolución de pagos a la secretaría de hacienda.
Si a esto se suma la figura de la consolidación fiscal, es obvio que el fisco termina regresándole dinero a las empresas.
No son, por lo tanto, éstas quienes están mal, sino el sistema fiscal mismo.
Por ese motivo, el reclamo presidencial parece fuera de tono, pero además desproporcionado.
Fuera de tono, porque no es él quien debe abrir un nuevo frente con sus aliados del sector privado, al hacerlo solo se coloca en una situación de mayor desprotección y debilita la figura presidencial, que en estos momentos requerimos sea fuerte para enfrentar las decisiones difíciles que se deben adoptar.
Es desproporcionada, porque el sector empresarial no es el responsable de la falta de capacidad del sistema fiscal para recaudar los impuestos, ni tampoco es responsable de la crisis económica, la coyuntural y la permanente, que vivimos los mexicanos. Son parte del problema, pero no recae en ellos toda la responsabilidad.
Pero además, al agregar a sus comentarios el reproche de que el sector empresarial pide ajuste al gasto corriente, cuando son ellos quienes eluden millonariamente al fisco, y por tanto, no jalan parejo, aunque sea verdad, es un arrebato innecesario: los dos aspectos son verdades irrefutables, que deben enfrentarse: la reducción al gasto corriente y la eliminación o reducción de grietas que permiten la elusión.
Creo que la posibilidad de que las empresas, mediante una eficiente ingeniería fiscal, accedan a incentivos fiscales, no es del todo terrible, lo que resulta condenable es que no eludan, sino evadan el pago de impuestos, incurriendo en delitos de tipo fiscal, lo que en algunos casos, estoy seguro se configura y debe atenderse con prontitud, atendiendo a una política fiscal, no más agresiva, o persecutora, sino más puntual y meticulosa por parte de la federación, pero sobre todo, donde el señor presidente y el señor secretario abandonen la estrategia del rasgado de vestiduras y el señalamiento de responsables, antes de asumir ellos mismos los costos.
miércoles, 28 de octubre de 2009
Terrorismo fiscal
La decisión que debe tomar el senado de la república en relación con la ley de ingresos, es de suma importancia para recobrar el equilibrio en la política impositiva federal.
La cámara alta debe tomar en cuenta que en una economía deprimida es necesario impulsar el mejoramiento de los ingresos, y no su disminución.
Aumentar los gravámenes, en este caso el uno por ciento al impuesto al valor agregado y elevar el impuesto sobre la renta del 28 al 30, es reducir los ingresos de los ciudadanos.
Debe esperarse que el senado decida sostener el IVA en el quince y el ISR en la tasa actual. Y que los ingresos extraordinarios que requiere el gobierno federal, los adquiera vía optimización del gasto corriente y no de los bolsillos de los contribuyentes.
Esa restructuración no es sencilla, pero debe ser obligada por las fracciones parlamentarias que comparten la idea de un estado como medio y no como fin de la organización social.
Es extraño como el Partido Acción Nacional, ya en el poder, asume una posición contraria a la que enarbolaba antes de asumir la responsabilidad en el gobierno federal.
Los discursos señalaban la necesidad de que la administración pública asumiera su papel como rector de la economía, ampliando la libertad de los particulares y reduciendo los impuestos que sobre ellos pesaban.
Ese discurso es el que se espera que asuman incluso los senadores panistas, en congruencia con su pensamiento histórico.
Finalmente, la característica proporcional de los impuestos, permite su actualización en el tiempo y en las personas pasivas sobre las cuales recae la contribución.
Actualizar los porcentajes de los impuestos es una medida perversa, propia de un estado autoritario, que no tiene llene en la recaudación, en un sistema centralista que ahoga a las entidades federativas y a los municipios, concentrando los ingresos y los programas en perjuicio de los mexicanos.
Postergado un auténtico federalismo en las funciones, es lógico que ocurra lo mismo con los ingresos. Junto con la decisión histórica de abandonar el esquema del terrorismo fiscal de estado, sería deseable que Felipe Calderón retome el discurso auténticamente federalista, y más que el discurso, los hechos, que hablan por sí solos.
La cámara alta debe tomar en cuenta que en una economía deprimida es necesario impulsar el mejoramiento de los ingresos, y no su disminución.
Aumentar los gravámenes, en este caso el uno por ciento al impuesto al valor agregado y elevar el impuesto sobre la renta del 28 al 30, es reducir los ingresos de los ciudadanos.
Debe esperarse que el senado decida sostener el IVA en el quince y el ISR en la tasa actual. Y que los ingresos extraordinarios que requiere el gobierno federal, los adquiera vía optimización del gasto corriente y no de los bolsillos de los contribuyentes.
Esa restructuración no es sencilla, pero debe ser obligada por las fracciones parlamentarias que comparten la idea de un estado como medio y no como fin de la organización social.
Es extraño como el Partido Acción Nacional, ya en el poder, asume una posición contraria a la que enarbolaba antes de asumir la responsabilidad en el gobierno federal.
Los discursos señalaban la necesidad de que la administración pública asumiera su papel como rector de la economía, ampliando la libertad de los particulares y reduciendo los impuestos que sobre ellos pesaban.
Ese discurso es el que se espera que asuman incluso los senadores panistas, en congruencia con su pensamiento histórico.
Finalmente, la característica proporcional de los impuestos, permite su actualización en el tiempo y en las personas pasivas sobre las cuales recae la contribución.
Actualizar los porcentajes de los impuestos es una medida perversa, propia de un estado autoritario, que no tiene llene en la recaudación, en un sistema centralista que ahoga a las entidades federativas y a los municipios, concentrando los ingresos y los programas en perjuicio de los mexicanos.
Postergado un auténtico federalismo en las funciones, es lógico que ocurra lo mismo con los ingresos. Junto con la decisión histórica de abandonar el esquema del terrorismo fiscal de estado, sería deseable que Felipe Calderón retome el discurso auténticamente federalista, y más que el discurso, los hechos, que hablan por sí solos.
martes, 27 de octubre de 2009
Una ciudad limpia
Es común que se entreguen premios y reconocimientos con la finalidad de enviar mensajes positivos a la colectividad.
Ese tipo de expresiones hacia la sociedad indudablemente estimulan hacia la realización de conductas personales y comunitarias.
Por tanto, no es censurable de ninguna manera a la televisora de Salinas Pliego la entrega de un premio a la ciudad limpia, que en este caso se otorga a la ciudad de Chihuahua.
Chihuahua, desde hace algunas administraciones municipales, ha sido reconocida a nivel nacional e internacional, como una ciudad limpia.
Un simple paseo por sus calles y avenida le muestran al paseante la limpieza laboriosa de los chihuahuenses, en una extensión necesaria de hospitalidad.
Sin embargo, la limpieza no termina en las calles, se extiende a las colonias de la periferia, a los parques y jardines, a los arroyos, esto es, a la totalidad del municipio.
No se equivoca Teporaca Romero, regidora en el cabildo, cuando llama la atención sobre este aspecto.
Las administraciones municipales tienen una responsabilidad que alcanza, en materia de limpieza, los espacios verdes, los arroyos y, con gran y especial interés, las colonias de la periferia.
¿Por qué ese especial interés en la limpieza de las zonas donde viven las personas de clase media baja y baja? Porque la limpieza en dichas colonias influye directamente con el sentimiento de integración a la vida comunitaria municipal, como ocurre igual con el resto de los servicios que el municipio debe otorgar.
Pero además, la limpieza tiene una conexión directa con las enfermedades más comunes que afectan a las clases desprotegidas, y que se propagan con mayor facilidad virtud de esos focos de infección.
Un servicio inadecuado de recolección de basura abona a agravar este problema. Esto sin duda, debió tomarse en cuenta al otorgar el mencionado premio al ayuntamiento de chihuahua.
No se diga lo que ocurre en los arroyos y en los parques y jardines, donde la regidora Romero ha sido en especial cuidadosa en documentar dicha situación.
Esperemos que el ayuntamiento tome el mencionado reconocimiento como un acicate para remediar el irregular servicio de recolección de basura en las colonias, y el abandono en que se encuentran las áreas verdes.
Esa seria, al final de cuentas la utilidad práctica de un reconocimiento de esta naturaleza, y no su uso mediático para ensalzar prácticas y políticas municipales, que en el caso en particular, desafortunadamente para todos los que habitamos esta bella ciudad, están ausentes.
Ese tipo de expresiones hacia la sociedad indudablemente estimulan hacia la realización de conductas personales y comunitarias.
Por tanto, no es censurable de ninguna manera a la televisora de Salinas Pliego la entrega de un premio a la ciudad limpia, que en este caso se otorga a la ciudad de Chihuahua.
Chihuahua, desde hace algunas administraciones municipales, ha sido reconocida a nivel nacional e internacional, como una ciudad limpia.
Un simple paseo por sus calles y avenida le muestran al paseante la limpieza laboriosa de los chihuahuenses, en una extensión necesaria de hospitalidad.
Sin embargo, la limpieza no termina en las calles, se extiende a las colonias de la periferia, a los parques y jardines, a los arroyos, esto es, a la totalidad del municipio.
No se equivoca Teporaca Romero, regidora en el cabildo, cuando llama la atención sobre este aspecto.
Las administraciones municipales tienen una responsabilidad que alcanza, en materia de limpieza, los espacios verdes, los arroyos y, con gran y especial interés, las colonias de la periferia.
¿Por qué ese especial interés en la limpieza de las zonas donde viven las personas de clase media baja y baja? Porque la limpieza en dichas colonias influye directamente con el sentimiento de integración a la vida comunitaria municipal, como ocurre igual con el resto de los servicios que el municipio debe otorgar.
Pero además, la limpieza tiene una conexión directa con las enfermedades más comunes que afectan a las clases desprotegidas, y que se propagan con mayor facilidad virtud de esos focos de infección.
Un servicio inadecuado de recolección de basura abona a agravar este problema. Esto sin duda, debió tomarse en cuenta al otorgar el mencionado premio al ayuntamiento de chihuahua.
No se diga lo que ocurre en los arroyos y en los parques y jardines, donde la regidora Romero ha sido en especial cuidadosa en documentar dicha situación.
Esperemos que el ayuntamiento tome el mencionado reconocimiento como un acicate para remediar el irregular servicio de recolección de basura en las colonias, y el abandono en que se encuentran las áreas verdes.
Esa seria, al final de cuentas la utilidad práctica de un reconocimiento de esta naturaleza, y no su uso mediático para ensalzar prácticas y políticas municipales, que en el caso en particular, desafortunadamente para todos los que habitamos esta bella ciudad, están ausentes.
jueves, 22 de octubre de 2009
¿Por que a mí?
Las últimas palabras que pronunció Miguel Etzel hablan por si solas. ¿Porque a mí?, dijo el exprocurador, extitular de órganos electorales, catedrático distinguido de la Universidad Autónoma de Chihuahua, esposo, padre, pero sobre todo, ciudadano querido en la capital Chihuahua, cuando manos oscuras le arrebataron la vida en el pórtico de su casa.
La violencia exacerbada ha segado la vida a un inocente cuyo único crimen fue construir un capital humano durante largos años de trabajo y dedicación diaria.
La sinrazón se ha ocupado de nublar las mentes lúcidas que la dan a la vida comunitaria orden basado en el humanismo que debe campear en la aplicación del derecho punitivo, acercando a la mente políticas de represión contra el crimen más drásticas como la pena de muerte.
El maestro Etzel siempre enseñó en la facultad de derecho conocimiento basado en la sencillez de la vida y el profundo pensamiento del hombre metódico.
Bromeaba lo mismo con los jóvenes que con los maestros: más allá del bien y del mal, su principal dedicación era la política, con un curriculum sobresaliente, al concurrir en él la facilidad para la aplicación del derecho con la mano izquierda en el quehacer gubernamental.
Hasta el momento las investigaciones no arrojan ningún dato concreto. Es obvio que el asunto debe ser estudiado por el ámbito federal en una posible atracción, dado el concierto con el cual fue cometido y el tipo de armas usadas.
Empero el problema es más de fondo: desde hace algunos años se ha trastocado la tranquilidad de los chihuahuenses, y hasta el momento la autoridad federal ha sido incapaz de encontrar una solución.
No hay operativo conjunto que valga, ni participación de corporación federal alguna. La intervención del ejército ha presentado un fracaso, ya que se ha visto que su simple presencia no disuade.
En tanto el trabajo de inteligencia no llega, la sociedad en chihuahua y el país entero sufre. Hasta cuando señor Presidente. Hasta cuándo.
La violencia exacerbada ha segado la vida a un inocente cuyo único crimen fue construir un capital humano durante largos años de trabajo y dedicación diaria.
La sinrazón se ha ocupado de nublar las mentes lúcidas que la dan a la vida comunitaria orden basado en el humanismo que debe campear en la aplicación del derecho punitivo, acercando a la mente políticas de represión contra el crimen más drásticas como la pena de muerte.
El maestro Etzel siempre enseñó en la facultad de derecho conocimiento basado en la sencillez de la vida y el profundo pensamiento del hombre metódico.
Bromeaba lo mismo con los jóvenes que con los maestros: más allá del bien y del mal, su principal dedicación era la política, con un curriculum sobresaliente, al concurrir en él la facilidad para la aplicación del derecho con la mano izquierda en el quehacer gubernamental.
Hasta el momento las investigaciones no arrojan ningún dato concreto. Es obvio que el asunto debe ser estudiado por el ámbito federal en una posible atracción, dado el concierto con el cual fue cometido y el tipo de armas usadas.
