Lo que en el fondo se discute en torno al absurdo veto presidencial que impide otorgar diez mil millones de pesos extraordinarios para apoyar un campo devastado por la sequía así como las afectaciones graves provocadas por heladas e inundaciones en veinte entidades federativas, no es el formalismo legal, sino la insensibilidad para generar auxilio emergente ante situaciones inéditas, existiendo recursos para ello.
No es nada ortodoxa la decisión de la Cámara de Diputados de modificar el decreto legislativo vigente que autorizó el presupuesto de egresos del 2011: es inédita la resolución camaral, y por lo mismo, sería deseable que caminará en una ruta de controversia constitucional para revisar las facultades que los legisladores tienen para reconducir el presupuesto nacional ante situaciones de evidente necesidad, con cuatro millones de cabezas de ganado en riesgo y la agricultura colapsada en un 70 por ciento.
Los diputados, con 284 votos, decidieron, como medida desesperada y extraordinaria, aprobar la ley que creaba el apoyo emergente para Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco y Veracruz, a sabiendas de que con ello abren un nuevo capítulo en la interpretación de las normas que regulan el ejercicio del gasto en el país, ante la cerrazón mostrada por la federación para destinar apoyo con base en la suficiencia existente en 30 mil millones de pesos de subejercicio así como excedentes en ingresos por petróleo y reservas internacionales por 125 mil millones de dólares.
Es cierto que ya hay recursos federales presupuestados y muchos ejercidos para apoyar la situación emergente: no se discute su ausencia, lo que se señala es la insuficiencia palpable del dinero público destinado y la ceguera en la implementación de programas y políticas públicas federales, como lo ha establecido con claridad la Universidad Autónoma de Chapingo, en una situación que amenaza en 2012 con agudizar la escasez de alimento y el aumento en el precio de los productos de consumo básico.
Es poco probable que los legisladores alcancen las dos terceras partes de los votos para derribar el veto presidencial, ya que los diputados y senadores del PAN, insensibles también, han manifestado de antemano su postura de apoyar la decisión de Felipe Calderón, bajo el formulismo jurídico supuesto de la insuficiencia de fundamento en la ley, sin observar la pertinencia de la misma: su urgencia en la aplicación para ayudar a los campesinos y sus familias.
¿De qué sirve que las reservas, el subejercicio y los excedentes recaudados permanezcan en la caja fuerte de la presidencia de la república en un año electoral? Probablemente de mucho para afanes electoreros, alejados de la realidad caótica que plantea el desastre en el campo, y la situación crítica de veinte entidades federativas.
Lo peor es que se niega la existencia de esos recursos, cuando la Cámara de Diputados los ha documentado. Negar que existan es insostenible, mejor sería aceptar que se trata de una política financiera macro que privilegia los grandes intereses económicos en lugar del bienestar de la población.
En Argentina Cristina Kirchner atraviesa por un momento similar. Las cacerolas no han dejado de sonar por su cerrazón de implementar apoyos fiscales a zonas devastadas, bajo el falso argumento de igualdad fiscal.
Lo mismo pasa en México: se cuestiona una decisión legislativa inédita, nada ortodoxa, cuando en el fondo es indispensable autorizar apoyos urgentes para el campo, cuando aún no se han dejado sentir en su magnitud los estragos del seco invierno. Estamos hablando de 2011 cuando 2012 se asoma a la ventana y amaga con un recrudecimiento de las condiciones sociales de la población más desprotegida.
martes, 27 de diciembre de 2011
martes, 20 de diciembre de 2011
Manipulación mediática
Es constante la acción de las administraciones públicas de incurrir en el uso de espacios mediáticos para posicionarse socialmente en sus logros y acciones.
Esta determinación de los servidores públicos es legítima e incluso pudiera decirse que necesaria, en una construcción de gobernabilidad en la conciencia colectiva.
La publicidad gubernamental fortalece la imagen de las instituciones, en un contexto donde la crisis económica e inseguridad propician un deterioro en la percepción pública de la efectividad de los programas de gobierno.
Sin embargo el uso de este instrumento tiene límites: no se debe utilizar para manipular la opinión pública, deteriorando la imagen de otras instituciones públicas, como ocurre actualmente desde el gobierno de la república en contra de nivel estatal y municipal, en la utilización del privilegio federal de los tiempos oficiales.
Este abuso mediático lo observamos desde hace semanas, de manera insistente, sistemática, en el gobierno de Felipe Calderón, de manera particular con el tema de seguridad, en lo que se ha convertido en una política de comunicación social permanente de deslinde en el ejercicio de las responsabilidades y obligaciones que le confiere el marco jurídico en materia de delincuencia organizada.
La divulgación masiva de mensajes teniendo como contenido una intervención de las fuerzas federales de seguridad en auxilio de diversas administraciones estatales del país, a solicitud de ellas mismas, se ha convertido en un instrumento perverso de comunicación política, cuando en el fondo lo único que ocurre es que el gobierno de la república cumple con su obligación legal de atacar el crimen organizado.
La perversidad en la construcción de los mensajes publicitarios consiste en hacer creer a la opinión pública que la responsabilidad del combate a este tipo de delitos es de las entidades federativas y de los municipios y no del gobierno federal.
No satisfechos con hacer alusión a ello en el uso de la comunicación social ordinaria, despliegan una campaña publicitaria, con cargo a los tiempos oficiales, para posicionar la idea de que el gobierno federal, ante la incapacidad de las administraciones estatales, acude en su auxilio, cuando ocurre lo contrario: la incapacidad es del gobierno federal, y ante ello a militarizado amplias zonas del territorio nacional.
Al adoptar estrategias de combate al crimen organizado, la administración calderonista simplemente cumple con su obligación: las entidades federativas son coadyuvantes en el combate a estos delitos.
El uso de la comunicación social exige un tratamiento responsable, más aún en temas tan delicados como la seguridad pública, donde Felipe Calderón ha encontrado uno de sus principales fracasos, y donde se ha mostrado renuente a las insistentes propuestas de los distintos sectores, que demandan más que el uso de la fuerza, el despliegue de inteligencia, con absoluto respeto a los derechos humanos.
Esta determinación de los servidores públicos es legítima e incluso pudiera decirse que necesaria, en una construcción de gobernabilidad en la conciencia colectiva.
La publicidad gubernamental fortalece la imagen de las instituciones, en un contexto donde la crisis económica e inseguridad propician un deterioro en la percepción pública de la efectividad de los programas de gobierno.
Sin embargo el uso de este instrumento tiene límites: no se debe utilizar para manipular la opinión pública, deteriorando la imagen de otras instituciones públicas, como ocurre actualmente desde el gobierno de la república en contra de nivel estatal y municipal, en la utilización del privilegio federal de los tiempos oficiales.
Este abuso mediático lo observamos desde hace semanas, de manera insistente, sistemática, en el gobierno de Felipe Calderón, de manera particular con el tema de seguridad, en lo que se ha convertido en una política de comunicación social permanente de deslinde en el ejercicio de las responsabilidades y obligaciones que le confiere el marco jurídico en materia de delincuencia organizada.
La divulgación masiva de mensajes teniendo como contenido una intervención de las fuerzas federales de seguridad en auxilio de diversas administraciones estatales del país, a solicitud de ellas mismas, se ha convertido en un instrumento perverso de comunicación política, cuando en el fondo lo único que ocurre es que el gobierno de la república cumple con su obligación legal de atacar el crimen organizado.
La perversidad en la construcción de los mensajes publicitarios consiste en hacer creer a la opinión pública que la responsabilidad del combate a este tipo de delitos es de las entidades federativas y de los municipios y no del gobierno federal.
No satisfechos con hacer alusión a ello en el uso de la comunicación social ordinaria, despliegan una campaña publicitaria, con cargo a los tiempos oficiales, para posicionar la idea de que el gobierno federal, ante la incapacidad de las administraciones estatales, acude en su auxilio, cuando ocurre lo contrario: la incapacidad es del gobierno federal, y ante ello a militarizado amplias zonas del territorio nacional.
Al adoptar estrategias de combate al crimen organizado, la administración calderonista simplemente cumple con su obligación: las entidades federativas son coadyuvantes en el combate a estos delitos.
El uso de la comunicación social exige un tratamiento responsable, más aún en temas tan delicados como la seguridad pública, donde Felipe Calderón ha encontrado uno de sus principales fracasos, y donde se ha mostrado renuente a las insistentes propuestas de los distintos sectores, que demandan más que el uso de la fuerza, el despliegue de inteligencia, con absoluto respeto a los derechos humanos.
martes, 13 de diciembre de 2011
Gobierno federal y desempleo
Es sumamente complicada la situación del Presidente Felipe Calderón cuando la seguridad pública no es el único problema que debe enfrentar en lo inmediato. La economía está sufriendo una recesión que complica una explicación frente a una oferta inicial de sexenio de mejoría en las condiciones de vida de la población, específicamente con empleo, debido a una constante en el comportamiento de la desocupación y la subocupación.
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos tiene razón: el estancamiento económico agudizará el comportamiento del empleo, ante la ausencia de políticas integrales desde el sector gubernamental federal, en un empecinamiento de modelo económico que incrementa la disparidad en la distribución de la riqueza.
El empleo es el principal impulsor de la mejora de las condiciones de vida de la población; el problema es que el presidente del empleo no ha podido con sus promesas de campaña.
De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística las cifras de desempleo en México para el pasado mes de octubre, última actualización de la información, son del 5 por ciento, con una mejoría porcentual de .68, que la coloca al nivel de enero del 2009 y abril del 2011: la cuestión es que los porcentajes dicen poco, cuando en términos absolutos hablamos de un incremento del desempleo con 2 millones 480 mil 290 personas en estas condiciones.
Un signo más del debilitamiento del mercado laboral se encuentra en el aumento de la subocupación.
Para octubre del 2011, la tasa de subocupación se encontraba en los 9.2 puntos porcentuales, 4 millones 604 mil 281 personas, que han tenido que buscar actividades económicas distintas a su actividad original. Están haciendo otra cosa diferente para la que están capacitados con el fin de sobrevivir. Están subempleados.
A estas variables, desempleo y subempleo, debe sumarse la actividad informal. Un 28.7% de la población económicamente activa se encuentra en estas condiciones. Estamos hablando de 14 millones 229 mil personas laborando en una situación de franca desventaja de seguridad social, bajos salarios, e inestabilidad laboral.
Por lo tanto, hay dos millones y medio de personas sin empleo, 4 millones y medio de personas que realizan una actividad distinta a su capacitación y 14 millones en el empleo informal sin ningún tipo de seguridad social: no la tiene fácil el presidente Calderón con 20 millones de personas económicamente activas en estas condiciones.
A estas cifras deben sumarse las personas que dependen de ellas. Si fueran dos en promedio, estaríamos hablando de cuarenta millones de mexicanos.
Súmese el raquítico aumento salarial autorizado recientemente por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos del orden del 4.2%, que rige las percepciones económicas de la mayoría de los 46 millones de trabajadores ocupados formalmente.
Un aumento ridículo, como ya lo apuntaba con tino el gobernador de Chihuahua César Duarte.
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos tiene razón: el estancamiento económico agudizará el comportamiento del empleo, ante la ausencia de políticas integrales desde el sector gubernamental federal, en un empecinamiento de modelo económico que incrementa la disparidad en la distribución de la riqueza.
El empleo es el principal impulsor de la mejora de las condiciones de vida de la población; el problema es que el presidente del empleo no ha podido con sus promesas de campaña.
De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística las cifras de desempleo en México para el pasado mes de octubre, última actualización de la información, son del 5 por ciento, con una mejoría porcentual de .68, que la coloca al nivel de enero del 2009 y abril del 2011: la cuestión es que los porcentajes dicen poco, cuando en términos absolutos hablamos de un incremento del desempleo con 2 millones 480 mil 290 personas en estas condiciones.
Un signo más del debilitamiento del mercado laboral se encuentra en el aumento de la subocupación.
Para octubre del 2011, la tasa de subocupación se encontraba en los 9.2 puntos porcentuales, 4 millones 604 mil 281 personas, que han tenido que buscar actividades económicas distintas a su actividad original. Están haciendo otra cosa diferente para la que están capacitados con el fin de sobrevivir. Están subempleados.
A estas variables, desempleo y subempleo, debe sumarse la actividad informal. Un 28.7% de la población económicamente activa se encuentra en estas condiciones. Estamos hablando de 14 millones 229 mil personas laborando en una situación de franca desventaja de seguridad social, bajos salarios, e inestabilidad laboral.
Por lo tanto, hay dos millones y medio de personas sin empleo, 4 millones y medio de personas que realizan una actividad distinta a su capacitación y 14 millones en el empleo informal sin ningún tipo de seguridad social: no la tiene fácil el presidente Calderón con 20 millones de personas económicamente activas en estas condiciones.
A estas cifras deben sumarse las personas que dependen de ellas. Si fueran dos en promedio, estaríamos hablando de cuarenta millones de mexicanos.
Súmese el raquítico aumento salarial autorizado recientemente por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos del orden del 4.2%, que rige las percepciones económicas de la mayoría de los 46 millones de trabajadores ocupados formalmente.
Un aumento ridículo, como ya lo apuntaba con tino el gobernador de Chihuahua César Duarte.
lunes, 5 de diciembre de 2011
Necesaria coordinación
Reconstruir el tejido social de las comunidades es un reto fundamental para avanzar en la consolidación de un auténtico estado de derecho y no al contrario, como parece percibirse en las acciones instrumentadas desde el gobierno federal.
La solución ante la inseguridad es el rescate de valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el amor a la vida, y nunca, de manera unilateral el uso de la fuerza pública que encuentra su máxima expresión en la militarización de los espacios públicos.
Es cierto: las acciones de tipo social, cultural y educativo no bastan ante una violencia exacerbada, y que es necesaria la persecución de los delitos, pero en un marco de que respete el derecho humano y social de las comunidades: un estado policiaco permanente como el implementado por el presidente Calderón vulnera de manera constante estos derechos, como lo hemos observado a lo largo y ancho del país, como lo ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y actualmente se estudia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero además, siendo concomitantes estas dos acciones, la federación requiere del trabajo conjunto con el resto de los órdenes de gobierno, las entidades federativas y los municipios, de una coordinación, que sume esfuerzos para rescatar auténticamente los espacios públicos, y esto ocurre solo a través de la organización comunitaria.
Los municipios en el país hacen esfuerzos de esta naturaleza. En Chihuahua, el alcalde de Marco Adán Quezada, se reúne con estudiantes, charlan acerca de tareas conjuntas en convivencia, marchan por las calles manifestando el anhelo por una sociedad más justa, y hacen compromisos hacia valores ciudadanos que mejoren la convivencia en el entorno comunitario, se constituyen comités de vecinos dando énfasis a resolver problemas sentidos y promover un sentido alto a la cultura de la legalidad.
En la integración de la comunidad el municipio es pieza clave. La federación debe reforzar la alianza con el mismo y cumplir con su función legal de atacar al crimen organizado desde una visión protectora de los derechos humanos, fuera del simplismo de presentarse mediáticamente como salvadora del flagelo a solicitud de entidades y ayuntamientos, como lo spotiza diariamente en radio y televisión nacional, cuando solo cumple con una obligación.
La Conferencia Nacional de Gobernadores ha insistido en mejorar la coordinación entre los ámbitos de gobierno. Se han dado pasos al respecto, pero es necesario acentuarlos desde un compromiso mayúsculo del área federal, dejando a un lado esquemas de clientelismo electoral como ha ocurrido hasta la fecha.
La solución ante la inseguridad es el rescate de valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el amor a la vida, y nunca, de manera unilateral el uso de la fuerza pública que encuentra su máxima expresión en la militarización de los espacios públicos.
Es cierto: las acciones de tipo social, cultural y educativo no bastan ante una violencia exacerbada, y que es necesaria la persecución de los delitos, pero en un marco de que respete el derecho humano y social de las comunidades: un estado policiaco permanente como el implementado por el presidente Calderón vulnera de manera constante estos derechos, como lo hemos observado a lo largo y ancho del país, como lo ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y actualmente se estudia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero además, siendo concomitantes estas dos acciones, la federación requiere del trabajo conjunto con el resto de los órdenes de gobierno, las entidades federativas y los municipios, de una coordinación, que sume esfuerzos para rescatar auténticamente los espacios públicos, y esto ocurre solo a través de la organización comunitaria.
Los municipios en el país hacen esfuerzos de esta naturaleza. En Chihuahua, el alcalde de Marco Adán Quezada, se reúne con estudiantes, charlan acerca de tareas conjuntas en convivencia, marchan por las calles manifestando el anhelo por una sociedad más justa, y hacen compromisos hacia valores ciudadanos que mejoren la convivencia en el entorno comunitario, se constituyen comités de vecinos dando énfasis a resolver problemas sentidos y promover un sentido alto a la cultura de la legalidad.
En la integración de la comunidad el municipio es pieza clave. La federación debe reforzar la alianza con el mismo y cumplir con su función legal de atacar al crimen organizado desde una visión protectora de los derechos humanos, fuera del simplismo de presentarse mediáticamente como salvadora del flagelo a solicitud de entidades y ayuntamientos, como lo spotiza diariamente en radio y televisión nacional, cuando solo cumple con una obligación.
La Conferencia Nacional de Gobernadores ha insistido en mejorar la coordinación entre los ámbitos de gobierno. Se han dado pasos al respecto, pero es necesario acentuarlos desde un compromiso mayúsculo del área federal, dejando a un lado esquemas de clientelismo electoral como ha ocurrido hasta la fecha.
martes, 29 de noviembre de 2011
Grave omisión federal
La Organización de las Naciones Unidas, a través del capítulo México de defensa de los derechos humanos, ha puesto el dedo en la llaga: Ante la gravedad y el sentido de urgencia del problema, el gobierno federal debe rediseñar su estrategia, adoptar sin dilación un programa concreto de medidas con recursos presupuestales suficientes para prevenir la ola de violencia contra el gremio periodístico y proteger a sus integrantes.
La afirmación corresponde a Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien cuestiona el bajo presupuesto destinado en el país para instrumentar medidas cautelares de protección a los periodistas: solo 26 millones de pesos frente a los 40 millones de dólares, unos 520 millones de pesos mexicanos que invierte Colombia en el rubro.
Esta desproporción indica un grado de atención al problema por parte del gobierno federal. Pero no todo son recursos. La voluntad política siempre ha estado mermada. El sistema de protección a periodistas integral nunca avanzó en la secretaría de gobernación en todo el sexenio, hasta llegar a construir únicamente un mecanismo acotado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, distinguido por la lentitud y burocracia del procedimiento.
Desde la óptica de las naciones unidas una solución para encontrar mayor índice de castigo a delitos contra periodistas es la federalización. Sin embargo, una restricción importante a ella es la débil estructura y eficacia con que cuenta actualmente la fiscalía especializada en atención a delitos contra periodistas. Con la propuesta de reforma constitucional que se encuentra en el Congreso de la Unión no hay mejora sustancial porque continúa el concepto de discrecionalidad para atraer delitos. No existe en la norma una disposición que ordene la atracción directa e inmediata.
La presupuestación de mayores recursos y la federalización de los delitos no representan la solución integra. Se necesita instrumentar acciones amplias en todo el territorio nacional que involucre a todos los sectores, no solo el gubernamental en todos sus niveles, sino el social y el privado, construyendo esquemas de manera horizontal para construir estrategias conjuntas, fuera de la premisa simplista de que desde Bucarelli se dicten las decisiones.
Los sistemas de protección a periodistas, construidos desde la base de la participación de los directamente beneficiados permiten alertar del riesgo de incurrir en obstrucciones a la libre búsqueda de información.
Incluso, medidas no consensadas, aunque pudiesen ser positivas, al ser tomadas como una imposición, resultan contraproducentes. En Sinaloa, recientemente, se presentó una propuesta gubernamental que no fue consensada ampliamente con los medios de comunicación y esto generó reacciones en contra.
Lo positivo es que lleva el tema a la palestra y creo que debe motivar una mesa de discusión para aterrizar un sistema de protección integral que aborde, como ocurre en Chihuahua, temas de desarrollo social, capacitación, flujo de información gubernamental, medidas cautelares y de autoprotección, estrategias de cobertura periodística en situación de alto riesgo, entre otras acciones que resultan de urgente implementación en todo el territorio nacional: tan sólo en este año ocho periodistas han sido asesinados y se han perpetrado cinco ataques a instalaciones de medios de comunicación, los más recientes al diario El Buen Tono de Córdoba, en Veracruz, y El Siglo de Torreón, en Coahuila; además de la desaparición de dos empleados de El Financiero.
La afirmación corresponde a Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien cuestiona el bajo presupuesto destinado en el país para instrumentar medidas cautelares de protección a los periodistas: solo 26 millones de pesos frente a los 40 millones de dólares, unos 520 millones de pesos mexicanos que invierte Colombia en el rubro.
