A su manera

Raúl Durán Cárdenas murió durante un viaje a los Estados Unidos el pasado 26 de diciembre.
Siempre fue un viajero incansable. En Mérida nació, en Juárez encontró al amor de su vida y en la capital del país se desarrolló profesionalmente en el periodismo, llegando a ser subdirector editorial del Periódico Novedades.
Recorrió el mundo, especialmente Moscú y Beijing, experiencia que recordaba con especial afecto. Europa no le fue desconocida ni tampoco La Patagonia.
Era un auténtico mexicano: recorrió sus carreteras cuando parecían caminos vecinales, de un extremo a otro. El país lo conoció como la palma de una mano.
Pensar en nuestro amigo en aquellas tierras extrañas es maravilloso –a China regresó varias veces-, pero no fueron esos sus viajes más memorables.
Su viaje más relevante fue el que desplego bajo la bandera de la amistad.
Raúl Durán era un hombre responsable. Cuidaba su salud, no en los extremos que el médico ordenaba, respetaba límites, pero estiraba la cuerda, por eso fue un hombre pleno: nunca dejo de fumar y tampoco abandonó el whiskey.
En su última visita me ganó al domino en la Antigua Paz. Antes, en otra escabullida a Chihuahua, me había hecho lo mismo en el Coliseo. Hay que decirlo: Raúl nunca fue pone fichas.
Estar con Raúl era viajar junto con él por el tiempo. Siempre compartía sus vivencias. Era un diccionario viviente y Yo siempre un lector incansable.
Lo conocí hace unos años cuando incursioné en el periodismo gremial a nivel nacional. Pero los últimos cuatro años fueron de un compartir en forma permanente.
Viajamos por todo el país junto con Teodoro, su Gran Amigo. Ambos, juntos, eran dinamita, pero se compaginaban perfectamente: uno explosivo y el otro con la calma de la decisión atemperada. Raúl fue siempre fiel de la balanza, el consejo prudente y sabio.
Compartimos proyectos y aventuras: construimos una organización periodística más sólida, hicimos amigos y más amigos en el interior del país, donde Raúl es muy querido.
Un hombre gentil y amable, siempre extendió la mano para guiar acompañando, en una posición de líder sagaz, inteligente.
De la última charla que sostuvimos, apenas hace unas semanas, mediando una parrillada argentina y un escocés con agua gasificada, a unos metros del remodelado Monumento a la Revolución, me queda un compromiso personal con él que habré de cumplir al tiempo.
Estoy tranquilo porque logró lo que pocos hombres pueden hacer: vivir a su manera y morir a su manera: su último suspiró quedó con su esposa, Lupita, mi paisana, en las Vegas, Nevada.
Fue un hombre pleno, nunca se arredró: vivió en paz y murió en paz, querido y estimado por todos.

Redes de complicidad

Se calcula en medio millón anual los indocumentados centroamericanos que cruzan por México y logran ingresar a territorio norteamericano.
De ellos, unos 150 mil son detenidos en la Unión Americana; otros doscientos cincuenta mil son arrestados en México. El resto tiene una oportunidad de ingresar al mercado laboral ilegal en los Estados Unidos, donde podrá sobrevivir en la semi-clandestinidad.
Sin embargo, unos veinte mil son secuestrados en territorio mexicano por los grupos del crimen organizado que obtienen jugosas ganancias a cambio de su libertad.
Las cifras, aún y cuando no son reales y solo representan un aproximado, derivado de fuentes oficiales y no oficiales, resultan alarmantes.
Se ha señalado que México debe adoptar una posición de mayor protección a las migrantes en tránsito. El caso es que es muy complicado pedirle esto cuando estamos hablando de compromisos económicos de gran relevancia con su principal socio comercial, que exige políticas de cero tolerancia en materia de migración, pero además cuando el flujo de indocumentados que permanecen en el país, en la zona limítrofe con la frontera sur, agravan los problemas de pobreza y marginación: cerrar los ojos a la migración, partiendo del supuesto de que la gran mayoría de ellos busca llegar a los Estados Unidos es partir de una premisa falsa.
Los indocumentados centroamericanos han encontrado en diversas ciudades mexicanas lugares de desarrollo en zonas de alta marginación, donde permanecen ocultos en espera de una oportunidad de cruzar el Rio Bravo, incrementando de manera sustancial las necesidades básicas de desarrollo.
Los migrantes ilegales representan un vasto porcentaje de la población flotante y semi-flotante en ciudades como Juárez, donde sobreviven en actividades laborales marginales relacionadas con el mercado subterráneo del comercio, sin descartar su incursión voluntaria o forzada en actividades francamente ilegales como el narcotráfico.
Esta realidad no debe impulsar acciones xenofóbicas. Al contrario: debe asumirse como un problema social internacional que requiere soluciones más allá del simplismo de la persecución policiaca: que exige el puntual cumplimiento de políticas humanitarias que no criminalicen al indocumentado y que investiguen y castiguen a quienes abusan y hacen negocio con ellos, rompiendo las redes de complicidad oficial federal existentes: que demandan políticas públicas para asimilar indocumentados mediante programas que incentiven el ingreso ordenado de personas y que regularicen, con un sentido humano, a quienes han contribuido al desarrollo de nuestro país durante muchos años.
Sobre todo, hay que insistir y subrayar, que sancionen con todo el rigor de la ley el secuestro de hermanos salvadoreños, guatemaltecos o de cualquier otra Nación, como ocurre actualmente con las cuarenta personas privadas de la libertad en Oaxaca, por cuya integridad y regreso con bien, todos debemos hacer votos.

No sería extraño

En principio, la liberación de Diego Fernández de Cevallos debe alegrar a los mexicanos. Se trata del regreso con vida de una víctima de secuestro.
Sin embargo, su desaparición, cautiverio y liberación, lo sabe bien el político panista, representan una muestra más del fracaso de la lucha que Felipe Calderón despliega contra el crimen organizado.
Tiene razón el ex candidato presidencial albiazul, él debiera en teoría ser sólo una víctima más, pero no lo es así: representa a la clase política dirigente del país y forma parte de los grupos económicos que se ubican en la cúspide social en el país.
Por tanto, su caso es emblemático: nada pudieron hacer su poder político y económico para evitar el secuestro; también poco o nada pudo hacer el Estado para enfrentar una solución a la privación de la libertad de la cual fue sujeto, más que la omisión en las investigaciones.
Al final, el exitoso abogado fue liberado en un marco misterioso que oculta fecha, lugares, situaciones, montos, que seguramente jamás conoceremos: al momento, si de especular se trata, hay dos posibilidades, que haya sido liberado mediante el pago de un cuantioso rescate y una negociación cuidadosa, o bien, que haya ocurrido un operativo armado, concertado y operado sigilosamente desde la oscuridad.
Lo cierto es que su aparición mediática fue cuidadosamente articulada: el abogado apareció cuando quiso y como quiso. Marcó la agenda y secuestró no solo a la opinión pública, sino a su mismo partido, donde los débiles aspirantes ya vieron un nuevo rival, rejuvenecido políticamente.
Pensar en que todo fue una fabricación para crear un candidato presidencial sería construir una posibilidad perversa. La sociedad mexicana no se merece algo así. Pero no sería extraño. Se juegan seis años de gobierno federal, el PAN no tiene candidato, sus aspirantes están por debajo de sus contrincantes, la dirigencia nacional y la presidencia están en un momento de distanciamiento y desgaste; el presidente Calderón carga con el declive de su administración, sin encontrar soluciones a los problemas de fondo de la pobreza y la inseguridad.
El secuestro y liberación de un hombre de la clase política lo convierte en víctima del estado actual de cosas, pero además, lo hace director de su propio destino ante el fracaso institucional federal, lo muestra como un hombre que no se echó para atrás, sacó la casta y resolvió. Esta es la imagen que se está vendiendo.
Diego al decir simple y llanamente que no le interesa la Presidencia abona a la construcción colectiva de esta imagen, cuando perdona a sus captores, agradece solidaridad, dice que hay mucho que hacer por México, juega a la política, utilizando como catapulta su situación de desgracia.
Dirán que no es su intención hacerlo. Probablemente es así y el abogado sólo reacciona ante las circunstancias. Los hechos demuestran otra cosa.