Empero el problema es más de fondo: desde hace algunos años se ha trastocado la tranquilidad de los chihuahuenses, y hasta el momento la autoridad federal ha sido incapaz de encontrar una solución.
No hay operativo conjunto que valga, ni participación de corporación federal alguna. La intervención del ejército ha presentado un fracaso, ya que se ha visto que su simple presencia no disuade.
En tanto el trabajo de inteligencia no llega, la sociedad en chihuahua y el país entero sufre. Hasta cuando señor Presidente. Hasta cuándo.
martes, 20 de octubre de 2009
Mas cargas, más gobierno
El consenso entre las fuerzas políticas para aumentar los impuestos el próximo año, legaliza la determinación, pero no la convierte en legitima ni en óptima, como mecanismo para enfrentar la crisis.
De acuerdo con el mecanismo constitucional de funcionamiento de los poderes, recae en la cámara de diputados el análisis y aprobación del ingreso y del gasto del gobierno federal, esto es, los conceptos y montos para el funcionamiento del aparato público, donde debiera destacar no solo el gasto corriente sino, en forma fundamental, la prestación de servicios, así como los mecanismos necesarios para allegarse el financiamiento con dicho fin.
Es obvio que en el sistema que vivimos, el gobierno solo gasta y no genera recursos. No es su finalidad. Por ello, es obvio que el dinero que utiliza tiene como única fuente las contribuciones de los habitantes del país.
El problema es que los gobiernos amenazan con avanzar en perjuicio de los particulares, pervirtiendo la esencia del servicio público, que es medio y no fin, para lograr una sociedad armónica.
Cuando el sector público se ostenta como fin, luego el esfuerzo de los particulares se convierte en un medio simple de financiamiento, por lo cual, ya no solo existe una obligación para contribuir al gasto gubernamental, sino que los impuestos cada día crecen sin control alguno, ahogando la actividad económica.
Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Cada día los impuestos se aumentan bajo el argumento de que ya no alcanzan para satisfacer el apetito del gobierno, cargando contra los contribuyentes cautivos –que al final somos todos de una manera u otra-, en lugar de buscar el adelgazamiento del sector público y su eficiencia.
Las contribuciones se calculan porcentualmente sobre los ingresos y sobre el consumo. Esta es la política general de impuestos. Son porcentuales, porque cada quien debe contribuir de acuerdo a sus posibilidades particulares de ingresos, por un lado, y por el otro, de conformidad con su gasto.
Pero además, son porcentuales, para que se vayan adecuando de conformidad con la evolución de la economía, con lo cual, el gobierno recibe recursos vía impuestos de conformidad con los ingresos y el gasto general: si el mercado evoluciona favorablemente, hay más ingresos, si hay contracción, descienden necesariamente.
Pensar en incrementar los porcentajes de los impuestos cuando se presenta el segundo supuesto resulta una contradicción al sistema impositivo, que busca la proporcionalidad ajustada a los mercados: si hay crisis, el ciudadano sufre y por lo tanto el gobierno también: el ciudadano reduce su gasto y sacrifica lo no esencial, el gobierno debe hacer lo mismo.
Incrementar los impuestos, como lo propone nuestra clase política no es la salida más adecuada, no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. El mensaje es que el sistema gubernamental puede seguir siendo ineficiente, ya que al final de cuentas existe un ciudadano que puede pagar los platos rotos y ajustarse el cinturón hasta donde sea necesario.
De acuerdo con el mecanismo constitucional de funcionamiento de los poderes, recae en la cámara de diputados el análisis y aprobación del ingreso y del gasto del gobierno federal, esto es, los conceptos y montos para el funcionamiento del aparato público, donde debiera destacar no solo el gasto corriente sino, en forma fundamental, la prestación de servicios, así como los mecanismos necesarios para allegarse el financiamiento con dicho fin.
Es obvio que en el sistema que vivimos, el gobierno solo gasta y no genera recursos. No es su finalidad. Por ello, es obvio que el dinero que utiliza tiene como única fuente las contribuciones de los habitantes del país.
El problema es que los gobiernos amenazan con avanzar en perjuicio de los particulares, pervirtiendo la esencia del servicio público, que es medio y no fin, para lograr una sociedad armónica.
Cuando el sector público se ostenta como fin, luego el esfuerzo de los particulares se convierte en un medio simple de financiamiento, por lo cual, ya no solo existe una obligación para contribuir al gasto gubernamental, sino que los impuestos cada día crecen sin control alguno, ahogando la actividad económica.
Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Cada día los impuestos se aumentan bajo el argumento de que ya no alcanzan para satisfacer el apetito del gobierno, cargando contra los contribuyentes cautivos –que al final somos todos de una manera u otra-, en lugar de buscar el adelgazamiento del sector público y su eficiencia.
Las contribuciones se calculan porcentualmente sobre los ingresos y sobre el consumo. Esta es la política general de impuestos. Son porcentuales, porque cada quien debe contribuir de acuerdo a sus posibilidades particulares de ingresos, por un lado, y por el otro, de conformidad con su gasto.
Pero además, son porcentuales, para que se vayan adecuando de conformidad con la evolución de la economía, con lo cual, el gobierno recibe recursos vía impuestos de conformidad con los ingresos y el gasto general: si el mercado evoluciona favorablemente, hay más ingresos, si hay contracción, descienden necesariamente.
Pensar en incrementar los porcentajes de los impuestos cuando se presenta el segundo supuesto resulta una contradicción al sistema impositivo, que busca la proporcionalidad ajustada a los mercados: si hay crisis, el ciudadano sufre y por lo tanto el gobierno también: el ciudadano reduce su gasto y sacrifica lo no esencial, el gobierno debe hacer lo mismo.
Incrementar los impuestos, como lo propone nuestra clase política no es la salida más adecuada, no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. El mensaje es que el sistema gubernamental puede seguir siendo ineficiente, ya que al final de cuentas existe un ciudadano que puede pagar los platos rotos y ajustarse el cinturón hasta donde sea necesario.
lunes, 12 de octubre de 2009
Emprendedores
Las universidades públicas y privadas están obligadas a generar programas que impulsen el carácter emprendedor de los estudiantes.
No puede tratarse esta visión de un programa coyuntural o de moda. Debe convertirse en una actividad permanente, porque al final de cuentas en las manos de los estudiantes de hoy y profesionistas del mañana se encuentra el desarrollo del país.
El problema es que las instituciones de educación superior poco invierten, más allá de programas emergentes, en la generación e impulso del carácter emprendedor de los estudiantes.
El tema viene a colación porque la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de contaduría y administración, celebró la sexta semana de emprendedores, donde se resaltó el drama que viven las empresas ante la ausencia de profesionistas que inyecten la dinámica de crecimiento y desarrollo que necesitamos.
Existe un círculo vicioso donde la iniciativa privada poco hace por recoger a los jóvenes profesionistas para colocarlos en posición de crear, y las instituciones de educación superior, víctimas de dicha dinámica, sucumben generando profesionistas empleados, que se desenvuelven en la medianía, desaprovechándose una gran fuerza creadora.
Por ese motivo es relevante el trabajo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que junto con otras instituciones educativas del país, por cierto contadas, proyectan programas para alentar a la juventud hacia el proceso creador.
Sin embargo, el esfuerzo de las instituciones y de un restringido ámbito del sector privado, es insuficiente, se requiere mayores apoyos, sobre todo del gobierno federal, que el próximo año contempla un ajuste importante y perjudicial a la educación superior.
Deben los legisladores, ante la insensibilidad federal, evitar una mayor afectación a las universidades e instituciones de educación superior, y, respetando la autonomía universitaria, procurar el cuidado para etiquetar recursos que impulsen la fase creativa de los ciento de miles de jóvenes que cursan este nivel educativo.
Es obvio que la formación emprendedora rebasa con mucho una simple clase en las aulas: se requieren asesorías especializadas y sobre todo créditos especiales, fuera de todo tinte demagógico.
No puede tratarse esta visión de un programa coyuntural o de moda. Debe convertirse en una actividad permanente, porque al final de cuentas en las manos de los estudiantes de hoy y profesionistas del mañana se encuentra el desarrollo del país.
El problema es que las instituciones de educación superior poco invierten, más allá de programas emergentes, en la generación e impulso del carácter emprendedor de los estudiantes.
El tema viene a colación porque la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de contaduría y administración, celebró la sexta semana de emprendedores, donde se resaltó el drama que viven las empresas ante la ausencia de profesionistas que inyecten la dinámica de crecimiento y desarrollo que necesitamos.
Existe un círculo vicioso donde la iniciativa privada poco hace por recoger a los jóvenes profesionistas para colocarlos en posición de crear, y las instituciones de educación superior, víctimas de dicha dinámica, sucumben generando profesionistas empleados, que se desenvuelven en la medianía, desaprovechándose una gran fuerza creadora.
Por ese motivo es relevante el trabajo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que junto con otras instituciones educativas del país, por cierto contadas, proyectan programas para alentar a la juventud hacia el proceso creador.
Sin embargo, el esfuerzo de las instituciones y de un restringido ámbito del sector privado, es insuficiente, se requiere mayores apoyos, sobre todo del gobierno federal, que el próximo año contempla un ajuste importante y perjudicial a la educación superior.
Deben los legisladores, ante la insensibilidad federal, evitar una mayor afectación a las universidades e instituciones de educación superior, y, respetando la autonomía universitaria, procurar el cuidado para etiquetar recursos que impulsen la fase creativa de los ciento de miles de jóvenes que cursan este nivel educativo.
Es obvio que la formación emprendedora rebasa con mucho una simple clase en las aulas: se requieren asesorías especializadas y sobre todo créditos especiales, fuera de todo tinte demagógico.
miércoles, 7 de octubre de 2009
Una institución que proteger
México es un país de instituciones. Probablemente esa es una de las principales aportaciones del PRI a la construcción del Estado Moderno.
La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otras instituciones, representan un baluarte para el desarrollo de la Nación.
Igual podemos decir de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución moderna, fruto de la transición a la democracia, momento álgido de los noventas, cuando la pasión creadora de legisladores de distintos partidos generó un organismo moderno, con características autónomas e independientes, para equilibrar el poder en el país y generar un dique a los abusos desde la autoridad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha intervenido en asuntos relevantes para la historia nacional, aguas blancas, pederastia, inmigrantes, libertad de expresión, todos ellos con nombres y apellidos, en una decidida vocación garantista desde la visión de José Luis Soberanes, quien logró salvaguardar la institución de los intereses partidistas, incluso concediendo equivocaciones que al final de cuentas pasan desapercibidas frente a las innumerables acciones correctas y de salvaguarda a derechos elementales, consustanciales a la categoría de seres humanos.
La institución esta por atravesar una de las principales pruebas de fuego, con la decisión del Senado acerca de la sucesión, y los innumerables intereses políticos en juego. Muchos son los rostros que han alzado la mano para ser considerados. El problema es que no todos garantizan la continuidad del proyecto garantista.
La esperanza es que los integrantes de la cámara alta tomen la decisión correcta.
Desde la visión del periodismo organizado, hay una rendija hacia la construcción de una comisión de derechos humanos más solida. La experiencia es factor fundamental.
Este es uno de los principales elementos que se deben tomar en cuenta. En este sentido la intervención de Mauricio Farah, como quinto visitador, responsable del área de protección a periodistas, ha sido destacada.
Existe durante los últimos años una labor destacada de compromiso por la defensa de la libertad de expresión, principalmente –y hay que reconocerlo- por la intervención de Mauricio.
Esperamos que en ese sentido sea la decisión del senado.
Una decisión en contrario podría representar un retroceso. Ojalá no ocurra y que la comisión de derechos humanos continúe fortaleciéndose.
La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otras instituciones, representan un baluarte para el desarrollo de la Nación.
Igual podemos decir de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución moderna, fruto de la transición a la democracia, momento álgido de los noventas, cuando la pasión creadora de legisladores de distintos partidos generó un organismo moderno, con características autónomas e independientes, para equilibrar el poder en el país y generar un dique a los abusos desde la autoridad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha intervenido en asuntos relevantes para la historia nacional, aguas blancas, pederastia, inmigrantes, libertad de expresión, todos ellos con nombres y apellidos, en una decidida vocación garantista desde la visión de José Luis Soberanes, quien logró salvaguardar la institución de los intereses partidistas, incluso concediendo equivocaciones que al final de cuentas pasan desapercibidas frente a las innumerables acciones correctas y de salvaguarda a derechos elementales, consustanciales a la categoría de seres humanos.
La institución esta por atravesar una de las principales pruebas de fuego, con la decisión del Senado acerca de la sucesión, y los innumerables intereses políticos en juego. Muchos son los rostros que han alzado la mano para ser considerados. El problema es que no todos garantizan la continuidad del proyecto garantista.
La esperanza es que los integrantes de la cámara alta tomen la decisión correcta.
Desde la visión del periodismo organizado, hay una rendija hacia la construcción de una comisión de derechos humanos más solida. La experiencia es factor fundamental.
Este es uno de los principales elementos que se deben tomar en cuenta. En este sentido la intervención de Mauricio Farah, como quinto visitador, responsable del área de protección a periodistas, ha sido destacada.
Existe durante los últimos años una labor destacada de compromiso por la defensa de la libertad de expresión, principalmente –y hay que reconocerlo- por la intervención de Mauricio.
Esperamos que en ese sentido sea la decisión del senado.