Esta desproporción indica un grado de atención al problema por parte del gobierno federal. Pero no todo son recursos. La voluntad política siempre ha estado mermada. El sistema de protección a periodistas integral nunca avanzó en la secretaría de gobernación en todo el sexenio, hasta llegar a construir únicamente un mecanismo acotado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, distinguido por la lentitud y burocracia del procedimiento.
Desde la óptica de las naciones unidas una solución para encontrar mayor índice de castigo a delitos contra periodistas es la federalización. Sin embargo, una restricción importante a ella es la débil estructura y eficacia con que cuenta actualmente la fiscalía especializada en atención a delitos contra periodistas. Con la propuesta de reforma constitucional que se encuentra en el Congreso de la Unión no hay mejora sustancial porque continúa el concepto de discrecionalidad para atraer delitos. No existe en la norma una disposición que ordene la atracción directa e inmediata.
La presupuestación de mayores recursos y la federalización de los delitos no representan la solución integra. Se necesita instrumentar acciones amplias en todo el territorio nacional que involucre a todos los sectores, no solo el gubernamental en todos sus niveles, sino el social y el privado, construyendo esquemas de manera horizontal para construir estrategias conjuntas, fuera de la premisa simplista de que desde Bucarelli se dicten las decisiones.
Los sistemas de protección a periodistas, construidos desde la base de la participación de los directamente beneficiados permiten alertar del riesgo de incurrir en obstrucciones a la libre búsqueda de información.
Incluso, medidas no consensadas, aunque pudiesen ser positivas, al ser tomadas como una imposición, resultan contraproducentes. En Sinaloa, recientemente, se presentó una propuesta gubernamental que no fue consensada ampliamente con los medios de comunicación y esto generó reacciones en contra.
Lo positivo es que lleva el tema a la palestra y creo que debe motivar una mesa de discusión para aterrizar un sistema de protección integral que aborde, como ocurre en Chihuahua, temas de desarrollo social, capacitación, flujo de información gubernamental, medidas cautelares y de autoprotección, estrategias de cobertura periodística en situación de alto riesgo, entre otras acciones que resultan de urgente implementación en todo el territorio nacional: tan sólo en este año ocho periodistas han sido asesinados y se han perpetrado cinco ataques a instalaciones de medios de comunicación, los más recientes al diario El Buen Tono de Córdoba, en Veracruz, y El Siglo de Torreón, en Coahuila; además de la desaparición de dos empleados de El Financiero.
martes, 22 de noviembre de 2011
Reformas insuficientes y deficientes
La reciente reforma constitucional autorizada en la cámara de diputados del Congreso de la Unión, representa un avance significativo en el tutelaje de la libertad de expresión, particularmente, en la protección del periodismo, al abrir la posibilidad de que la autoridad federal conozca de delitos en esta materia. Sin embargo, aún y cuando resulta insuficiente y deficiente, coloca en la palestra la urgente necesidad de ampliar el marco jurídico protector hacia los comunicadores, retomando una agenda legislativa integral.
Es insuficiente la reforma planteada desde la cámara de diputados, porque se requiere una visión integral, que incluya modificaciones como es el caso del reglamento de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados para crear la comisión ordinaria de protección a periodistas o bien, la modificación a la ley orgánica de la Procuraduría General de la República para elevar a nivel de subprocuraduría la fiscalía especial para atención de delitos cometidos contra periodistas, solo por señalar dos acciones inmediatas y urgentes.
La Comisión Ordinaria que da seguimiento a atentados contra periodistas tiene su antecedente en la Comisión Especial que funcionó hace dos legislaturas y que permitió la construcción de un foro nacional de organizaciones de periodistas y de defensa de derechos humanos, como soporte y asesoría permanente de las decisiones legislativas que tienen que ver con periodismo.
El fortalecimiento de la fiscalía para atención a periodistas se justifica por la constante y gravedad de las agresiones. Tan solo en los últimos doce años se han cometido cien homicidios contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
Pero además, fortalecer la fiscalía en recursos humanos y materiales, es clave para la instrumentación de la reforma constitucional, a través de la cual se busca incrementar la atracción de delitos para ser investigados juzgados en el ámbito federal, de otra manera, se va a generar un cuello de botella y las indagaciones serán instrumentadas por otras áreas distintas a la fiscalía.
La reforma planteada es deficiente, porque retoma simplemente la capacidad genérica de atracción de delitos del fuero común por parte del ministerio público federal, ya contenida en el código federal de procedimientos penales, dejándola en eso, una simple posibilidad por parte de la autoridad federal.
Así lo demuestra el texto de la reforma planteada al artículo 73 constitucional, cuando señala que “Las autoridades federales podrán conocer”, dejando la decisión en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios públicos.
Además debe revisarse si es pertinente incluir esta norma en un artículo que establece las facultades del Congreso, en lugar de pensar en el artículo sexto o séptimo constitucionales, donde pudiera observarse una mayor congruencia legislativa, y un tono menos centralista, partiendo de la base de que las reformas protectores a la libertad de expresión, en los últimos tiempos, han provenido de las entidades federativas y no de la federación, como es el caso, por ejemplo, de la despenalización de delitos de difamación y calumnia.
La reforma significa un avance importante porque el tema de protección a la libertad de expresión pretende elevarse a nivel constitucional, en la vertiente de atracción para conocimiento federal. Sin embargo, lo idóneo es que el Senado corrija la plana, y considere un sistema integral de protección al periodista, que incluya aspectos como la creación de órganos consultores en el ámbito legislativo, el fortalecimiento de la fiscalía, protocolo de protección, medidas cautelares, desarrollo social, entre otros aspectos que el periodismo organizado del país ha sostenido, hoy bajo la batuta de Hilda Luisa Valdemar, a nivel nacional, y a nivel estatal con Javier Realivazquez, en la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y en el Foro de Periodistas de Chihuahua.
Es insuficiente la reforma planteada desde la cámara de diputados, porque se requiere una visión integral, que incluya modificaciones como es el caso del reglamento de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados para crear la comisión ordinaria de protección a periodistas o bien, la modificación a la ley orgánica de la Procuraduría General de la República para elevar a nivel de subprocuraduría la fiscalía especial para atención de delitos cometidos contra periodistas, solo por señalar dos acciones inmediatas y urgentes.
La Comisión Ordinaria que da seguimiento a atentados contra periodistas tiene su antecedente en la Comisión Especial que funcionó hace dos legislaturas y que permitió la construcción de un foro nacional de organizaciones de periodistas y de defensa de derechos humanos, como soporte y asesoría permanente de las decisiones legislativas que tienen que ver con periodismo.
El fortalecimiento de la fiscalía para atención a periodistas se justifica por la constante y gravedad de las agresiones. Tan solo en los últimos doce años se han cometido cien homicidios contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
Pero además, fortalecer la fiscalía en recursos humanos y materiales, es clave para la instrumentación de la reforma constitucional, a través de la cual se busca incrementar la atracción de delitos para ser investigados juzgados en el ámbito federal, de otra manera, se va a generar un cuello de botella y las indagaciones serán instrumentadas por otras áreas distintas a la fiscalía.
La reforma planteada es deficiente, porque retoma simplemente la capacidad genérica de atracción de delitos del fuero común por parte del ministerio público federal, ya contenida en el código federal de procedimientos penales, dejándola en eso, una simple posibilidad por parte de la autoridad federal.
Así lo demuestra el texto de la reforma planteada al artículo 73 constitucional, cuando señala que “Las autoridades federales podrán conocer”, dejando la decisión en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios públicos.
Además debe revisarse si es pertinente incluir esta norma en un artículo que establece las facultades del Congreso, en lugar de pensar en el artículo sexto o séptimo constitucionales, donde pudiera observarse una mayor congruencia legislativa, y un tono menos centralista, partiendo de la base de que las reformas protectores a la libertad de expresión, en los últimos tiempos, han provenido de las entidades federativas y no de la federación, como es el caso, por ejemplo, de la despenalización de delitos de difamación y calumnia.
La reforma significa un avance importante porque el tema de protección a la libertad de expresión pretende elevarse a nivel constitucional, en la vertiente de atracción para conocimiento federal. Sin embargo, lo idóneo es que el Senado corrija la plana, y considere un sistema integral de protección al periodista, que incluya aspectos como la creación de órganos consultores en el ámbito legislativo, el fortalecimiento de la fiscalía, protocolo de protección, medidas cautelares, desarrollo social, entre otros aspectos que el periodismo organizado del país ha sostenido, hoy bajo la batuta de Hilda Luisa Valdemar, a nivel nacional, y a nivel estatal con Javier Realivazquez, en la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y en el Foro de Periodistas de Chihuahua.
martes, 15 de noviembre de 2011
El sistema electoral a prueba, una vez más
Los resultados electorales en Michoacán en los comicios de gobernador, con una diferencia entre el primer y el segundo lugar de 2.72 por ciento, 43 mil 265 voluntades, resultan irreversibles. Lo demás, realizar señalamientos estridentes, es un signo preocupante que debilita la democracia.
Esa ventaja es sumamente firme, aun y cuando existan 879 actas con incidencias que deben conciliarse durante el cómputo, al haberse capturado 5 mil 195 de un total de 6 mil 74: esa lluvia de votos se distribuirá de manera homogénea entre los candidatos: así ha ocurrido de manera constante en las elecciones, aún en las atípicas, como esta que se vivió el pasado domingo.
Esa diferencia resulta suficiente, aun y cuando la cantidad de votos nulos sea mayor, y esto pudiera resultar llamativo: los nulos son, hasta el momento, el 3 por ciento, 47 mil 844 sufragios.
El marco legal en Michoacán no establece la obligación de un recuento, bajo los supuestos que si se señalan en la legislación electoral federal, que son la diferencia de un punto porcentual entre el primer y segundo lugar, y que los nulos porcentualmente hablando sean mayores que esa diferencia.
Probablemente el Tribunal Estatal, o el Federal, determinen que así ocurra de conformidad con la Constitución general de la república. De ser así, es muy difícil que el resultado se modifique, por pequeña que sea la diferencia: ya lo vimos en el 2006, con un margen apenas del .53 por ciento, en virtud de la asertiva intervención del ejército ciudadano que organiza las elecciones.
En lugar de asumir una posición responsable, los candidatos perdedores han ejercido una actitud visceral mediática, acusando incluso la intervención de crimen organizado en los resultados y el uso aplastante de la maquinaria federal para inducir el voto en favor de la hermana del presidente Calderón.
La batalla mediática es importante. Pero las elecciones se ganan en la calle y en los tribunales, con los elementos de prueba en la mano.
La primer batalla la ganó el PRI; la segunda, se anticipa, la va a ganar también, cuando sobre la mesa se efectúe el cómputo y las actas en mano hablen; la tercera, los tribunales, se estima correrá la misma suerte: aún un recuento ratificará la voz de las urnas, con base en la experiencia electoral reciente en el país.
Luisa María Calderón y Silvano Aureles podían haber optado por fortalecer las instituciones democráticas, pero no lo hicieron así: decidieron desgastar al sistema electoral y ponerlo a prueba una vez más, logística, política y jurídicamente, con todos los riesgos que esto implica y el mensaje enviado al país entero.
Esa ventaja es sumamente firme, aun y cuando existan 879 actas con incidencias que deben conciliarse durante el cómputo, al haberse capturado 5 mil 195 de un total de 6 mil 74: esa lluvia de votos se distribuirá de manera homogénea entre los candidatos: así ha ocurrido de manera constante en las elecciones, aún en las atípicas, como esta que se vivió el pasado domingo.
Esa diferencia resulta suficiente, aun y cuando la cantidad de votos nulos sea mayor, y esto pudiera resultar llamativo: los nulos son, hasta el momento, el 3 por ciento, 47 mil 844 sufragios.
El marco legal en Michoacán no establece la obligación de un recuento, bajo los supuestos que si se señalan en la legislación electoral federal, que son la diferencia de un punto porcentual entre el primer y segundo lugar, y que los nulos porcentualmente hablando sean mayores que esa diferencia.
Probablemente el Tribunal Estatal, o el Federal, determinen que así ocurra de conformidad con la Constitución general de la república. De ser así, es muy difícil que el resultado se modifique, por pequeña que sea la diferencia: ya lo vimos en el 2006, con un margen apenas del .53 por ciento, en virtud de la asertiva intervención del ejército ciudadano que organiza las elecciones.
En lugar de asumir una posición responsable, los candidatos perdedores han ejercido una actitud visceral mediática, acusando incluso la intervención de crimen organizado en los resultados y el uso aplastante de la maquinaria federal para inducir el voto en favor de la hermana del presidente Calderón.
La batalla mediática es importante. Pero las elecciones se ganan en la calle y en los tribunales, con los elementos de prueba en la mano.
La primer batalla la ganó el PRI; la segunda, se anticipa, la va a ganar también, cuando sobre la mesa se efectúe el cómputo y las actas en mano hablen; la tercera, los tribunales, se estima correrá la misma suerte: aún un recuento ratificará la voz de las urnas, con base en la experiencia electoral reciente en el país.
Luisa María Calderón y Silvano Aureles podían haber optado por fortalecer las instituciones democráticas, pero no lo hicieron así: decidieron desgastar al sistema electoral y ponerlo a prueba una vez más, logística, política y jurídicamente, con todos los riesgos que esto implica y el mensaje enviado al país entero.
lunes, 7 de noviembre de 2011
Parálisis legislativa
No resulta descabellado pensar en que la elección de consejeros del Instituto Federal Electoral sean electos mediante un procedimiento de insaculación, como último remedio ante la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Tampoco se trata de alguna novedad en el esquema constitucional y legal de integración de los órganos responsables de organizar los procesos electorales en el país. Chihuahua cuenta con un esquema que resuelve de esta manera la parálisis legislativa provocada por la polarización de posiciones en torno al nombramiento de consejeros electorales.
El artículo 36 de la constitución política del estado establece que mediante un proceso ordinario de designación, los consejeros serán electos por las dos terceras partes de los diputados presentes en el Congreso, a propuesta de los grupos parlamentarios.
Si la mencionada mayoría no se logra en única votación –señala la constitución- la Junta de Coordinación Parlamentaria propondrá una terna de candidatos, para cada uno de los cargos que no se hubieran cubierto, de entre los aspirantes que hubiesen propuesto los grupos parlamentarios, efectuándose la elección por mayoría calificada de los diputados presentes; si no se logra tal elección, la designación se hará mediante insaculación de entre los candidatos propuestos por la Junta de Coordinación Parlamentaria.
En este momento no se contempla ningún mecanismo alterno de designación que resuelva la ausencia de consensos para lograr la mayoría de dos tercios en el ámbito federal, pero tampoco se invalida o declara nula la actuación del actual Consejo General por su composición de cinco y no ocho consejeros electorales: no lo hace la constitución general ni el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que las decisiones del máximo órgano de organización del proceso electoral adquieren validez y firmeza.
Ocurre así, porque no existe ninguna disposición que invalide esas actuaciones, aún en el caso del quórum requerido en algunas decisiones o las mayorías que deben lograrse, como la absoluta, ya que el consejo se integra con seis de sus nueve integrantes. No sería de extrañarse que alguna decisión vaya a ser recurrida por este motivo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, resulta atípico que un órgano funcione de manera incompleta, pero previsible en un sistema de alta competencia electoral, donde las mayorías parlamentarias se atomizan, y ningún grupo puede contar con los dos tercios para sacar adelante ciertas decisiones, como nombramientos que exigen una mayoría calificada.
Un mecanismo de salida podría ser también trasladar la decisión al Senado, pero nada garantiza que en la Cámara Alta, integrada según la lógica de representación de la Cámara de diputados, pueda alcanzarse la mayoría exigida, prolongando únicamente el desgaste del órgano de decisión.
Parece que la formula más simple es la insaculación como un mecanismo de resolución del conflicto, donde el universo a considerar probablemente sea uno de los puntos que la discusión del procedimiento tendrá que resolver.
Tampoco se trata de alguna novedad en el esquema constitucional y legal de integración de los órganos responsables de organizar los procesos electorales en el país. Chihuahua cuenta con un esquema que resuelve de esta manera la parálisis legislativa provocada por la polarización de posiciones en torno al nombramiento de consejeros electorales.
El artículo 36 de la constitución política del estado establece que mediante un proceso ordinario de designación, los consejeros serán electos por las dos terceras partes de los diputados presentes en el Congreso, a propuesta de los grupos parlamentarios.
Si la mencionada mayoría no se logra en única votación –señala la constitución- la Junta de Coordinación Parlamentaria propondrá una terna de candidatos, para cada uno de los cargos que no se hubieran cubierto, de entre los aspirantes que hubiesen propuesto los grupos parlamentarios, efectuándose la elección por mayoría calificada de los diputados presentes; si no se logra tal elección, la designación se hará mediante insaculación de entre los candidatos propuestos por la Junta de Coordinación Parlamentaria.
En este momento no se contempla ningún mecanismo alterno de designación que resuelva la ausencia de consensos para lograr la mayoría de dos tercios en el ámbito federal, pero tampoco se invalida o declara nula la actuación del actual Consejo General por su composición de cinco y no ocho consejeros electorales: no lo hace la constitución general ni el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que las decisiones del máximo órgano de organización del proceso electoral adquieren validez y firmeza.
Ocurre así, porque no existe ninguna disposición que invalide esas actuaciones, aún en el caso del quórum requerido en algunas decisiones o las mayorías que deben lograrse, como la absoluta, ya que el consejo se integra con seis de sus nueve integrantes. No sería de extrañarse que alguna decisión vaya a ser recurrida por este motivo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, resulta atípico que un órgano funcione de manera incompleta, pero previsible en un sistema de alta competencia electoral, donde las mayorías parlamentarias se atomizan, y ningún grupo puede contar con los dos tercios para sacar adelante ciertas decisiones, como nombramientos que exigen una mayoría calificada.
Un mecanismo de salida podría ser también trasladar la decisión al Senado, pero nada garantiza que en la Cámara Alta, integrada según la lógica de representación de la Cámara de diputados, pueda alcanzarse la mayoría exigida, prolongando únicamente el desgaste del órgano de decisión.
Parece que la formula más simple es la insaculación como un mecanismo de resolución del conflicto, donde el universo a considerar probablemente sea uno de los puntos que la discusión del procedimiento tendrá que resolver.
sábado, 29 de octubre de 2011
Espejismo tramposo
La Fundación Rio Arronte es una institución filantrópica dedicada a financiar proyectos de tipo social, educativo y cultural. Esta Fundación tiene colaboradores de gran talento, pero sobre todo compromiso.
Ariosto Genel Garcia trabaja para dicha Fundación. Actualmente está dedicado a generar proyectos desde la sociedad civil articulando políticas públicas en materia de atención a las adicciones. Recientemente participó con una interesante charla a invitación de Raúl Gómez, Director de la Revista Proyección Económica, en la sede de la Lotería Nacional en la ciudad de México.
Las adicciones constituyen un problema de gran envergadura que amenaza con salirse de control y tocar piso. Aún y cuando algunas personas piensen que ya tocamos fondo, creo que aún no ocurre esto, y eso es lo terrible. El argumento es simple: tocar fondo significa que ya no podemos caer más, pero en adicciones aún podemos tener un problema mayor.
En el 2000 había 570 mil adictos. Ocho años después la cifra es de un millón doscientos mil. Datos conservadores pero alarmantes. Estamos hablando del 1 por ciento de la población y casi del diez por ciento de los habitantes del Distrito Federal, haciendo una comparación. Es grave en verdad el asunto.
Pero aún más delicado. El dato anterior corresponde a las drogas ilícitas. Pero resulta que las drogas licitas matan a más gente que las ilícitas. El alcohol y el tabaco matan a unas sesenta mil personas al año, y nadie se escandaliza: siete de cada diez accidentes son provocados por el alcohol.
En Mexico hay un enfoque de combate al narcotráfico. Decir adicciones es decir igual que delincuencia organizada. Y no es tan sencillo. Hablar de adicciones es hablar de un problema de salud y de educación, pero sobre todo, de participación de la sociedad. La persecución de los delincuentes solo es una faceta de la solución del problema.
Hay que construir un sistema de redes para articular esfuerzos. En el 2009 hubo un intento de 39 instituciones que se reunieron para proponer la renovación de las políticas públicas para la atención de las adicciones: fortalecer a la dependencia federal encargada de atender las adicciones, modificar el modelo persecutorio por un modelo preventivo, fortalecer una cultura de reinserción social, entre otras cuestiones.
No lo podemos negar. Se dan los primeros pasos. Se crea a nivel nacional una Comisión y se articulan esfuerzos con las entidades federativas y la sociedad civil. Pero aún es tímida la posición federal en la materia, ya que los recursos económicos resultan insuficientes.
La sociedad y ciertos sectores oficiales ven con recelo y desde un punto de vista criminal a los adictos, sin pensar en que son producto de una sociedad mercantilizada, liberal, consumista, carente de valores y oportunidades.
Ellos, las personas con esta enfermedad, constituyen un caldo de cultivo para una generación útil al crimen organizado, espejismo tramposo y criminal, que desecha a lo mejor de la sociedad: los jóvenes, una juventud que merece una oportunidad como ocurrió con la ampliación sustancial en espacios de educación superior recientemente en Chihuahua.