El gran negocio de los bancos

ALFIL
El gran negocio de los bancos
Por Roberto Piñón Olivas
Las instituciones bancarias continúan voraces con el cobro de comisiones. No satisfechas con ello, implementan estrategias para sorprender a sus clientes a través del mecanismo más sencillo y directo: los cajeros automáticos.
No lo crea, pero el 34 por ciento de los millonarios ingresos del negocio de la banca provienen de las comisiones, en algunos casos llega casi al cincuenta por ciento.
Es cierto que Banco de México ha intervenido en la regulación de las comisiones, virtud a las modificaciones legislativas autorizadas desde el congreso de la Unión, pero aún es insuficiente. Se requiere cerrar aún más los límites bajo el argumento de la prevalencia del interés social por encima de los intereses económicos de lucro que resultan desmedidos.
Los estados financieros de Bancomer, Banamex, Santander, Banorte y HSBC, arrojan que de enero a junio obtuvieron 34 mil 376 millones de pesos producto de comisiones, en un total de operaciones del orden de los cien millones en números redondos.
HSBC es el mejor ejemplo de negocion a través de comisiones, porque de sus ingresos totales obtiene por esta vía el 42.7 por ciento, el porcentaje más elevado, al captar cuatro mil de casi diez mil millones de pesos.
Si bien es cierto Banamex obtuvo la menor captación porcentual de recursos vía comisiones, con un 28 por ciento, por el volumen de cuentas capta unos ocho mil millones, contra Bancomer que es el verdadero líder en cobro de comisiones, con un 39.7 por ciento de sus ingresos por esta vía, que hacen 13 mil 145 millones de pesos.
Como se observa las cantidades no son menores. Sin embargo, las comisiones no deberían ser el principal negocio de la banca, y se ha convertido en ello.
Ante esta situación, la Cámara de Diputados decidió realizar reformas para dotar al Banco de México de la posibilidad de regular las comisiones, ya que antes solo podía hacer recomendaciones.
Como es obvio, las determinaciones de Banxico regulan pero protejen al mismo tiempo el principio de libre mercado como mecanismo de autoregulación del sistema bancario, para generar competencia, permitiendo el lógico lucro de las instituciones dedicadas a esta actividad.
Sin embargo, pese a las regulaciones, las instituciones bancarias continúan haciendo el gran negocio, pese a que, por ejemplo, por ley, ya no pueden duplicar las comisiones por retiro de dinero en cajeros distintos al de la institución bancaria emisora del plástico.
Ahora bien, ya se prohíbe el cobro de comisiones en retiro en cajeros del mismo banco. La cuestión es que por las necesidades del consumo los usuarios de plásticos terminan rompiendo la regla de oro de no acudir a un cajero distinto, y ahí son presas de la comisión, porque pareciera que cada día se limitan los cajeros automáticos.
La norma debería exigir la distribución de cajeros con algún criterio geográfica, de cantidad de usuarios, centros de consumo. No dejar al simple arbitrio de la institución bancaria el número de cajeros y su ubicación.
La facultad reguladora en la materia debe ser auténticamente reguladora, porque, como lo reconoce el mismo Banxico, las instituciones bancarias buscan mecanismos sofisticados mediante software y publicidad engañosa, para hacer incurrir en error a los usuarios, que víctimas de la comisión terminan olvidando esos pesitos que al final del día constituyen el gran negocio de los bancos.
No conformes con ello lo sorprenden con la venta de seguros, que sin darse cuenta le cargan otros ochenta pesos, con contratos anuales, por más de mil pesos. Así es que al año, haga cuentas, Usted contribuye al gran negocio bancario.
La banca es necesaria, sí. Es un negocio y debe generar lucro, sí. Pero en un sistema económico con sentido social debe tener una regulación más amplia, con ganancias menos insultantes.

Asumamos nuestra responsabilidad

Detener el calentamiento global, es cierto, es cuestión de resolver los grandes intereses económicos en pugna.
Pero también tiene que ver con políticas públicas de corto, mediano y largo alcance, que efectivamente, refieren a la canalización de suficientes recursos económicos.
Dentro de esas políticas públicas se encuentran primordialmente acciones de concientización, organización y movilización de la conciencia ciudadana.
Sin la participación social, las políticas públicas caerán en el vacío y se agotarán ante la indiferencia ciudadana.
Lo delicado es que acciones aisladas por parte de los continentes o de los países de poco sirven, cuando la aldea global plantea la realidad de una irremediable inter-dependencia
Como se observa, no es nada fácil para el concierto internacional y las naciones en particular, lograr acciones concretas, como se demostró recientemente, con el fracaso de la firma de una ampliación del Protocolo de Kioto, ante la persistente negativa de los principales generadores de gases contaminantes por establecer compromisos concretos en su disminución.
No nos hemos dado cabal cuenta de la importancia de adoptar medidas drásticas. Incluso muchos demostramos desconocimiento pleno del tema y por lo tanto una gran apatía.
Por eso, independientemente de la obligación que tienen los Estados de propiciar inversión en la modernización de los sistema de transporte, virando hacia el uso de combustibles orgánicos o al menos no contaminantes –como la electricidad- y el impulso a través de incentivos fiscales para que las grandes empresas hagan lo propio en sus esquemas de producción y traslado de mercancías, no debe olvidarse la parte social.
En Europa la sociedad civil organizada presiona al sector público y privado para que dichas políticas públicas se concreten, pero además, ejerce una auto-censura social ciudadana para, en la práctica cotidiana, asumir posiciones congruentes con la protección al medio ambiente.
El ciudadano común puede hacer mucho por reducir los gases contaminantes, para empezar con el uso de vehículos. Japón, Estados Unidos, Argentina, la misma ciudad de México, son ejemplo de modernización en el transporte colectivo. El incentivo es la rapidez y la economía en el traslado diario de las personas en las moles urbanas.
Curiosamente, mientras las naciones migran hacia la utilización de automotores de menor cilindraje, en México la compra de vehículos de gran calado continúa imbatible, pese a factores como la economía –por su alto consumo de gasolina- y la seguridad.
Los ciudadanos tenemos la palabra empezando en casa. Presionemos las acciones que deben desarrollarse desde el ámbito gubernamental y privado, pero asumamos la responsabilidad que nos toca.

No es un cheque en blanco

El fuero constitucional nace como una necesidad de proteger a ciertos funcionarios públicos de alto nivel de persecuciones políticas con el argumento de la comisión de delitos.
Es lógico que por el ejercicio de su encargo, los servidores públicos se enfrenten en sus decisiones con otros funcionarios o bien, exista divergencia de ideas, sobre todo cuando la base de la organización política es la pluralidad ideológica, y en esa tentación se produzcan acciones penales.
Pero también es cierto, que la protección constitucional puede ser usada para solapar personas que se han visto involucradas en actos ilegales. Se piensa que el fuero es una inmunidad plena.
Es muy difícil encontrar el justo medio para calificar la eficacia de la figura constitucional de protección, sobre todo cuando está basada en decisiones políticas de mayorías permanentes o casuales en el interior de la cámara de diputados.
Se trata, es cierto, de una figura política de protección y no de una figura jurisdiccional en rigor. Por lo tanto, en su implementación, si bien se toca el fondo de las acusaciones, con base en el expediente enviado por la autoridad ministerial, los legisladores carecen de la posibilidad técnica para establecer responsabilidad. Eso lo hará el juez con los instrumentos técnicos necesarios.
Los legisladores revisan el expediente y llaman al inculpado para que declare. Pero finalmente dictaminan con los elementos que tienen a la vista. No están llamados a recabar mayor información, para finalmente declarar vía el voto si existen elementos o no para proceder penalmente contra el funcionario.
La misma constitución federal establece que, si una vez declarada la procedencia, la autoridad judicial absuelve de responsabilidad, el servidor público estará en posibilidad de reasumir el cargo; en caso contrario, cuando no se autorice la procedencia, el mismo podrá ser juzgado al término de la función.
Como se observa, el procedimiento no es nada sencillo. Hay quienes piensan que debe aligerarse y de la acusación ministerial pasar directamente al voto de la Cámara. Creo que al contrario, el procedimiento forma parte de la esencia política de la figura, donde convergen las diversas fuerzas parlamentarias en el conocimiento y discusión de las acusaciones, para formarse opinión.
Tampoco puede exigirse que los integrantes de la comisión de procedencia sean especialistas en el derecho, cuando para ser legisladores no se pide esto, y mucho menos que instrumenten un procedimiento riguroso y exhaustivo similar al proceso penal, porque al final de cuentas solo buscan elementos que les permitan suponer una responsabilidad en la comisión de un delito.
Teniendo estas características es demasiado exigir que el procedimiento legislativo sea acompañado de una resolución judicial de culpabilidad, en donde sí deben observarse todas las garantías procesales, con rigor y exhaustividad.
Por lo mismo, las acusaciones vertidas por el ministerio público federal deberán sostenerse ante el juez para evitar el clásico “Usted disculpe”, que en el caso de Julio César Godoy Toscano ya ocurrió con los funcionarios michoacanos liberados, y que en la especie, tiene un alto grado de dificultad, sobre todo cuando una de las acusaciones fundamentales está basada en el enriquecimiento ilícito, que para probarse requiere de una actuación eficiente de coordinación de las autoridades bancarias y financieras, quienes han demostrado su incapacidad para enfrentar con éxito el lavado de dinero.
El juicio de procedencia no es un cheque en blanco. Implica la responsabilidad el ministerio público federal de probar. Ojalá así ocurra.