Una decisión en contrario podría representar un retroceso. Ojalá no ocurra y que la comisión de derechos humanos continúe fortaleciéndose.
martes, 6 de octubre de 2009
Mensajes políticos
Los informes de gobierno de los mandatarios estatales se convierten en escenario propicio para el envío de mensajes políticos.
Sin desestimar el procedimiento de rendición de cuentas, primero en lo formal, ante el Congreso del Estado y posteriormente, en lo informal, ante la comunidad, en un evento multitudinario, el informe del gobernador resultó de gran interés para el análisis político.
Primero, los mensajes que el mismo gobernador procuró desde el discurso, cuando en lo político advierte que hay que fortalecer la unidad, en un claro mensaje a los contendientes internos del PRI.
También hay un mensaje al congreso del estado, concretamente, debe entenderse, a las fuerzas políticas opositoras: construir una relación, que en la colaboración, la prudencia y la sensatez, permita hacer del 2010 un año de acuerdos, difícil situación, ante la complejidad política del país y de chihuahua en particular, con un proceso electoral que arranca formalmente en diciembre próximo.
El reconocimiento al ejército por parte del jefe del ejecutivo no excluye de la autocritica en el sentido de que el operativo conjunto no ha marchado del todo bien, que los resultados no son lo que se esperaba, y que por lo tanto, debe estar en continua revisión, pese al innegable logro de haber detenido a cerca de mil personas vinculadas directamente con crimen organizado.
El anuncio de las contra-reformas al sistema de justicia penal, son también un reconocimiento de que no todo ha salido bien, y que es necesario reconocerlo e implementar las medidas necesarias para modificar el estado de cosas, que en el asunto en particular, se convierte en una imagen de impunidad, cuando la comunidad observa las penas bajas y flexibles que se aplican a delincuentes.
Hay incluso un mensaje al presidente de la república, en el sentido de que debe darse el paso histórico de revisar el sistema federalista, para fortalecerlo, en el afán de que las responsabilidades delegadas en los estados tengan su correspondencia con la distribución de recursos económicos, esto es, construir un federalismo dinámico, con una redistribución de recursos federales, con una revisión al presupuesto de egresos del 2010.
Textual el jefe del ejecutivo afirma: “…es inaplazable conformar entre todos una Ley de Ingresos Federal provista de los suficientes equilibrios para distribuir de manera más justa la carga tributaria… Y un Presupuesto de Egresos que responda a los grandes problemas nacionales… que refleje austeridad en el gasto… y que destine los recursos con fórmulas que garanticen la mayor rentabilidad social”.
Por último, la presencia de personajes en el informe, es también un mensaje. Los gobernadores del noreste cerraron filas con Reyes Baeza: Natividad González Paras, gobernador de Nuevo León; Eugenio Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas; Humberto Moreira Valdez, gobernador de Coahuila.
También acudió Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rafael Ochoa Guzmán, en un claro mensaje de la maestra Elba Esther Gordillo; en Juárez, se incorporó el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y, en un invitado de muchas lecturas, como representante del presidente de la República, Abelardo Escobar Prieto, Secretario de la Reforma Agraria, una secretaria cuya muerte ya fue anunciada, y cuando se esperaba alguien de mayor nivel, que pudiese enviar un mensaje de mayor apoyo por parte del presidente, como pudo ser el titular de la secretaria de gobernación.
Sin desestimar el procedimiento de rendición de cuentas, primero en lo formal, ante el Congreso del Estado y posteriormente, en lo informal, ante la comunidad, en un evento multitudinario, el informe del gobernador resultó de gran interés para el análisis político.
Primero, los mensajes que el mismo gobernador procuró desde el discurso, cuando en lo político advierte que hay que fortalecer la unidad, en un claro mensaje a los contendientes internos del PRI.
También hay un mensaje al congreso del estado, concretamente, debe entenderse, a las fuerzas políticas opositoras: construir una relación, que en la colaboración, la prudencia y la sensatez, permita hacer del 2010 un año de acuerdos, difícil situación, ante la complejidad política del país y de chihuahua en particular, con un proceso electoral que arranca formalmente en diciembre próximo.
El reconocimiento al ejército por parte del jefe del ejecutivo no excluye de la autocritica en el sentido de que el operativo conjunto no ha marchado del todo bien, que los resultados no son lo que se esperaba, y que por lo tanto, debe estar en continua revisión, pese al innegable logro de haber detenido a cerca de mil personas vinculadas directamente con crimen organizado.
El anuncio de las contra-reformas al sistema de justicia penal, son también un reconocimiento de que no todo ha salido bien, y que es necesario reconocerlo e implementar las medidas necesarias para modificar el estado de cosas, que en el asunto en particular, se convierte en una imagen de impunidad, cuando la comunidad observa las penas bajas y flexibles que se aplican a delincuentes.
Hay incluso un mensaje al presidente de la república, en el sentido de que debe darse el paso histórico de revisar el sistema federalista, para fortalecerlo, en el afán de que las responsabilidades delegadas en los estados tengan su correspondencia con la distribución de recursos económicos, esto es, construir un federalismo dinámico, con una redistribución de recursos federales, con una revisión al presupuesto de egresos del 2010.
Textual el jefe del ejecutivo afirma: “…es inaplazable conformar entre todos una Ley de Ingresos Federal provista de los suficientes equilibrios para distribuir de manera más justa la carga tributaria… Y un Presupuesto de Egresos que responda a los grandes problemas nacionales… que refleje austeridad en el gasto… y que destine los recursos con fórmulas que garanticen la mayor rentabilidad social”.
Por último, la presencia de personajes en el informe, es también un mensaje. Los gobernadores del noreste cerraron filas con Reyes Baeza: Natividad González Paras, gobernador de Nuevo León; Eugenio Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas; Humberto Moreira Valdez, gobernador de Coahuila.
También acudió Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rafael Ochoa Guzmán, en un claro mensaje de la maestra Elba Esther Gordillo; en Juárez, se incorporó el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y, en un invitado de muchas lecturas, como representante del presidente de la República, Abelardo Escobar Prieto, Secretario de la Reforma Agraria, una secretaria cuya muerte ya fue anunciada, y cuando se esperaba alguien de mayor nivel, que pudiese enviar un mensaje de mayor apoyo por parte del presidente, como pudo ser el titular de la secretaria de gobernación.
jueves, 1 de octubre de 2009
Seguridad y política, al final del sexenio
La rendición de cuentas implica que los gobernantes se presenten ante los cuerpos legislativos a presentar un balance de la administración pública.
En este sentido, la tendencia nacional es que los titulares del poder ejecutivo entreguen por escrito el informe anual ante las legislaturas estatales, en un acto sobrio con escasas intervenciones e incluso, en algunos casos extremos, sin ellas o bien, como vimos en el caso federal, se ha llegado al exceso de que los documentos son enviados a través de un secretario de estado, en este caso el responsable de gobernación Fernando Gómez Mont.
En el caso de Chihuahua, que en su momento inauguró los informes austeros, el mandatario José Reyes Baeza, cumplió estrictamente con el protocolo legislativo y posteriormente acudió a la celebración de un acto masivo, donde presentó públicamente los avances y retrocesos de su gobierno.
Destacan en la administración varios temas, agua, educación, salud y, sin lugar a dudas, seguridad pública, y la sucesión gubernamental que se encuentra a la puerta.
En una entrevista publicada en el Heraldo de Chihuahua, el jefe del ejecutivo anticipa reformas al sistema de justicia penal, que en su momento deberán de ser tomadas en cuenta en el ámbito federal: la reincidencia debe ser tratada con cuidado, ante el menosprecio de la delincuencia por las medidas cautelares y garantistas que permiten sobrellevar el proceso en libertad, por lo cual se anticipa una modificación inflexible y radical al respecto.
Asimismo, en lo que representa un fenómeno nacional, el sistema penal buscará penalizar con mayor agudeza a los infractores mayores de catorce años, ante la intervención de éstos como personal armado de los grupos de la delincuencia organizada: en 2009 varios jóvenes entre 14 y 18 años fueron responsabilizados de diversos asesinatos cometidos mediante el uso de armas de fuego de grueso calibre, en el esquema de comandos armados.
De la sucesión en la gubernatura, las palabras de José Reyes Baeza hablan por si solas, en un claro mensaje político, advierte, en un apretón interesante y con muchas lecturas: Primero, es necesario generar condiciones de unidad interna; Segundo, que aunque es tarea del partido, él también habrá de opinar y aportar su esfuerzo para que el proceso camine bien.
De los datos relevantes del informe para posterior análisis, el acento en la construcción de vivienda, con 140 mil en la administración; la bandera blanca en alfabetización, que chihuahua comparte con otras tres entidades en el país; la decisión política de invertir en ecología, específicamente en tratamiento de aguas residuales, un tema sensible por lo regular olvidado por las administraciones.
El proceso de rendición de cuentas en chihuahua apenas inicia; como ocurre a nivel federal, posteriormente deberán ocurrir las comparecencias de funcionarios ante la legislatura, en el proceso de glosa, antes de someter a aprobación el documento.
En este sentido, la tendencia nacional es que los titulares del poder ejecutivo entreguen por escrito el informe anual ante las legislaturas estatales, en un acto sobrio con escasas intervenciones e incluso, en algunos casos extremos, sin ellas o bien, como vimos en el caso federal, se ha llegado al exceso de que los documentos son enviados a través de un secretario de estado, en este caso el responsable de gobernación Fernando Gómez Mont.
En el caso de Chihuahua, que en su momento inauguró los informes austeros, el mandatario José Reyes Baeza, cumplió estrictamente con el protocolo legislativo y posteriormente acudió a la celebración de un acto masivo, donde presentó públicamente los avances y retrocesos de su gobierno.
Destacan en la administración varios temas, agua, educación, salud y, sin lugar a dudas, seguridad pública, y la sucesión gubernamental que se encuentra a la puerta.
En una entrevista publicada en el Heraldo de Chihuahua, el jefe del ejecutivo anticipa reformas al sistema de justicia penal, que en su momento deberán de ser tomadas en cuenta en el ámbito federal: la reincidencia debe ser tratada con cuidado, ante el menosprecio de la delincuencia por las medidas cautelares y garantistas que permiten sobrellevar el proceso en libertad, por lo cual se anticipa una modificación inflexible y radical al respecto.
Asimismo, en lo que representa un fenómeno nacional, el sistema penal buscará penalizar con mayor agudeza a los infractores mayores de catorce años, ante la intervención de éstos como personal armado de los grupos de la delincuencia organizada: en 2009 varios jóvenes entre 14 y 18 años fueron responsabilizados de diversos asesinatos cometidos mediante el uso de armas de fuego de grueso calibre, en el esquema de comandos armados.
De la sucesión en la gubernatura, las palabras de José Reyes Baeza hablan por si solas, en un claro mensaje político, advierte, en un apretón interesante y con muchas lecturas: Primero, es necesario generar condiciones de unidad interna; Segundo, que aunque es tarea del partido, él también habrá de opinar y aportar su esfuerzo para que el proceso camine bien.
De los datos relevantes del informe para posterior análisis, el acento en la construcción de vivienda, con 140 mil en la administración; la bandera blanca en alfabetización, que chihuahua comparte con otras tres entidades en el país; la decisión política de invertir en ecología, específicamente en tratamiento de aguas residuales, un tema sensible por lo regular olvidado por las administraciones.
El proceso de rendición de cuentas en chihuahua apenas inicia; como ocurre a nivel federal, posteriormente deberán ocurrir las comparecencias de funcionarios ante la legislatura, en el proceso de glosa, antes de someter a aprobación el documento.
martes, 22 de septiembre de 2009
Persecución periodística
Antes de concluir su segundo periodo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, emite dos recomendaciones que son relevantes para efectos de libertad de expresión: la recomendación general número 17 y la 57, relativa al caso Contralinea.
La recomendación general, tiene que ver con señalamientos a los distintos niveles de gobierno para adecuar el marco jurídico para garantizar plenamente el ejercicio de la libertad de expresión, vulnerado por practicas de omisión y corrupción en los ámbitos judicial y administrativo, especialmente por la actuación de los cuerpos policíacos.
Dicha recomendación general se basa en una serie de casos que en lo particular merecieron un señalamiento concreto en su momento, y que hace hincapié en la vulnerabilidad de medios y periodistas frente a los abusos del poder público establecido y el poder fáctico, fundamentalmente el crimen organizado.
En el caso de la revista Contralinea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se refiere al acoso personal que sufrieron los colegas Ana Lilia Pérez Mendoza y Agustín Badillo Cruz, a raíz de una serie de trabajos periodísticos en relación con el posible tráfico de influencias desde el gobierno federal hacia la paraestatal Petróleos Mexicanos, especialmente en beneficio de una empresa del norte del país denominada Zeta Gas, propiedad de la familia Zaragoza.
Los reportajes y noticias molestaron a la empresa paraestatal y a Zeta Gas, quienes, por un lado, restringieron publicidad y por el otro, presentaron denuncias penales que provocaron el arresto de Agustín Badillo en México, Distrito Federal, por los delitos utilizados políticamente de difamación y calumnia.
La Comisión Nacional considero en la mencionada recomendación 57 del 2009, que Petróleos Mexicanos en ningún momento comprobó contar con un procedimiento que otorgue seguridad jurídica en la asignación de publicidad, esto es, en términos llanos, que se realiza arbitrariamente y por capricho, en función de que tras eliminar como proveedor a Contralinea, continuó contratando publicidad en revistas similares, por lo cual el argumento de circulación o restricción presupuestal, dice la CNDH, no aplica.