Ariosto Genel Garcia trabaja para dicha Fundación. Actualmente está dedicado a generar proyectos desde la sociedad civil articulando políticas públicas en materia de atención a las adicciones. Recientemente participó con una interesante charla a invitación de Raúl Gómez, Director de la Revista Proyección Económica, en la sede de la Lotería Nacional en la ciudad de México.
Las adicciones constituyen un problema de gran envergadura que amenaza con salirse de control y tocar piso. Aún y cuando algunas personas piensen que ya tocamos fondo, creo que aún no ocurre esto, y eso es lo terrible. El argumento es simple: tocar fondo significa que ya no podemos caer más, pero en adicciones aún podemos tener un problema mayor.
En el 2000 había 570 mil adictos. Ocho años después la cifra es de un millón doscientos mil. Datos conservadores pero alarmantes. Estamos hablando del 1 por ciento de la población y casi del diez por ciento de los habitantes del Distrito Federal, haciendo una comparación. Es grave en verdad el asunto.
Pero aún más delicado. El dato anterior corresponde a las drogas ilícitas. Pero resulta que las drogas licitas matan a más gente que las ilícitas. El alcohol y el tabaco matan a unas sesenta mil personas al año, y nadie se escandaliza: siete de cada diez accidentes son provocados por el alcohol.
En Mexico hay un enfoque de combate al narcotráfico. Decir adicciones es decir igual que delincuencia organizada. Y no es tan sencillo. Hablar de adicciones es hablar de un problema de salud y de educación, pero sobre todo, de participación de la sociedad. La persecución de los delincuentes solo es una faceta de la solución del problema.
Hay que construir un sistema de redes para articular esfuerzos. En el 2009 hubo un intento de 39 instituciones que se reunieron para proponer la renovación de las políticas públicas para la atención de las adicciones: fortalecer a la dependencia federal encargada de atender las adicciones, modificar el modelo persecutorio por un modelo preventivo, fortalecer una cultura de reinserción social, entre otras cuestiones.
No lo podemos negar. Se dan los primeros pasos. Se crea a nivel nacional una Comisión y se articulan esfuerzos con las entidades federativas y la sociedad civil. Pero aún es tímida la posición federal en la materia, ya que los recursos económicos resultan insuficientes.
La sociedad y ciertos sectores oficiales ven con recelo y desde un punto de vista criminal a los adictos, sin pensar en que son producto de una sociedad mercantilizada, liberal, consumista, carente de valores y oportunidades.
Ellos, las personas con esta enfermedad, constituyen un caldo de cultivo para una generación útil al crimen organizado, espejismo tramposo y criminal, que desecha a lo mejor de la sociedad: los jóvenes, una juventud que merece una oportunidad como ocurrió con la ampliación sustancial en espacios de educación superior recientemente en Chihuahua.
lunes, 24 de octubre de 2011
Papel lamentable
La verdad ante los medios de comunicación, y ya no digamos solo ante ellos, sino de frente a la sociedad entera, es fundamental para las instituciones de gobierno.
Mentir no es opción para ellas, por lo cual resulta improbable que ocurra, salvo que se piense en los riesgos que esto representa y el servidor público esté dispuesto a asumirlos.
Parece que esta es la opción que la presidencia de la república ha asumido con el escándalo que el mismo Calderón ha desatado con declaraciones irresponsables ante medios de comunicación internacionales.
Entrevistado por el New York Times, el reportero simplemente cuestiona ¿el PRI tenia esa reputación?, luego de que Calderón afirmó que el régimen político autoritario se pensaba que arreglándose con los criminales no pasaba nada.
Ocurre que en la transcripción que Presidencia de la República hizo circular a nivel nacional se omite la pregunta. Y luego se asume que fue la prensa quien realizó la declaración que señalaba nexos entre el PRI y el crimen organizado.
La verdad es que no ocurrió así. Fue el Presidente quien realizó la declaración y debe asumir las consecuencias.
La cuestión es que el presidente es el titular del ejecutivo federal, y como tal, quien debe garantizar la persecución de los delitos, particularmente los que tienen que ver con crimen organizado.
El problema es que no es así. Desde que asumió su poder ha establecido que el combate al crimen organizado corresponde a las entidades federativas.
Los mensajes de radio y televisión en relación con operativos en Veracruz y Guerrero así lo reconfirman, donde afirma que son las entidades quienes han solicitado el auxilio federal.
No entiendo esto. El crimen organizado y delitos contra la salud corresponden al gobierno federal, pero no los combate salvo solicitud de las entidades federativas.
Es omiso al respecto. Los delitos señalados corresponden a la federación, pese a ello espera una solicitud estatal y luego se presenta como salvador. La explicación es meramente mercadológica.
Calderón está buscando salvar puntos en el posicionamiento ante la opinión pública sin importar mentir ante la opinión pública nacional e internacional.
Es un juego tramposo: se asume Calderón como el combatiente salvador contra el crimen organizado, cuando es su responsabilidad y ante ello ha sido irresponsable.
No importando esto, manipula una entrevista ante el New York Times, para enlodar al rival político en las elecciones del próximo año.
Sera Calderón, finalmente, víctima de sus propias declaraciones, irresponsables, porque se quedan en el simple rumor, papel lamentable de quien detenta el poder ejecutivo.
Mentir no es opción para ellas, por lo cual resulta improbable que ocurra, salvo que se piense en los riesgos que esto representa y el servidor público esté dispuesto a asumirlos.
Parece que esta es la opción que la presidencia de la república ha asumido con el escándalo que el mismo Calderón ha desatado con declaraciones irresponsables ante medios de comunicación internacionales.
Entrevistado por el New York Times, el reportero simplemente cuestiona ¿el PRI tenia esa reputación?, luego de que Calderón afirmó que el régimen político autoritario se pensaba que arreglándose con los criminales no pasaba nada.
Ocurre que en la transcripción que Presidencia de la República hizo circular a nivel nacional se omite la pregunta. Y luego se asume que fue la prensa quien realizó la declaración que señalaba nexos entre el PRI y el crimen organizado.
La verdad es que no ocurrió así. Fue el Presidente quien realizó la declaración y debe asumir las consecuencias.
La cuestión es que el presidente es el titular del ejecutivo federal, y como tal, quien debe garantizar la persecución de los delitos, particularmente los que tienen que ver con crimen organizado.
El problema es que no es así. Desde que asumió su poder ha establecido que el combate al crimen organizado corresponde a las entidades federativas.
Los mensajes de radio y televisión en relación con operativos en Veracruz y Guerrero así lo reconfirman, donde afirma que son las entidades quienes han solicitado el auxilio federal.
No entiendo esto. El crimen organizado y delitos contra la salud corresponden al gobierno federal, pero no los combate salvo solicitud de las entidades federativas.
Es omiso al respecto. Los delitos señalados corresponden a la federación, pese a ello espera una solicitud estatal y luego se presenta como salvador. La explicación es meramente mercadológica.
Calderón está buscando salvar puntos en el posicionamiento ante la opinión pública sin importar mentir ante la opinión pública nacional e internacional.
Es un juego tramposo: se asume Calderón como el combatiente salvador contra el crimen organizado, cuando es su responsabilidad y ante ello ha sido irresponsable.
No importando esto, manipula una entrevista ante el New York Times, para enlodar al rival político en las elecciones del próximo año.
Sera Calderón, finalmente, víctima de sus propias declaraciones, irresponsables, porque se quedan en el simple rumor, papel lamentable de quien detenta el poder ejecutivo.
domingo, 16 de octubre de 2011
Reinventar Juárez
La violencia inusitada que enfrenta Ciudad Juárez requiere acciones contundentes que reaviven los espacios públicos para la convivencia armónica así como el espíritu de solidaridad comunitaria, que siempre han existido, pese a los retos de ser frontera con los Estados Unidos, con todo lo que ello significa: el choque cultural, la vulnerabilidad a diversos delitos y el elevado índice de movilidad poblacional.
En este contexto es plausible que surjan iniciativas como Juárez Competitiva, un esfuerzo del sector público y privado, nacional e internacional, que ofrece un espacio cultural y académico, en un ejercicio que a la vez muestra a los ojos del mundo que los juarenses siguen de pie, mientras capacita a miles de jóvenes en valores comunitarios, de solidaridad, de democracia, pero sobre todo, de convivencia.
El portal de Juárez Competitiva (http://www.juarezcompetitiva.org/esp/juarez.php), autocritica, reconoce que “la imagen que se conoce de Ciudad Juárez tanto hacia el interior como en el exterior, en los últimos 15 años se ha deteriorado considerablemente mostrando a la ciudad como uno de los lugares más peligrosos para vivir”.
“Ciudad Juárez –señala- arrastra hoy un notable desprestigio en la opinión pública internacional, nacional y local que resulta sumamente dañino, ya que aleja las posibilidades de desarrollo económico mediante la inversión, la apertura de nuevos negocios y empresas que ofrezcan empleo y como consecuencia de todo esto, la imposibilidad de un desarrollo social sustentable”.
Ante esto y “como una iniciativa para enfrentar la problemática descrita anteriormente, nace Juárez Competitiva, que resulta en el esfuerzo de un grupo de ciudadanos por congregar a distintos sectores de la ciudad en un trabajo conjunto para crear un movimiento que dé a conocer hacia el exterior y entre los habitantes de la ciudad, todo lo que Juárez produce no sólo en función de mercancías y productos elaborados, sino de talento, iniciativas, avances tecnológicos y científicos así como en las artes y la cultura”.
Resulta interesante el ejercicio: es una ventana que permite al exterior echar un vistazo a Juárez, reconociendo el esfuerzo y talento de una ciudad que se niega a dejarse vencer por la adversidad, pero que al mismo tiempo, permite a los juarenses asirse a los ejemplos internacionales de líderes que aportan conocimiento y experiencia para enfrentar la adversidad.
Del 13 al 28 de octubre, personalidades de la talla de Mijail Gorbachov o Rudolph Guiliani, se enfrentaran cara a cara con miles de jóvenes y líderes de los sectores público y privado, para tratar temas de relevancia, en el marco de múltiples actividades culturales, artísticas, académicas y educativas.
Es cierto, como lo enuncia el portal de Juárez Competitiva: esta es la oportunidad para entender que la verdadera resistencia lucha por recuperar valores, en un reencuentro, intercambio y motivación, un espacio para la esperanza que aportará luz sobre la oscuridad de los problemas actuales: una oportunidad de encontrar mecanismos que reinventen Juárez como ciudad y comunidad.
En este contexto es plausible que surjan iniciativas como Juárez Competitiva, un esfuerzo del sector público y privado, nacional e internacional, que ofrece un espacio cultural y académico, en un ejercicio que a la vez muestra a los ojos del mundo que los juarenses siguen de pie, mientras capacita a miles de jóvenes en valores comunitarios, de solidaridad, de democracia, pero sobre todo, de convivencia.
El portal de Juárez Competitiva (http://www.juarezcompetitiva.org/esp/juarez.php), autocritica, reconoce que “la imagen que se conoce de Ciudad Juárez tanto hacia el interior como en el exterior, en los últimos 15 años se ha deteriorado considerablemente mostrando a la ciudad como uno de los lugares más peligrosos para vivir”.
“Ciudad Juárez –señala- arrastra hoy un notable desprestigio en la opinión pública internacional, nacional y local que resulta sumamente dañino, ya que aleja las posibilidades de desarrollo económico mediante la inversión, la apertura de nuevos negocios y empresas que ofrezcan empleo y como consecuencia de todo esto, la imposibilidad de un desarrollo social sustentable”.
Ante esto y “como una iniciativa para enfrentar la problemática descrita anteriormente, nace Juárez Competitiva, que resulta en el esfuerzo de un grupo de ciudadanos por congregar a distintos sectores de la ciudad en un trabajo conjunto para crear un movimiento que dé a conocer hacia el exterior y entre los habitantes de la ciudad, todo lo que Juárez produce no sólo en función de mercancías y productos elaborados, sino de talento, iniciativas, avances tecnológicos y científicos así como en las artes y la cultura”.
Resulta interesante el ejercicio: es una ventana que permite al exterior echar un vistazo a Juárez, reconociendo el esfuerzo y talento de una ciudad que se niega a dejarse vencer por la adversidad, pero que al mismo tiempo, permite a los juarenses asirse a los ejemplos internacionales de líderes que aportan conocimiento y experiencia para enfrentar la adversidad.
Del 13 al 28 de octubre, personalidades de la talla de Mijail Gorbachov o Rudolph Guiliani, se enfrentaran cara a cara con miles de jóvenes y líderes de los sectores público y privado, para tratar temas de relevancia, en el marco de múltiples actividades culturales, artísticas, académicas y educativas.
Es cierto, como lo enuncia el portal de Juárez Competitiva: esta es la oportunidad para entender que la verdadera resistencia lucha por recuperar valores, en un reencuentro, intercambio y motivación, un espacio para la esperanza que aportará luz sobre la oscuridad de los problemas actuales: una oportunidad de encontrar mecanismos que reinventen Juárez como ciudad y comunidad.
miércoles, 12 de octubre de 2011
Andamiaje electoral
Las elecciones se preparan con muchos meses de anticipación. En México, de hecho, prácticamente se preparan todos los días, en virtud de que existe un servicio profesional, permanente, en materia electoral, tanto a nivel federal como local.
Asimismo, las elecciones se construyen a través de acciones concretas, pequeñas, que generan viabilidad a las acciones sustanciales, macro, de organización de un proceso electoral, materializadas operativamente en las juntas locales ejecutivas y distritales en el ámbito federal, así como en los consejos estatales y municipales, en el caso local.
Por ese motivo resulta relevante que, instalado el Consejo General del Instituto Federal Electoral, asuma de inmediato la agenda preparatoria que habrá de culminar con la elección del presidente de la república, senadores y diputados al Congreso de la Unión, para generar condiciones óptimas de celebración de comicios.
Dentro de estos acuerdos se encuentra el equipamiento y la operación de bodegas electorales, para garantizar que el espacio y las condiciones de seguridad sean las adecuadas para evitar riesgos, ya que en ellas se resguardaran, primero el material electoral y luego los paquetes electorales, base de las elecciones, donde destacan las boletas.
Asimismo se acordaron los criterios para difundir la realización y conclusión de las etapas, actos y actividades relevantes del proceso electoral, fortaleciendo los principios de publicidad, transparencia y sobre todo definitividad, generando certidumbre en la población y, particularmente, en los actores políticos, sometidos a una natural presión por la dinámica propia de los comicios.
Tiene razón la Consejera Electoral Macarita Elizondo: se trata de cuestiones operativas que si bien establecen las pautas generales, es el comienzo de la construcción del andamiaje organizacional que requiere una elección.
Estos acuerdos, por pequeños e insignificantes que parezcan, construyen certeza, legalidad e imparcialidad, fortalecen la independencia y autonomía del órgano regulador de los comicios, principios que deberán cuidarse a toda costa, para derribar cualquier suspicacia de favorecimiento partidista.
En principio el beneficio de la duda. El camino apenas comienza.
EN EL TABLERO: El Foro de Periodistas de Chihuahua cumple veinte años de fundación…Felicidades al Presidente, el colega Javier Realivazquez, quien, como ocurre desde hace muchos años, entregó el Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos en la majestuosa Casa Chihuahua, en la capital del Estado…
Asimismo, las elecciones se construyen a través de acciones concretas, pequeñas, que generan viabilidad a las acciones sustanciales, macro, de organización de un proceso electoral, materializadas operativamente en las juntas locales ejecutivas y distritales en el ámbito federal, así como en los consejos estatales y municipales, en el caso local.
Por ese motivo resulta relevante que, instalado el Consejo General del Instituto Federal Electoral, asuma de inmediato la agenda preparatoria que habrá de culminar con la elección del presidente de la república, senadores y diputados al Congreso de la Unión, para generar condiciones óptimas de celebración de comicios.
Dentro de estos acuerdos se encuentra el equipamiento y la operación de bodegas electorales, para garantizar que el espacio y las condiciones de seguridad sean las adecuadas para evitar riesgos, ya que en ellas se resguardaran, primero el material electoral y luego los paquetes electorales, base de las elecciones, donde destacan las boletas.
Asimismo se acordaron los criterios para difundir la realización y conclusión de las etapas, actos y actividades relevantes del proceso electoral, fortaleciendo los principios de publicidad, transparencia y sobre todo definitividad, generando certidumbre en la población y, particularmente, en los actores políticos, sometidos a una natural presión por la dinámica propia de los comicios.
Tiene razón la Consejera Electoral Macarita Elizondo: se trata de cuestiones operativas que si bien establecen las pautas generales, es el comienzo de la construcción del andamiaje organizacional que requiere una elección.
Estos acuerdos, por pequeños e insignificantes que parezcan, construyen certeza, legalidad e imparcialidad, fortalecen la independencia y autonomía del órgano regulador de los comicios, principios que deberán cuidarse a toda costa, para derribar cualquier suspicacia de favorecimiento partidista.
En principio el beneficio de la duda. El camino apenas comienza.
EN EL TABLERO: El Foro de Periodistas de Chihuahua cumple veinte años de fundación…Felicidades al Presidente, el colega Javier Realivazquez, quien, como ocurre desde hace muchos años, entregó el Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos en la majestuosa Casa Chihuahua, en la capital del Estado…
lunes, 10 de octubre de 2011
No podemos ser indiferentes
El mundo enfrenta el cambio climático con posiciones encontradas de las grandes potencias, en relación con políticas públicas que incentiven en los diversos sectores productivos la disminución de la emisión de gases con efecto invernadero.
Es necesario un acuerdo internacional generalizado para disminuir el calentamiento global, provocado por la retención de la energía solar, que virtud a estos gases, es retenida en la tierra.
Sin embargo, mientras las grandes naciones se ponen de acuerdo y anteponen los intereses de la comunidad internacional en detrimento de su crecimiento industrial basado en el uso de energías no renovables, las ciudades deben adoptar acciones micro- ambientales para propiciar cambios que mejoren la calidad de vida.
Chihuahua es una entidad federativa donde el agua tiene un gran valor ante su escasez. Aunado a ello, su clima extremo provoca que sean pocas las especies de flora que puedan sobrevivir.
En febrero pasado se presentó un fenómeno climatológico que congeló a sesenta mil árboles, tan solo en la capital del Estado, lo cual representa una grave pérdida en función de la importancia que revisten en el equilibrio ecológico comunitario. Por si sola la cifra resulta impactante.
Pero más impactante resulta saber que un árbol tiene un gran valor: amortigua la lluvia, da sombra, regula el clima, reduce la velocidad y filtra el viento, secuestra el bióxido de carbono, abaten el ruido: en suma, mejoran la calidad de vida en su entorno.
Por este motivo, resulta apremiante asumir acciones y políticas públicas para rescatar el grave daño provocado por la pérdida de miles de árboles a principios de año, como ha venido ocurriendo con la plantación de doce mil árboles en los últimos meses por parte del ayuntamiento de Chihuahua.
Es cierto, no es suficiente. Se requiere la participación de todos los sectores de la comunidad, como lo hizo ver el mismo presidente municipal Marco Adán Quezada Martínez, al rendir su primer informe de gobierno.
Se trata no solo de un tema ecológico, se trata de hacer comunidad: de mejorar la calidad de vida, en un entorno de participación comunal, donde todos debemos comprometernos. Es una decisión de vida ante la cual no podemos ser indiferentes.
Es necesario un acuerdo internacional generalizado para disminuir el calentamiento global, provocado por la retención de la energía solar, que virtud a estos gases, es retenida en la tierra.
Sin embargo, mientras las grandes naciones se ponen de acuerdo y anteponen los intereses de la comunidad internacional en detrimento de su crecimiento industrial basado en el uso de energías no renovables, las ciudades deben adoptar acciones micro- ambientales para propiciar cambios que mejoren la calidad de vida.
Chihuahua es una entidad federativa donde el agua tiene un gran valor ante su escasez. Aunado a ello, su clima extremo provoca que sean pocas las especies de flora que puedan sobrevivir.
En febrero pasado se presentó un fenómeno climatológico que congeló a sesenta mil árboles, tan solo en la capital del Estado, lo cual representa una grave pérdida en función de la importancia que revisten en el equilibrio ecológico comunitario. Por si sola la cifra resulta impactante.
Pero más impactante resulta saber que un árbol tiene un gran valor: amortigua la lluvia, da sombra, regula el clima, reduce la velocidad y filtra el viento, secuestra el bióxido de carbono, abaten el ruido: en suma, mejoran la calidad de vida en su entorno.
Por este motivo, resulta apremiante asumir acciones y políticas públicas para rescatar el grave daño provocado por la pérdida de miles de árboles a principios de año, como ha venido ocurriendo con la plantación de doce mil árboles en los últimos meses por parte del ayuntamiento de Chihuahua.
Es cierto, no es suficiente. Se requiere la participación de todos los sectores de la comunidad, como lo hizo ver el mismo presidente municipal Marco Adán Quezada Martínez, al rendir su primer informe de gobierno.