Madero presidente

El chihuahuense Gustavo Madero fue electo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, con un sello interesante, no era el candidato del presidente Felipe Calderón.
Madero, quien es el segundo chihuahuense en ocupar el cargo –el primero fue Luis Héctor Álvarez en 1987, quien se reeligió por dos períodos- tiene de entrada que superar la dificultad de enfrentar al primer panista del país, quien se inclinaba –e impulsó desde los pinos- a Roberto Gil Zuarth.
La operación implementada desde las diversas secretarías federales fue insuficiente para lograr que los consejeros apoyarán el proyecto de Gil, quien por cierto, de entrada, no cumplía con los requisitos estatutarios para ser electo, específicamente la antigüedad en la militancia y pese a ello fue sostenido en la contienda.
No fueron pocos los consejeros que recibieron llamadas telefónicas, no promoviendo, sino presionando el voto a favor del alfil presidencial. Sin embargo, las llamadas resultaron contraproducentes porque afianzaron la candidatura del oriundo de chihuahua.
Calderón, desde la silla presidencial, una vez más, sucumbió a la tentación de ejercer su autoridad para buscar imponer un líder nacional de su partido, como lo había hecho en la historia reciente con los mal-logrados Cesar Nava Vázquez y Germán Martínez Cazares.
Los escollos aún no terminan para el recién estrenado presidente nacional panista. Madero tendrá que establecer conductos y canales adecuados de comunicación hacia la presidencia de la república, lo cual no se antoja nada fácil, luego de que logró imponerse en la integración de su Comité, pasando por encima de una negociación con Roberto Gil, y por supuesto, la mano presidencial.
Luego entonces se vislumbra una reedición del capítulo protagonizado en los últimos meses de la administración de Manuel Espino, donde la distancia entre Los Pinos y la calle Coyoacán, donde se ubica la sede panista, se amplió de manera considerable hasta llegar a enfrentamientos directos.
Esta línea de trabajo de Gustavo Madero es nada frente a la agenda panista: Elecciones presidenciales en 2012, donde el camino está muy avanzado por el lado del Partido de la Revolución Democrática, con Marcelo Ebrard a la cabeza, y del Revolucionario Institucional con Enrique Peña Nieto, éste último en un posicionamiento electoral claro de ventaja. A estas alturas no se vislumbra un aspirante de la talla de ambos por el lado panista.
Madero deberá conciliar grupos, principalmente el de Los Pinos, para enfrentar batalla, lo cual resulta seriamente complicado.
Por otro lado, los acercamientos de Ebrard con la Iglesia Católica y con las fuerzas económicas conservadoras del país, indican una candidatura en coalición PRD-PAN, sin un panista a la cabeza. Las primeras declaraciones de Jesús Ortega, felicitando a Madero, así lo vislumbran.
Por Encima de todo, Madero deberá demostrar desde la cúspide de dirección partidista que puede lograr consensos con las fuerzas políticas, y no solo de su aliado electoral, por encima de la superficial simpleza presidencial de aplastar al PRI, en un pensamiento autoritario: Madero tendrá que pensar como hombre de Estado, de instituciones, de gobernanza.

Responsabilidad ética y social

El tema es verdaderamente delicado pero de gran relevancia en busca de establecer la existencia de límites éticos y de responsabilidad social en el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión, o si éstos vagan libremente sin cumplir, ni aún mínimamente, con estas limitaciones personales o de orden comunitario.
La libertad de expresión es la posibilidad de manifestarse a través del habla o de la conducta misma, señas o signos, incluso el silencio, la ausencia de comunicación que también puede constituir expresión, sin ningún tipo de cortapisa.
El derecho, en el ámbito internacional, ha establecido, que si bien es cierto, la libertad de expresión no debe ser restringida arbitrariamente en forma directa o indirecta, y ha construido una profusa cantidad de criterios para salvaguardarla, jamás podrá ser sujeta a previa censura, las leyes de cada país podrán establecer reglas para que, en el marco de esa libertad, se asegure el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden, la salud o la moral pública.
Estas consideraciones ratificadas por el artículo treceavo de la Convención Americana de los Derechos Humanos tiene razón de ser en función de que las comunidades construyen reglas para funcionar en armonía, y que esas reglas deben permitir el funcionamiento adecuado de sus órganos de gobierno, con las limitaciones necesarias para evitar abusos de poder, construyendo mecanismos de control institucionales, formales y no formales.
Como los mecanismos formales pueden ser objeto de presión y manipulación institucional, los instrumentos no formales adquieren gran relevancia. Sin embargo, esto no quiere decir que se legitimen sus acciones de presión fuera del marco ético y social.
En el caso de WikiLeaks, un portal hospedado en Suecia y con dirección electrónica china, dedicado a difundir información clasificada mediante una base de datos, estamos frente a un caso de libertad de expresión y no periodismo.
Esta página no procesa información basada en los géneros periodísticos. No realiza periodismo. Difunde la información clasificada tal cual la recibe. El periodismo interpreta la información y la procesa mediante un estilo de redacción universalmente aceptado para hacerlo accesible a los lectores. Wikileaks la presenta tal cual es.
En el caso de las filtraciones publicadas por dicha página, el periodismo lo están realizando miles de periódicos digitales, impresos, televisoras y radio en el mundo. El hecho noticioso es la existencia de una organización dedicada a difundir por la web información clasificada así como el contenido de los cables por ella revelada y el proceso judicial domestico e internacional que le siguen los países que se dicen afectados por la divulgación de dichos cables, donde por cierto México no escapa en un tema sumamente sensible como es el combate al narcotráfico.
¿Viola Wikileaks diversas leyes nacionales e internacionales con la publicación de la información clasificada, vulnerando la seguridad nacional o el orden interno? Claro que lo hace. A nadie le queda duda.
La cuestión es hasta donde pone en riesgo los esfuerzos comunitarios de organización interna en los países para enfrentar sus problemas graves y delicados, subiendo información clasificada en forma indiscriminada, masiva, sin pensar en sus consecuencias.
La libertad de expresión y el periodismo tienen una alta responsabilidad social y comunitaria.

Auditoria política

Los mecanismos de auditoría establecidos en la función pública, ya sean preventivos o remédiales, permiten presumir que es sumamente difícil encontrar que una irregularidad pueda pasar desapercibida en cualquier nivel de la administración.
Pero además, existe un punto de unión entre los órganos de auditoría federal y estatal cuando existe la presencia de recursos del primer ámbito, donde podría decirse, hay una doble revisión.
Probablemente lo difícil es establecer las consecuencias derivadas del grado de responsabilidad individual resultantes y, antes, concluir si realmente existe una irregularidad simple de violación de procedimientos administrativos o estamos frente a una falta que amerita persecución penal.
A nivel federal y estatal se sigue el mismo esquema de revisión, primero a través de los órganos internos establecidos en las administraciones, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública o de las contralorías estatales. Dichos órganos auditan el ejercicio de recursos que ejecutan las diversas dependencias.
Adicionalmente, por sanidad administrativa, los órganos contratan despachos internos para reforzar las tareas desarrolladas por los departamentos de auditoría, en busca de reforzar candados y revisar exhaustivamente procesos que pudiesen estar fallando y, que en consecuencia, trajeran aparejadas deficiencias en el manejo de recursos y su posterior comprobación adecuada.
El tema tiene que ver con el caso de la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García. Ya lo aceptaba recientemente el contralor del gobierno del estado de aquella entidad, aún no se configura una responsabilidad directa de la gobernadora en las presuntas irregularidades administrativas señaladas hace unas semanas, pero la información genera incertidumbre y golpeteo.
La gobernadora García constituye uno de los activos políticos relevantes del sistema político, por el simple hecho de haber ocupado una gubernatura. Independientemente de ello, debe ser sujeta al escrutinio. Ser una figura de ese tamaño no la salva de ello. Sin embargo, la autoridad debe ser cuidadosa en el fondo y en la forma, porque al final, las aseveraciones oficiosas y sin sustento terminan lastimando a la misma administración pública.
Al final, los órganos de gobierno, cualquiera que sea su ámbito, construyen credibilidad ciudadana, hoy severamente lesionada. Por ello, la información debe ser sumamente objetiva y responsable.
No se trata solo de satisfacer designios políticos. Se trata de ejercer cabalmente la misión de trasparencia y rendición de cuentas, lo cual no se colma con el simple hecho de acudir al uso mediático denunciando presuntas violaciones de procedimiento administrativo, sino cumpliendo con los tiempos y procesos de auditoría, que al final, arrojan las responsabilidades especificas, que deberán ser solventadas en términos contables y jurídicos.
Un proceso de auditoría responsable es más efectivo, porque el funcionario es llamado a cuentas con los elementos sobre la mesa y no sobre situaciones que aún deben ser confirmadas, y al hacerlo, distribuir cargas individuales, y en ello, aplicar las sanciones que correspondan.