En el caso de las denuncias penales, el Ombudsman acredito irregularidades en la integración de las averiguaciones previas y excesos por parte del juez que llevó la causa, ya que ni siquiera fueron notificados oportunamente, violando las garantías de seguridad jurídica y legalidad en el procedimiento.
Insólito: el juez condenó a los periodistas utilizando elementos que ni siquiera incorporó Zeta Gas a las denuncias, curiosamente originadas por una entrevista que integrantes de la familia Zaragoza ofrecieron a la revista y que constan en grabaciones.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y las organizaciones periodísticas en el país, es evidente que en ambos casos se viola flagrantemente la garantía constitucional e internacional de libertad de expresión, daño que debe ser reparado inmediatamente.
La recomendación general, tiene que ver con señalamientos a los distintos niveles de gobierno para adecuar el marco jurídico para garantizar plenamente el ejercicio de la libertad de expresión, vulnerado por practicas de omisión y corrupción en los ámbitos judicial y administrativo, especialmente por la actuación de los cuerpos policíacos.
Dicha recomendación general se basa en una serie de casos que en lo particular merecieron un señalamiento concreto en su momento, y que hace hincapié en la vulnerabilidad de medios y periodistas frente a los abusos del poder público establecido y el poder fáctico, fundamentalmente el crimen organizado.
En el caso de la revista Contralinea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se refiere al acoso personal que sufrieron los colegas Ana Lilia Pérez Mendoza y Agustín Badillo Cruz, a raíz de una serie de trabajos periodísticos en relación con el posible tráfico de influencias desde el gobierno federal hacia la paraestatal Petróleos Mexicanos, especialmente en beneficio de una empresa del norte del país denominada Zeta Gas, propiedad de la familia Zaragoza.
Los reportajes y noticias molestaron a la empresa paraestatal y a Zeta Gas, quienes, por un lado, restringieron publicidad y por el otro, presentaron denuncias penales que provocaron el arresto de Agustín Badillo en México, Distrito Federal, por los delitos utilizados políticamente de difamación y calumnia.
La Comisión Nacional considero en la mencionada recomendación 57 del 2009, que Petróleos Mexicanos en ningún momento comprobó contar con un procedimiento que otorgue seguridad jurídica en la asignación de publicidad, esto es, en términos llanos, que se realiza arbitrariamente y por capricho, en función de que tras eliminar como proveedor a Contralinea, continuó contratando publicidad en revistas similares, por lo cual el argumento de circulación o restricción presupuestal, dice la CNDH, no aplica.
En el caso de las denuncias penales, el Ombudsman acredito irregularidades en la integración de las averiguaciones previas y excesos por parte del juez que llevó la causa, ya que ni siquiera fueron notificados oportunamente, violando las garantías de seguridad jurídica y legalidad en el procedimiento.
Insólito: el juez condenó a los periodistas utilizando elementos que ni siquiera incorporó Zeta Gas a las denuncias, curiosamente originadas por una entrevista que integrantes de la familia Zaragoza ofrecieron a la revista y que constan en grabaciones.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y las organizaciones periodísticas en el país, es evidente que en ambos casos se viola flagrantemente la garantía constitucional e internacional de libertad de expresión, daño que debe ser reparado inmediatamente.
lunes, 21 de septiembre de 2009
Recorte a la cultura
El ejecutivo federal envió el presupuesto de egresos a la Cámara de Diputados con una reducción de una cuarta parte al recurso ejercido en 2009.
La reducción planteada es por el orden de los tres mil millones de pesos. Es obvio que muchos proyectos y programas se verán afectados, dentro de ellos, los que tienen que ver con la cultura.
Se anticipa que el daño ocurrirá en el desarrollo artístico en todas sus manifestaciones, investigación y difusión el patrimonio arqueológico, arquitectónico y artístico, producción cinematográfica y divulgación cultural a través de radio y televisión.
El problema no se detiene ahí. Una reducción sustancial en el presupuesto destinado a cultura, afectaría la construcción de museos, bibliotecas, centros culturales y otros espacios de esta naturaleza; los artistas y creadores contarían con menos apoyos para el desarrollo de proyectos (libros, exposiciones, montajes, producciones, circuitos, presentaciones); de igual forma, algunos programas de animación cultural como festivales, ferias de libros, jornadas culturales y encuentros, reducirían su cobertura y alcance.
Esta reducción planteada es insostenible, ya que en estos momentos en que hay que restañar el tejido social resulta de primera importancia. La cultura, en estos momentos, es capacidad para resistir por la fuerza que genera a favor de la identidad y el reconocimiento de nuestras tradiciones y patrimonio. La cultura es el mejor antídoto contra la intolerancia y la mejor alternativa para fomentar la creatividad, el respeto a la diversidad y la construcción de comunidad ante los problemas de inseguridad.
La propuesta de reducción tendrá que ser analizada en comisiones, particularmente la de cultura, que al igual que el resto, aún carece de definición en sus titulares.
En este sentido hay un bloque de estados que analizan con preocupación dicho nombramiento. Por lo pronto, Chihuahua, con Carlos Carrera, Yucatán, Oaxaca, Puebla y Estado de México se reunieron con el diputado federal Armando Báez Pinal, quien representa una de las opciones más firmes para defender el proyecto cultural, en principio, del afán reduccionista del presidente Calderón.
La cultura y la educación merecen un trato distinto. Ojala haya una reconsideración desde la Cámara de Diputados y la designación del titular de la comisión sea afortunada y no de mero trámite.
La reducción planteada es por el orden de los tres mil millones de pesos. Es obvio que muchos proyectos y programas se verán afectados, dentro de ellos, los que tienen que ver con la cultura.
Se anticipa que el daño ocurrirá en el desarrollo artístico en todas sus manifestaciones, investigación y difusión el patrimonio arqueológico, arquitectónico y artístico, producción cinematográfica y divulgación cultural a través de radio y televisión.
El problema no se detiene ahí. Una reducción sustancial en el presupuesto destinado a cultura, afectaría la construcción de museos, bibliotecas, centros culturales y otros espacios de esta naturaleza; los artistas y creadores contarían con menos apoyos para el desarrollo de proyectos (libros, exposiciones, montajes, producciones, circuitos, presentaciones); de igual forma, algunos programas de animación cultural como festivales, ferias de libros, jornadas culturales y encuentros, reducirían su cobertura y alcance.
Esta reducción planteada es insostenible, ya que en estos momentos en que hay que restañar el tejido social resulta de primera importancia. La cultura, en estos momentos, es capacidad para resistir por la fuerza que genera a favor de la identidad y el reconocimiento de nuestras tradiciones y patrimonio. La cultura es el mejor antídoto contra la intolerancia y la mejor alternativa para fomentar la creatividad, el respeto a la diversidad y la construcción de comunidad ante los problemas de inseguridad.
La propuesta de reducción tendrá que ser analizada en comisiones, particularmente la de cultura, que al igual que el resto, aún carece de definición en sus titulares.
En este sentido hay un bloque de estados que analizan con preocupación dicho nombramiento. Por lo pronto, Chihuahua, con Carlos Carrera, Yucatán, Oaxaca, Puebla y Estado de México se reunieron con el diputado federal Armando Báez Pinal, quien representa una de las opciones más firmes para defender el proyecto cultural, en principio, del afán reduccionista del presidente Calderón.
La cultura y la educación merecen un trato distinto. Ojala haya una reconsideración desde la Cámara de Diputados y la designación del titular de la comisión sea afortunada y no de mero trámite.
viernes, 18 de septiembre de 2009
Buenas intenciones
El Presidente de la República Felipe Calderón fue felicitado por la Organización de las Naciones Unidas, por su decisión de ayudar a los más desposeídos.
Dice el representante de la ONU en México, que la organización no puede más que reconocer como ética la decisión de apoyar a los pobres a través de un impuesto generalizado.
El problema no es que se apoye a los pobres. Probablemente la ONU no ha caído en cuenta que ningún partido político, al menos públicamente, puede estar en contra de apoyar a las clases mas desprotegidas del país. La cuestión es que el mecanismo implementado parece el menos idóneo.
El gobierno federal deberá resolver una serie de situaciones antes de gritar a los cuatro vientos que dos de tres mexicanos en pobreza recibirán apoyo directo a través de diversos programas asistenciales.
Primero, que el impuesto generalizado, aún y cuando sea proporcional, en función de que afectará en mayor medida a los grandes consumidores, no distinguirá si éste último forma parte de la población en pobreza que Calderón dice habrá de ayudar.
Y no distingue el impuesto, porque se habrá de cobrar por igual: los alimentos y medicinas, adquiridos, cargarán al comprador, lo mismo si paga con unos centavos apenas que si lo hace con tarjeta de crédito, por poner un ejemplo: no hay un castigo o una carga diferente.
Por lo tanto, primero le quitas un dos por ciento sobre lo que compre el pobre, y luego, tras un galimatías burocrático, intentarás, como gobierno, entregárselo en su mano, con el deterioro natural por los costos que esto implica. Con lo cual, ya no será un peso el que le entregues, sino unos cuantos centavos.
Segundo, insisto en que no existe un padrón confiable que ubique a la población en situación de pobreza. Elaborarlo, implicará el natural gasto administrativo, gasto corriente, que el gobierno –dice- esta empeñado en reducir. Pero además es una navaja de dos filas, por un lado lo difícil de construirlo, y en segundo lugar, el uso electorero que seguramente tendrá.
Habría de pensarse en un mecanismo distinto, más directo de apoyo, que no implique el gasto corriente aplicado en los programas asistenciales y la dificultad de construir un padrón confiable y no utilizable electoralmente. Cuestión sumamente difícil. Solo buenas intenciones.
Dice el representante de la ONU en México, que la organización no puede más que reconocer como ética la decisión de apoyar a los pobres a través de un impuesto generalizado.
El problema no es que se apoye a los pobres. Probablemente la ONU no ha caído en cuenta que ningún partido político, al menos públicamente, puede estar en contra de apoyar a las clases mas desprotegidas del país. La cuestión es que el mecanismo implementado parece el menos idóneo.
El gobierno federal deberá resolver una serie de situaciones antes de gritar a los cuatro vientos que dos de tres mexicanos en pobreza recibirán apoyo directo a través de diversos programas asistenciales.
Primero, que el impuesto generalizado, aún y cuando sea proporcional, en función de que afectará en mayor medida a los grandes consumidores, no distinguirá si éste último forma parte de la población en pobreza que Calderón dice habrá de ayudar.
Y no distingue el impuesto, porque se habrá de cobrar por igual: los alimentos y medicinas, adquiridos, cargarán al comprador, lo mismo si paga con unos centavos apenas que si lo hace con tarjeta de crédito, por poner un ejemplo: no hay un castigo o una carga diferente.
Por lo tanto, primero le quitas un dos por ciento sobre lo que compre el pobre, y luego, tras un galimatías burocrático, intentarás, como gobierno, entregárselo en su mano, con el deterioro natural por los costos que esto implica. Con lo cual, ya no será un peso el que le entregues, sino unos cuantos centavos.
Segundo, insisto en que no existe un padrón confiable que ubique a la población en situación de pobreza. Elaborarlo, implicará el natural gasto administrativo, gasto corriente, que el gobierno –dice- esta empeñado en reducir. Pero además es una navaja de dos filas, por un lado lo difícil de construirlo, y en segundo lugar, el uso electorero que seguramente tendrá.
Habría de pensarse en un mecanismo distinto, más directo de apoyo, que no implique el gasto corriente aplicado en los programas asistenciales y la dificultad de construir un padrón confiable y no utilizable electoralmente. Cuestión sumamente difícil. Solo buenas intenciones.
lunes, 14 de septiembre de 2009
Discurso absurdo
El Presidente Felipe Calderón realizó declaraciones justificando la imposición del dos por ciento en medicinas y alimentos, así como en servicios como electricidad y gasolinas, en el sentido de que beneficiarían a la población mas pobre.
Dice textualmente el señor presidente que “"Si nosotros logramos que las familias más pobres consuman menos agua, sin sacrificar sus satisfactores, y consuman menos electricidad, vamos a hacerle ahorrar a esas familias dinero contante y sonante sobre su ingreso disponible, pero también vamos a ahorrar nosotros, porque cada kilovatio-hora que deje de consumirse es un subsidio que dejamos también de pagar".
Hay dos vertientes, primero en las declaraciones del mandatario nacional y posteriormente, por lo que toca con la propuesta fiscal que pretende imponer nuevas tributaciones para apoyar directamente a las clases mas desprotegidas.
Son desafortunados los comentarios presidenciales en función de que las clases más pobres son también quienes tienen un alto consumo de electricidad, por dos motivos, las instalaciones defectuosas y la falta de capacidad económica para adquirir electrodomésticos modernos.
Las clases pobres carecen de la posibilidad de invertir en instalaciones eléctricas y comprar fotos de bajo consumo de energía; al contrario, por lo regular los focos los compran en la tiendita de la esquina y la instalación eléctrica es de autoconstrucción, con materiales de baja calidad.
Los electrodomésticos son adquiridos usados o bien, son antiguos, muy alejados de la tecnología que reduce el consumo de energía. ¿Cómo reducir entonces los kilowatts en esas condiciones?
Se ve que el señor presidente desconoce la situación de las clases mas desprotegidas.
Con relación al paquete fiscal, el impuesto al valor agregado en medicinas y alimentos, sin duda tiene el objetivo plausible de ayudar a las clases pobres.