Se trata no solo de un tema ecológico, se trata de hacer comunidad: de mejorar la calidad de vida, en un entorno de participación comunal, donde todos debemos comprometernos. Es una decisión de vida ante la cual no podemos ser indiferentes.
lunes, 3 de octubre de 2011
Primer Informe: logros y demandas
El Primer Informe de Gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua se significó no solo por la relación de avances significativos en materia de seguridad, educación, salud e infraestructura, sino por el mensaje de fortaleza política que otorga una nutrida y plural presencia de figuras nacionales que incluyó al exgobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, el espaldarazo de una política de concertación con la federación con la asistencia del secretario de Hacienda, José Antonio Meade y el cumplimiento del protocolo democrático de escuchar en sus discursos a las fuerzas partidistas representadas en el Congreso Local.
Además, por la reiteración al gobierno federal –en voz del gobernador- de la urgencia que existe para que el Estado de Chihuahua reciba un trato fiscal de excepción, particularmente Juárez por la violencia, para incentivar la atracción de inversión, y con ella el empleo; la regularización de los automóviles de procedencia extranjera, que se transforman en un problema de tipo social que rebota en la seguridad, y las acciones inmediatas para rescatar el campo chihuahuense que, debido a los fenómenos climatológicos, requiere de apoyos excepcionales para evitar el colapso.
En los logros, el gobernador destacó la reducción del cincuenta por ciento en la incidencia delictiva, la resolución del 100 por ciento de los secuestros, la recuperación de ocho mil vehículos robados, 500 mil acciones de asistencia social a comunidades marginadas, la entrega de 605 mil paquetes de útiles escolares, cobertura universal en educación superior y en salud, 10 nuevos planteles de Bachilleres, 36 acciones de infraestructura en salud, más de dos millones de acciones de atención a la salud en hospitales de Gobierno del Estado, 25 mil viviendas a población indígena, entre otros.
La asistencia al informe de 14 gobernadores, entre ellos Eruviel Avila del Estado de México, Mario López Valdez de Sinaloa y Rafael Moreno Valle de Puebla, llamaron poderosamente la atención, sobre todo estos dos últimos, por su signo partidista; no fueron los únicos sobre los cuales hubo reflectores, destacan Beatriz Paredes, Humberto Moreira, Joel Ayala y Emilio Gamboa, así como la clase política, religiosa y social a nivel local, en un nutrido y plural contingente de más de quince mil personas.
El protocolo democrático y de rendición de cuentas de escuchar a las fuerzas político partidistas en el Congreso del Estado envía a la sociedad un mensaje de apertura y tolerancia a la crítica responsable, con el reconocimiento del jefe del ejecutivo a la ayuda de los poderes Legislativo y Judicial en la conformación del nuevo marco jurídico para enfrentar diversos retos, entre ellos el de la seguridad.
Presidencia de la república encomendó al secretario de Hacienda la presencia en el informe, con una instrucción de acompañar al gobernador César Duarte en las dos ceremonias, la del protocolo flanqueando al mandatario en la tribuna del Congreso como invitado especial, y en el evento público, con un discurso de reconocimiento de avances, esfuerzos y colaboración de Chihuahua.
José Antonio Meade se llevó tarea al centro del país: en el apunte se encuentra el apartado fiscal, la regularización de automotores y la ayuda urgente al campo chihuahuense, en una solicitud legítima de los chihuahuenses, donde subyace una situación excepcional e inédita de violencia que requiere no solo el reconocimiento Federal, sino de la inyección de recursos y política públicas, fuera de discursos y la necesaria –pero elemental- presencia policíaca.
Además, por la reiteración al gobierno federal –en voz del gobernador- de la urgencia que existe para que el Estado de Chihuahua reciba un trato fiscal de excepción, particularmente Juárez por la violencia, para incentivar la atracción de inversión, y con ella el empleo; la regularización de los automóviles de procedencia extranjera, que se transforman en un problema de tipo social que rebota en la seguridad, y las acciones inmediatas para rescatar el campo chihuahuense que, debido a los fenómenos climatológicos, requiere de apoyos excepcionales para evitar el colapso.
En los logros, el gobernador destacó la reducción del cincuenta por ciento en la incidencia delictiva, la resolución del 100 por ciento de los secuestros, la recuperación de ocho mil vehículos robados, 500 mil acciones de asistencia social a comunidades marginadas, la entrega de 605 mil paquetes de útiles escolares, cobertura universal en educación superior y en salud, 10 nuevos planteles de Bachilleres, 36 acciones de infraestructura en salud, más de dos millones de acciones de atención a la salud en hospitales de Gobierno del Estado, 25 mil viviendas a población indígena, entre otros.
La asistencia al informe de 14 gobernadores, entre ellos Eruviel Avila del Estado de México, Mario López Valdez de Sinaloa y Rafael Moreno Valle de Puebla, llamaron poderosamente la atención, sobre todo estos dos últimos, por su signo partidista; no fueron los únicos sobre los cuales hubo reflectores, destacan Beatriz Paredes, Humberto Moreira, Joel Ayala y Emilio Gamboa, así como la clase política, religiosa y social a nivel local, en un nutrido y plural contingente de más de quince mil personas.
El protocolo democrático y de rendición de cuentas de escuchar a las fuerzas político partidistas en el Congreso del Estado envía a la sociedad un mensaje de apertura y tolerancia a la crítica responsable, con el reconocimiento del jefe del ejecutivo a la ayuda de los poderes Legislativo y Judicial en la conformación del nuevo marco jurídico para enfrentar diversos retos, entre ellos el de la seguridad.
Presidencia de la república encomendó al secretario de Hacienda la presencia en el informe, con una instrucción de acompañar al gobernador César Duarte en las dos ceremonias, la del protocolo flanqueando al mandatario en la tribuna del Congreso como invitado especial, y en el evento público, con un discurso de reconocimiento de avances, esfuerzos y colaboración de Chihuahua.
José Antonio Meade se llevó tarea al centro del país: en el apunte se encuentra el apartado fiscal, la regularización de automotores y la ayuda urgente al campo chihuahuense, en una solicitud legítima de los chihuahuenses, donde subyace una situación excepcional e inédita de violencia que requiere no solo el reconocimiento Federal, sino de la inyección de recursos y política públicas, fuera de discursos y la necesaria –pero elemental- presencia policíaca.
martes, 27 de septiembre de 2011
Una oposición responsable e institucional
Resulta una verdad jurídica que los partidos políticos constituyen el mecanismo por medio del cual se realiza de manera permanente y periódica la transición en el poder público en nuestro país.
Sin embargo, es cierto también que no todos los partidos pueden gobernar al mismo tiempo, y que los más deben permanecer en la oposición con una presencia en diversos órganos colegiados de gobierno, como es el caso de los cabildos, las legislaturas estatales y el mismo Congreso de la Unión, como decisión del pueblo elector.
Incluso, como ocurre actualmente, puede darse el caso que los signos partidistas de gobierno sean distintos en el ámbito federal, estatal y municipal, con lo cual evidentemente se complica –cuando no debiera- la gobernabilidad y la relación institucional de los diversos órdenes.
Por ese motivo toma relevancia el discurso del gobernador César Duarte al tomar protesta a la nueva directiva en Chihuahua de la Fundación Luis Donaldo Colosio, responsable de elaborar la plataforma electoral del revolucionario institucional rumbo al 2012, con Marcelo González Tachiquin a la cabeza.
Dice el mandatario que el PRI ha decidido -al convertirse en oposición en los diversos momentos recientes- asumir una posición responsable e institucional.
La vida partidista reciente del país esta moteada de excesos en el ejercicio del poder por parte de los partidos opositores, con grandes afectaciones a la comunidad, como el plantón en Reforma que paralizó la capital del país.
En una democracia, ¿Cuál debe ser la conducta de los partidos de oposición? ¿Cuáles son los límites de su actuación: entre la posición legítima contraria al partido hecho gobierno y cual es una posición irresponsable?
La responsabilidad en el gobierno implica poner atención en lo que se hace, cuidar la actuación y las decisiones, hacerlo razonablemente.
Una oposición que asume decisiones de acuerdo a planteamientos, ideas o propuestas, que debata a profundidad, y que se aleje de la simple negativa de apoyar acciones que provienen de la propuesta del contrario.
La argumentación debe constituir el sustento de las ideas y del debate de estas, en busca de la consolidación del sistema de gobierno en beneficio de la comunidad, con una visión institucional: que fortalezca las instituciones, las desarrolle, las perfeccione, alejados de la diatriba y la fácil descalificación.
Una oposición que, siendo responsable e institucional, co-gobierna, y que no siéndolo, abona al estado de incertidumbre e ingobernabilidad, que contrario a fortalecer la vida democrática, la socava porque alienta posiciones del todo o nada, polarizando en sus extremos a la comunidad, como ya ha ocurrido recientemente.
Sin embargo, es cierto también que no todos los partidos pueden gobernar al mismo tiempo, y que los más deben permanecer en la oposición con una presencia en diversos órganos colegiados de gobierno, como es el caso de los cabildos, las legislaturas estatales y el mismo Congreso de la Unión, como decisión del pueblo elector.
Incluso, como ocurre actualmente, puede darse el caso que los signos partidistas de gobierno sean distintos en el ámbito federal, estatal y municipal, con lo cual evidentemente se complica –cuando no debiera- la gobernabilidad y la relación institucional de los diversos órdenes.
Por ese motivo toma relevancia el discurso del gobernador César Duarte al tomar protesta a la nueva directiva en Chihuahua de la Fundación Luis Donaldo Colosio, responsable de elaborar la plataforma electoral del revolucionario institucional rumbo al 2012, con Marcelo González Tachiquin a la cabeza.
Dice el mandatario que el PRI ha decidido -al convertirse en oposición en los diversos momentos recientes- asumir una posición responsable e institucional.
La vida partidista reciente del país esta moteada de excesos en el ejercicio del poder por parte de los partidos opositores, con grandes afectaciones a la comunidad, como el plantón en Reforma que paralizó la capital del país.
En una democracia, ¿Cuál debe ser la conducta de los partidos de oposición? ¿Cuáles son los límites de su actuación: entre la posición legítima contraria al partido hecho gobierno y cual es una posición irresponsable?
La responsabilidad en el gobierno implica poner atención en lo que se hace, cuidar la actuación y las decisiones, hacerlo razonablemente.
Una oposición que asume decisiones de acuerdo a planteamientos, ideas o propuestas, que debata a profundidad, y que se aleje de la simple negativa de apoyar acciones que provienen de la propuesta del contrario.
La argumentación debe constituir el sustento de las ideas y del debate de estas, en busca de la consolidación del sistema de gobierno en beneficio de la comunidad, con una visión institucional: que fortalezca las instituciones, las desarrolle, las perfeccione, alejados de la diatriba y la fácil descalificación.
Una oposición que, siendo responsable e institucional, co-gobierna, y que no siéndolo, abona al estado de incertidumbre e ingobernabilidad, que contrario a fortalecer la vida democrática, la socava porque alienta posiciones del todo o nada, polarizando en sus extremos a la comunidad, como ya ha ocurrido recientemente.
martes, 20 de septiembre de 2011
Abuso de poder y corrosión de valores
Se calcula en siete mil millones de dólares anuales la ganancia que genera la trata de personas a los grupos criminales en todo el mundo, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas.
En México, ninguna entidad federativa queda libre de la presencia del ilícito; sin embargo, son los estados vinculados con la industria turística los que presentan con mayor crudeza el fenómeno: Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, según revela un estudio reciente elaborado por la Universidad del Caribe a encargo de la Secretaria de Turismo Federal.
El delito se encuentra asociado a condiciones de pobreza e ignorancia, así como el abuso del poder y la corrosión de valores, desde sectores no solo de la autoridad, sino de los mismos grupos sociales y las familias en el entorno más cercano a las víctimas.
Paradójicamente son estas instancias quienes de manera corresponsable deben realizar acciones contundentes para revertir las condiciones que generan el fenómeno, cuya definición legal se ha fortalecido, integrando un tipo amplio que permite sancionar diversas conductas relacionadas, fuera del simplismo de criminalizar a quien la practica directamente, sino a quienes lucran con la actividad promoviéndola, propiciándola y operándola.
Establece la ley especial vigente -desde el mes de junio pasado- que el delito de trata de personas lo comete quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Entendiendo la responsabilidad de los medios de comunicación, la legislación sanciona además a la persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios, que encuadren en alguna de las conductas del delito, esto es, en la promoción de la explotación sexual.
En cumplimiento de esta norma, diversos periódicos han decidido prohibir cualquier tipo de publicidad que directa o indirectamente promueva la trata de personas. Seguramente muchos medios de comunicación en el país se sumaran. Otros ya lo hacen.
Pero no es con la desaparición de estos anuncios como se terminara la explotación sexual de las personas. Se requiere una mayor participación de todas y todos, sociedad y gobierno, en un problema verdaderamente grave donde la mujer es la principal víctima.
La Organización Mundial del Trabajo calculó hace una década en 1.8 millones de niños y niñas las victimas de explotación sexual. La mayoría eran niñas. En el 2000 UNICEF estimó en un estudio realizado por seis ciudades de México en 16 mil las niñas sometidas a este tipo de explotación.
Es con el rescate de valores y el fortalecimiento de las familias, con políticas públicas que fortalezcan la equidad de género y el respeto a las diferencias, hasta el impulso de la educación desde la cultura, y la generación de fuentes de empleo.
Como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 para Chihuahua, es prioritario promover entre la población y en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
En México, ninguna entidad federativa queda libre de la presencia del ilícito; sin embargo, son los estados vinculados con la industria turística los que presentan con mayor crudeza el fenómeno: Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, según revela un estudio reciente elaborado por la Universidad del Caribe a encargo de la Secretaria de Turismo Federal.
El delito se encuentra asociado a condiciones de pobreza e ignorancia, así como el abuso del poder y la corrosión de valores, desde sectores no solo de la autoridad, sino de los mismos grupos sociales y las familias en el entorno más cercano a las víctimas.
Paradójicamente son estas instancias quienes de manera corresponsable deben realizar acciones contundentes para revertir las condiciones que generan el fenómeno, cuya definición legal se ha fortalecido, integrando un tipo amplio que permite sancionar diversas conductas relacionadas, fuera del simplismo de criminalizar a quien la practica directamente, sino a quienes lucran con la actividad promoviéndola, propiciándola y operándola.
Establece la ley especial vigente -desde el mes de junio pasado- que el delito de trata de personas lo comete quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Entendiendo la responsabilidad de los medios de comunicación, la legislación sanciona además a la persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios, que encuadren en alguna de las conductas del delito, esto es, en la promoción de la explotación sexual.
En cumplimiento de esta norma, diversos periódicos han decidido prohibir cualquier tipo de publicidad que directa o indirectamente promueva la trata de personas. Seguramente muchos medios de comunicación en el país se sumaran. Otros ya lo hacen.
Pero no es con la desaparición de estos anuncios como se terminara la explotación sexual de las personas. Se requiere una mayor participación de todas y todos, sociedad y gobierno, en un problema verdaderamente grave donde la mujer es la principal víctima.
La Organización Mundial del Trabajo calculó hace una década en 1.8 millones de niños y niñas las victimas de explotación sexual. La mayoría eran niñas. En el 2000 UNICEF estimó en un estudio realizado por seis ciudades de México en 16 mil las niñas sometidas a este tipo de explotación.
Es con el rescate de valores y el fortalecimiento de las familias, con políticas públicas que fortalezcan la equidad de género y el respeto a las diferencias, hasta el impulso de la educación desde la cultura, y la generación de fuentes de empleo.
Como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 para Chihuahua, es prioritario promover entre la población y en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
lunes, 12 de septiembre de 2011
Sospechosismo en la Gaza
Corresponderá a la Contraloría Superior del Estado o bien a la Fiscalía General determinar el grado de responsabilidad que tienen los servidores públicos municipales de la administración panista 2007-2010 en el escándalo público en que se convirtió la edificación de la Gaza Vial localizada a la altura del estadio universitario, al norte de la ciudad.
Por supuesto, alrededor de la polémica construcción destaca el hecho de que la obra haya sido licitada quince días antes de la culminación de la administración municipal de Carlos Borruel, que en calidad de interino concluyó Álvaro Madero.
Asimismo, llama la atención que habiendo sido destinados inicialmente para la edificación 34 millones de pesos solo se firma el contrato por 24 millones, sin que el resto haya sido reportado a la actual administración municipal.
Por último, que la obra, en el procedimiento licitatorio de adjudicación, se hubiese aprobado por la anterior administración municipal, cuando el proyecto invadía indebidamente un predio propiedad de un particular, afectado de manera arbitraria, en un auténtico y claro abuso de autoridad, irresponsabilidad técnica del área encargada de validar el proyecto de ingeniería.
La regularidad administrativa, si se quiere, el orden y el método, simplemente, exigen de las gobiernos asumir posturas que permitan la continuidad de los servicios y la obra pública.
Sin embargo, debe considerarse que, si bien no existe ningún impedimento legal para licitar en algún lapso previo a la culminación de las gestiones gubernamentales, también es cierto que despierta el “sospechosismo” la obra pública asignada unos días antes de la conclusión del mandato. ¿Por qué la prisa en asignar los contratos, dejando a la siguiente administración la responsabilidad de construir? ¿Era verdaderamente tan urgente, atendiendo esta característica como elemento esencial, indispensable, licitar la obra? Creo que no, salvo que los tiempos de asignación y ejecución se hayan dejado correr de manera irresponsable a grado tal de correr el riesgo de castigo con motivo de tratarse de una inversión federal. En ambos casos no es justificable.
Por otro lado, como es que se habla de una inversión de 34 millones cuando el contrato firmado entre gobierno del estado, municipio y federación es del orden de 24 millones, monto del subsidio autorizado para la obra, y que fue finalmente destinado en la ejecución de la Gaza. ¿Por qué se habla de diez millones más? ¿Dónde quedaron si esto fue así?
Una cosa más, ¿Cómo es que se proyecta la edificación de la obra invadiendo terrenos sobre los cuales no existe certeza jurídica? ¿Será que no existe memoria histórica: el caso Encino no le dice nada a la anterior administración panista?
La obra, cualquiera que sea, debe construirse sobre predios propiedad, en este caso, del ayuntamiento. Claro que existe responsabilidad al respecto.
Habrá que esperar las determinaciones de la autoridad.
Por supuesto, alrededor de la polémica construcción destaca el hecho de que la obra haya sido licitada quince días antes de la culminación de la administración municipal de Carlos Borruel, que en calidad de interino concluyó Álvaro Madero.
Asimismo, llama la atención que habiendo sido destinados inicialmente para la edificación 34 millones de pesos solo se firma el contrato por 24 millones, sin que el resto haya sido reportado a la actual administración municipal.
Por último, que la obra, en el procedimiento licitatorio de adjudicación, se hubiese aprobado por la anterior administración municipal, cuando el proyecto invadía indebidamente un predio propiedad de un particular, afectado de manera arbitraria, en un auténtico y claro abuso de autoridad, irresponsabilidad técnica del área encargada de validar el proyecto de ingeniería.
La regularidad administrativa, si se quiere, el orden y el método, simplemente, exigen de las gobiernos asumir posturas que permitan la continuidad de los servicios y la obra pública.
Sin embargo, debe considerarse que, si bien no existe ningún impedimento legal para licitar en algún lapso previo a la culminación de las gestiones gubernamentales, también es cierto que despierta el “sospechosismo” la obra pública asignada unos días antes de la conclusión del mandato. ¿Por qué la prisa en asignar los contratos, dejando a la siguiente administración la responsabilidad de construir? ¿Era verdaderamente tan urgente, atendiendo esta característica como elemento esencial, indispensable, licitar la obra? Creo que no, salvo que los tiempos de asignación y ejecución se hayan dejado correr de manera irresponsable a grado tal de correr el riesgo de castigo con motivo de tratarse de una inversión federal. En ambos casos no es justificable.
Por otro lado, como es que se habla de una inversión de 34 millones cuando el contrato firmado entre gobierno del estado, municipio y federación es del orden de 24 millones, monto del subsidio autorizado para la obra, y que fue finalmente destinado en la ejecución de la Gaza. ¿Por qué se habla de diez millones más? ¿Dónde quedaron si esto fue así?
Una cosa más, ¿Cómo es que se proyecta la edificación de la obra invadiendo terrenos sobre los cuales no existe certeza jurídica? ¿Será que no existe memoria histórica: el caso Encino no le dice nada a la anterior administración panista?
La obra, cualquiera que sea, debe construirse sobre predios propiedad, en este caso, del ayuntamiento. Claro que existe responsabilidad al respecto.
Habrá que esperar las determinaciones de la autoridad.
martes, 6 de septiembre de 2011
Afirmaciones irresponsables
El mensaje que envía el presidente de la república Felipe Calderón, al quejarse amargamente de las decisiones judiciales, tiene –indudablemente- un tono de desesperación e impotencia; aún más, un dejo de insatisfacción de la actuación del ministerio público federal, el cual, pese a los cambios ordenados recientemente, no tiene modificación sustancial y continúa presentando serios contratiempos.