Alejado de la realidad

El domingo, en horario inhábil, el presidente Calderón encabezó un evento partidista para conmemorar diez años del panismo en la cabeza del Ejecutivo Federal, así como cuatro años de su administración.
En su discurso hizo señalamientos con un alto contenido subjetivo y parcial. Lo hizo en términos generales, acusó y señaló sin establecer expresamente destinatarios.
Habló de un pasado autoritario, omiso y corrupto que no debe regresar.
Dijo, desde el púlpito presidencial, que en su administración campean el estado de derecho y la democracia.
Que alejado esta el señor presidente de la realidad.
Hoy más que nunca el poder presidencial se ha convertido en omnímodo: desde ahí se construye el panismo nacional: se modifican estructuras, se aniquilan y crean liderazgos.
La dirigencia nacional termina por convertirse en una extensión del poder ejecutivo federal: ni sana distancia ni respetuosa cercanía: la institucionalidad, otrora criticada, se convierte en actitud obsequiosa, no cómplice, sino sumisa del dictado presidencial.
El sistema político se pervierte con alianzas que deterioran la gobernabilidad y que no generan claridad en las políticas públicas de administraciones construidas con plataformas ideológicas encontradas, bajo la lógica de la obtención del poder para desplazar al contrincante electoral.
Así, la democracia se convierte en un instrumento de aniquilación electoral: cuando debiera ser tolerante, la democracia encuentra sustento en la intolerancia.
En lo económico, la administración pública federal ha seguido los dictados neoliberales, ahondando la brecha entre los que más tienen con los que menos tienen. Se salvan los programas basados en instituciones que no son de su creación, sino que están basados en el principio de justicia social, cuya denominación no usa, pero que le provee a los mexicanos de un mínimo de estado con filosofía social.
Para colmo, la ineficiencia ha provocado que el problema de inseguridad se salga de las manos y que en un esfuerzo aparente de federalismo, desde el centro se envíen responsabilidades a los estados y municipios, acompañados del discurso solidario de que desde la presidencia se continuará apoyando la lucha contra el crimen organizado, cuando de origen es su responsabilidad.
El Estado de Derecho se lastima profundamente cuando se aprehende a decenas de funcionarios públicos en Michoacán que varios meses después son liberados, con el consecuente daño, no solo a los individuos, sino a la sociedad que ve trastocada su tranquilidad y confianza en el poder público: lo ve caprichoso y voluntarioso.
Hace mal el presidente al hablar del pasado, porque cuando trata de explicar pareciera que hace un análisis del presente, específicamente de su gobierno: un presidente con discurso electorero que trata de obtener votos en lugar de gobernar para todos los mexicanos: que es intolerante y busca aplastar al oponente: que asume una postura mesiánica desde la primera magistratura del país que no construye, divide y enfrenta, provoca ingobernabilidad.
Un presidente, que sin darse cuenta, reproduce vicios del pasado, y de que, en este contexto, contrario a lo que afirma, debilita y cimbra el sistema político, en perjuicio de todos los mexicanos.

Inteligencia y redistribución fiscal

La distribución de responsabilidades debe ir acompañada de la canalización de recursos económicos suficientes.
Esta es una regla general que aplica en cualquier ámbito, no solo en el sector público, pero es donde adquiere un drama mayor, porque las entidades federativas y los municipios constituyen la primera puerta de contacto con las necesidades sentidas de las comunidades.
En México, desde los últimos treinta años existe una tendencia marcada de desincorporar facultades de la federación a favor de los gobiernos de los estados y los ayuntamientos, empero no existe una correspondencia fiscal.
Es cierto. El presupuesto 2011 autorizado por el Congreso de la Unión para fortalecimiento municipal considera una partida presupuestal histórica de 13 mil ochocientos millones de pesos.
Sin embargo esos recursos son insuficientes para que los municipios del país enfrenten sus necesidades para prestar servicios públicos, no se diga para enfrentar con éxito las acciones de prevención de los delitos debido al ingrediente indiscutible del narcomenudeo.
El narcomenudeo ha generado una economía con un impacto en delitos del fuero común. Los recursos generados por esa actividad ilícita financian, sin duda, actividades ilícitas, que en condiciones normales cualquier municipio podría enfrentar, pero que en la situación actual es imposible que así ocurra.
No creo que exista algún estudio que nos diga la trascendencia de ese derrame de 40 mil millones de dólares –fruto de la delincuencia organizada en general- al año en las calles de nuestro país.
¿Cuánto de ese dinero queda en manos de las familias de los delincuentes?, ¿cuánto utilizan ellos mismos para cometer otros delitos? ¿Cuál es la naturaleza de los delitos cometidos para efectos de competencia y responsabilidad en la atención?
En condiciones ordinarias los agentes municipales de una localidad pequeña podían imponer el bando de policía y buen gobierno. Ahora no lo pueden hacer, porque quienes cometen las faltas por lo regular están armados. Imponen su ley de terror ante una incapacidad del Estado Mexicano por más esfuerzos que pudieran existir por parte de las entidades o los municipios, porque estamos frente a un problema de atención central, federal.
Esos recursos autorizados tienen un alto componente en materia de seguridad. Adicionalmente se contemplan aportaciones por siete mil millones en un fondo especial más cuatro mil en seguridad municipal.
Aún así no es suficiente.
Se requiere mayor apoyo fiscal. Resarcir el tejido social. Generar mayores recursos para mejorar servicios y brindar oportunidades a los jóvenes y empleo a los adultos. Ahí tiene que existir mayor recurso federal.
En lo policiaco, el presidente Calderón admite que es necesario reconfigurar el operativo. La inteligencia es la clave. Así lo señalaron los gobernadores, principalmente César Duarte de Chihuahua, en la reunión nacional de seguridad. Pero además así lo demuestran los últimos operativos exitosos.
Inteligencia por encima de la militarización de las calles. Y mayores recursos a las entidades y municipios.

Un revolucionario clave

En apariencia, no debería ser difícil para los historiadores ponerse de acuerdo en relación con la entidad federativa que tenga que ser considerada como Cuna de la Revolución Mexicana, aunque existen varias de ellas que se disputan tal honor.
En Puebla, el 18 de Noviembre de 1910, los hermanos Serdán se enfrentaron a los cuerpos de policía con fines revolucionarios.
Coahuila de Zaragoza pelea también el honor por el inicio de la Revolución, porque es ahí donde vio la luz el presidente Francisco I. Madero, quien escribió en esas tierras “La sucesión presidencial de 1910”.
San Luis Potosí, por el mérito de haber sido sede del Plan de San Luis, escrito durante el arresto momentáneo de Madero por orden de Porfirio Díaz, también pelea la distinción.
Sin embargo, Chihuahua tiene, por orden cronológico, una importancia vital en la Revolución. El 14 de noviembre –cuatro días antes que Puebla- Toribio Ortega encabezó a un grupo de setenta pobladores, desde Cuchillo Parado, para alzarse en contra del régimen porfirista.
Ortega no fue un improvisado en ideas políticas. Si bien era un comerciante dedicado a sus tareas, también lo es que nunca se desentendió de sus responsabilidades ciudadanas, porque desde su regreso a Chihuahua -tras una breve estancia en la ciudad de México- asumió una posición agrarista en contra de los terratenientes Creel y Terrazas.
Fue un permanente adversario del régimen de Porfirio Díaz, presidente del Club antirreeleccionista de Cuchillo Parado, apoyo la fórmula Madero-Vázquez Gómez.
Su intervención en la Revolución no se limito al 14 de noviembre: luchó al lado de Abraham González, bajo las órdenes directas de Pascual Orozco, combatió para tomar Ojinaga y Chihuahua.
En 1912 asume las armas de nuevo para combatir a Orozco quien se había rebelado contra el presidente Madero. Tras la decena trágica reasume las armas al lado de Francisco Villa, teniendo una participación decidida en batallas celebres como la toma de Zacatecas.
Por eso, creo que relativamente es fácil para los historiadores determinar donde inició la Revolución.
Lo difícil será para los diputados federales llegar a un consenso.
Actualmente tres entidades federativas han sido declaradas por sus legislaturas locales como cuna de la revolución: Coahuila, San Luis Potosi y Chihuahua.
Eso no es relevante. Lo importante es atender al juicio de la historia.
La figura de Toribio Ortega se yergue imponente durante seis años de la época revolucionaria, al lado de diversos caudillos claves, desde que tomó las armas, el primero en el país, hasta las célebres batallas junto a Villa.
Seguramente cabalgó al lado de los modernos centauros del norte el pasado catorce de noviembre por las calles polvorosas de Cuchillo Parado. Igual que en su momento, mientras en el centro del país se discutían las cosas, en Chihuahua se actuaba. Ese es y será su mérito.

Educación y padres de familia

Es difícil equivocarse si establecemos que la educación es uno de los caminos que deben recorrer las sociedades para desarrollarse.
Es decir, existe una íntima vinculación entre el desarrollo de cada país y el grado de esfuerzo educativo desplegado.
Esa vocación educativa, es cierto, no debe ser exclusiva del sector público, porque los particulares están llamados a generar diversas oportunidades que le están vedadas al ámbito gubernamental en por razones de suficiencia presupuestal y obstáculos naturales de una maquinaria burocrática.
Sin duda falta mucho por hacer no solo en términos de infraestructura y atención cuantitativa, sino también cualitativa.
En el ámbito nacional, en el ciclo escolar 2002-2003, a fin de cursos se registró una inscripción total en educación básica de 24.9 millones de alumnos. El porcentaje de reprobación fue de 5.4% en primaria y 18.9% en secundaria: dos de cada diez estudiantes reprueban en educación media.
Esto no es nada: en Bachillerato el índice de reprobación reportado por Inegi en aquel lejano año fue de 39.2 por ciento, cuatro de cada diez alumnos.
Se insiste acerca de las fallas estructurales del sistema educativo. La presencia de un sindicato al cual se atribuyen resistencias para mejorar la calidad y la eficiencia.
También, hay verdad, falta mayor inversión federal de acuerdo a estándares internacionales donde se vincula el gasto en proporción al Producto Interno Bruto. Por ejemplo, México invierte el 5.3 del PIB contra un 14 por ciento en Cuba.
Sin embargo, concediendo la existencia de estas fallas del sistema educativo que son graves y afectan decididamente el aprovechamiento del alumno, porque generan saturación en las aulas, deficiencias en la ejecución de los programas, mal ambiente laboral para los docentes e inadecuada distribución salarial, el problema de la educación es de todos.
Nos decía un maestro, orientador de secundaria, que si antes el padre de familia y el maestro constituían el origen del ochenta por ciento de la información que recibía el alumno, ahora, las cosas se han invertido: el medio ambiente suministra ese ochenta por ciento y los padres y maestros han sido desdibujados del proceso educativo.
Por el lado de los padres de familia hay cada día menos atención a sus hijos virtud a las cargas de trabajo diario. Las relaciones familiares tienden también a ser un factor de afectación emocional hacia los hijos, que se ven sometidos continuamente a tensiones por el incremento de violencia en sus diferentes grados.
La solución al problema educativo esta en las políticas públicas macro, donde se requiere una reorientación financiera para hacer frente a la inversión necesaria; es necesario romper paradigmas y entrar auténticamente a la dinámica de calidad y eficiencia.
Empero, el padre de de familia tiene mucho que aportar, construyendo un entorno grato y confortable para que los niños y jóvenes acudan a la escuela en condiciones de obtener el máximo aprovechamiento, en una decisión de cercanía, autoridad, supervisión, respeto y cariño, indispensable en el proceso de adquisición de conocimientos.