Esos recursos se destinarían para apoyar directamente a las familias desprotegidas, pero la pregunta es ¿Cómo esperar que el regreso de impuestos en inversión y apoyo directo llegue específicamente a las personas en situación de pobreza extrema, cuando los programas sociales caen por lo general en el clientelismo electoral y la corrupción?
¿Cual va a ser la autoridad responsable de elaborar un padrón confiable de las personas en esta condición?, pero además, ¿Cuál va a ser el mecanismo para hacer llegar el dinero? ¿Será acaso una tarjeta bancaria? ¿En efectivo? ¿O en cheque?
Es difícil para el señor presidente defender esta propuesta. Lo mejor sería retirarla antes de que sea desechada en la cámara de diputados, salvo que eso sea lo que al final se quiera, victimizar a la administración federal, argumentando la cerrazón de los partidos frente a las propuestas fiscales del gobierno panista.
Dice textualmente el señor presidente que “"Si nosotros logramos que las familias más pobres consuman menos agua, sin sacrificar sus satisfactores, y consuman menos electricidad, vamos a hacerle ahorrar a esas familias dinero contante y sonante sobre su ingreso disponible, pero también vamos a ahorrar nosotros, porque cada kilovatio-hora que deje de consumirse es un subsidio que dejamos también de pagar".
Hay dos vertientes, primero en las declaraciones del mandatario nacional y posteriormente, por lo que toca con la propuesta fiscal que pretende imponer nuevas tributaciones para apoyar directamente a las clases mas desprotegidas.
Son desafortunados los comentarios presidenciales en función de que las clases más pobres son también quienes tienen un alto consumo de electricidad, por dos motivos, las instalaciones defectuosas y la falta de capacidad económica para adquirir electrodomésticos modernos.
Las clases pobres carecen de la posibilidad de invertir en instalaciones eléctricas y comprar fotos de bajo consumo de energía; al contrario, por lo regular los focos los compran en la tiendita de la esquina y la instalación eléctrica es de autoconstrucción, con materiales de baja calidad.
Los electrodomésticos son adquiridos usados o bien, son antiguos, muy alejados de la tecnología que reduce el consumo de energía. ¿Cómo reducir entonces los kilowatts en esas condiciones?
Se ve que el señor presidente desconoce la situación de las clases mas desprotegidas.
Con relación al paquete fiscal, el impuesto al valor agregado en medicinas y alimentos, sin duda tiene el objetivo plausible de ayudar a las clases pobres.
Esos recursos se destinarían para apoyar directamente a las familias desprotegidas, pero la pregunta es ¿Cómo esperar que el regreso de impuestos en inversión y apoyo directo llegue específicamente a las personas en situación de pobreza extrema, cuando los programas sociales caen por lo general en el clientelismo electoral y la corrupción?
¿Cual va a ser la autoridad responsable de elaborar un padrón confiable de las personas en esta condición?, pero además, ¿Cuál va a ser el mecanismo para hacer llegar el dinero? ¿Será acaso una tarjeta bancaria? ¿En efectivo? ¿O en cheque?
Es difícil para el señor presidente defender esta propuesta. Lo mejor sería retirarla antes de que sea desechada en la cámara de diputados, salvo que eso sea lo que al final se quiera, victimizar a la administración federal, argumentando la cerrazón de los partidos frente a las propuestas fiscales del gobierno panista.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
El camino fácil
El Presidente de la República optó por la vía fácil para resolver el problema financiero del país: incrementar los impuestos a los contribuyentes cautivos e implementar un nuevo modelo del IVA a alimentos y medicinas.
Se dirá que la medida resulta antipopular y por ese motivo es injusto señalarle al mandatario nacional lo anterior; una cosa no tiene que ver con lo otro.
Los contribuyentes, ciudadanos todos en fin, no se oponen al cobro de impuestos. Existe el convencimiento de que la población debe participar en el financiamiento del gobierno, para garantizar la prestación de servicios esenciales para la vida comunitaria, salud, educación, seguridad, entre otros.
El problema es cuando no se observa ese regreso. Esto es, no hay seguridad, en servicios de salud hay grandes deficiencias e ineficiencias y en educación, la gratuidad es una garantía constitucional no cumplida.
Por lo tanto, el problema no es el cobro de los impuestos, que en general se acepta, sino la ausencia de beneficios hacia la población.
Un aspecto más que debe considerar el presidente es la proporcionalidad en el pago de los impuestos. El IVA generalizado, sea del porcentaje que sea, es un impuesto a rajatabla que castiga el consumo, de los que mas tienen y de los que menos tienen. No es que le moleste a los ciudadanos una nueva imposición, sino la insuficiencia de recursos para hacer frente a ellos. No es que el ciudadano se niegue a contribuir, el problema es que existen 60 millones de personas en pobreza patrimonial y un tercio de ellos, en una situación verdaderamente aguda.
Por eso, lo fácil para el presidente era enviar un esquema fiscal agresivo, que sabe que no pasa en la Cámara de Diputados, que le permitirá dividendos políticos en la negociación: asume públicamente una posición de responsabilidad, pero sabe que no es la vía adecuada.
Coincide en esto el presidente de la sociedad mexicana de geografía y estadística, Julio Zamora, quien observa no solo lo impopular de la medida, que al final de cuentas es lo de menos, sino el impacto real negativo en la economía de los mexicanos, que provocará el paquete fiscal.
Por eso, lo más fácil es costear al gobierno en detrimento del patrimonio ciudadano; como si el Estado fuera el fin, y no un medio para lograr el bienestar de las familias, en lugar del camino contrario: sacrificar auténticamente al Estado y a los sectores privilegiados.
Se dirá que la medida resulta antipopular y por ese motivo es injusto señalarle al mandatario nacional lo anterior; una cosa no tiene que ver con lo otro.
Los contribuyentes, ciudadanos todos en fin, no se oponen al cobro de impuestos. Existe el convencimiento de que la población debe participar en el financiamiento del gobierno, para garantizar la prestación de servicios esenciales para la vida comunitaria, salud, educación, seguridad, entre otros.
El problema es cuando no se observa ese regreso. Esto es, no hay seguridad, en servicios de salud hay grandes deficiencias e ineficiencias y en educación, la gratuidad es una garantía constitucional no cumplida.
Por lo tanto, el problema no es el cobro de los impuestos, que en general se acepta, sino la ausencia de beneficios hacia la población.
Un aspecto más que debe considerar el presidente es la proporcionalidad en el pago de los impuestos. El IVA generalizado, sea del porcentaje que sea, es un impuesto a rajatabla que castiga el consumo, de los que mas tienen y de los que menos tienen. No es que le moleste a los ciudadanos una nueva imposición, sino la insuficiencia de recursos para hacer frente a ellos. No es que el ciudadano se niegue a contribuir, el problema es que existen 60 millones de personas en pobreza patrimonial y un tercio de ellos, en una situación verdaderamente aguda.
Por eso, lo fácil para el presidente era enviar un esquema fiscal agresivo, que sabe que no pasa en la Cámara de Diputados, que le permitirá dividendos políticos en la negociación: asume públicamente una posición de responsabilidad, pero sabe que no es la vía adecuada.
Coincide en esto el presidente de la sociedad mexicana de geografía y estadística, Julio Zamora, quien observa no solo lo impopular de la medida, que al final de cuentas es lo de menos, sino el impacto real negativo en la economía de los mexicanos, que provocará el paquete fiscal.
Por eso, lo más fácil es costear al gobierno en detrimento del patrimonio ciudadano; como si el Estado fuera el fin, y no un medio para lograr el bienestar de las familias, en lugar del camino contrario: sacrificar auténticamente al Estado y a los sectores privilegiados.
martes, 8 de septiembre de 2009
Medidas desesperadas
El gobierno de México ha adoptado un sistema centralista flexible de funciones, que especializa áreas con la finalidad de eficientar el servicio público.
De esta manera, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal considera una serie de unidades administrativas, denominadas Secretarias, a través de las cuales se despliega el quehacer del poder ejecutivo.
Por ejemplo, Agricultura atiende las necesidades del campo, turismo la promoción y generación de divisas de la industria sin chimeneas, entre otras; en total dieciocho secretarias y una consejería jurídica del ejecutivo federal.
Es obvio que en un ejercicio de creatividad e ingenio, las secretarias podrían desaparecerse hasta constituir tres o cuatro súper secretarias, que aglutinen sectores: Se me ocurre, por ejemplo, seguridad nacional, subsumiendo en ella gobernación, defensa nacional, seguridad pública, y marina, incluyendo, por supuesto, la Procuraduría General de la República.
En otra gran súper secretaria podrían quedar aquellas que tienen que ver directamente con bienestar social, calidad de vida y desarrollo, como por ejemplo, desarrollo social, salud, educación, trabajo y previsión social, agricultura, medio ambiente y recursos naturales.
En una tercera gran super secretaria, podrían aglutinarse las áreas ligadas con la economía, por supuesto economía, hacienda, energía, comunicaciones y transportes, y turismo. Podría cuestionarse si función pública queda en esta última súper secretaria o en seguridad nacional. Me inclinó por esta última opción partiendo de la base de que el combate a la corrupción es un asunto, sin lugar a dudas, de seguridad nacional.
Como se ve, si se quiere adelgazar el aparato burocrático, se puede lograr y concentrar el poder en tres súper secretarios, con funcionarios de menor nivel y salario, atendiendo las cuestiones concretas por rubro.
Pero no me parece una buena decisión. La administración pública federal se ha especializado y ha demostrado, en general, su eficacia, en función de necesidades, económicas, sociales e incluso políticas. Ha sido una evolución que ha permitido el funcionamiento federal.
Desaparecer la secretaria de la función pública, es enviar a un segundo nivel el combate a la corrupción; lo mismo pasará con turismo y reforma agraria, cuando las tres son funciones relevantes y de especial interés para los mexicanos.
Si las secretarías están fallando, que se diga mediante cual mecanismo o procedimiento evaluatorio, se llega a dicha conclusión; y que incluso se adjudiquen responsabilidades; de lo contrario, la medida presidencial parece coyuntural, desesperada y por tanto, inadecuada; si en el fondo se trata de generar ahorros, hay otras medidas que adoptar.
De esta manera, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal considera una serie de unidades administrativas, denominadas Secretarias, a través de las cuales se despliega el quehacer del poder ejecutivo.
Por ejemplo, Agricultura atiende las necesidades del campo, turismo la promoción y generación de divisas de la industria sin chimeneas, entre otras; en total dieciocho secretarias y una consejería jurídica del ejecutivo federal.
Es obvio que en un ejercicio de creatividad e ingenio, las secretarias podrían desaparecerse hasta constituir tres o cuatro súper secretarias, que aglutinen sectores: Se me ocurre, por ejemplo, seguridad nacional, subsumiendo en ella gobernación, defensa nacional, seguridad pública, y marina, incluyendo, por supuesto, la Procuraduría General de la República.
En otra gran súper secretaria podrían quedar aquellas que tienen que ver directamente con bienestar social, calidad de vida y desarrollo, como por ejemplo, desarrollo social, salud, educación, trabajo y previsión social, agricultura, medio ambiente y recursos naturales.
En una tercera gran super secretaria, podrían aglutinarse las áreas ligadas con la economía, por supuesto economía, hacienda, energía, comunicaciones y transportes, y turismo. Podría cuestionarse si función pública queda en esta última súper secretaria o en seguridad nacional. Me inclinó por esta última opción partiendo de la base de que el combate a la corrupción es un asunto, sin lugar a dudas, de seguridad nacional.
Como se ve, si se quiere adelgazar el aparato burocrático, se puede lograr y concentrar el poder en tres súper secretarios, con funcionarios de menor nivel y salario, atendiendo las cuestiones concretas por rubro.
Pero no me parece una buena decisión. La administración pública federal se ha especializado y ha demostrado, en general, su eficacia, en función de necesidades, económicas, sociales e incluso políticas. Ha sido una evolución que ha permitido el funcionamiento federal.
Desaparecer la secretaria de la función pública, es enviar a un segundo nivel el combate a la corrupción; lo mismo pasará con turismo y reforma agraria, cuando las tres son funciones relevantes y de especial interés para los mexicanos.
Si las secretarías están fallando, que se diga mediante cual mecanismo o procedimiento evaluatorio, se llega a dicha conclusión; y que incluso se adjudiquen responsabilidades; de lo contrario, la medida presidencial parece coyuntural, desesperada y por tanto, inadecuada; si en el fondo se trata de generar ahorros, hay otras medidas que adoptar.
lunes, 7 de septiembre de 2009
Conductas abusivas
A río revuelto, ganancia de pescadores.
Así reza el dicho. Y es verdad.
Una cosa son los abusos documentados de Comisión Federal de Electricidad y otra el exceso de particulares que aprovechan para obtener ganancias millonarias gracias a la cultura del no pago de sus cuotas por consumo eléctrico en pozos.
Si en el caso de los pozos colectivos de uso comunitario debe existir un sentido social y la reconsideración de la paraestatal federal, en el otro, el de los particulares, omisos e irresponsables, debe aplicarse el rigor de la ley.
Es cierto, el asunto no es tan simplista, ¿Qué diferencia existe entre el productor particular que adeuda millones y se reconecta impunemente cuando le cortan el suministro de energía, del pobre obrero que adeuda un bimestre, doscientos o trescientos míseros pesos, e inmediatamente recibe como obsequio el corte de servicio?
Al final de cuentas, son los miles de obreros, trabajadores, amas de casa, empleados, profesionistas, etcétera, quienes subsidian a los particulares que en el campo tienen millonarios adeudos.