El domingo en su aparición mediática, el jefe del ejecutivo se refirió a las decisiones adoptadas recientemente por un juez que liberó -virtud una suspensión provisional- a un alto funcionario de la Comisión Federal de Electricidad acusado de peculado por unos tres millones de dólares.
Para el presidente, en términos coloquiales, la decisión, “lo ha hecho cansarse”, porque, dice, “uno los agarra, y los agarra, y los agarra, y ellos los sacan, y los sacan, y los sacan”. Se queja de que este personaje fue detenido el sábado y el domingo por la madrugada ya tenía un amparo y salió libre.
Es interesante la declaración presidencial. ¿Puede cansarse un presidente? Creo que sí. Necesita entonces un descanso de las pesadas tareas que tiene bajo sus hombros. Necesita unas vacaciones. Un año sabático. O, tal vez, habrá intentado manifestar que esta fastidiado, molesto, harto. No lo sé. La verdad es que resulta desmotivante escuchar al primer mandatario nacional manifestar que está cansado.
Tal vez lo que debiera hacer es iniciar un procedimiento en el marco de las disposiciones legales aplicables en contra de los jueces que lo han “cansado” en lugar de hacer una manifestación estrictamente mediática, coloquial, a través de la cual busca identificarse con los miles de ciudadanos que han sentido un cansancio similar y que no han encontrado auténticamente justicia en las instancias federales.
¿Es que será que el presidente es un ciudadano común que no se ha dado cuenta que es el titular de uno de los poderes del Estado, y que como tal, tiene a su alcance una serie de instrumentos para evitar desaseo en el ámbito judicial?
Por otro lado, la tarea de la autoridad investigadora no solo es agarrar a los delincuentes, tal y como lo señala el Jefe del Ejecutivo Federal. La tarea es detenerlos e integrar adecuadamente las carpetas de investigación, con el soporte probatorio adecuado para sostener la acusación y evitar la impunidad.
Tal ocurre igual con los jueces: no se trata de soltar delincuentes: se trata de impartir justicia, de enlazar las conductas con la norma e imponer las sanciones.
Cuando los jueces incurren en decisiones equivocadas, las personas tienen derecho a otros instrumentos de defensa que incluyen posibles sanciones a los juzgadores cuando éstos actúan de manera omisa e irresponsable.
Por ese motivo, las declaraciones del Consejo de la Judicatura Federal en torno a las afirmaciones presidenciales resultan pertinentes.
Es irresponsable, más en una autoridad, cuando se acusa sin pruebas o bien, no se aportan estas, o más aún, cuando existiendo la posibilidad de interponer recursos para sancionar malos juzgadores, no se asumen, y en lugar de ello se adopta una posición estrictamente mediática, peligrosa, que atenta contra las instituciones.
El domingo en su aparición mediática, el jefe del ejecutivo se refirió a las decisiones adoptadas recientemente por un juez que liberó -virtud una suspensión provisional- a un alto funcionario de la Comisión Federal de Electricidad acusado de peculado por unos tres millones de dólares.
Para el presidente, en términos coloquiales, la decisión, “lo ha hecho cansarse”, porque, dice, “uno los agarra, y los agarra, y los agarra, y ellos los sacan, y los sacan, y los sacan”. Se queja de que este personaje fue detenido el sábado y el domingo por la madrugada ya tenía un amparo y salió libre.
Es interesante la declaración presidencial. ¿Puede cansarse un presidente? Creo que sí. Necesita entonces un descanso de las pesadas tareas que tiene bajo sus hombros. Necesita unas vacaciones. Un año sabático. O, tal vez, habrá intentado manifestar que esta fastidiado, molesto, harto. No lo sé. La verdad es que resulta desmotivante escuchar al primer mandatario nacional manifestar que está cansado.
Tal vez lo que debiera hacer es iniciar un procedimiento en el marco de las disposiciones legales aplicables en contra de los jueces que lo han “cansado” en lugar de hacer una manifestación estrictamente mediática, coloquial, a través de la cual busca identificarse con los miles de ciudadanos que han sentido un cansancio similar y que no han encontrado auténticamente justicia en las instancias federales.
¿Es que será que el presidente es un ciudadano común que no se ha dado cuenta que es el titular de uno de los poderes del Estado, y que como tal, tiene a su alcance una serie de instrumentos para evitar desaseo en el ámbito judicial?
Por otro lado, la tarea de la autoridad investigadora no solo es agarrar a los delincuentes, tal y como lo señala el Jefe del Ejecutivo Federal. La tarea es detenerlos e integrar adecuadamente las carpetas de investigación, con el soporte probatorio adecuado para sostener la acusación y evitar la impunidad.
Tal ocurre igual con los jueces: no se trata de soltar delincuentes: se trata de impartir justicia, de enlazar las conductas con la norma e imponer las sanciones.
Cuando los jueces incurren en decisiones equivocadas, las personas tienen derecho a otros instrumentos de defensa que incluyen posibles sanciones a los juzgadores cuando éstos actúan de manera omisa e irresponsable.
Por ese motivo, las declaraciones del Consejo de la Judicatura Federal en torno a las afirmaciones presidenciales resultan pertinentes.
Es irresponsable, más en una autoridad, cuando se acusa sin pruebas o bien, no se aportan estas, o más aún, cuando existiendo la posibilidad de interponer recursos para sancionar malos juzgadores, no se asumen, y en lugar de ello se adopta una posición estrictamente mediática, peligrosa, que atenta contra las instituciones.
martes, 30 de agosto de 2011
Terror y lucro
El acontecimiento ocurrido en Monterrey, específicamente en el Casino Royal, difícilmente puede describirse desde el punto de vista jurídico como un acto de terrorismo, aún y cuando comparta algunos elementos del concepto señalado como delito por el marco jurídico penal federal.
Es cierto que los criminales provocaron incendio y a través de él atentaron en contra de decenas de personas. Sin embargo, la finalidad del terrorismo no es únicamente producir alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, como ocurre indudablemente con este tipo de sucesos delictuosos, sino el objetivo último del terrorista es atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para qué tome una determinación.
Atentar contra la seguridad nacional sería, por ejemplo, atacar instalaciones estratégicas desde el punto de vista de las comunicaciones. Tampoco hasta el momento se conoce que haya una reivindicación oficial o un pliego petitorio.
Las indagatorias arrojan que el grupo delictivo pretendió presionar al propietario del negocio para pagar una cierta cantidad de dinero, lo que en términos jurídicos se conoce como extorsión, esto es, quien busca un lucro a través de un hacer o un no hacer causando un perjuicio patrimonial a alguien.
Fuera de estas consideraciones, coloquialmente pudiera considerarse innegable que acciones de esta naturaleza causan temor en la población, con lo cual efectivamente encuadran parcialmente en el concepto terrorismo.
Ahora bien. La Real Academia Española, al estudiar el vocablo, en una de sus acepciones, se refiere a él como una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.
Desde el punto de vista coloquial parece más correcto referirse al mismo desde este punto de vista: no es el hecho en concreto ocurrido en Monterrey, sino la sucesión de estos: Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Estado de México, Morelos, los que sumados integran el concepto terrorismo, donde los diversos grupos criminales provocan temor en la población, y desde un punto de vista genérico, tal vez indirecto, tratan de disuadir a la autoridad de cumplir con su cometido.
Tiene razón Miguel Carbonell, el estudioso constitucionalista, al señalar que desde un punto de vista técnico no estamos frente a un acto terrorista, sino un multihomicidio con todas las agravantes.
Sin embargo, la delincuencia utiliza el terror como un elemento que acompaña a sus actos de lucro criminal que deben ser combatidos con inteligencia y fuerza, y sobre todo, desde la reconstrucción social, en la cultura, la educación, los valores, la ética y la solidaridad en las comunidades.
Es cierto que los criminales provocaron incendio y a través de él atentaron en contra de decenas de personas. Sin embargo, la finalidad del terrorismo no es únicamente producir alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, como ocurre indudablemente con este tipo de sucesos delictuosos, sino el objetivo último del terrorista es atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para qué tome una determinación.
Atentar contra la seguridad nacional sería, por ejemplo, atacar instalaciones estratégicas desde el punto de vista de las comunicaciones. Tampoco hasta el momento se conoce que haya una reivindicación oficial o un pliego petitorio.
Las indagatorias arrojan que el grupo delictivo pretendió presionar al propietario del negocio para pagar una cierta cantidad de dinero, lo que en términos jurídicos se conoce como extorsión, esto es, quien busca un lucro a través de un hacer o un no hacer causando un perjuicio patrimonial a alguien.
Fuera de estas consideraciones, coloquialmente pudiera considerarse innegable que acciones de esta naturaleza causan temor en la población, con lo cual efectivamente encuadran parcialmente en el concepto terrorismo.
Ahora bien. La Real Academia Española, al estudiar el vocablo, en una de sus acepciones, se refiere a él como una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.
Desde el punto de vista coloquial parece más correcto referirse al mismo desde este punto de vista: no es el hecho en concreto ocurrido en Monterrey, sino la sucesión de estos: Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Estado de México, Morelos, los que sumados integran el concepto terrorismo, donde los diversos grupos criminales provocan temor en la población, y desde un punto de vista genérico, tal vez indirecto, tratan de disuadir a la autoridad de cumplir con su cometido.
Tiene razón Miguel Carbonell, el estudioso constitucionalista, al señalar que desde un punto de vista técnico no estamos frente a un acto terrorista, sino un multihomicidio con todas las agravantes.
Sin embargo, la delincuencia utiliza el terror como un elemento que acompaña a sus actos de lucro criminal que deben ser combatidos con inteligencia y fuerza, y sobre todo, desde la reconstrucción social, en la cultura, la educación, los valores, la ética y la solidaridad en las comunidades.
lunes, 22 de agosto de 2011
De caprichos y necedades
La discusión de los veinticuatro alcaldes reunidos en chihuahua para analizar la política de seguridad pública federal, tuvo particular énfasis en el cariz político con el que se desenvuelve, la ausencia y discrecionalidad de apoyos financieros adecuados y suficientes, así como el despliegue mediático para responsabilizar a las entidades de una función donde la federación trata deslindarse en un doble juego en busca de capitalizar sufragios con miras estrictamente electorales.
La reunión que tuvo como sede Chihuahua, colocó a esta entidad y particularmente a este municipio en el epicentro nacional, al abordarse con claridad y sin ambages el fondo de la discusión, en este caso, el traslado de facultades sin apoyo financiero a las entidades y municipios del país por parte de la presidencia de la república que encabeza Felipe Calderón.
La postura natural de los alcaldes organizados fue rechazar tal conducta, y en principio, exigir que la entrada en vigor de la carga de persecución de narcomenudeo ocurra hasta diciembre de 2012 y no en agosto como se tiene programado a nivel nacional, de conformidad con los transitorios de las reformas autorizadas por el Congreso de la Unión.
De los puntos de acuerdo son dos las líneas centrales que deben destacarse; por un lado el aspecto político, donde se reconoce el papel central que ha jugado la Convención Nacional de Gobernadores, especialmente el gobernador César Duarte –desde la Comisión de Seguridad- para equilibrar el abuso federal en la materia.
Hay una posición de exigir la desaparición del famoso Subsemun, que es el subsidio de seguridad para los municipios, para sustituirlo por un fondo especial y más sustancioso, desde una visión no de la gracia federal, sino de una auténtica corresponsabilidad, concepto que surge desde la visión del alcalde chihuahuense Marco Adán Quezada.
Se reconoce la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde el doctor Narro ha sostenido una posición valiente en pro del respeto a los derechos humanos y de una visión de seguridad desde la óptica ciudadana y no de la militarización per se, que deriva necesariamente en la restricción de libertades.
Los municipios exigieron participar en el Consejo Nacional de Seguridad, en un reconocimiento al verdadero federalismo y la implementación inmediata de un programa de protección a los alcaldes, ya que en lo que va del año han perdido la vida 19 de ellos.
Los alcaldes fueron severos en el juicio a la federación: se le espeto una ausencia de voluntad política, discrecionalidad en la distribución de los recursos e incluso, se acusó que los requisitos de acceso al Subsemun representan un instrumento de coerción.
En lo económico, las posiciones fueron aún más radicales: se demandó restituir el recurso federal que le fue negado a los municipios en 2010 y 2011, aumentar a seis mil millones de pesos el apoyo en 2012, incluir 300 municipios en el subsidio para 2012 y destinar adicionalmente cuatro mil millones de pesos a tareas de prevención.
La reunión se convirtió en eco de federalismo, un federalismo donde los municipios son clave, sustancia de la distribución de competencias, una distribución razonable y no caprichosa, como ha venido ocurriendo en los últimos años.
La reunión que tuvo como sede Chihuahua, colocó a esta entidad y particularmente a este municipio en el epicentro nacional, al abordarse con claridad y sin ambages el fondo de la discusión, en este caso, el traslado de facultades sin apoyo financiero a las entidades y municipios del país por parte de la presidencia de la república que encabeza Felipe Calderón.
La postura natural de los alcaldes organizados fue rechazar tal conducta, y en principio, exigir que la entrada en vigor de la carga de persecución de narcomenudeo ocurra hasta diciembre de 2012 y no en agosto como se tiene programado a nivel nacional, de conformidad con los transitorios de las reformas autorizadas por el Congreso de la Unión.
De los puntos de acuerdo son dos las líneas centrales que deben destacarse; por un lado el aspecto político, donde se reconoce el papel central que ha jugado la Convención Nacional de Gobernadores, especialmente el gobernador César Duarte –desde la Comisión de Seguridad- para equilibrar el abuso federal en la materia.
Hay una posición de exigir la desaparición del famoso Subsemun, que es el subsidio de seguridad para los municipios, para sustituirlo por un fondo especial y más sustancioso, desde una visión no de la gracia federal, sino de una auténtica corresponsabilidad, concepto que surge desde la visión del alcalde chihuahuense Marco Adán Quezada.
Se reconoce la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde el doctor Narro ha sostenido una posición valiente en pro del respeto a los derechos humanos y de una visión de seguridad desde la óptica ciudadana y no de la militarización per se, que deriva necesariamente en la restricción de libertades.
Los municipios exigieron participar en el Consejo Nacional de Seguridad, en un reconocimiento al verdadero federalismo y la implementación inmediata de un programa de protección a los alcaldes, ya que en lo que va del año han perdido la vida 19 de ellos.
Los alcaldes fueron severos en el juicio a la federación: se le espeto una ausencia de voluntad política, discrecionalidad en la distribución de los recursos e incluso, se acusó que los requisitos de acceso al Subsemun representan un instrumento de coerción.
En lo económico, las posiciones fueron aún más radicales: se demandó restituir el recurso federal que le fue negado a los municipios en 2010 y 2011, aumentar a seis mil millones de pesos el apoyo en 2012, incluir 300 municipios en el subsidio para 2012 y destinar adicionalmente cuatro mil millones de pesos a tareas de prevención.
La reunión se convirtió en eco de federalismo, un federalismo donde los municipios son clave, sustancia de la distribución de competencias, una distribución razonable y no caprichosa, como ha venido ocurriendo en los últimos años.
lunes, 15 de agosto de 2011
Necesaria intervención del IFE
Es cierto que no le queda de otra a Santiago Creel que caminar sobre cuerda floja para obtener la candidatura de su partido a la presidencia de la república.
La cuestión es que se expone, de ganar la interna a una nulidad por violar flagrantemente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, realizando precampaña fuera de los tiempos legales y de la forma autorizada oficialmente.
Sus correligionarios juegan más inteligentemente con el “score”: agazapados trabajan prudente y metódicamente a los cuadros al interior del Partido Acción Nacional para obtener el apoyo de los liderazgos naturales que existen a lo largo y ancho del territorio nacional, sin exponerse mediática ni jurídicamente.
Las precampañas son reguladas después de un largo periodo de evolución que inicia con un desconocimiento de las mismas a través de una omisión legal hasta una amplia normatividad que señala un procedimiento concreto que trata de garantizar la igualdad de condiciones al interior de los partidos políticos, respetando el derecho de todo militante a ser postulado, y por otro lado, busca generar un uso de recursos económicos transparente y limitado a un techo financiero, donde es la misma autoridad quien provee la mayor cantidad de recursos a través del financiamiento.
La omisión en la regulación de las precampañas generaba no solo un gran gasto mediático y operativo por parte de los aspirantes a una candidatura, sino la exposición desde mucho tiempo antes de la jornada electoral de personajes que a través de ese recurso anticipado obligaban a una percepción pública de aceptación y secuestro virtual de los partidos.
Pero además generaba un gran vacío legal en el origen y destino de los recursos económicos utilizados en estas acciones anticipadas de campaña, que no era posible sujetar al escrutinio público por parte de los órganos fiscalizadores.
Con la regulación, que incluye el uso de espacios en radio y televisión, se busca generar una mayor certeza en el proceso electoral todo, incluyendo la fase previa a la elección de los candidatos.
Por ejemplo, antes del 20 de septiembre anterior al del año electoral, dice la legislación federal, el Instituto Federal Electoral deberá sugerir los lineamientos que contienen sugerencias a medios de comunicación en el manejo de la información que tenga que ver con precampaña y campaña electoral.
Establece una amplia legislación en materia de fiscalización y financiamiento público; un método de registro ante los partidos políticos, quienes deberán realizar diversos actos para garantizar equidad en la contienda, topes, financiamiento, propaganda, reuniones, etcétera.
La cuestión es que, habiendo un procedimiento, éste tiene un inicio y un final. Los partidos deben hacer del conocimiento del Instituto Federal Electoral estas fechas así como el método de selección con un cierto tiempo de anticipación.
Todavía el Partido Acción Nacional no realiza esta comunicación al Instituto Federal Electoral. En el caso en particular, las precampañas inician la tercera semana de diciembre del año anterior al de la elección.
Y ya Santiago Creel se manifiesta abiertamente precandidato. Los medios de comunicación así recogen y multiplican su expresión, incluso realizó un acto partidista que contiene los elementos de un acto de precampaña, que se transmitió por televisión en vivo.
Santiago sabe que no le queda de otra. Tiene que jugarla así ante la cargada presidencial por el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien por cierto no prende ni prenderá, con un lastre de pobreza que el modelo económico no ha podido superar.
La cuestión es que es tan flagrante la violación que se impone la intervención del Instituto Federal Electoral para poner un alto.
La cuestión es que se expone, de ganar la interna a una nulidad por violar flagrantemente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, realizando precampaña fuera de los tiempos legales y de la forma autorizada oficialmente.
Sus correligionarios juegan más inteligentemente con el “score”: agazapados trabajan prudente y metódicamente a los cuadros al interior del Partido Acción Nacional para obtener el apoyo de los liderazgos naturales que existen a lo largo y ancho del territorio nacional, sin exponerse mediática ni jurídicamente.
Las precampañas son reguladas después de un largo periodo de evolución que inicia con un desconocimiento de las mismas a través de una omisión legal hasta una amplia normatividad que señala un procedimiento concreto que trata de garantizar la igualdad de condiciones al interior de los partidos políticos, respetando el derecho de todo militante a ser postulado, y por otro lado, busca generar un uso de recursos económicos transparente y limitado a un techo financiero, donde es la misma autoridad quien provee la mayor cantidad de recursos a través del financiamiento.
La omisión en la regulación de las precampañas generaba no solo un gran gasto mediático y operativo por parte de los aspirantes a una candidatura, sino la exposición desde mucho tiempo antes de la jornada electoral de personajes que a través de ese recurso anticipado obligaban a una percepción pública de aceptación y secuestro virtual de los partidos.
Pero además generaba un gran vacío legal en el origen y destino de los recursos económicos utilizados en estas acciones anticipadas de campaña, que no era posible sujetar al escrutinio público por parte de los órganos fiscalizadores.
Con la regulación, que incluye el uso de espacios en radio y televisión, se busca generar una mayor certeza en el proceso electoral todo, incluyendo la fase previa a la elección de los candidatos.
Por ejemplo, antes del 20 de septiembre anterior al del año electoral, dice la legislación federal, el Instituto Federal Electoral deberá sugerir los lineamientos que contienen sugerencias a medios de comunicación en el manejo de la información que tenga que ver con precampaña y campaña electoral.
Establece una amplia legislación en materia de fiscalización y financiamiento público; un método de registro ante los partidos políticos, quienes deberán realizar diversos actos para garantizar equidad en la contienda, topes, financiamiento, propaganda, reuniones, etcétera.
La cuestión es que, habiendo un procedimiento, éste tiene un inicio y un final. Los partidos deben hacer del conocimiento del Instituto Federal Electoral estas fechas así como el método de selección con un cierto tiempo de anticipación.
Todavía el Partido Acción Nacional no realiza esta comunicación al Instituto Federal Electoral. En el caso en particular, las precampañas inician la tercera semana de diciembre del año anterior al de la elección.
Y ya Santiago Creel se manifiesta abiertamente precandidato. Los medios de comunicación así recogen y multiplican su expresión, incluso realizó un acto partidista que contiene los elementos de un acto de precampaña, que se transmitió por televisión en vivo.