Transparencia contra crimen

La transparencia es un mecanismo ciudadano de rendición de cuentas dentro de un sistema democrático de gobierno.
Tiene una doble función, porque a la vez que genera convicción de una especie de co-gobierno en el ciudadano al conocer la forma en que se están haciendo las cosas, provoca en él una corresponsabilidad al participar de la información, generando legitimidad en las acciones de sus representantes.
Esto es, la transparencia permite que se conozcan los documentos para que, a través de ellos, se llegue al conocimiento de las resoluciones de la autoridad, en sus diversas materias, ya sean administrativas, jurisdiccionales o legislativas.
Del estudio de la información se realiza una evaluación ciudadana, en el fortalecimiento de una especie de contraloría social, donde todos, –en teoría- todos, podemos conocer de todo, con sus excepciones muy definidas y acotadas no solo en el ámbito estatal, sino federal, con criterios que deben siempre privilegiar la máxima apertura en detrimento de cualquier opacidad.
La transparencia es una institución joven que deberá evolucionar al siguiente paso, que es la rendición de cuentas. En este sentido se podrá conocer no solo el que y el cómo, sino el porqué de la actuación pública.
Esta es la tendencia internacional en un esquema que rompe paradigmas ante la crisis del estado democrático, donde las conductas antisociales, muchas de ellas, antijurídicas, se despliegan con rasgos de impunidad.
En la democracia, entendida como la máxima expresión de la libertad ciudadana, florece el crimen en sus diversas manifestaciones, como la corrupción, el narcotráfico, el secuestro, entre muchos otros, carcomiendo a todos los sectores sociales sin excepción.
Siendo así, el sector público también se ve invadido, es presa codiciada porque constituye el responsable primigenio de conservar el orden en beneficio de la colectividad. Por eso, el crimen siempre busca contaminarlo.
Evitar esta situación es una de las principales preocupaciones de los gobernantes. Para ello cuentan con una serie de instrumentos, entre ellos la transparencia y por supuesto, la rendición de cuentas. La transparencia, entonces, fortalece al Estado Democrático y lo blinda frente a los embates de la delincuencia organizada.
Seguramente forma parte del concepto expresado por el gobernador César Duarte cuando manifestaba, en su discurso primero como gobernador, la imperiosa necesidad de regresar al orden y acabar con la impunidad, en una alianza social que combata el lastre que amenaza a la comunidad entera.

Mecanismo urgente

La muerte en Matamoros del colega periodista Carlos Alberto Guajardo Romero, en la refriega del fin de semana en un operativo policiaco contra un importante cabecilla del crimen organizado en el país, patentiza la urgencia con la cual se debe impulsar desde el ámbito nacional el mecanismo de protección para los comunicadores bajo un esquema horizontal de consenso que le provea de la necesaria legitimación.
Es cierto. El acuerdo firmado por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituye un avance en la construcción de medidas que protejan la seguridad de los periodistas y se aliente –y no inhiba- el ejercicio de la libertad de expresión.
Sin embargo, ambas instituciones han dejado de lado una amplia consulta con las asociaciones de periodistas del país, y sobre todo, las experiencias de los colegas que desempeñan su labor en una situación de alto riesgo, como es el caso de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa o Baja California.
El acuerdo considera el establecimiento de mecanismos para sustraer de sus lugares de trabajo a los periodistas en riesgo, acciones de protección social así como protocolos de actuación de periodistas en cobertura de sucesos de alto impacto, así como practicas ideales del ejercicio profesional.
Estos elementos no son una novedad. Mecanismos internacionales en la materia lo contienen, principalmente Colombia. Chihuahua avanzó desde mediados del año con un mecanismo idéntico.
Lo que se requiere en el ámbito nacional es un amplio consenso en relación con las medidas y evitar la imposición desde la cúpula de un mecanismo que carezca de la legitimidad para su aplicación.
Esto es importante porque, si bien es cierto, muchas de las acciones tienen que ver con capacitación y sensibilización a cuerpos policiacos en todos sus niveles, también lo es que los periodistas deberemos romper paradigmas y comprender que la cobertura, en todos sus procesos, se ha modificado y ante ello debemos asumir nuevas conductas para seguir informando.
Esas nuevas conductas tienen que ver con acciones individuales y colectivas, incluso, con participación de las mismas empresas, que deberán revisar políticas editoriales, en busca de proteger al periodista.
El reto es grande. Las autoridades en el ámbito nacional tienen que acelerar la marcha para obtener un producto adecuado y consensado para que pueda ser de aplicación real, y que privilegie la máxima difusión de la información bajo condiciones de seguridad.
Es urgente que ocurra así. Mientras tanto es importante que los colegas asuman protocolos estrictos de cobertura.

Omisión partidaria

Los partidos políticos son instituciones políticas fundamentales en una democracia. Nadie puede cuestionar este hecho.
Por tal motivo, el sistema electoral ha fortalecido a los partidos dotándolos de una armadura constitucional y legal en sus decisiones internas, donde nadie puede incidir.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y sus similares en los Estados, consideran una serie de actos que son de estricta resolución interna, y solo en caso de vulneración al procedimiento en perjuicio de los derechos políticos de los militantes, existe la posibilidad de recurrir a una segunda instancia.
Esto significa que los partidos están obligados a resolver en primera instancia en relación con los recursos que intenten sus militantes, como podría ser en el caso de elecciones internas para decidir a sus dirigencias.
El Partido Acción Nacional vive en estos momentos un proceso de selección del titular de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, donde se han registrado varios candidatos, entre ellos el chihuahuense Gustavo Madero Muñoz, quien se perfila como el favorito desde la catapulta natural de su posición en el Senado.
En ese marco, otro aspirante, Roberto Gil Zuarth, quien se dice, es el ungido por el presidente Calderón, fue impugnado al no cumplir con uno de los requisitos elementales de postulación, que es el periodo de militancia mínimo que es de tres años.
Ante la queja, el partido se lava las manos y envía el asunto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el argumento de que la hipótesis planteada no está señalada estatutariamente para su resolución.
En sí, con el traslado a una instancia jurisdiccional externa, el Comité Ejecutivo Nacional está resolviendo tácitamente, porque con su postura avala el registro de Gil, considerándolo desde el punto de vista fáctico como procedente en función de la inexistencia de un procedimiento que lo sancione.
Lo ideal es que, ante la ausencia de un procedimiento, tendría que ser la instancia interna correspondiente, en este caso el responsable de operar las elecciones internas, quien debiese dictaminar, a la vista de los estatutos y de la conducta señalada.
La omisión al respecto envía un mensaje inadecuado a la militancia de dicho partido así como a la población en general, en un asunto delicado, porque está en juego, nada menos, que la sucesión del partido en el poder, a dos años de las elecciones presidenciales.
En términos generales, los partidos no pueden ser omisos en la resolución de sus conflictos internos, en función de que gozan de una autonomía que los blinda frente a la injerencia de factores externos.
Es obvio que César Nava cuida su situación política personal ante la cauda de intereses prevalecientes. Lo malo es que debilita a un órgano clave en el juego de poder.