Los datos proporcionados confidencialmente al Observador indican que son particulares que explotan el campo, y no simples agricultores, quienes presentan los adeudos importantes: un solo ejemplo: Miguel y Omar García, quienes tienen su parcela en el denominado sector Cerritos en la zona de Casas Grandes, adeudan un total de 53 millones 355 mil 554 pesos: lo equivalente a un bimestre de 265 mil viviendas populares: Cuauhtemoc, Delicias y Parral, juntos.
Podría entenderse en las pequeñas comunidades que en forma colectiva explotan un pozo, el adeudo de ciertas cantidades, en función de que existe un bien social protegido, son los que menos tienen, pequeñas parcelas, fundamentalmente de autoconsumo, pero ¿los grandes propietarios con adeudos estratosféricos, que explotan el pozo en beneficio particular y que han hecho de la cultura del no pago un método de lucro, colgándose de las manifestaciones legitimas de los auténticos campesinos?
Ahora bien, aún y cuando habría que entrar a revisar la organización colectiva de las comunidades en el aspecto administración, en busca de irregularidades, la posición de Comisión Federal de Electricidad en relación con ellos, debe ser de profunda flexibilidad y búsqueda de soluciones consensuadas, bajo el concepto de una solución con sentido social.
Con los particulares es distinto. Su compromiso es con el beneficio personal a través del máximo ahorro en insumos, uno de ellos, si no es que el principal, la energía eléctrica. Con ellos debe ser otro cantar.
Así reza el dicho. Y es verdad.
Una cosa son los abusos documentados de Comisión Federal de Electricidad y otra el exceso de particulares que aprovechan para obtener ganancias millonarias gracias a la cultura del no pago de sus cuotas por consumo eléctrico en pozos.
Si en el caso de los pozos colectivos de uso comunitario debe existir un sentido social y la reconsideración de la paraestatal federal, en el otro, el de los particulares, omisos e irresponsables, debe aplicarse el rigor de la ley.
Es cierto, el asunto no es tan simplista, ¿Qué diferencia existe entre el productor particular que adeuda millones y se reconecta impunemente cuando le cortan el suministro de energía, del pobre obrero que adeuda un bimestre, doscientos o trescientos míseros pesos, e inmediatamente recibe como obsequio el corte de servicio?
Al final de cuentas, son los miles de obreros, trabajadores, amas de casa, empleados, profesionistas, etcétera, quienes subsidian a los particulares que en el campo tienen millonarios adeudos.
Los datos proporcionados confidencialmente al Observador indican que son particulares que explotan el campo, y no simples agricultores, quienes presentan los adeudos importantes: un solo ejemplo: Miguel y Omar García, quienes tienen su parcela en el denominado sector Cerritos en la zona de Casas Grandes, adeudan un total de 53 millones 355 mil 554 pesos: lo equivalente a un bimestre de 265 mil viviendas populares: Cuauhtemoc, Delicias y Parral, juntos.
Podría entenderse en las pequeñas comunidades que en forma colectiva explotan un pozo, el adeudo de ciertas cantidades, en función de que existe un bien social protegido, son los que menos tienen, pequeñas parcelas, fundamentalmente de autoconsumo, pero ¿los grandes propietarios con adeudos estratosféricos, que explotan el pozo en beneficio particular y que han hecho de la cultura del no pago un método de lucro, colgándose de las manifestaciones legitimas de los auténticos campesinos?
Ahora bien, aún y cuando habría que entrar a revisar la organización colectiva de las comunidades en el aspecto administración, en busca de irregularidades, la posición de Comisión Federal de Electricidad en relación con ellos, debe ser de profunda flexibilidad y búsqueda de soluciones consensuadas, bajo el concepto de una solución con sentido social.
Con los particulares es distinto. Su compromiso es con el beneficio personal a través del máximo ahorro en insumos, uno de ellos, si no es que el principal, la energía eléctrica. Con ellos debe ser otro cantar.
viernes, 4 de septiembre de 2009
Más de lo mismo
El Presidente Felipe Calderón Hinojosa se presentó en Palacio Nacional para ofrecer un diagnostico del país y soluciones a medias.
No rindió cuentas ante la Nación: antes, un día antes, el palacio legislativo recibió por escrito el informe presidencial, que será motivo de glosa y de estudio por parte de los legisladores.
Se convirtió el acto en un simple evento protocolario, administrativo.
¿Qué sigue? Las reformas estructurales, que serán detenidas una vez más en el seno de las negociaciones legislativas, dando al traste con los diez propuestas presidenciales, que en principio demandan voluntad de las fuerzas políticas para consensuar.
Ironicamente, el presidente propone fortalecer los mecanismos de protección laboral a favor de los trabajadores, cuando la iniciativa privada exige la disminución del proteccionismo que ahoga a las empresas; la propuesta encontrara –seguramente- la mayor resistencia en el Partido Acción Nacional.
No son nada nuevas las propuestas en materia de salud, educación, política, seguridad. De hecho, no descubre el hilo negro.
La reforma de fondo es que no haya reforma, que haya voluntad de aplicar las leyes vigentes para reordenar los distintos ámbitos.
Si hay que adelgazar el aparato burocrático, por ejemplo, Felipe Calderón cuenta con los instrumentos para hacerlo. Lo mismo ocurre con la educación para todos o la cobertura universal de salud.
El problema esta en la administración y sus mecanismos de control; en una eficiente rendición de cuentas y eliminación de la impunidad.
En materia de seguridad, el mandatario nacional tiene la llave en sus manos, con los instrumentos juridicos que se le han otorgado para el combate a la delincuencia organizada: para ello no es necesario capacitar a las policias locales para combatir delitos del fuero comun: al final de cuentas, estos son ejecutados con armas de grueso calibre, y con ese simple hecho, arriban a la escala de delitos federales por razón de materia.
El Presidente fue realista cuando acepta su responsabilidad porque la administración federal no ha logrado sus objetivos, el problema es que se queda ahí, azuzando que el problema es de todos y no solo del mandatario nacional: es cierto, solo que el ciudadano común esta abandonado al determinismo social y pobreza, y el señor presidente no.
No rindió cuentas ante la Nación: antes, un día antes, el palacio legislativo recibió por escrito el informe presidencial, que será motivo de glosa y de estudio por parte de los legisladores.
Se convirtió el acto en un simple evento protocolario, administrativo.
¿Qué sigue? Las reformas estructurales, que serán detenidas una vez más en el seno de las negociaciones legislativas, dando al traste con los diez propuestas presidenciales, que en principio demandan voluntad de las fuerzas políticas para consensuar.
Ironicamente, el presidente propone fortalecer los mecanismos de protección laboral a favor de los trabajadores, cuando la iniciativa privada exige la disminución del proteccionismo que ahoga a las empresas; la propuesta encontrara –seguramente- la mayor resistencia en el Partido Acción Nacional.
No son nada nuevas las propuestas en materia de salud, educación, política, seguridad. De hecho, no descubre el hilo negro.
La reforma de fondo es que no haya reforma, que haya voluntad de aplicar las leyes vigentes para reordenar los distintos ámbitos.
Si hay que adelgazar el aparato burocrático, por ejemplo, Felipe Calderón cuenta con los instrumentos para hacerlo. Lo mismo ocurre con la educación para todos o la cobertura universal de salud.
El problema esta en la administración y sus mecanismos de control; en una eficiente rendición de cuentas y eliminación de la impunidad.
En materia de seguridad, el mandatario nacional tiene la llave en sus manos, con los instrumentos juridicos que se le han otorgado para el combate a la delincuencia organizada: para ello no es necesario capacitar a las policias locales para combatir delitos del fuero comun: al final de cuentas, estos son ejecutados con armas de grueso calibre, y con ese simple hecho, arriban a la escala de delitos federales por razón de materia.
El Presidente fue realista cuando acepta su responsabilidad porque la administración federal no ha logrado sus objetivos, el problema es que se queda ahí, azuzando que el problema es de todos y no solo del mandatario nacional: es cierto, solo que el ciudadano común esta abandonado al determinismo social y pobreza, y el señor presidente no.
lunes, 31 de agosto de 2009
Talón de Aquiles
En su momento, Francisco Barrio aceptó que la seguridad era el talón de Aquiles de su administración.
No se equivocó.
Desde el inicio arrancó con un ambicioso programa de renovación moral –por así llamarlo- privilegiando el combate a la corrupción.
Como resultado, el policía del año fue detenido con una carga de marihuana en la sierra de chihuahua.
Francisco Molina se autoproclamo incorruptible y surgió el caso Mesta y las Islas Caimán.
En estos momentos, el presidente Felipe Calderón, enarbola los mismos principios. Es legitimo. La sociedad espera un gobierno que le garantice su seguridad. El problema es que la seguridad no se garantiza con discursos transmitidos en cadena nacional.
Se garantiza a través del esfuerzo efectivo en las calles, en la persecución de los delitos competencia de la federación y en la prevención.
Ahí esta el error de cálculo de los gobiernos emanados del PAN, tanto el de Felipe Calderón, como el de Carlos Borruel.
No existe en la investigación de los delitos la aplicación de la inteligencia: hay una reacción que termina por echarle la culpa a los otros, en este caso los gobiernos estatales, del clima de inseguridad provocado por los crímenes cometidos por la delincuencia organizada, cuando es responsabilidad federal.
En eso tiene razón Fermín Ordóñez, regidor del PRI, en la capital: el presidente Calderón no puede actuar en una dinámica de culpa, sino de actuación.
Los ayuntamientos y los gobiernos de los estados carecen de la capacidad de reacción ante dichos eventos criminales.
Solo en la mente de Felipe Calderón puede caber la posibilidad de que dichos ámbitos de competencia puedan hacer frente a dicha situación.
Lamentablemente, las víctimas no son las administraciones estatales y municipales, sino los ciudadanos todos.
No se equivocó.
Desde el inicio arrancó con un ambicioso programa de renovación moral –por así llamarlo- privilegiando el combate a la corrupción.
Como resultado, el policía del año fue detenido con una carga de marihuana en la sierra de chihuahua.
Francisco Molina se autoproclamo incorruptible y surgió el caso Mesta y las Islas Caimán.
En estos momentos, el presidente Felipe Calderón, enarbola los mismos principios. Es legitimo. La sociedad espera un gobierno que le garantice su seguridad. El problema es que la seguridad no se garantiza con discursos transmitidos en cadena nacional.
Se garantiza a través del esfuerzo efectivo en las calles, en la persecución de los delitos competencia de la federación y en la prevención.
Ahí esta el error de cálculo de los gobiernos emanados del PAN, tanto el de Felipe Calderón, como el de Carlos Borruel.
No existe en la investigación de los delitos la aplicación de la inteligencia: hay una reacción que termina por echarle la culpa a los otros, en este caso los gobiernos estatales, del clima de inseguridad provocado por los crímenes cometidos por la delincuencia organizada, cuando es responsabilidad federal.
En eso tiene razón Fermín Ordóñez, regidor del PRI, en la capital: el presidente Calderón no puede actuar en una dinámica de culpa, sino de actuación.
Los ayuntamientos y los gobiernos de los estados carecen de la capacidad de reacción ante dichos eventos criminales.
Solo en la mente de Felipe Calderón puede caber la posibilidad de que dichos ámbitos de competencia puedan hacer frente a dicha situación.
Lamentablemente, las víctimas no son las administraciones estatales y municipales, sino los ciudadanos todos.
miércoles, 26 de agosto de 2009
Los retos de la nueva legislatura
Es cierto que la próxima legislatura tiene la obligación de acometer reformas necesarias e imprescindibles en materia política, educativa, económica y social, sin embargo, no son los únicos temas relevantes.
Existe un apartado de reforzamiento legal tendiente a proteger la actividad periodística, que no puede ser soslayado y que ha sido dejado de lado.
Las organizaciones periodísticas Fapermex y Felap, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y Federación Latinoamericana de Periodistas, han insistido en adecuaciones a la Constitución General de la República, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y códigos penales estatales.
Se trata, en principio, de elevar a rango constitucional federal el secreto profesional y la cláusula de conciencia, para que, por un lado, no se exija a los colegas revelar sus fuentes de información vía judicial, y por el otro, que se evite la censura por la forma de pensar plural y diversa de los comunicadores en los distintos medios y empresas.
Asimismo, se propone que las leyes orgánicas y sus reglamentos, tanto de la cámara de diputados como de la procuraduría sean adecuadas, para fortalecer la comisión y la fiscalía, dedicadas a proteger a los periodistas y los medios de comunicación.
Por un lado, para que la comisión tenga rango de ordinaria y abandone el carácter de especial, que le impide presentar dictámenes ante el pleno, y que por lo tanto, tiene que depender de otras comisiones dictaminadoras.
Por otro lado, la fiscalía tendría que ser elevada a rango de subprocuraduría, para obtener suficientes recursos económicos y humanos e investigar adecuadamente los expedientes relacionados con agresiones a comunicadores, sin demerito de las líneas de investigación que en su caso desarrolle la subprocuraduría de investigación en delincuencia organizada.
No toda la reforma legislativa tiene que ver con el ámbito federal. También hay un trabajo pendiente en las legislaturas estatales. En este sentido, es demasiado tímido que el ámbito federal despenalice delitos de difamación y calumnia, sin que las entidades lo hagan. Es necesario un pronunciamiento fuerte por parte de la Cámara de Diputados en este sentido.
Hasta el momento son menos de diez Estados quienes han optado por eliminar de la legislación estatal estos delitos. El resto, continua castigando con cárcel estos delitos, lo que en algunos casos es utilizado como un arma política, una moderna espada de Damocles, en perjuicio de la labor de los comunicadores.