Santiago sabe que no le queda de otra. Tiene que jugarla así ante la cargada presidencial por el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien por cierto no prende ni prenderá, con un lastre de pobreza que el modelo económico no ha podido superar.
La cuestión es que es tan flagrante la violación que se impone la intervención del Instituto Federal Electoral para poner un alto.
martes, 9 de agosto de 2011
Afanes electorales desde el desempleo
En un mundo globalizado como el que vivimos, las acciones que pueden realizar las localidades para impulsar las actividades económicas o de seguridad poco resultado tendrán si la administración nacional o federal es errática u omisa al respecto.
En el caso particular de México, siendo una de las estrategias desde el inicio de la actual administración federal, incluso slogan de campaña, el empleo no ha podido despuntar.
De acuerdo a las cifras dadas a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en promedio, de cada 100 mexicanos que arribaron al estatus de Población Económicamente Activa, durante los últimos diez años, sólo 26 encontraron un empleo formal: en la década el Instituto Mexicano del Seguro Social solo registró 2.2 millones de asegurados contra un alza en la PEA de 8.5 millones.
La población en edad de laboral aumentó en dos por ciento promedio anual, mientras que la generación de empleos sólo en 1.6 por ciento.
En esta década, del 2001 al 2010, se calcula, de acuerdo a los datos del INEGI un déficit de 6.28 millones de empleos formales.
Actualmente, sin considerar el Censo de Población y Vivienda 2010, existen 47.8 millones de individuos en la PEA, es decir, cerca de 44 por ciento de la población total.
El dato es revelador, porque la informalidad creció, con todos sus efectos fiscales y de protección social a los trabajadores y sus familias, costo que al final de cuentas se traslada al Estado.
Si de cada cien personas solo 26 encontraron empleo formal, 74 se sumaron a la informalidad. Y el problema aumenta momento a momento: de abril a marzo de 2011 según cifras de la Secretaria del Trabajo Federal se sumaron al desempleo 263 mil personas.
El problema no tiene solo que ver con la baja generación de empleos formales, sino también implica el nivel salarial de estos trabajadores. De ellos 1.1 millones de personas reciben como máximo cinco salarios mínimos al mes.
En cuanto a protección social, las millones de personas en la informalidad acuden a los servicios asistenciales oficiales subsidiados, que se limitan a la protección a la salud.
No existe un mecanismo para la protección al retiro más que el Afore, donde se debe cotizar de manera voluntaria. Pero desde la informalidad, es probable que la persona no lo haga, generándose un problema social a largo plazo.
El empleo, acompañado de la violencia, sigue siendo el reto nacional a enfrentar por la administración pública federal, paradójicamente ambos vinculados de manera indisoluble: los indicadores de violencia impactan a la inversión y el empleo y viceversa.
La estrategia debe ser integral: el subsidio como estrategia de ataque al desempleo debe ser momentáneo y no permanente; igual ocurre con la militarización del país, partiendo de que, en el caso de la violencia, el empleo, en su solución, corresponde de principio a la construcción de condiciones nacionales y no locales: el gobierno federal debe voltear auténticamente a una administración con sentido social, lejos del paternalismo y el afán mercadológico por construir imagen con afanes electorales.
En el caso particular de México, siendo una de las estrategias desde el inicio de la actual administración federal, incluso slogan de campaña, el empleo no ha podido despuntar.
De acuerdo a las cifras dadas a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en promedio, de cada 100 mexicanos que arribaron al estatus de Población Económicamente Activa, durante los últimos diez años, sólo 26 encontraron un empleo formal: en la década el Instituto Mexicano del Seguro Social solo registró 2.2 millones de asegurados contra un alza en la PEA de 8.5 millones.
La población en edad de laboral aumentó en dos por ciento promedio anual, mientras que la generación de empleos sólo en 1.6 por ciento.
En esta década, del 2001 al 2010, se calcula, de acuerdo a los datos del INEGI un déficit de 6.28 millones de empleos formales.
Actualmente, sin considerar el Censo de Población y Vivienda 2010, existen 47.8 millones de individuos en la PEA, es decir, cerca de 44 por ciento de la población total.
El dato es revelador, porque la informalidad creció, con todos sus efectos fiscales y de protección social a los trabajadores y sus familias, costo que al final de cuentas se traslada al Estado.
Si de cada cien personas solo 26 encontraron empleo formal, 74 se sumaron a la informalidad. Y el problema aumenta momento a momento: de abril a marzo de 2011 según cifras de la Secretaria del Trabajo Federal se sumaron al desempleo 263 mil personas.
El problema no tiene solo que ver con la baja generación de empleos formales, sino también implica el nivel salarial de estos trabajadores. De ellos 1.1 millones de personas reciben como máximo cinco salarios mínimos al mes.
En cuanto a protección social, las millones de personas en la informalidad acuden a los servicios asistenciales oficiales subsidiados, que se limitan a la protección a la salud.
No existe un mecanismo para la protección al retiro más que el Afore, donde se debe cotizar de manera voluntaria. Pero desde la informalidad, es probable que la persona no lo haga, generándose un problema social a largo plazo.
El empleo, acompañado de la violencia, sigue siendo el reto nacional a enfrentar por la administración pública federal, paradójicamente ambos vinculados de manera indisoluble: los indicadores de violencia impactan a la inversión y el empleo y viceversa.
La estrategia debe ser integral: el subsidio como estrategia de ataque al desempleo debe ser momentáneo y no permanente; igual ocurre con la militarización del país, partiendo de que, en el caso de la violencia, el empleo, en su solución, corresponde de principio a la construcción de condiciones nacionales y no locales: el gobierno federal debe voltear auténticamente a una administración con sentido social, lejos del paternalismo y el afán mercadológico por construir imagen con afanes electorales.
lunes, 1 de agosto de 2011
Una crisis institucional
La Procuraduría General de la República constituye el instrumento civil por medio del cual el gobierno de la república persigue los delitos del fuero federal, donde destaca, por su gran impacto social, el crimen organizado en sus diversas vertientes, narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de blancas y tráfico de indocumentados.
Esta dependencia del gobierno federal desempeña las funciones de ministerio público, a través de la cual investiga y persigue los delitos, para presentar a los presuntos responsables ante los jueces, quienes dilucidan las pruebas y determinan la sujeción a proceso.
Se trata sin duda de un órgano de gran importancia en el sistema punitivo del Estado, que no puede estar sujeto a los vaivenes políticos coyunturales, y que reclama una definición de autonomía constitucional, para blindarlo del capricho presidencial, no solo en la determinación estructural de puestos de primer nivel, sino en su operación misma, al convertirse en brazo político que persigue signos partidistas distintos en un contrasentido de un sistema democrático, como ocurrió en Michoacán o en Baja California, y recientemente –en un drama que está por resolverse- en el Distrito Federal con el caso Greg.
La Procuraduría opera a través de delegados en las 32 entidades federativas, quienes representan la cabeza del Ministerio Público Federal y por tanto son los responsables de las tareas de persecución de los delitos en aquellas materias que le son propias y exclusivas, y donde las entidades solo coadyuvan, esto es, son corresponsables.
Bueno, pues 21 de estas delegaciones –el lunes se hablaba de 29- se quedaron acéfalas porque, a través del oficial mayor, la procuradora Marisela Morales anunció una serie de acciones de traslado de delegados a diversas entidades, un enroque.
Todos estos servidores públicos pertenecen al servicio civil de carrera de la institución, algunos con más de 20 años de servicio. Ahora, de pronto, se les anuncia el cambio de adscripción, bajo condiciones de presión.
Es obvio que si la Procuraduría General de la República ha fallado en el combate al crimen organizado es con motivo de la falta de acciones estratégicas, pero también porque sus mandos de todos los niveles han incumplido en distinta proporción. Pero ¿21 de los 32 delegados se van? ¿En un momento se dieron cuenta en los Pinos que estaba todo mal? ¿Y si los delegados estaban mal, como estará lo demás?
La renuncia masiva de dos tercios de los delegados ocurre en un contexto peculiar, cuando el presidente felicita por red social a la policía por el arresto de un líder criminal a quien se responsabiliza por mil quinientos homicidios, mientras en el Distrito Federal uno más escapaba de un hospital gracias a la complicidad de agentes policiacos federales, hechos en evidente contrasentido que el gobierno norteamericano se encarga de apuntalar con un efusivo mensaje de congratulación por la captura y el silencio por la fuga y las dimisiones que no son cosa menor, sino una crisis institucional.
Nadie lo niega: los arrestos generan esperanza en la población, que espera una solución al problema de la inseguridad; pero las detenciones aisladas poco aprovechan si no se fortalece la colaboración entre la federación y los Estados, y no hablamos solo de trasladar responsabilidades, sino de otorgar mayores recursos y apoyar realmente las tareas de profesionalización policiaca; urge que la federación de marcha atrás en una política de miopía en la distribución presupuestal, como ocurrió con el subsidio para seguridad pública municipal, con recortes inexplicables como los ocurridos en Juárez y Chihuahua, dos de las entidades más severamente golpeadas por la violencia, bajo el argumento simplista de reglas de operación unilaterales, lejos, muy lejos, de un espíritu federalista.
Urge también que la Procuraduría General supere su crisis institucional, no la de ahorita, que no es más que la punta del iceberg, sino una crisis permanente que el Presidente no atina a enfrentar, en perjuicio de la sociedad entera.
Esta dependencia del gobierno federal desempeña las funciones de ministerio público, a través de la cual investiga y persigue los delitos, para presentar a los presuntos responsables ante los jueces, quienes dilucidan las pruebas y determinan la sujeción a proceso.
Se trata sin duda de un órgano de gran importancia en el sistema punitivo del Estado, que no puede estar sujeto a los vaivenes políticos coyunturales, y que reclama una definición de autonomía constitucional, para blindarlo del capricho presidencial, no solo en la determinación estructural de puestos de primer nivel, sino en su operación misma, al convertirse en brazo político que persigue signos partidistas distintos en un contrasentido de un sistema democrático, como ocurrió en Michoacán o en Baja California, y recientemente –en un drama que está por resolverse- en el Distrito Federal con el caso Greg.
La Procuraduría opera a través de delegados en las 32 entidades federativas, quienes representan la cabeza del Ministerio Público Federal y por tanto son los responsables de las tareas de persecución de los delitos en aquellas materias que le son propias y exclusivas, y donde las entidades solo coadyuvan, esto es, son corresponsables.
Bueno, pues 21 de estas delegaciones –el lunes se hablaba de 29- se quedaron acéfalas porque, a través del oficial mayor, la procuradora Marisela Morales anunció una serie de acciones de traslado de delegados a diversas entidades, un enroque.
Todos estos servidores públicos pertenecen al servicio civil de carrera de la institución, algunos con más de 20 años de servicio. Ahora, de pronto, se les anuncia el cambio de adscripción, bajo condiciones de presión.
Es obvio que si la Procuraduría General de la República ha fallado en el combate al crimen organizado es con motivo de la falta de acciones estratégicas, pero también porque sus mandos de todos los niveles han incumplido en distinta proporción. Pero ¿21 de los 32 delegados se van? ¿En un momento se dieron cuenta en los Pinos que estaba todo mal? ¿Y si los delegados estaban mal, como estará lo demás?
La renuncia masiva de dos tercios de los delegados ocurre en un contexto peculiar, cuando el presidente felicita por red social a la policía por el arresto de un líder criminal a quien se responsabiliza por mil quinientos homicidios, mientras en el Distrito Federal uno más escapaba de un hospital gracias a la complicidad de agentes policiacos federales, hechos en evidente contrasentido que el gobierno norteamericano se encarga de apuntalar con un efusivo mensaje de congratulación por la captura y el silencio por la fuga y las dimisiones que no son cosa menor, sino una crisis institucional.
Nadie lo niega: los arrestos generan esperanza en la población, que espera una solución al problema de la inseguridad; pero las detenciones aisladas poco aprovechan si no se fortalece la colaboración entre la federación y los Estados, y no hablamos solo de trasladar responsabilidades, sino de otorgar mayores recursos y apoyar realmente las tareas de profesionalización policiaca; urge que la federación de marcha atrás en una política de miopía en la distribución presupuestal, como ocurrió con el subsidio para seguridad pública municipal, con recortes inexplicables como los ocurridos en Juárez y Chihuahua, dos de las entidades más severamente golpeadas por la violencia, bajo el argumento simplista de reglas de operación unilaterales, lejos, muy lejos, de un espíritu federalista.
Urge también que la Procuraduría General supere su crisis institucional, no la de ahorita, que no es más que la punta del iceberg, sino una crisis permanente que el Presidente no atina a enfrentar, en perjuicio de la sociedad entera.
lunes, 25 de julio de 2011
Obsesión persecutora
Algo debe estar ocurriendo en los Pinos en relación con la Procuraduría General de la República que atraviesa por una de sus más severas crisis de credibilidad.
La mala imagen del ministerio público federal se convierte en un lastre que amenaza con provocar daño electoral al presidente Calderón, sobre todo porque genera la impresión indiscutible de que existe una dedicatoria política en su actuación.
El empecinamiento se transforma, de la perseverancia natural y plausible, a una enfermedad obsesiva, en momentos en que la procuración de justicia en el país requiere pasos sólidos y no tímidos tropiezos que se convierten en ruidosas caídas, ante la zozobra ciudadana por la incapacidad federal para hacer frente a la violencia provocada por el crimen organizado.
En Quintana Roo, a muy corto tiempo de la elección de gobernador, la Procuraduría General de la República sorprende con el arresto del candidato de la coalición de izquierda, Gregorio Sánchez, bajo la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El político es declarado formalmente preso y recluido en una cárcel de alta seguridad. La detención fue difundida de manera sumamente amplia en el territorio nacional.
Un año y varios meses después, Greg, como se le conoce, abandona la cárcel por decisión de un juez federal que sostuvo que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, nunca comprobó las acusaciones.
Apenas había puesto pie fuera de las celdas, el político fue detenido en el marco de las atribuciones que tiene la subprocuraduría en mención por 96 horas, hasta que lograron obtener en su perjuicio medidas cautelares por veinte días más, bajo vigilancia satelital y la prohibición de salir del Distrito Federal.
Los nuevos cargos son tráfico de indocumentados y lavado de dinero, que técnicamente son los mismos en los que ha estado insistiendo la Procuraduría General de la República desde hace ya muchos meses.
La autoridad basa sus indagatorias en testigos protegidos que afirman vinculación del político y exalcalde de Benito Juárez (Cancún) con dos grupos distintos y antagónicos del crimen organizado, así como indagatorias del Buro Federal de Investigaciones norteamericano que implican a Sánchez con movimientos inmobiliarios por cinco millones de dólares en Miami.
No se vislumbra como el gobierno federal podrá sostener las acusaciones de manera firme ante los juzgados federales; hacer en veinte días lo que no pudieron demostrar en cerca de veinte meses.
El caso de Greg Sánchez se suma al de los alcaldes de Michoacán y al de Jorge Hank, en una antesala a los comicios federales del 2012, con un mensaje de que la justicia tiene una vinculación inocultable con los intereses políticos, en una persecución criminal que raya en la obsesión, y que deteriora la imagen de la policía mexicana en momentos en que necesita fortalecerla, como instrumento necesario e indispensable para recuperar la paz y la tranquilidad.
La mala imagen del ministerio público federal se convierte en un lastre que amenaza con provocar daño electoral al presidente Calderón, sobre todo porque genera la impresión indiscutible de que existe una dedicatoria política en su actuación.
El empecinamiento se transforma, de la perseverancia natural y plausible, a una enfermedad obsesiva, en momentos en que la procuración de justicia en el país requiere pasos sólidos y no tímidos tropiezos que se convierten en ruidosas caídas, ante la zozobra ciudadana por la incapacidad federal para hacer frente a la violencia provocada por el crimen organizado.
En Quintana Roo, a muy corto tiempo de la elección de gobernador, la Procuraduría General de la República sorprende con el arresto del candidato de la coalición de izquierda, Gregorio Sánchez, bajo la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El político es declarado formalmente preso y recluido en una cárcel de alta seguridad. La detención fue difundida de manera sumamente amplia en el territorio nacional.
Un año y varios meses después, Greg, como se le conoce, abandona la cárcel por decisión de un juez federal que sostuvo que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, nunca comprobó las acusaciones.
Apenas había puesto pie fuera de las celdas, el político fue detenido en el marco de las atribuciones que tiene la subprocuraduría en mención por 96 horas, hasta que lograron obtener en su perjuicio medidas cautelares por veinte días más, bajo vigilancia satelital y la prohibición de salir del Distrito Federal.
Los nuevos cargos son tráfico de indocumentados y lavado de dinero, que técnicamente son los mismos en los que ha estado insistiendo la Procuraduría General de la República desde hace ya muchos meses.
La autoridad basa sus indagatorias en testigos protegidos que afirman vinculación del político y exalcalde de Benito Juárez (Cancún) con dos grupos distintos y antagónicos del crimen organizado, así como indagatorias del Buro Federal de Investigaciones norteamericano que implican a Sánchez con movimientos inmobiliarios por cinco millones de dólares en Miami.
No se vislumbra como el gobierno federal podrá sostener las acusaciones de manera firme ante los juzgados federales; hacer en veinte días lo que no pudieron demostrar en cerca de veinte meses.
El caso de Greg Sánchez se suma al de los alcaldes de Michoacán y al de Jorge Hank, en una antesala a los comicios federales del 2012, con un mensaje de que la justicia tiene una vinculación inocultable con los intereses políticos, en una persecución criminal que raya en la obsesión, y que deteriora la imagen de la policía mexicana en momentos en que necesita fortalecerla, como instrumento necesario e indispensable para recuperar la paz y la tranquilidad.
lunes, 18 de julio de 2011
Decisiones arbitrarias
Es un deber indiscutible en una sociedad democrática defender la construcción y consolidación de las herramientas que permitan la selección de las autoridades a través del voto, en un marco de equidad, transparencia, rendición de cuentas, pero sobre todo, de impulso a la competencia, motor indispensable en la consolidación del mencionado estado democrático.
Una de estas herramientas es el Instituto Federal Electoral, que desde su nacimiento a principios de la década de los noventas, ha evolucionado hasta constituirse en el eje vertebrador de una política democrática de Estado.
Es cierto. Hay que tener mucho cuidado al referirnos a esta figura administrativa de operación electoral que alcanzó estadios de consolidación bajo el liderazgo de José Woldenberg y que, virtud a su fuerza, basada en el servicio profesional electoral nacional, no sucumbió ante el torpe manejo de Luis Carlos Ugalde.
Sin embargo, presa de una reforma electoral controladora, que ahoga la libre expresión de las ideas y spotiza el debate electoral, remitiéndolo a una simple confrontación de clitches, el Consejo General del IFE sucumbió a la tentación legislativa del abuso en la reglamentación, y decidió, a cuatro meses del inicio del proceso electoral del 2012, acortar los tiempos para la revisión, procesamiento y transmisión de mensajes en radio y televisión, partiendo de varias premisas falsas, y una, solo una verdadera.
La primera de ellas, es que todas las estaciones de radio y televisión tienen la capacidad humana y material de atender las solicitudes en 72 o 48 horas, dependiendo del mecanismo mediante el cual se va a hacer llegar el material; parece que no se conoce que cientos de estaciones de radio sobreviven con penurias al embate de los grandes consorcios de comunicación que acaparan la publicidad y con ello, la rentabilidad en un negocio que hace mucho dejó de ser negocio para ellos, y que por lo mismo, sobreviven con el mínimo de personal y capacidad técnica.
Segundo, que la transmisión de 39 millones de spots, en unas 30 mil versiones diferentes, implica la disposición de personal específicamente responsable de la atención del pautado electoral, con lo cual se crea una carga adicional a las estaciones de radio y televisión, lo cual me parece desborda el simple uso del espectro en la transmisión de mensajes electorales, y que deviene necesariamente en gastos administrativos que alguien debe cubrir, y que en este caso, serán los propios concesionarios y permisionarios, quienes deberán hacerlo, en un asunto interesante que aún no es explorado como vía de impugnación.
Tercero, el mismo Instituto Federal Electoral, que demostró un alto grado de efectividad con los tiempos anteriores, se coloca en la picota de procedimiento, al reducirse también sus tiempos de revisión de la calidad y duración de los mensajes, en un asunto que no debe ser desestimado, y que al igual que en el caso de los medios de comunicación, de incumplirse con los plazos, puede generar condiciones de inequidad.
Cuarto, se dice, en el acuerdo, que con estas medidas se garantiza a los ciudadanos un modelo de comunicación más ágil, a través de la información oportuna de promocionales, lo que fomentará un debate de ideas más efectivo, lo cual parece una alocución demagógica, cuando el árbitro debería ser el más centrado en la comunicación de las ideas: los spots solo trivializan la discusión de las ideas, no profundizan, se convierten en el reino del cliché y de la superficialidad en el debate necesario y urgente de la cosa pública.