Terrorismo y lucro

Ojalá sea un equívoco, pero todo parece indicar que la violencia ha evolucionado de un simple instrumento de negociación económica del crimen organizado a un esquema de auténtico terrorismo, para ampliar la presión social sobre las empresas que no han accedido a sus pretensiones.
Esto parece ser la lectura del ataque a camiones que transportan personal de la industria maquiladora en Ciudad Juárez, que como sabemos, aún y cuando ha menguado en su importancia, sigue siendo una de las principales actividades económicas de la frontera, sustento de miles de familias, fuente de atracción de inversión extranjera y, en algunos casos especializados, desarrollo de nueva tecnología.
Es obvio que por el momento esta apreciación es solo eso, una lectura de un hecho, pero que da luz acerca del tono que adquiere la escalada de violencia relacionada con la delincuencia organizada y una de sus acciones económicas torales, después del tráfico y comercio de drogas, que es la extorsión.
Es preocupante, muy preocupante, que en la negociación en torno a la obtención de lucro, el crimen organizado utilice ataques indiscriminados como el ocurrido en contra de los camiones de transportación de personal.
No podemos hacer otro análisis de este hecho, salvo que se determinara por las periciales de la autoridad que el ataque estaba dirigido quirúrgicamente a las cinco personas fallecidas o a alguna de las poco más de diez lesionadas, por alguna situación particular.
En tanto pudiese ocurrir esto, los acontecimientos envían una señal de alerta, que ya se anticipaba en medios nacionales por especialistas en la materia, acerca de las experiencias en la evolución de método de crimen organizado en otras latitudes, como es el caso de Italia o Colombia.
En aquellos lugares, en algún momento, se utilizó el terrorismo social para forzar negociaciones y obtener lucro mediante la extorsión. Las empresas se sienten presionadas en busca de proteger, naturalmente, uno de sus elementos fundamentales que es el capital humano y su crédito social ante la comunidad.
Es sumamente perverso y delicado el juego, a través del mensaje enviado por los hechos, donde en contraparte debe anteponerse un reforzamiento en las tareas de coordinación institucional y en las acciones de inteligencia, así como en la prevención y vigilancia, con los nuevos parámetros que las actuales condiciones exigen.
Se han dado pasos sustanciales en ese sentido. La reunión entre el gobernador de Chihuahua César Duarte y el Presidente Calderón marcaron esas y otras prioridades, en el reconocimiento de competencias, compromisos comunes y acciones contundentes, como es la policía bajo un mando único y el endurecimiento de penas hasta llegar a la prisión vitalicia en contra de quienes cometan crímenes horrendos, que por supuesto, como sociedad, nos llenan de estupor e indignación.

Una corte democrática

De gran relevancia resultan los precedentes que la Suprema Corte estableció el día de hoy en materia electoral, sobre todo en dos aspectos torales de la vida política del país: las candidaturas comunes y el uso de los medios privados de comunicación social en campañas electorales.
En relación con la primera, los ministros consideraron que cuando un candidato común obtiene diversos sufragios en una sola boleta, debe contar como un solo voto en su favor, y jamás computarse en beneficio de cada uno de los partidos políticos postulantes.
Podrá cuestionarse la relevancia de tal decisión cuando se trata de presidentes municipales, gobernadores o presidente de la república, porque al final de cuentas, el voto únicamente tiene utilidad para acumularse a favor del candidato y carece de función adicional como ocurre en las candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, en donde el voto tiene la función, convertido en porcentaje, en servir de elemento para distribuir diputados por el principio de representación proporcional, conservar el registro como partido ya sea en el ámbito estatal o federal y base para la distribución de prerrogativas financieras.
Luego entonces, la trascendencia habría que encontrarla en candidaturas comunes de aspirantes a una curul, donde los votos podrían duplicarse o triplicarse, generando una ficción en los porcentajes, que ya vimos, tienen una utilidad importante en el sistema electoral.
El otro punto, importante, muy importante, que la Corte resolvió con motivo de una acción de inconstitucionalidad planteada por diversos partidos en el Estado de Coahuila, se refiere a un afán controlador de los medios de comunicación impresos.
Resulta que en aquellas tierras el legislador pretendió meter en el mismo morral de los medios de comunicación electrónicos a los medios impresos, en materia de publicidad con fines político-electorales.
Como sabemos, actualmente es monopolio de los partidos políticos difundir mensajes publicitarios en radio y televisión, a través de un procedimiento que se sigue ante el Instituto Federal Electoral, con auxilio –en elecciones locales- de los institutos estatales electorales. Nadie puede contratar publicidad electoral, ni siquiera los mismos partidos.
Lo mismo quiso hacerse con los periódicos y revistas: solo los partidos podrían contratar publicidad en ellos, solo que se le olvido algo al legislador coahuilense, que los medios impresos se diferencian de los electrónicos en que éstos últimos son concesiones del gobierno federal porque utilizan el espacio radioeléctrico, propiedad de la nación, y por ende, pueden ser sujetos a este tipo de regulación.
Los medios impresos constituyen empresa privada, y por lo mismo, están sujetos a otro tipo de reglas, distintas a las que aplican a los concesionarios o permisionarios de medios electrónicos, cuyas restricciones para ofertar espacios en campañas electorales ha sido criticada como un elemento restrictivo de la libre expresión de las ideas y de la construcción de un auténtico estado democrático.

Mexicanidad y periodismo

La mexicanidad como genuino espíritu nacionalista, arraigado en el corazón de quienes vivimos y morimos en este país fue uno de los ejes principales del pensamiento vasconcelista.
El Ulises Criollo, La Tormenta, El Desastre, el Proconsulado, La Flama, entre otros, resultan un grito desesperado del maestro de América por rescatar la fuerza y dignidad del mexicano, mediante un proyecto nacional basado en la educación.
Sabía Vasconcelos que el conocimiento es un elemento fundamental para el desarrollo de los pueblos, y que su ausencia, por tanto, es el principio elemental de la tiranía.
Un pueblo ignorante y sin dignidad es presa fácil del lenguaje populista y demagógico de los caudillos dictatoriales.
Por ese motivo mandó imprimir cientos de miles de textos para distribuirlos por el país, en una gran cruzada por desterrar la ignorancia; además, impulsó la construcción y mejoramiento de instalaciones educativas y luchó por la autonomía universitaria junto a Caso Lombardo y Gómez Morín.
Recordar a Vasconcelos, sin duda, es una necesidad permanente de los mexicanos.
A ello se refirió Carlos Carrera Robles, comunicador del gobierno de César Duarte, en su alocución durante la entrega del Premio de Periodismo que anualmente edita el Foro de Periodistas de Chihuahua y que lleva por nombre el del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Carrera, a nombre del gobernador, agradeció a los periodistas por recordar a Vasconcelos cada doce de octubre con motivo del reconocimiento entre pares.
Conocedor de la historia de México y del pensamiento vasconcelista, el arquitecto Carrera delineo el pensamiento de uno de los principales filósofos, políticos y educadores que ha tenido nuestro país.
José Vasconcelos Calderón acompaña al Premio de Periodismo de Chihuahua desde hace dieciséis años. Su efigie aparece en una de las caras del centenario acuñado año con año con motivo de esta fiesta periodística.
No cabe duda que el pensamiento Vasconcelista encuentra similitudes en la actividad periodística, desde el afianzamiento de la mexicanidad hasta el espíritu luchador por detonar el crecimiento intelectual y cívico del pueblo, donde la moral pública, la solidaridad y la justicia, son valores perennes.
Un periodismo de contenido que estimule a la crítica, pero que ayude a construir permanentemente un mejor modelo de sociedad.

Transparencia y gobernabilidad

El sistema electoral mexicano es un modelo complejo por la multiplicidad de candados para garantizar que cada voto cuente y se cuente.
Esa complejidad tiene un costo, que en términos reales es bastante bajo en comparación con la afectación que en el mercado de divisas tiene una situación de o inestabilidad política.
Esto es: el sistema electoral ha soportado el vendaval político provocado por una diferencia de punto cincuenta y tres en una elección presidencial con éxito.
Si la gente no salió a la calle a manifestarse masivamente fue porque existe confianza en los resultados: los electores los consideramos legítimos, aún cuando pudiésemos no estar de acuerdo con ellos.
Esa legitimidad proviene precisamente del largo enunciado de candados establecidos, desde la credencial de elector y las boletas con sus medidas de seguridad, hasta la conformación ciudadana de las mesas receptoras de votos y la integración plural de los organismos municipales, distritales, estatales y federales.
El ciudadano advierte, en alguno de los elementos, la posibilidad creíble de legitimidad. Incluso alguien pudiese pensar en la revisión de una autoridad distinta, fuera de las entidades federativas, como la característica indispensable de imparcialidad.
Por ese motivo, la renovación de cada órgano es fundamental para generar confianza, como en este caso ocurre con el consejo general del Instituto Federal Electoral.
Se habla de establecer la transparencia como elemento indispensable de legitimidad en la elección de consejeros. Creo que es cierto, es importante que así sea: que la renovación ocurra de cara a la sociedad, para que luego no se rompan acuerdos por simples caprichos, y –en su caso- todos seamos testigos de ello.
Pero me parece más importante el acuerdo de los actores políticos, porque al final de cuentas son ellos quienes deben acatar las determinaciones adoptadas de conformidad con el orden legal y constitucional vigente.
De nada sirve que haya transparencia si los consejeros designados no generan confianza en los actores o si estos, los consejeros, olvidan que forman parte de un órgano en esencia político, que requiere cierta flexibilidad para enfrentar los retos que plantea el alto nivel de competencia existente en la disputa por el poder.
La flexibilidad en decisiones que generan gobernabilidad, en el marco e imperio de la ley, puede resolver una situación de crisis en una democracia. Por ello el análisis de los próximos consejeros no es tan simple como un examen de conocimientos o el mayor nivel académico; ambos son elementos necesarios e indiscutibles, pero no deben ser los únicos: debe ponderarse el mayor consenso, la experiencia y el perfil para enfrentar situaciones de alta presión.
Nada fácil la decisión.
EN EL TABLERO…Felicidades a Teodoro Rentería Arroyave, amigo y líder moral del periodismo en México, por la continuidad en la presentación de su libro “Mi vida son mis amigos” por el territorio nacional, en esta ocasión Chiapas, acompañado por nuestra dirigente nacional Hilda Luisa Valdemar y el siempre distinguido compañero José Antonio Calcaneo…