No cabe duda que los diputados federales, que inician funciones, tienen una alta responsabilidad. Ojala no la soslayen.
Existe un apartado de reforzamiento legal tendiente a proteger la actividad periodística, que no puede ser soslayado y que ha sido dejado de lado.
Las organizaciones periodísticas Fapermex y Felap, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y Federación Latinoamericana de Periodistas, han insistido en adecuaciones a la Constitución General de la República, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y códigos penales estatales.
Se trata, en principio, de elevar a rango constitucional federal el secreto profesional y la cláusula de conciencia, para que, por un lado, no se exija a los colegas revelar sus fuentes de información vía judicial, y por el otro, que se evite la censura por la forma de pensar plural y diversa de los comunicadores en los distintos medios y empresas.
Asimismo, se propone que las leyes orgánicas y sus reglamentos, tanto de la cámara de diputados como de la procuraduría sean adecuadas, para fortalecer la comisión y la fiscalía, dedicadas a proteger a los periodistas y los medios de comunicación.
Por un lado, para que la comisión tenga rango de ordinaria y abandone el carácter de especial, que le impide presentar dictámenes ante el pleno, y que por lo tanto, tiene que depender de otras comisiones dictaminadoras.
Por otro lado, la fiscalía tendría que ser elevada a rango de subprocuraduría, para obtener suficientes recursos económicos y humanos e investigar adecuadamente los expedientes relacionados con agresiones a comunicadores, sin demerito de las líneas de investigación que en su caso desarrolle la subprocuraduría de investigación en delincuencia organizada.
No toda la reforma legislativa tiene que ver con el ámbito federal. También hay un trabajo pendiente en las legislaturas estatales. En este sentido, es demasiado tímido que el ámbito federal despenalice delitos de difamación y calumnia, sin que las entidades lo hagan. Es necesario un pronunciamiento fuerte por parte de la Cámara de Diputados en este sentido.
Hasta el momento son menos de diez Estados quienes han optado por eliminar de la legislación estatal estos delitos. El resto, continua castigando con cárcel estos delitos, lo que en algunos casos es utilizado como un arma política, una moderna espada de Damocles, en perjuicio de la labor de los comunicadores.
No cabe duda que los diputados federales, que inician funciones, tienen una alta responsabilidad. Ojala no la soslayen.
jueves, 20 de agosto de 2009
Autonomía y calidad universitaria
Las universidades públicas constituyen un mecanismo de desarrollo y equilibrio social, un coadyuvante natural del Estado mexicano para construir mejores condiciones de vida.
Particularmente se debe hablar de las universidades del sector público, porque a través de subsidios, permiten que los integrantes de familias de clase baja y media, participen del proceso innovador y creador de la educación.
Es obvio que las universidades privadas también contribuyen a la construcción de un México de calidad, solo que desde una perspectiva de lucro y acceso elitista, determinado por el nivel socioeconómico de los estudiantes, con las naturales excepciones de políticas de becas, que solo representan un paliativo, un argumento social de justificación.
Un ejemplo de esta aportación del sector público a la educación de nivel superior es la Universidad Autónoma de Chihuahua, que incursiona con éxito en las auditorias para acreditar y certificar programas de calidad.
Para lograr el estándar de calidad, los maestros deben acreditar estudios de posgrado; los programas deben ser revisados bajo criterios independientes; se debe evaluar la mejora de infraestructura, es decir, son diversos los factores, en los cuales la Universidad de Chihuahua ha salido avante.
No se trata de un proceso sencillo; en él deben intervenir lo mismo estudiantes que maestros, es decir, los integrantes de la comunidad universitaria, con una visión de cohesión con el resto de la sociedad.
Destacan en los procesos diversas facultades, entre ellas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que encabeza el doctor Eduardo Borunda, quien ha propiciado el impulso de criterios que permitan fortalecer las acciones que desde la rectoría son señaladas, dentro del proyecto general de calidad.
El avance de las comunidades no puede entenderse sin una vinculación clara entre las instituciones de educación superior y los diversos sectores de la sociedad.
Por un lado la vinculación, por el otro, los estándares de calidad que deben cuidarse.
Entre tanto, los procesos políticos de renovación no deben confundir ni dañar las acciones de calidad. Lo peor que le puede pasar a una institución superior es atravesar por acciones de desestabilización y confrontación.
Sería lamentable que esto ocurriera con la Universidad Autónoma de Chihuahua, que en 2010 enfrenta un proceso de renovación, el cual debe realizarse bajo los cauces institucionales establecidos en su normatividad, sin intervención de personajes externos que tratan de vulnerar su autonomía.
Ni la universidad de chihuahua ni ninguna otra universidad merecen un enfrentamiento social, que vulnere los procesos de calidad.
Particularmente se debe hablar de las universidades del sector público, porque a través de subsidios, permiten que los integrantes de familias de clase baja y media, participen del proceso innovador y creador de la educación.
Es obvio que las universidades privadas también contribuyen a la construcción de un México de calidad, solo que desde una perspectiva de lucro y acceso elitista, determinado por el nivel socioeconómico de los estudiantes, con las naturales excepciones de políticas de becas, que solo representan un paliativo, un argumento social de justificación.
Un ejemplo de esta aportación del sector público a la educación de nivel superior es la Universidad Autónoma de Chihuahua, que incursiona con éxito en las auditorias para acreditar y certificar programas de calidad.
Para lograr el estándar de calidad, los maestros deben acreditar estudios de posgrado; los programas deben ser revisados bajo criterios independientes; se debe evaluar la mejora de infraestructura, es decir, son diversos los factores, en los cuales la Universidad de Chihuahua ha salido avante.
No se trata de un proceso sencillo; en él deben intervenir lo mismo estudiantes que maestros, es decir, los integrantes de la comunidad universitaria, con una visión de cohesión con el resto de la sociedad.
Destacan en los procesos diversas facultades, entre ellas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que encabeza el doctor Eduardo Borunda, quien ha propiciado el impulso de criterios que permitan fortalecer las acciones que desde la rectoría son señaladas, dentro del proyecto general de calidad.
El avance de las comunidades no puede entenderse sin una vinculación clara entre las instituciones de educación superior y los diversos sectores de la sociedad.
Por un lado la vinculación, por el otro, los estándares de calidad que deben cuidarse.
Entre tanto, los procesos políticos de renovación no deben confundir ni dañar las acciones de calidad. Lo peor que le puede pasar a una institución superior es atravesar por acciones de desestabilización y confrontación.
Sería lamentable que esto ocurriera con la Universidad Autónoma de Chihuahua, que en 2010 enfrenta un proceso de renovación, el cual debe realizarse bajo los cauces institucionales establecidos en su normatividad, sin intervención de personajes externos que tratan de vulnerar su autonomía.
Ni la universidad de chihuahua ni ninguna otra universidad merecen un enfrentamiento social, que vulnere los procesos de calidad.
miércoles, 19 de agosto de 2009
Periodismo e impunidad
Totalmente de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en que la impunidad en las investigaciones de los crímenes cometidos contra los periodistas ha generado más violencia contra el gremio.
También existe coincidencia en señalar que las fallas más comunes tienen que ver con las deficiencias procedimentales para integrar expedientes y efectuar las indagaciones, con elementos técnicos que permitan dar con el paradero de los responsables de las agresiones.
Es cierto que muchas de las entidades federativas han incurrido en esa responsabilidad, dejando en la desprotección a los compañeros y a las familias de las víctimas, cuando estos han sido asesinados.
Sin embargo debe apuntarse una realidad: que la mayoría de los crímenes tienen que ver con la intervención de una figura delictiva competencia del ámbito federal: la delincuencia organizada y el uso de armas de fuego exclusivas del ejército.
Estos elementos por si solos apuntan la mayor responsabilidad del gobierno de Felipe Calderón en la impunidad prevaleciente, en descargo de las entidades federativas, que en primera instancia solo allegan ciertos elementos de investigación, para luego esperar la famosa atracción de expedientes, que puede ocurrir hasta el final de los tiempos, a capricho de la Procuraduría General de la República.
Por eso la necesidad de elevar a rango federal la indagación de los delitos cometidos contra los periodistas, para alejar la sombra del capricho en la atracción, situación que hasta el momento subsiste, y que siempre y en todo momento, cuando el sujeto pasivo del delito ejerza materialmente la actividad periodística, la PGR este obligada a investigar.
Este es uno de los grandes pendientes legislativos, aunado al fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República, que debe recibir mayores recursos económicos y mayores facultades jurídicas, y no depender directamente de la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada.
Las entidades federativas han avanzado con legislación que protege a los periodistas, tal es el caso de Chihuahua, Morelos, Chiapas, Guerrero, por poner ejemplos. Pero requerimos avanzar más.
En este sentido es de reconocer que el periodismo organizado del país encuentra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos un aliado indiscutible, ratificado con la recomendación general número 17, relativa a la libertad de expresión, presentada por el maestro José Luis Soberanes, con quien coincidimos en el sentido de que “las investigaciones de la autoridad nunca serán suficientes en tanto los ataques y crímenes no se resuelvan y no se identifique y castigue a los responsables, y mientras no se conozca el paradero de los periodistas desaparecidos”.
También existe coincidencia en señalar que las fallas más comunes tienen que ver con las deficiencias procedimentales para integrar expedientes y efectuar las indagaciones, con elementos técnicos que permitan dar con el paradero de los responsables de las agresiones.
Es cierto que muchas de las entidades federativas han incurrido en esa responsabilidad, dejando en la desprotección a los compañeros y a las familias de las víctimas, cuando estos han sido asesinados.
Sin embargo debe apuntarse una realidad: que la mayoría de los crímenes tienen que ver con la intervención de una figura delictiva competencia del ámbito federal: la delincuencia organizada y el uso de armas de fuego exclusivas del ejército.
Estos elementos por si solos apuntan la mayor responsabilidad del gobierno de Felipe Calderón en la impunidad prevaleciente, en descargo de las entidades federativas, que en primera instancia solo allegan ciertos elementos de investigación, para luego esperar la famosa atracción de expedientes, que puede ocurrir hasta el final de los tiempos, a capricho de la Procuraduría General de la República.
Por eso la necesidad de elevar a rango federal la indagación de los delitos cometidos contra los periodistas, para alejar la sombra del capricho en la atracción, situación que hasta el momento subsiste, y que siempre y en todo momento, cuando el sujeto pasivo del delito ejerza materialmente la actividad periodística, la PGR este obligada a investigar.
Este es uno de los grandes pendientes legislativos, aunado al fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República, que debe recibir mayores recursos económicos y mayores facultades jurídicas, y no depender directamente de la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada.
Las entidades federativas han avanzado con legislación que protege a los periodistas, tal es el caso de Chihuahua, Morelos, Chiapas, Guerrero, por poner ejemplos. Pero requerimos avanzar más.
En este sentido es de reconocer que el periodismo organizado del país encuentra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos un aliado indiscutible, ratificado con la recomendación general número 17, relativa a la libertad de expresión, presentada por el maestro José Luis Soberanes, con quien coincidimos en el sentido de que “las investigaciones de la autoridad nunca serán suficientes en tanto los ataques y crímenes no se resuelvan y no se identifique y castigue a los responsables, y mientras no se conozca el paradero de los periodistas desaparecidos”.
martes, 18 de agosto de 2009
Imagen y recursos públicos
El ejercicio de los recursos públicos ha sido limitado con fines de eficientar su uso, evitar el dispendio y sobre todo, la discrecionalidad en el gasto.
De esta manera, se ha castigado la desviación de dinero del erario para fines o provecho personal, ya sea que el lucro se obtenga directa o indirectamente.
Se trata de recuperar la confianza de la población en la autoridad, ya que son los ciudadanos quienes contribuyen con sus impuestos al sostenimiento del poder público.
Por lo mismo, los cargos en todos los niveles de gobierno deben ser mirados como una oportunidad de servir y no servirse de ellos: es detestable que se consideren estos puestos desde el punto de vista patrimonialista: como si el recurso de las arcas públicas le pertenecieran al funcionario.
Así se creo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el ámbito Estatal y Federal, para sancionar a aquellos funcionarios que hagan mal uso del dinero de todos los ciudadanos.
Incluso, la reciente reforma constitucional incorporó en el ciento treinta y cuatro un párrafo que considera una nueva limitación: no se podrá usar dinero de los gobiernos para promover la imagen de los funcionarios.
La norma es determinante: no se puede pagar publicidad donde se difunda el nombre o la imagen.
Esto viene al punto por el anuncio del ayuntamiento de promover la imagen de Chihuahua para fines de posicionarla como punto turístico y de negocios en el ámbito nacional e internacional en una revista de gran prestigio. El problema es que se contrató una entrevista con el alcalde, Carlos Borruel, y esto podría resultar en una violación a la Constitución, por el uso inadecuado de los recursos.
Se anticipa la intervención de diversas autoridades para analizar esta situación. La cuestión es que el mismo ayuntamiento debería reconsiderar los términos del contrato, limitarse a promover Chihuahua, con lo cual todos estamos de acuerdo, y cuidar aspectos de promoción personal, que pudieran caer en una franca ilegalidad e inconstitucionalidad.
El problema no es difundir al Estado de Chihuahua y en particular, la imagen de la capital del Estado. La cuestión esta en el uso del dinero público, aportado por todos los ciudadanos vía impuestos, en la construcción de imagen de un servidor público.