Sólo tiene razón el IFE en la constitucionalidad y legalidad del acto. Creo que se encuentra en el ámbito de sus atribuciones y que, salvo el asunto de la radio comunitaria, con un trato diferenciado, el resto de la reforma pasará lamentablemente la prueba del ácido. Sin embargo, el Tribunal podría considerar insuficientemente motivado el acuerdo y devolverlo con el fin de soportarlo adecuadamente, pero además, adecuarlo a la realidad: las normas deben ser de posible cumplimiento. Esa podría ser una buena salida, ante una decisión arbitraria y absurda que pone en riesgo el proceso electoral del 2012.
Una de estas herramientas es el Instituto Federal Electoral, que desde su nacimiento a principios de la década de los noventas, ha evolucionado hasta constituirse en el eje vertebrador de una política democrática de Estado.
Es cierto. Hay que tener mucho cuidado al referirnos a esta figura administrativa de operación electoral que alcanzó estadios de consolidación bajo el liderazgo de José Woldenberg y que, virtud a su fuerza, basada en el servicio profesional electoral nacional, no sucumbió ante el torpe manejo de Luis Carlos Ugalde.
Sin embargo, presa de una reforma electoral controladora, que ahoga la libre expresión de las ideas y spotiza el debate electoral, remitiéndolo a una simple confrontación de clitches, el Consejo General del IFE sucumbió a la tentación legislativa del abuso en la reglamentación, y decidió, a cuatro meses del inicio del proceso electoral del 2012, acortar los tiempos para la revisión, procesamiento y transmisión de mensajes en radio y televisión, partiendo de varias premisas falsas, y una, solo una verdadera.
La primera de ellas, es que todas las estaciones de radio y televisión tienen la capacidad humana y material de atender las solicitudes en 72 o 48 horas, dependiendo del mecanismo mediante el cual se va a hacer llegar el material; parece que no se conoce que cientos de estaciones de radio sobreviven con penurias al embate de los grandes consorcios de comunicación que acaparan la publicidad y con ello, la rentabilidad en un negocio que hace mucho dejó de ser negocio para ellos, y que por lo mismo, sobreviven con el mínimo de personal y capacidad técnica.
Segundo, que la transmisión de 39 millones de spots, en unas 30 mil versiones diferentes, implica la disposición de personal específicamente responsable de la atención del pautado electoral, con lo cual se crea una carga adicional a las estaciones de radio y televisión, lo cual me parece desborda el simple uso del espectro en la transmisión de mensajes electorales, y que deviene necesariamente en gastos administrativos que alguien debe cubrir, y que en este caso, serán los propios concesionarios y permisionarios, quienes deberán hacerlo, en un asunto interesante que aún no es explorado como vía de impugnación.
Tercero, el mismo Instituto Federal Electoral, que demostró un alto grado de efectividad con los tiempos anteriores, se coloca en la picota de procedimiento, al reducirse también sus tiempos de revisión de la calidad y duración de los mensajes, en un asunto que no debe ser desestimado, y que al igual que en el caso de los medios de comunicación, de incumplirse con los plazos, puede generar condiciones de inequidad.
Cuarto, se dice, en el acuerdo, que con estas medidas se garantiza a los ciudadanos un modelo de comunicación más ágil, a través de la información oportuna de promocionales, lo que fomentará un debate de ideas más efectivo, lo cual parece una alocución demagógica, cuando el árbitro debería ser el más centrado en la comunicación de las ideas: los spots solo trivializan la discusión de las ideas, no profundizan, se convierten en el reino del cliché y de la superficialidad en el debate necesario y urgente de la cosa pública.
Sólo tiene razón el IFE en la constitucionalidad y legalidad del acto. Creo que se encuentra en el ámbito de sus atribuciones y que, salvo el asunto de la radio comunitaria, con un trato diferenciado, el resto de la reforma pasará lamentablemente la prueba del ácido. Sin embargo, el Tribunal podría considerar insuficientemente motivado el acuerdo y devolverlo con el fin de soportarlo adecuadamente, pero además, adecuarlo a la realidad: las normas deben ser de posible cumplimiento. Esa podría ser una buena salida, ante una decisión arbitraria y absurda que pone en riesgo el proceso electoral del 2012.
lunes, 11 de julio de 2011
Explicaciones
El sistema de seguridad en el país, basado en una distribución de competencias según el tipo de delito, no es incorrecto.
Modificar dicho sistema no traerá la solución de manera automática, porque está íntimamente relacionado con otros mecanismos de distribución de competencias, como el fiscal.
El modelo de seguridad se basa en el tipo de país. México es una federación, integrada por entidades con cierto grado de soberanía en función de su dependencia del marco constitucional federal, en el cual se establecen las competencias.
Las entidades federativas y los municipios en su interior, están llamados a combatir los delitos del fuero común y las faltas al denominado bando de policía y buen gobierno, con una función, en el último caso, eminentemente preventiva.
Los otros delitos, los del fuero federal, donde destaca por su trascendencia e impacto el narcotráfico en sus diversas modalidades, son combatidos por el gobierno federal.
¿Por qué? El gobierno federal cuenta con mayores recursos económicos, en el caso del narcotráfico se trata de un delito de interés multinacional y en el ámbito de la estrategia y la táctica operativa, las corporaciones federales pueden aprovechar la ausencia de arraigo y con ello una mucho menor vulnerabilidad de sus elementos al ser ajenos a los lugares donde enfrentan el crimen.
Los agentes federales y sus mandos inmediatos no pertenecen a las entidades federativas donde despliegan sus acciones policiacas, lo cual no ocurre con las corporaciones estatales y municipales, lo cual coloca a estos últimos en una situación de desventaja, como ha quedado demostrado con el homicidio de elementos y mandos municipales en diversos puntos del país.
Decir que el narcomenudeo no es narcotráfico es difícil de sostener. Se trata de un eslabón más de un delito contra la salud. Ligado, íntimamente ligado al narcotráfico. ¿De dónde se obtiene la droga y el financiamiento para operar la venta de narcóticos si no es a través de su vinculación con los grupos del crimen que día a día tejen sus redes de distribución y realizan acciones de protección y ampliación de territorios, como lo ha señalado el mismo Alejandro Poire, Secretario de Seguridad Pública Federal?
La lógica indica que a mayores atribuciones mayores recursos. Darle a las entidades federativas la responsabilidad de combatir el narcomenudeo significa considerar un aumento significativo de presupuesto, que se traduzca en armamento, vehículos apropiados, política de seguridad para sus elementos y familias, entre otros rubros.
Dotar de más responsabilidades sin el recurso, es una simple estrategia de cargar a los estados con un objetivo meramente mercadológico, que en el fondo parece significar una claudicación federal, que se deberá explicar no solo a los mexicanos, sino al mismo entorno internacional.
Modificar dicho sistema no traerá la solución de manera automática, porque está íntimamente relacionado con otros mecanismos de distribución de competencias, como el fiscal.
El modelo de seguridad se basa en el tipo de país. México es una federación, integrada por entidades con cierto grado de soberanía en función de su dependencia del marco constitucional federal, en el cual se establecen las competencias.
Las entidades federativas y los municipios en su interior, están llamados a combatir los delitos del fuero común y las faltas al denominado bando de policía y buen gobierno, con una función, en el último caso, eminentemente preventiva.
Los otros delitos, los del fuero federal, donde destaca por su trascendencia e impacto el narcotráfico en sus diversas modalidades, son combatidos por el gobierno federal.
¿Por qué? El gobierno federal cuenta con mayores recursos económicos, en el caso del narcotráfico se trata de un delito de interés multinacional y en el ámbito de la estrategia y la táctica operativa, las corporaciones federales pueden aprovechar la ausencia de arraigo y con ello una mucho menor vulnerabilidad de sus elementos al ser ajenos a los lugares donde enfrentan el crimen.
Los agentes federales y sus mandos inmediatos no pertenecen a las entidades federativas donde despliegan sus acciones policiacas, lo cual no ocurre con las corporaciones estatales y municipales, lo cual coloca a estos últimos en una situación de desventaja, como ha quedado demostrado con el homicidio de elementos y mandos municipales en diversos puntos del país.
Decir que el narcomenudeo no es narcotráfico es difícil de sostener. Se trata de un eslabón más de un delito contra la salud. Ligado, íntimamente ligado al narcotráfico. ¿De dónde se obtiene la droga y el financiamiento para operar la venta de narcóticos si no es a través de su vinculación con los grupos del crimen que día a día tejen sus redes de distribución y realizan acciones de protección y ampliación de territorios, como lo ha señalado el mismo Alejandro Poire, Secretario de Seguridad Pública Federal?
La lógica indica que a mayores atribuciones mayores recursos. Darle a las entidades federativas la responsabilidad de combatir el narcomenudeo significa considerar un aumento significativo de presupuesto, que se traduzca en armamento, vehículos apropiados, política de seguridad para sus elementos y familias, entre otros rubros.
Dotar de más responsabilidades sin el recurso, es una simple estrategia de cargar a los estados con un objetivo meramente mercadológico, que en el fondo parece significar una claudicación federal, que se deberá explicar no solo a los mexicanos, sino al mismo entorno internacional.
miércoles, 6 de julio de 2011
Las complicaciones de Marcelo
Marcelo Ebrard Casaubón, el jefe de gobierno del Distrito Federal, se desmarca de su último padrino político, Andrés Manuel López Obrador, y se coloca como la figura central de una eventual alianza con el Partido Acción Nacional, en una jugada magistralmente planeada que incluye no solo la reconciliación con Felipe Calderón, sino el reconocimiento público a las acciones federales contra el crimen organizado.
Desde su llegada al poder, Marcelo marcó una línea de distancia con el gobierno federal, congruente con la postura asumida por Andrés Manuel López. Asumió una decisión de no compartir estrado con el presidente Calderón, y ante situaciones inevitables, evitar saludos.
Con Andrés Manuel comparte no solo el pensamiento de izquierda y la posición en grupo en el Partido de la Revolución Democrática, sino también el agradecimiento: el entonces jefe de gobierno lo salvó de un linchamiento político cuando varios policías fueron asesinados por una turba en Tlahuac, cuando Marcelo era el jefe de seguridad pública, y fue destituido por Vicente Fox Quezada.
Perteneciente a la clase política radical del perredismo -con pasado inmediato en administraciones priístas bajo la tutela de Manuel Camacho Solís- Marcelo poco a poco fue suavizando su manejo desde la administración de la capital del país, cobijado por un presupuesto total autorizado para el presente ejercicio fiscal del 2011 de 137 mil millones de pesos, de los cuales, poco más de un tercio ejerce en sus dependencias centrales por un monto de 39 mil millones de pesos.
El último y definitivo desmarque con el político tabasqueño fueron las elecciones en el Estado de México, donde sus posturas se encontraron. Marcelo apostaba a una alianza con candidatura común o en último caso una coalición con el Partido Acción Nacional, Andrés Manuel se oponía, se opuso hasta el final, al grado de echar abajo una consulta popular que otorgó el “Sí”.
Era obvio que Marcelo jugo magistral: levantó primero la mano a Alejandro Encinas como candidato, en un madruguete operado en un céntrico y lujoso hotel de la ciudad de México, porque sabía que electoralmente Encinas no tenía nada que hacer: apostaba a una candidatura panista, que le posibilitara una negociación en 2012, en una alianza amplia, con un perredista, él, a la cabeza, sin importar que ocurriera en las elecciones mexiquenses.
La jugada cuajó, no como lo había planeado, pero fructificó: Andrés Manuel es señalado como responsable de la derrota del PAN-PRD y él avanza en una reconciliación con Felipe Calderón, que dejó ver esta semana, cuando en su calidad de Presidente de la Convención Nacional de Gobernadores, saludó de mano al jefe de gobierno federal y posteriormente, en conferencia de prensa, no tuvo empacho en reconocer las acciones de Calderón en la lucha contra el crimen organizado.
El jefe del gobierno capitalino se presenta como la carta fuerte de una eventual alianza PRD-PAN, por encima de los candidatos forzados que el presidente Calderón ha empezado a placear, encabezados por el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, con todo lo que esto representa, en una pugna interna donde los grupos se polarizarán y dividirán, en una reedición de las elecciones mexiquenses.
Es muy complicado que Marcelo avance en la candidatura, no por él, que ha sido hábil, sino porque la decisión será al final de los órganos de gobierno partidistas, donde los grupos presionarán, obvio, porque su candidato sea perredista o panista, luego porque –de ceder- no existe ningún mecanismo que obligue al cumplimiento de compromisos en la ejecución de una plataforma política conjunta y menos en la distribución de carteras en el gabinete, y tercero, porque lo que menos necesita el país es una administración dividida, en disputa permanente, propiciando la ingobernabilidad y olvidándose de resolver los problemas urgentes que los mexicanos enfrentan.
Desde su llegada al poder, Marcelo marcó una línea de distancia con el gobierno federal, congruente con la postura asumida por Andrés Manuel López. Asumió una decisión de no compartir estrado con el presidente Calderón, y ante situaciones inevitables, evitar saludos.
Con Andrés Manuel comparte no solo el pensamiento de izquierda y la posición en grupo en el Partido de la Revolución Democrática, sino también el agradecimiento: el entonces jefe de gobierno lo salvó de un linchamiento político cuando varios policías fueron asesinados por una turba en Tlahuac, cuando Marcelo era el jefe de seguridad pública, y fue destituido por Vicente Fox Quezada.
Perteneciente a la clase política radical del perredismo -con pasado inmediato en administraciones priístas bajo la tutela de Manuel Camacho Solís- Marcelo poco a poco fue suavizando su manejo desde la administración de la capital del país, cobijado por un presupuesto total autorizado para el presente ejercicio fiscal del 2011 de 137 mil millones de pesos, de los cuales, poco más de un tercio ejerce en sus dependencias centrales por un monto de 39 mil millones de pesos.
El último y definitivo desmarque con el político tabasqueño fueron las elecciones en el Estado de México, donde sus posturas se encontraron. Marcelo apostaba a una alianza con candidatura común o en último caso una coalición con el Partido Acción Nacional, Andrés Manuel se oponía, se opuso hasta el final, al grado de echar abajo una consulta popular que otorgó el “Sí”.
Era obvio que Marcelo jugo magistral: levantó primero la mano a Alejandro Encinas como candidato, en un madruguete operado en un céntrico y lujoso hotel de la ciudad de México, porque sabía que electoralmente Encinas no tenía nada que hacer: apostaba a una candidatura panista, que le posibilitara una negociación en 2012, en una alianza amplia, con un perredista, él, a la cabeza, sin importar que ocurriera en las elecciones mexiquenses.
La jugada cuajó, no como lo había planeado, pero fructificó: Andrés Manuel es señalado como responsable de la derrota del PAN-PRD y él avanza en una reconciliación con Felipe Calderón, que dejó ver esta semana, cuando en su calidad de Presidente de la Convención Nacional de Gobernadores, saludó de mano al jefe de gobierno federal y posteriormente, en conferencia de prensa, no tuvo empacho en reconocer las acciones de Calderón en la lucha contra el crimen organizado.
El jefe del gobierno capitalino se presenta como la carta fuerte de una eventual alianza PRD-PAN, por encima de los candidatos forzados que el presidente Calderón ha empezado a placear, encabezados por el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, con todo lo que esto representa, en una pugna interna donde los grupos se polarizarán y dividirán, en una reedición de las elecciones mexiquenses.
Es muy complicado que Marcelo avance en la candidatura, no por él, que ha sido hábil, sino porque la decisión será al final de los órganos de gobierno partidistas, donde los grupos presionarán, obvio, porque su candidato sea perredista o panista, luego porque –de ceder- no existe ningún mecanismo que obligue al cumplimiento de compromisos en la ejecución de una plataforma política conjunta y menos en la distribución de carteras en el gabinete, y tercero, porque lo que menos necesita el país es una administración dividida, en disputa permanente, propiciando la ingobernabilidad y olvidándose de resolver los problemas urgentes que los mexicanos enfrentan.
lunes, 4 de julio de 2011
¿Quién los engañó?
Esto es algo así como cuando todo mundo lo sabía, pero nadie se lo dice a los interesados.
¿Será que Alejandro y Luis Felipe sospechaban algo, pero jamás tuvieron la certeza? ¿Alguien los engaño? ¿Les dijeron que ellos podían ganar?
En los comités de campaña, por separado, es obvio que se anticipaba el resultado. Eso lo saben los operadores, los que tienen que ver todos los días con la conformación de la estructura en las mesas directivas de casilla y los representantes generales.
Eso se sabe con las diversas encuestas de opinión levantadas a lo largo y ancho de la campaña, con lo cual se tenía una medición puntual de la penetración de las propuestas, el convencimiento de los electores, en suma, de la proyección electoral por sección, municipio, distrito y Estado.
Solo ellos parecían no saber que eran forasteros en el Estado de México, y que por tanto, lo más que podía pasar era obtener una votación tan baja como la que aconteció en 1993, cuando ambos perdieron la misma elección frente a Emilio Chuayffet.
Es más, Alejandro Encinas ni siquiera pudo demostrar fehacientemente la vecindad electoral para ser postulado, ya que el órgano electoral decidió no meterse en problemas y simplemente votar aprobatoriamente el registro, sin que nadie se inconformará al respecto, aún y cuando existían elementos para hacerlo.
Las campañas, tanto de Alejandro, como de Luis Felipe, nunca prendieron y se enraizaron en el territorio mexiquense. No fue culpa del equipo de campaña. Era sumamente complicado posicionar perfiles poco vendibles desde el punto de vista mercadológico; hay cosas que la mercadotecnia no puede hacer. Esta fue una de ellas.
Una alianza, en términos de los resultados, tampoco hubiera sido suficiente: la suma de 21 por ciento y 12 por ciento apenas llega a 33 punto porcentuales, contra 61 del abanderado priísta, aún considerando que el electorado panista o perredista se hubiese volcado a favor de un candidato pintado de amarillo o azul, lo cual parece muy difícil ya que no todos ellos estaban a favor de un candidato común. Sin embargo, esto nunca lo sabremos.
Además, en la candidatura tendría que haberse pensado en un aspirante con mayor capacidad de arrastre, carisma, manejo e identificación con el electorado mexiquense: un Mario López Valdez o un Rafael Moreno Valle, un expriísta, con el cual no contaban, como sí ocurrió en Sinaloa y Puebla.
Lo contrario: Andrés Manuel y Marcelo se empecinaron en su candidato, como ocurrió con el Presidente Calderón, y decidieron jugar todas las canicas a él, bajo el capricho de que no ceder la titularidad en la candidatura común.
Tal vez la razón no fue esa. Tal vez ocurrió que sabían que de igual manera sobrevendría la derrota y no quisieron exponerse a un Waterloo electoral, en una alianza que intentarán en 2012 bajo la premisa de aplastar al contrario a como dé lugar, sin importar la gobernabilidad posterior, apostándole a un objetivo estrictamente utilitario, coyuntural y sectario.
¿Será que Alejandro y Luis Felipe sospechaban algo, pero jamás tuvieron la certeza? ¿Alguien los engaño? ¿Les dijeron que ellos podían ganar?
En los comités de campaña, por separado, es obvio que se anticipaba el resultado. Eso lo saben los operadores, los que tienen que ver todos los días con la conformación de la estructura en las mesas directivas de casilla y los representantes generales.
Eso se sabe con las diversas encuestas de opinión levantadas a lo largo y ancho de la campaña, con lo cual se tenía una medición puntual de la penetración de las propuestas, el convencimiento de los electores, en suma, de la proyección electoral por sección, municipio, distrito y Estado.
Solo ellos parecían no saber que eran forasteros en el Estado de México, y que por tanto, lo más que podía pasar era obtener una votación tan baja como la que aconteció en 1993, cuando ambos perdieron la misma elección frente a Emilio Chuayffet.
Es más, Alejandro Encinas ni siquiera pudo demostrar fehacientemente la vecindad electoral para ser postulado, ya que el órgano electoral decidió no meterse en problemas y simplemente votar aprobatoriamente el registro, sin que nadie se inconformará al respecto, aún y cuando existían elementos para hacerlo.
Las campañas, tanto de Alejandro, como de Luis Felipe, nunca prendieron y se enraizaron en el territorio mexiquense. No fue culpa del equipo de campaña. Era sumamente complicado posicionar perfiles poco vendibles desde el punto de vista mercadológico; hay cosas que la mercadotecnia no puede hacer. Esta fue una de ellas.
Una alianza, en términos de los resultados, tampoco hubiera sido suficiente: la suma de 21 por ciento y 12 por ciento apenas llega a 33 punto porcentuales, contra 61 del abanderado priísta, aún considerando que el electorado panista o perredista se hubiese volcado a favor de un candidato pintado de amarillo o azul, lo cual parece muy difícil ya que no todos ellos estaban a favor de un candidato común. Sin embargo, esto nunca lo sabremos.
Además, en la candidatura tendría que haberse pensado en un aspirante con mayor capacidad de arrastre, carisma, manejo e identificación con el electorado mexiquense: un Mario López Valdez o un Rafael Moreno Valle, un expriísta, con el cual no contaban, como sí ocurrió en Sinaloa y Puebla.