Acciones contundentes

Uno de los pilares del Estado moderno es el principio de legalidad. Nadie puede actuar de manera tal que vulnere los derechos del resto de los ciudadanos, aún y cuando esté investido de alguna autoridad, ya que se encuentra sujeto –con mayor razón por la lógica elemental del ejemplo- a cumplir con la norma.
Los ciudadanos deben comprometerse y convivir en un estado de armonía, como requisito indispensable de la vida en sociedad. Por tanto, todas sus actividades se sujetan a las reglas morales que la comunidad acepta como valores de interacción social, así como al orden jurídico establecido.
Es imposible que un comunidad sobreviva en el caos, donde la ley del más fuerte se impone, porque tarde que temprano hay un aniquilamiento total de las personas. La fuerza es el origen primigenio del poder, pero ya institucionalizado conforma normas, legitimándose frente a los ciudadanos, porque teniendo como principio la igualdad, la única diferencia entre unos y otros es la capacidad de desarrollo personal e intelectual.
El orden jurídico y moral en una sociedad siempre está en conflicto con personas que buscan hacer de la anomia un modo de vida: el resquicio legal protegido por la impunidad, los alienta a mejorar su condición por medio de la fuerza.
En ese marco debe señalarse a las actividades ilegales como el tráfico y comercio de drogas, la prostitución, la extorsión, el secuestro, entre otras muchas conductas sancionadas socialmente y castigadas desde el punto de vista penal.
Frente a esas conductas, la fuerza legitima del Estado, no solo tiene el derecho, sino la obligación de asumir acciones contundentes y terminantes para eliminar el riesgo que plantean al orden social, con respeto a los principios universales de derechos humanos y al mismo ordenamiento legal.
Por ese motivo, cuando se anuncia la imposición de cadena perpetua para extorsionadores, secuestradores y homicidas múltiples por parte del gobernador César Duarte, se abre una expresión de sanción ejemplar y agresiva, dentro de los límites humanitarios y legales, para romper con una espiral de violencia que agobia a chihuahua y al país.
Es cierto, no toda la solución es sancionatoria, pero es la vía para manifestar la voluntad del Estado en contra de las acciones que vulneran la tranquilidad de los hogares de familias cuyos integrantes, todos los días, en la casa, en la escuela y en el trabajo, impulsan la consolidación de una comunidad armónica.

Educación superior de calidad

Los procesos de calidad y eficiencia tienen que alcanzar a todo el sector público, como un mecanismo de mejora continua en los servicios.
Dentro del sector público una de las áreas más sensibles es la educativa, especialmente la superior, que forma profesionistas críticos preparados adecuadamente para integrarse a las actividades productivas.
El mecanismo para evaluar a los programas y procesos educativos son la certificación y la acreditación, desarrollados por auditores externos para evitar cualquier influencia que pudiese pervertir los indicadores.
Actualmente las instituciones de educación superior que se precien de serlo deben someterse a los procesos de certificación y acreditación, ya no solo como un mecanismo de marketing, sino como la única puerta de acceso a recursos de entidades nacionales e internacionales.
Así lo ha hecho la Universidad Autónoma de Chihuahua bajo la rectoría de Raúl Chávez Espinoza y, particularmente, la secretaria Académica de Alfredo de la Torre, quien recién toma protesta como director de la Facultad de Contaduría y Administración.
Recientemente la UACH recibió la certificación de la norma internacional ISO 9001-2000 efectuada por la Casa de Registro Noruega DVN, Det Norke Ventas, La Verdad Noruega, en una evaluación que permitió acortar la curva de aprendizaje.
En este caso, la universidad sometió a evaluación los seis puntos básicos de supervisión, como es la aplicación del examen de admisión, titulación y expedición de cédula profesional, otorgamiento de becas, emisión de credenciales, unidad de estadística y coordinación administrativa.
La certificación valida la plataforma que contiene los lineamientos documentados precisos y claros para realizar las actividades de la gestión y operación, además de los indicadores de desempeño como herramientas de control y mejora continua de gestión y operación.
Esta certificación, sumada a muchas más de la misma naturaleza así como a la acreditación de programas, hizo que la Secretaría de Educación Pública, hace un par de años, extendiera un reconocimiento especial a la Universidad por el hecho de que el cien por ciento de sus programas fuesen de calidad.
Estos procesos de auditoría académica y de procesos deben constituir base fundamental de la continuación del trabajo en la rectoría, como un instrumento de perfeccionamiento, ahora bajo la egida del Maestro en Ciencias Enrique Seañez Saenz, con el acicate de la revaloración social de la educación superior pública, como formadora democrática, plural y con sentido social de los líderes que la comunidad requiere.
EN EL TABLERO…Un sentido pésame por el deceso de los compañeros Javier Benavidez y Aurora Molina, ambos colaboradores de la Organización Editorial Mexicana, el primero en Delicias y la segunda en Cuauhtémoc…Coincidentemente murieron a raíz de un accidente automovilístico…Aurora es colega desde mediados de los ochentas, cuando inicia en la redacción del Heraldo de Chihuahua…Desde hace un par de años era la representante del Foro de Periodistas en Cuauhtémoc, donde fungía como delegada, por lo tanto, hay una doble perdida, como colega y como líder gremial…Descansen en paz…

Un auténtico federalismo fiscal

Le dio de pronto al gobierno federal un ánimo desconcentrador, que no descentralizador de funciones.
Se le ocurrió que no tenía por qué cargar con las responsabilidades que le otorgó el constituyente del diecisiete y sin más decidió recurrir a la estratagema de enviar el dolor de cabeza a las entidades federativas.
Así lo hizo con el sector salud y el sector educativo, donde se compromete exclusivamente al envío de recursos para pago de nómina y a la construcción de inmuebles, cediendo la responsabilidad política y administrativa de atender dichos ámbitos a las entidades federativas, reservándose únicamente la rectoría.
Es decir, se guarda el derecho de marcar la pauta desde el centro del país, concentrando la suficiencia presupuestal idónea para hacer frente a dichas tareas y cuidando el aspecto político de las relaciones laborales a través de la titularidad de las relaciones con los sindicatos, que continúan siendo federales.
Mientras envía a las entidades federativas responsabilidades, se cuida de no soltar los recursos económicos, en un auténtico sentido federalista, porque federalismo que no incluye el apartado hacendario, es un federalismo que se convierte en una carga económica y un problema constante.
Es cierto: el sistema federalista implica una mayor democratización de las decisiones con la intervención decidida de los órganos de gobiernos estatales y municipales, pero poco tiene de democrática si los recursos continúan centralizados.
En este sentido, la Convención de Gobernadores ha impulsado la revisión del apartado hacendario con poco éxito. Existe una natural resistencia del gobierno federal, bajo un acendrado pensamiento centralista.
No nos engañamos, México se encuentra en pañales desde el punto de vista fiscal en relación con el Producto Interno Bruto: se requiere una mayor recaudación para acabar con la dependencia del recurso petrolero.
El circulo vicioso lo puede romper una coordinación fiscal equitativa y no leonina, para que las entidades sean incentivadas hacia una mayor captación recaudatoria y los ciudadanos tengan una mayor disposición contributiva derivada de los beneficios tangibles que la misma puede producir, fuera de la intangibilidad actual.
Tarea difícil pero de necesaria atención, para lo cual, desde la posición del PRI encabezara el abogado José Reyes Baeza Terrazas, en una continuidad a los trabajos desarrollados en el seno de la CONAGO, de cuya experiencia, esperamos, surja un nuevo modelo de coordinación fiscal, bajo la visión de largo aliento de un esquema propiciador de un desarrollo equilibrado para el país.