Este tipo de publicaciones tienen además un claro ingrediente electoral, cuando estamos a unos cuantos meses para que inicie el proceso electoral local, en el cual habrá de elegirse gobernador del estado, diputados, ayuntamientos y síndicos.
Es obvio que el presidente municipal, siendo uno de los aspirantes a la gubernatura por el PAN, tiene interés político en el fortalecimiento de su imagen: luego entonces serían dos cuestiones las señalables, por un lado el uso de recursos públicos para construir imagen de un funcionario, y por el otro, la intencionalidad de esa imagen, que es a todas luces electoral, en detrimento del resto de los aspirantes panistas, que no tienen acceso a los finanzas públicas para avanzar en su posicionamiento.
De esta manera, se ha castigado la desviación de dinero del erario para fines o provecho personal, ya sea que el lucro se obtenga directa o indirectamente.
Se trata de recuperar la confianza de la población en la autoridad, ya que son los ciudadanos quienes contribuyen con sus impuestos al sostenimiento del poder público.
Por lo mismo, los cargos en todos los niveles de gobierno deben ser mirados como una oportunidad de servir y no servirse de ellos: es detestable que se consideren estos puestos desde el punto de vista patrimonialista: como si el recurso de las arcas públicas le pertenecieran al funcionario.
Así se creo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el ámbito Estatal y Federal, para sancionar a aquellos funcionarios que hagan mal uso del dinero de todos los ciudadanos.
Incluso, la reciente reforma constitucional incorporó en el ciento treinta y cuatro un párrafo que considera una nueva limitación: no se podrá usar dinero de los gobiernos para promover la imagen de los funcionarios.
La norma es determinante: no se puede pagar publicidad donde se difunda el nombre o la imagen.
Esto viene al punto por el anuncio del ayuntamiento de promover la imagen de Chihuahua para fines de posicionarla como punto turístico y de negocios en el ámbito nacional e internacional en una revista de gran prestigio. El problema es que se contrató una entrevista con el alcalde, Carlos Borruel, y esto podría resultar en una violación a la Constitución, por el uso inadecuado de los recursos.
Se anticipa la intervención de diversas autoridades para analizar esta situación. La cuestión es que el mismo ayuntamiento debería reconsiderar los términos del contrato, limitarse a promover Chihuahua, con lo cual todos estamos de acuerdo, y cuidar aspectos de promoción personal, que pudieran caer en una franca ilegalidad e inconstitucionalidad.
El problema no es difundir al Estado de Chihuahua y en particular, la imagen de la capital del Estado. La cuestión esta en el uso del dinero público, aportado por todos los ciudadanos vía impuestos, en la construcción de imagen de un servidor público.
Este tipo de publicaciones tienen además un claro ingrediente electoral, cuando estamos a unos cuantos meses para que inicie el proceso electoral local, en el cual habrá de elegirse gobernador del estado, diputados, ayuntamientos y síndicos.
Es obvio que el presidente municipal, siendo uno de los aspirantes a la gubernatura por el PAN, tiene interés político en el fortalecimiento de su imagen: luego entonces serían dos cuestiones las señalables, por un lado el uso de recursos públicos para construir imagen de un funcionario, y por el otro, la intencionalidad de esa imagen, que es a todas luces electoral, en detrimento del resto de los aspirantes panistas, que no tienen acceso a los finanzas públicas para avanzar en su posicionamiento.
viernes, 14 de agosto de 2009
Explicación
El Secretario Agustín Cartens, responsable del manejo hacendario en nuestro país, estará en chihuahua en unos días, para participar en la reunión nacional de los secretarios de finanzas estatales.
Será fácil para el secretario exponer la situación económica y financiera del país y justificar el recorte en las participaciones federales para los Estados y Municipios. Es un experto en la materia. Si alguien tiene la información al respecto es él.
La cuestión será convencer de las acciones que se han adoptado desde el gobierno federal para asumir la crisis económica, trasladando el problema a las entidades federativas.
No existe igualdad en las restricciones de gasto que se asumen desde los Estados con las que asume el gobierno federal. Al menos no parece ser así.
Pareciera que el gobierno federal quiere cargar la mano a los estados y el distrito federal en relación con la caída de los ingresos participables, fundamentalmente los provenientes del petróleo.
Los gobernantes, entre ellos Marcelo Ebrard, no se explican por que motivo si hubo excedentes millonarios por la venta del crudo nunca se invirtió para ser mas eficientes, y eso nada tiene que ver con una reforma energética, sino con la aplicación correcta y visionaria de los recursos.
Por eso, el frente común de gobernadores a través de la Conago, específicamente la comisión de hacienda que encabeza el gobernador Reyes Baeza, exigió una restructuración en las políticas de distribución de las participaciones, que solo en el primer bimestre cayeron cerca de un 28 por ciento.
Dado el esquema de recaudación de impuestos, los recursos económicos captados se concentran en el gobierno federal y luego son distribuidos a las entidades federativas, las cuales, en su mayoría, están atadas de manos con ingresos propios bajos, que les impiden hacer frente a la reducción de los recursos participables.
Una de las propuestas es echar mano de una autentica reducción en el gasto corriente federal y utilizar saldos de inversiones del sistema de pensiones, para canalizarlos a obra y atención social en los estados y municipios, y evitar el colapso de fin de año.
La otra es el empréstito.
En chihuahua los ayuntamientos ya se están endeudando para hacer frente a la crisis. Lo acaba de hacer la capital, independientemente de que se acusa irresponsabilidad en el manejo financiero, en estos momentos los municipios carecen de otra salida viable.
El riesgo es que se abre un hoyo para tapar otro: los ayuntamientos terminarán usando esos recursos para financiar gasto corriente, sueldos fundamentalmente, en un circulo vicioso que nada ayuda de fondo a resolver el problema y generar reactivación económica en las comunidades.
Por ese motivo, será fácil para Cartens explicar el fenómeno, pero no lo será convencer de que las medidas adoptadas por el gobierno federal son las idóneas, cuando se enfrente a los secretarios de finanzas de los estados, aquí en chihuahua, en próximas fechas.
Será fácil para el secretario exponer la situación económica y financiera del país y justificar el recorte en las participaciones federales para los Estados y Municipios. Es un experto en la materia. Si alguien tiene la información al respecto es él.
La cuestión será convencer de las acciones que se han adoptado desde el gobierno federal para asumir la crisis económica, trasladando el problema a las entidades federativas.
No existe igualdad en las restricciones de gasto que se asumen desde los Estados con las que asume el gobierno federal. Al menos no parece ser así.
Pareciera que el gobierno federal quiere cargar la mano a los estados y el distrito federal en relación con la caída de los ingresos participables, fundamentalmente los provenientes del petróleo.
Los gobernantes, entre ellos Marcelo Ebrard, no se explican por que motivo si hubo excedentes millonarios por la venta del crudo nunca se invirtió para ser mas eficientes, y eso nada tiene que ver con una reforma energética, sino con la aplicación correcta y visionaria de los recursos.
Por eso, el frente común de gobernadores a través de la Conago, específicamente la comisión de hacienda que encabeza el gobernador Reyes Baeza, exigió una restructuración en las políticas de distribución de las participaciones, que solo en el primer bimestre cayeron cerca de un 28 por ciento.
Dado el esquema de recaudación de impuestos, los recursos económicos captados se concentran en el gobierno federal y luego son distribuidos a las entidades federativas, las cuales, en su mayoría, están atadas de manos con ingresos propios bajos, que les impiden hacer frente a la reducción de los recursos participables.
Una de las propuestas es echar mano de una autentica reducción en el gasto corriente federal y utilizar saldos de inversiones del sistema de pensiones, para canalizarlos a obra y atención social en los estados y municipios, y evitar el colapso de fin de año.
La otra es el empréstito.
En chihuahua los ayuntamientos ya se están endeudando para hacer frente a la crisis. Lo acaba de hacer la capital, independientemente de que se acusa irresponsabilidad en el manejo financiero, en estos momentos los municipios carecen de otra salida viable.
El riesgo es que se abre un hoyo para tapar otro: los ayuntamientos terminarán usando esos recursos para financiar gasto corriente, sueldos fundamentalmente, en un circulo vicioso que nada ayuda de fondo a resolver el problema y generar reactivación económica en las comunidades.
Por ese motivo, será fácil para Cartens explicar el fenómeno, pero no lo será convencer de que las medidas adoptadas por el gobierno federal son las idóneas, cuando se enfrente a los secretarios de finanzas de los estados, aquí en chihuahua, en próximas fechas.
jueves, 13 de agosto de 2009
Impunidad tzotzil
Brete sumamente complejo en el que se ha metido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de un plumazo condenó al sistema judicial mexicano por corrupto y decadente.
Así debe interpretarse la resolución que pone en libertad a 48 indígenas chiapanecos inculpados mediante fabricación de pruebas por el asesinato cruento de tzotziles en 1997.
Es un verdadero aprieto porque con el dictamen, la Corte esta obligada a iniciar un procedimiento a través del Consejo de la Judicatura para sancionar a los magistrados, jueces, secretarios y defensores de oficio, que intervinieron en el procedimiento que encontró responsables a estos indígenas de aquellos cruentos hechos.
Asimismo, debería hacerse un extrañamiento a los ministros que no votaron conforme la mayoría, porque luego entonces ellos también estarían incurriendo en el error de perpetuar la violación a los derechos humanos contra los inculpados.
Pero también, deben iniciarse averiguaciones previas desde la Procuraduría General de la República para procesar a los agentes del ministerio público que intervinieron en primera y posterior instancia, agentes de la extinta policía judicial federal, al delegado de la PGR y a los subprocuradores que intervinieron en el caso, para culminar con la responsabilidad por omisión del entonces titular de la procuraduría, Jorge Madrazo.
Ah, pero también deberá iniciarse un juicio político contra los ministros de la corte que no tomaron la decisión de atraer el caso, dada la gravedad del mismo, en una omisión terrible, que permitió el encarcelamiento injusto de los indígenas por diez años.
Pero ahí no culmina el brete. Se habla de fabricación de pruebas y la inclusión de otros delitos, pero resulta que del asunto central, el homicidio poco o nada se dice. Por ese motivo llama la atención que un obispo, en este caso el de Saltillo, Raúl Vera López acuse a los ministros de convertirse en una “sarta de cómplices criminales” al aprovechar “deliberadas omisiones legales” para liberar a paramilitares asesinos.
La intervención del obispo es interesante, toda vez que debe recordarse que subyace en el crimen masivo un fondo de disputa religiosa entre grupos antagónicos seguidores de la religión católica y grupos protestantes y evangelistas, donde por cierto ya se expresó el temor de que la liberación provoque una nueva ola de violencia.
Esto es, partiendo de la idea de que los indígenas fueron encarcelados injustamente, no se dice nada de su inocencia, sino, insisto, de su encarcelamiento ilegal y de la violación del procedimiento.
Con esta decisión, jamás se sabrá si en realidad tuvieron participación en aquellos hechos dantescos, porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pero, a veinte años de la masacre, es probable que nunca se sepa que ocurrió y quien es el responsable, violando los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares, en un oprobio más de impunidad de nuestro sistema de justicia.
Así debe interpretarse la resolución que pone en libertad a 48 indígenas chiapanecos inculpados mediante fabricación de pruebas por el asesinato cruento de tzotziles en 1997.
Es un verdadero aprieto porque con el dictamen, la Corte esta obligada a iniciar un procedimiento a través del Consejo de la Judicatura para sancionar a los magistrados, jueces, secretarios y defensores de oficio, que intervinieron en el procedimiento que encontró responsables a estos indígenas de aquellos cruentos hechos.
Asimismo, debería hacerse un extrañamiento a los ministros que no votaron conforme la mayoría, porque luego entonces ellos también estarían incurriendo en el error de perpetuar la violación a los derechos humanos contra los inculpados.
Pero también, deben iniciarse averiguaciones previas desde la Procuraduría General de la República para procesar a los agentes del ministerio público que intervinieron en primera y posterior instancia, agentes de la extinta policía judicial federal, al delegado de la PGR y a los subprocuradores que intervinieron en el caso, para culminar con la responsabilidad por omisión del entonces titular de la procuraduría, Jorge Madrazo.
Ah, pero también deberá iniciarse un juicio político contra los ministros de la corte que no tomaron la decisión de atraer el caso, dada la gravedad del mismo, en una omisión terrible, que permitió el encarcelamiento injusto de los indígenas por diez años.
Pero ahí no culmina el brete. Se habla de fabricación de pruebas y la inclusión de otros delitos, pero resulta que del asunto central, el homicidio poco o nada se dice. Por ese motivo llama la atención que un obispo, en este caso el de Saltillo, Raúl Vera López acuse a los ministros de convertirse en una “sarta de cómplices criminales” al aprovechar “deliberadas omisiones legales” para liberar a paramilitares asesinos.
La intervención del obispo es interesante, toda vez que debe recordarse que subyace en el crimen masivo un fondo de disputa religiosa entre grupos antagónicos seguidores de la religión católica y grupos protestantes y evangelistas, donde por cierto ya se expresó el temor de que la liberación provoque una nueva ola de violencia.
Esto es, partiendo de la idea de que los indígenas fueron encarcelados injustamente, no se dice nada de su inocencia, sino, insisto, de su encarcelamiento ilegal y de la violación del procedimiento.
Con esta decisión, jamás se sabrá si en realidad tuvieron participación en aquellos hechos dantescos, porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pero, a veinte años de la masacre, es probable que nunca se sepa que ocurrió y quien es el responsable, violando los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares, en un oprobio más de impunidad de nuestro sistema de justicia.
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