Lo contrario: Andrés Manuel y Marcelo se empecinaron en su candidato, como ocurrió con el Presidente Calderón, y decidieron jugar todas las canicas a él, bajo el capricho de que no ceder la titularidad en la candidatura común.
Tal vez la razón no fue esa. Tal vez ocurrió que sabían que de igual manera sobrevendría la derrota y no quisieron exponerse a un Waterloo electoral, en una alianza que intentarán en 2012 bajo la premisa de aplastar al contrario a como dé lugar, sin importar la gobernabilidad posterior, apostándole a un objetivo estrictamente utilitario, coyuntural y sectario.
martes, 28 de junio de 2011
Recelos federalistas
Un auténtico federalismo que distribuya de manera equitativa los recursos y genere igualdad de oportunidades a los habitantes del país, sea cual sea la región en que vivan, es sin duda una de las principales demandas de la Conferencia Nacional de Gobernadores, un espacio donde los titulares de los poderes ejecutivos estatales hacen causa común para impulsar políticas públicas con este contenido.
Hasta su formación plena el 30 de julio del 2003, con la incorporación de los mandatarios estatales emanados del Partido Acción Nacional, la Conferencia constituyó un primer ejercicio de contrapeso a la figura presidencial, rompiendo una regla no escrita que impedía la reunión de gobernadores sin la convocatoria federal.
La reunión de los gobernadores para discutir temas diversos, como la seguridad, la distribución fiscal, las facultades de los tres niveles de gobierno, la ecología, entre otros muchos, no solo representa catarsis que despresuriza las tensiones en la rivalidad competencial, tanto institucional como política, sino que ha permitido establecer un canal natural de comunicación y coordinación entre las entidades que no existía.
Las entidades federativas, aún más que hoy, representaban ínsulas de poder aisladas del resto del país. Había contactos naturales hacia el interior de los partidos políticos, y dentro de ellos, de los grupos o corrientes a los cuales pertenecían los gobernadores, pero hasta ese momento el principal impulsor de la reunión de titulares de ejecutivos estatales era el presidente de la república, sobre todo en sus informes de gobierno o actos similares de significación nacional.
El presidente y sus secretarios, evitaban la comparecencia ante una plenaria de gobernadores. O si se quiere conceder, esta no era posible porque no existía un organismo que convocará a una reunión de esta naturaleza.
Ahora, el presidente y los secretarios, cuando acuden a la Conferencia de Gobernadores, lo hacen en calidad de invitados, exponen o bien, escuchan las ponencias o reclamos que los gobernadores deben hacerles en relación con las diversas ramas de la administración pública.
No se trata de una comparecencia del nivel de la que deben asistir los integrantes del gabinete ante el Congreso de la Unión. Es cierto. Se trata de un espacio más amable y cordial, institucional, pero al fin, un espacio construido desde los mismos gobernadores, con sus reglas y procedimientos que presidencia y secretarios deben acatar.
Resulta relevante reconocer esta figura de coordinación, porque en una sociedad democrática se debe impulsar la creación de organismos que impulsen la discusión de la cosa pública, propicien acuerdos y consensos, sea del nivel que sea. Pero lo más importante, que los acuerdos se lleven a cabo.
Atacar o pretender minimizar la importancia de la unión de esfuerzos de las entidades federativas, por medio de un organismo no formal desde el punto de vista de la estructura constitucional ortodoxa, es atentar contra los avances en materia de federalismo.
Por ello, la decisión de realizar un operativo coordinado nacional, con objetivos concretos y medibles, por parte de los gobernadores, representa una decisión, que adoptada en el marco de sus competencias y obligaciones, es plausible.
El valor agregado es la simultaneidad del operativo en las 32 entidades federativas, y no en distintas regiones, como ocurre con los operativos conjuntos. Otra diferencia es que Conago 1 buscó poner énfasis en el combate a delitos del fuero común de manera sistemática.
Es obvio que los operativos de esta naturaleza causen recelo al ámbito federal, un recelo que en el fondo es queja hacia el fortalecimiento de la capacidad de las entidades federativas por organizarse en un ánimo de coordinación institucional que en nada violenta el orden legal ni constitucional, con un espíritu federalista, en contrario al centralismo decisorio que ahoga y que debemos abandonar.
Hasta su formación plena el 30 de julio del 2003, con la incorporación de los mandatarios estatales emanados del Partido Acción Nacional, la Conferencia constituyó un primer ejercicio de contrapeso a la figura presidencial, rompiendo una regla no escrita que impedía la reunión de gobernadores sin la convocatoria federal.
La reunión de los gobernadores para discutir temas diversos, como la seguridad, la distribución fiscal, las facultades de los tres niveles de gobierno, la ecología, entre otros muchos, no solo representa catarsis que despresuriza las tensiones en la rivalidad competencial, tanto institucional como política, sino que ha permitido establecer un canal natural de comunicación y coordinación entre las entidades que no existía.
Las entidades federativas, aún más que hoy, representaban ínsulas de poder aisladas del resto del país. Había contactos naturales hacia el interior de los partidos políticos, y dentro de ellos, de los grupos o corrientes a los cuales pertenecían los gobernadores, pero hasta ese momento el principal impulsor de la reunión de titulares de ejecutivos estatales era el presidente de la república, sobre todo en sus informes de gobierno o actos similares de significación nacional.
El presidente y sus secretarios, evitaban la comparecencia ante una plenaria de gobernadores. O si se quiere conceder, esta no era posible porque no existía un organismo que convocará a una reunión de esta naturaleza.
Ahora, el presidente y los secretarios, cuando acuden a la Conferencia de Gobernadores, lo hacen en calidad de invitados, exponen o bien, escuchan las ponencias o reclamos que los gobernadores deben hacerles en relación con las diversas ramas de la administración pública.
No se trata de una comparecencia del nivel de la que deben asistir los integrantes del gabinete ante el Congreso de la Unión. Es cierto. Se trata de un espacio más amable y cordial, institucional, pero al fin, un espacio construido desde los mismos gobernadores, con sus reglas y procedimientos que presidencia y secretarios deben acatar.
Resulta relevante reconocer esta figura de coordinación, porque en una sociedad democrática se debe impulsar la creación de organismos que impulsen la discusión de la cosa pública, propicien acuerdos y consensos, sea del nivel que sea. Pero lo más importante, que los acuerdos se lleven a cabo.
Atacar o pretender minimizar la importancia de la unión de esfuerzos de las entidades federativas, por medio de un organismo no formal desde el punto de vista de la estructura constitucional ortodoxa, es atentar contra los avances en materia de federalismo.
Por ello, la decisión de realizar un operativo coordinado nacional, con objetivos concretos y medibles, por parte de los gobernadores, representa una decisión, que adoptada en el marco de sus competencias y obligaciones, es plausible.
El valor agregado es la simultaneidad del operativo en las 32 entidades federativas, y no en distintas regiones, como ocurre con los operativos conjuntos. Otra diferencia es que Conago 1 buscó poner énfasis en el combate a delitos del fuero común de manera sistemática.
Es obvio que los operativos de esta naturaleza causen recelo al ámbito federal, un recelo que en el fondo es queja hacia el fortalecimiento de la capacidad de las entidades federativas por organizarse en un ánimo de coordinación institucional que en nada violenta el orden legal ni constitucional, con un espíritu federalista, en contrario al centralismo decisorio que ahoga y que debemos abandonar.
lunes, 27 de junio de 2011
El gran legislador
Podrá decirse que el presidente Calderón se equivocó en diversos momentos durante la reunión con Sicilia y el resto de dirigentes de la sociedad civil, pero no lo hizo al asumir una interlocución ciudadana que lo legitime en sus propuestas frente a un Congreso que encontrará resistente a sus posiciones. Pareciera que el poeta le hizo un gran favor.
Es cierto, coincido en que se equivoca al pretender censurar al Poder Judicial de la Federación por la aplicación del debido proceso en beneficio del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon. Deslizar que son los jueces quienes, para evitar entrar al fondo de los asuntos, utilizan tecnicismos legales representa una barbaridad: es la aplicación de las garantías que todo ciudadano tiene, y que no pueden ser atropelladas por ninguna autoridad. Calderón no debe molestarse porque procedió la suspensión contra el acto de molestia y privación de la libertad.
Enviar este mensaje desde la presidencia de la república es muy delicado, pero aún más, asumir veladamente que hay corrupción en el Poder Judicial sin acreditar que ha actuado desde sus diversas vías para impulsar procedimientos que sancionen a dichos servidores públicos, es decir, simplemente manifestarlo sin más, es un asunto de gran atrevimiento, cuando la sociedad no espera de él las grandes consideraciones discursivas, sino las acciones que protejan auténticamente la vida, integridad y patrimonio de los ciudadanos.
Sí él tiene elementos que acuda ante el Consejo de la Judicatura o intente un desafuero, lo demás es simple histrionismo, que además tensa la relación con el sistema judicial nacional, uno de los ejes torales en la política de persecución y sanción de los delitos, clave para evitar la impunidad que auspicia el aire de intocabilidad del delincuente.
Suponer o manifestar con base en dimes y diretes no es el papel de la autoridad; le toca, si recibe una denuncia, propiciar el esclarecimiento y sanción de los hechos, no asumir una posición desde la cual parece olvidársele que sobre sus espaldas recae la alta responsabilidad del gobierno federal.
Estas afirmaciones forman parte del encuentro entre el gabinete de seguridad, encabezado por el mandatario nacional, y representantes de organizaciones civiles, donde destaca Javier Sicilia, transmitido en cadena nacional y reproducido a nivel nacional e internacional.
Calderón, en lo que pretendió ser una hábil jugada mercadológica, buscó aprovechar el movimiento ciudadano para ofrecer una visión democrática y tolerante: un presidente que se sienta a la mesa, tú a tú, con ciudadanos de a pie, que enfrentan la tragedia de haber perdido a un familiar, y que tiene la capacidad de autocastigarse, pedir perdón y asumir la responsabilidad histórica por la decisión.
La cuestión es que no es creíble o auténtica una postura, matizada de histrionismo, que al día siguiente se olvida y el presidente justifica la actuación de su administración en su estrategia, mientras Santa Catarina ve caer al jefe de la policía municipal asesinado en su propio despacho y en Chihuahua suman seis muertos en unas cuantas semanas entre las filas de la dirección de seguridad pública municipal, y aún así se pretende descargar en los municipios la tarea de combatir narcomenudeo.
No se cuestiona que la federación aplique la ley en contra de los traficantes de droga o los secuestradores o extorsionadores, lo que se pone en tela de duda son los procedimientos y su efectividad. El punto clave es el dinero, la financiación, el trasiego de dinero sucio que alimenta todos los días el crimen.
Hábil, el presidente establece una mesa con los representantes de las organizaciones, capitalizando su estatus moral como cabeza de un amplio sector indignado, pretendiendo darle la vuelta a los legisladores, en una jugada que busca legitimar su actuación y propuestas, le dice al Congreso: antes de ir contigo, purificó mis propuestas y te ato de manos: me convierto en el gran legislador, con una ventaja: propongo cuestiones inviables, provocando el rechazo del Congreso en lo que puede ser una jugada de tres bandas con miras al 2012.
Es cierto, coincido en que se equivoca al pretender censurar al Poder Judicial de la Federación por la aplicación del debido proceso en beneficio del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon. Deslizar que son los jueces quienes, para evitar entrar al fondo de los asuntos, utilizan tecnicismos legales representa una barbaridad: es la aplicación de las garantías que todo ciudadano tiene, y que no pueden ser atropelladas por ninguna autoridad. Calderón no debe molestarse porque procedió la suspensión contra el acto de molestia y privación de la libertad.
Enviar este mensaje desde la presidencia de la república es muy delicado, pero aún más, asumir veladamente que hay corrupción en el Poder Judicial sin acreditar que ha actuado desde sus diversas vías para impulsar procedimientos que sancionen a dichos servidores públicos, es decir, simplemente manifestarlo sin más, es un asunto de gran atrevimiento, cuando la sociedad no espera de él las grandes consideraciones discursivas, sino las acciones que protejan auténticamente la vida, integridad y patrimonio de los ciudadanos.
Sí él tiene elementos que acuda ante el Consejo de la Judicatura o intente un desafuero, lo demás es simple histrionismo, que además tensa la relación con el sistema judicial nacional, uno de los ejes torales en la política de persecución y sanción de los delitos, clave para evitar la impunidad que auspicia el aire de intocabilidad del delincuente.
Suponer o manifestar con base en dimes y diretes no es el papel de la autoridad; le toca, si recibe una denuncia, propiciar el esclarecimiento y sanción de los hechos, no asumir una posición desde la cual parece olvidársele que sobre sus espaldas recae la alta responsabilidad del gobierno federal.
Estas afirmaciones forman parte del encuentro entre el gabinete de seguridad, encabezado por el mandatario nacional, y representantes de organizaciones civiles, donde destaca Javier Sicilia, transmitido en cadena nacional y reproducido a nivel nacional e internacional.
Calderón, en lo que pretendió ser una hábil jugada mercadológica, buscó aprovechar el movimiento ciudadano para ofrecer una visión democrática y tolerante: un presidente que se sienta a la mesa, tú a tú, con ciudadanos de a pie, que enfrentan la tragedia de haber perdido a un familiar, y que tiene la capacidad de autocastigarse, pedir perdón y asumir la responsabilidad histórica por la decisión.
La cuestión es que no es creíble o auténtica una postura, matizada de histrionismo, que al día siguiente se olvida y el presidente justifica la actuación de su administración en su estrategia, mientras Santa Catarina ve caer al jefe de la policía municipal asesinado en su propio despacho y en Chihuahua suman seis muertos en unas cuantas semanas entre las filas de la dirección de seguridad pública municipal, y aún así se pretende descargar en los municipios la tarea de combatir narcomenudeo.
No se cuestiona que la federación aplique la ley en contra de los traficantes de droga o los secuestradores o extorsionadores, lo que se pone en tela de duda son los procedimientos y su efectividad. El punto clave es el dinero, la financiación, el trasiego de dinero sucio que alimenta todos los días el crimen.
Hábil, el presidente establece una mesa con los representantes de las organizaciones, capitalizando su estatus moral como cabeza de un amplio sector indignado, pretendiendo darle la vuelta a los legisladores, en una jugada que busca legitimar su actuación y propuestas, le dice al Congreso: antes de ir contigo, purificó mis propuestas y te ato de manos: me convierto en el gran legislador, con una ventaja: propongo cuestiones inviables, provocando el rechazo del Congreso en lo que puede ser una jugada de tres bandas con miras al 2012.
martes, 21 de junio de 2011
Más que un jefe de partido
Es verdaderamente complicado para Felipe Calderón entregar buenas cuentas partidistas, por la percepción ciudadana de que está haciendo las cosas mal en el gobierno, y su efecto natural en el voto, con motivo, primero de los comicios estatales de este año, y posteriormente, con la renovación del gobierno federal y el congreso de la Unión en 2012.
De acuerdo con Mitofski, en su reporte del mes de mayo, relativo a la evaluación del gobierno, en su decimo octava edición, el presidente de la república no ha sido capaz de generar empleo, de superar la pobreza y de reducir la inflación, por tanto, si bien la economía fue desplazada por la inseguridad, como principal problema, los peores rubros en evaluación son precisamente aquellos, los que tocan el bolsillo de las familias.
Democracia, que es una de las cartas fuertes del presidente, no supera la dura crítica, ya que cae cuatro puntos en la evaluación, pese a que aún es del reconocimiento público la tolerancia como uno de los principales atributos de Calderón, con una sensible baja en el reconocimiento de atributos como la honradez, la experiencia para gobernar y la capacidad de resolver problemas.
De hecho, de acuerdo a la empresa encabezada por Roy Campos, al presidente Felipe Calderón solo le creen un 41 por ciento de los encuestados en relación con sus anuncios, el resto, un 59 por ciento duda acerca de sus pronunciamientos.
Es más, sigue creciendo el porcentaje de mexicanos que piensan que no se tienen las riendas del país y que las cosas –irónicamente pese a su tolerancia- se están saliendo de control.
Indudablemente que podrá cuestionarse el método o el sesgo en las preguntas, demeritarse el trabajo realizado por Roy Campos y su equipo; sin embargo, los datos revelan una gran división ciudadana en relación con la conducción presidencial de Felipe Calderón.
La crítica aumenta de tono, percibiéndose un agudizamiento en el norte del país, donde se ha incrementado el nivel de rechazo a las políticas presidenciales (17% más en relación con agosto del 2010), lo que se suma a las mismas condiciones prevalecientes en el centro.
Así las cosas, el presidente Calderón ofrece una catapulta electoral fracturada para su partido, nada halagüeña. Se antoja que poco podrá hacer para ayudar a sus candidatos en las diversas entidades donde se disputan cargos de elección popular –Estado de México, Hidalgo, Coahuila, y Nayarit el tres de julio y Michoacán el trece de noviembre-, más que conservar –con sus claros oscuros- los niveles de votación histórica.
Esta debilidad presidencial provoca crisis inmediatas con el simple anuncio de una declinación de Bravo Mena a favor de Encinas en el Estado de México, una declaración que moviliza al Comité Ejecutivo Nacional y a su líder Gustavo Madero en una negación desesperada, ante una campaña que nunca prendió.
También, genera irrupciones del tamaño de la detención del ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank, buscando el efecto mediático en la votación, e incluso, lo lleva a utilizar el discurso agresivo contra los Estados Unidos, tratando de simular un cambio en la política exterior que su gobierno y el de su antecesor han mostrado ante el poderoso vecino del norte.
Es cierto, la crisis de la figura presidencial a nadie beneficia, en un sistema donde el titular del ejecutivo federal debiese predominar: fiel de la balanza democrática, que supera la inmovilidad gubernamental, que propicia consensos, genera gobernabilidad, decide –con las consecuencias políticas naturales-, y no el garete de la alta división y competencia política, que divide, polariza y evita acuerdos, donde todos deciden, pero nadie asume consecuencias.
Hace falta, sin duda, un jefe de gobierno, más que un jefe de partido.
De acuerdo con Mitofski, en su reporte del mes de mayo, relativo a la evaluación del gobierno, en su decimo octava edición, el presidente de la república no ha sido capaz de generar empleo, de superar la pobreza y de reducir la inflación, por tanto, si bien la economía fue desplazada por la inseguridad, como principal problema, los peores rubros en evaluación son precisamente aquellos, los que tocan el bolsillo de las familias.
Democracia, que es una de las cartas fuertes del presidente, no supera la dura crítica, ya que cae cuatro puntos en la evaluación, pese a que aún es del reconocimiento público la tolerancia como uno de los principales atributos de Calderón, con una sensible baja en el reconocimiento de atributos como la honradez, la experiencia para gobernar y la capacidad de resolver problemas.
De hecho, de acuerdo a la empresa encabezada por Roy Campos, al presidente Felipe Calderón solo le creen un 41 por ciento de los encuestados en relación con sus anuncios, el resto, un 59 por ciento duda acerca de sus pronunciamientos.
Es más, sigue creciendo el porcentaje de mexicanos que piensan que no se tienen las riendas del país y que las cosas –irónicamente pese a su tolerancia- se están saliendo de control.
Indudablemente que podrá cuestionarse el método o el sesgo en las preguntas, demeritarse el trabajo realizado por Roy Campos y su equipo; sin embargo, los datos revelan una gran división ciudadana en relación con la conducción presidencial de Felipe Calderón.
La crítica aumenta de tono, percibiéndose un agudizamiento en el norte del país, donde se ha incrementado el nivel de rechazo a las políticas presidenciales (17% más en relación con agosto del 2010), lo que se suma a las mismas condiciones prevalecientes en el centro.
Así las cosas, el presidente Calderón ofrece una catapulta electoral fracturada para su partido, nada halagüeña. Se antoja que poco podrá hacer para ayudar a sus candidatos en las diversas entidades donde se disputan cargos de elección popular –Estado de México, Hidalgo, Coahuila, y Nayarit el tres de julio y Michoacán el trece de noviembre-, más que conservar –con sus claros oscuros- los niveles de votación histórica.
Esta debilidad presidencial provoca crisis inmediatas con el simple anuncio de una declinación de Bravo Mena a favor de Encinas en el Estado de México, una declaración que moviliza al Comité Ejecutivo Nacional y a su líder Gustavo Madero en una negación desesperada, ante una campaña que nunca prendió.
También, genera irrupciones del tamaño de la detención del ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank, buscando el efecto mediático en la votación, e incluso, lo lleva a utilizar el discurso agresivo contra los Estados Unidos, tratando de simular un cambio en la política exterior que su gobierno y el de su antecesor han mostrado ante el poderoso vecino del norte.
Es cierto, la crisis de la figura presidencial a nadie beneficia, en un sistema donde el titular del ejecutivo federal debiese predominar: fiel de la balanza democrática, que supera la inmovilidad gubernamental, que propicia consensos, genera gobernabilidad, decide –con las consecuencias políticas naturales-, y no el garete de la alta división y competencia política, que divide, polariza y evita acuerdos, donde todos deciden, pero nadie asume consecuencias.
Hace falta, sin duda, un jefe de gobierno, más que un jefe de partido.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)