Pragmatismo y candidatura común

Los partidos políticos son instrumentos ciudadanos en la renovación periódica del poder. Su nombre lo dice todo: se llaman partidos porque representan una parte de los intereses de la sociedad o una porción ideológica de la misma.
En los primeros se encuentran, por ejemplo, los partidos de gremio que obedecen a los intereses de algún sector. En el caso de México podría decirse que el Partido Nueva Alianza es un partido gremial, porque representa a los maestros, aún y cuando formalmente no se reconozca. En los segundos, están los partidos de derecha –PAN-, izquierda –PRD- o centro –PRI-.
Es natural a los partidos que estos obedezcan a diversos intereses o ideologías. Lo antinatural es que representen todos o algunos de ellos lo mismo, porque en una democracia el distintivo es la competencia electoral, o sea, la disputa por el poder, mediante una oferta variada al electorado.
Cuando esa oferta se elimina o acaba, la competencia electoral se convierte en una farsa, eliminándose el juego democrático. Esa oferta puede ser manipulada no solo empatando los intereses o ideologías, sino recluyéndolas en el baúl de los recuerdos, y recurriendo al más puro pragmatismo para obtener el poder con el único afán de su ejercicio, en busca de eliminar a los contrincantes electorales.
Hay partidos que entre sí tienen diferencias pequeñas en sus intereses o ideologías: pueden enarbolar un mismo esquema económico, político y social. Por lo tanto, cuando se unen para competir es muy difícil que la sociedad se diga engañada, porque al final de cuentas, son tantas las similitudes que se encuentra un tanto natural que caminen juntos en la justa electoral.
El problema es cuando las ideologías son tan distantes que mediante un simple pragmatismo los partidos se coaligan o unen en busca del poder, con una plataforma electoral que obedece exclusivamente a la administración con acento en un uso democrático, eficiente e incluyente del poder.
La cuestión es que desde la óptica de derecha, izquierda o centro, la acepción gobierno con esas características es distinta, y en no pocas ocasiones encontrada. Además, la experiencia indica que se gobierna y administra con los afines, en un sistema presidencial que abarca los esquemas estatales y municipales, y que requiere necesariamente unidad de mando y subordinación jerárquica desde la cúspide de la unidad administrativa.
¿Cómo evitar la parálisis en una administración donde los secretarios obedecen a una línea ideológica o de intereses distinta? Eso habrá que verlo en los gobiernos de Sinaloa, Oaxaca y Puebla, grandes laboratorios del ejercicio pragmático de gobierno.
Mientras la candidatura común es sumamente flexible en lo ideológico, la coalición cierra la plataforma al obligar a presentar una sola, por lo cual si la intención es meter al orden a los partidos políticos en sus ofertas al electorado, esta última parece la mejor solución.
Claro, la coalición presenta otro elemento de rigidez, que los partidos coaligados aparecen en un solo logotipo en las boletas electorales, en el sitio que ocupa el partido más antiguo, y no con todos sus logotipos, donde tienen la ventaja de la sumatorias de sus votos duros.
La coalición implica un mayor esfuerzo de difusión y convencimiento, mientras la candidatura común es un esquema más cómodo.
La pregunta es si los ciudadanos merecen un mayor esfuerzo de los partidos en la contienda electoral o necesitan la reducción de candados, independientemente del factor real de poder que permite a las mayorías imponer legislaciones que permiten una mejor plataforma en la contienda.
Al final el argumento es válido: existiendo en el país diversos formatos de competencia, unos que permiten solo la coalición, otros una coalición matizada con elementos de candidatura común –como el sistema electoral federal- y unos más que contemplan solo la candidatura común, es bien difícil que la sala superior puede encontrar un elemento restrictivo de la contienda democrática en el Estado de México, a raíz de la reforma, sin aceptar la facultad legislativa autónoma de la esfera estatal en la materia, cumpliendo con los mínimos garantes de la equidad en la competencia electoral, como parece que está ocurriendo.
De fondo, claro, la competencia por el poder, el antecedente 2010, para brincar 2011 y posicionarse en 2012.
EN EL TABLERO…Mis más sinceras condolencias a la familia del señor ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, por su fallecimiento en días pasados…Conocí al maestro Gudiño hace algunos años, en 2004 para ser exactos, gracias a la intervención de la Doctora en Derecho y actual Consejera del IFE doña Macarita Elizondo Gasperín; me visitó en cabina en Radio Universidad para el programa de radio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua…De una charla amable y profunda, conversamos acerca de todo y de nada…Descanse en paz…

¿Cuál favor?

Las entrevistas de Don Mario Vázquez Raña a interlocutores de talla nacional e internacional son siempre interesantes. De hecho, la última vez que lo vi en sus oficinas en la ciudad de México, me hizo el favor de obsequiarme una edición especial de ellas. Se trata de varios compendios con decenas de charlas que retratan la situación de México y el mundo desde distintas ópticas, pero que en conjunto permiten formarse un criterio puntual tanto del acontecer actual como de sucesos históricos.
Pero además, las entrevistas permiten acentuar y enderezar la crítica. Generan material interesante. Precisamente, hace unos días se transcribe una conversación con el secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, quien afirma que la presencia de la policía federal y el ejército fue a petición del gobierno de Chihuahua, y que, siendo así, en el momento en que hubiera una solicitud en contrario, las fuerzas federales podían dejar de ayudar en las tareas que actualmente realizan.
La declaración periodística es asombrosa, no solo por el desparpajo con el cual se afirma, superficialmente, que la autoridad federal puede retirarse o acudir a atender delitos, que son de suyo federales, dependiendo de la solicitud de las entidades federativas –como si fuera discrecional y no una responsabilidad legal y constitucional-, sino porque deja entrever que la estancia de los cuerpos policiacos y militares obedece a restablecer la seguridad pública por delitos del orden común y no federal, cuando los primeros –en esta situación inédita- son consecuencia directa e inmediata de los segundos: son derivados del crimen organizado y no al revés.
Pareciera que delincuentes comunes tienen asolada a ciudad Juárez, y por ese motivo, han tenido que actuar miles de elementos policiacos federales e integrantes del ejército, asumiendo las labores de seguridad pública.
Los delitos como homicidio, secuestro, robo a mano armada y extorsión son cometidos en el marco de una diversificación del crimen organizado, paralelo a actividades de tráfico de drogas. Se ha documentado que como resultado del combate a la transportación y venta de drogas, los grupos armados de la delincuencia organizada han tenido que buscar vías alternas para acceder a recursos económicos.
Esa diversificación ha provocado una psicosis en la población, por la presencia de distintos grupos que se disputan la plaza, y que cometen delitos todos los días, -teniendo como víctimas por lo general inocentes- no solo en Juárez o Chihuahua, sino en el país entero, ante la incapacidad de la autoridad federal, única responsable desde el marco jurídico de combatir el fenómeno denominado crimen organizado.
¿Cómo pensar en que un homicidio doble es un asunto del fuero común cuando se utilizan armas largas de uso exclusivo del ejército?
La cuestión es que la autoridad federal prefiere cómodamente dejar la investigación, el arresto y el juicio en la autoridad local, hasta que en el expediente resulta que ¡oh!, hay conexidad con un delito federal y debe ser atraído, en el mejor de los casos, pero en el peor, se deja la carga de una indagatoria que sin la fuerza federal es probable que jamás encuentre un responsable.
Entonces, ¿es lógico que el secretario de seguridad diga que el problema es estatal y no federal? ¿Es aceptable que diga que en cualquier momento se retiran si la autoridad estatal así lo dispone? Por supuesto que no, no lo es. Hay un grave problema de seguridad competencia de la federación, y al ser así, es obligación y no facultad discrecional intervenir.
En ese sentido, el gobierno federal no le hace un favor a las entidades federativas al atender lo que es su obligación, por más que ese sea el discurso cotidiano.

Un paradigma del periodismo

En el argot periodístico se acuñan frases que trascienden y permanecen, convirtiéndose en normas pétreas de la actividad profesional.
Una de ellas tiene que ver con el dicho “Perro no come carne de perro”, a través de la cual se trata de expresar, como regla ética no escrita, que los periodistas no deben hablar mal de ellos, no solo en sus diálogos cotidianos, sino en la información difundida.
Paradigma del periodismo moderno, que sin duda debe ser superado, bajo una visión en la cual todos los actores sociales y políticos de una comunidad, deben ser sujetos a los controles formales e informales de poder.
Probablemente no en la medida de “cuarto poder” –acepción pretenciosa desde el punto de vista formal- pero sí en la consideración del poder fáctico que despliega el periodismo, éste debe quedar sujeto a límites jurídicos y éticos: los primeros, en el marco de legalidad mínima a la cual los ciudadanos estamos obligados, en un concierto ideal de relaciones armónicas.
Sujeción jurídica que, en el caso particular del periodismo, debe privilegiar la máxima libertad de informar, en todas las partes del proceso: buscar, publicar y distribuir información, que controla el uso del poder, privilegiando valores comunitarios de equidad, solidaridad, subsidariedad, legalidad, justicia, etcétera.
En este sentido, llama la atención la decisión de la Corte de otorgar amparo a una colega por el daño moral provocado por una noticia publicada en un periódico tabasqueño, el Novedades, uno de los diarios importantes del Municipio de Centro.
En este sentido, surgen interrogantes que debemos plantearnos de una manera autocrítica.
¿Hasta dónde los periodistas son considerados personas de interés público, en razón de la importancia de su función, y hasta donde debe existir una disminución en la protección de su esfera personal y por tanto, un mayor escrutinio público de su actividad? Esto es, ¿hasta dónde el periodista tiene una superlativa responsabilidad frente a la comunidad, para la cual escribe y emite juicios, y ante la cual, por lo tanto, debe mostrarse transparente y estar disponible al juicio mismo de sus colegas?
¿Es el periodista un actor político en el sentido más amplio de la palabra, porque realiza una función clave y pilar en una democracia, de altísimo riesgo y trascendencia –pregunto-, que obliga a un deber estadual de protegerlo, pero que a la par, implica obligaciones éticas y jurídicas de control social del poder que ejerce a través de la comunicación?
¿No debe ser también el periodista controlado por el mismo periodismo, un periodismo que goza de permisividad en el análisis de la información, basados en que ésta es un bien de dominio público, permitiéndosele, en ese marco, hacer inferencias y juicios de valor?
Al otorgar la Corte el amparo, ¿no está violentando el derecho amplísimo de la sociedad a recibir información y el derecho del mencionado periódico a difundir la misma, aún con sus excesos, atendiendo que el periodismo no puede ser ajeno al autocontrol por parte del mismo?
Se trata de un asunto harto delicado, donde se deben encontrar los equilibrios. Es obvio, el periodista debe ser sujeto de control por el mismo periodismo, bajo los mismos cuidados éticos en el manejo de la información, que el que se tiene con cualquier persona: una información responsable, objetiva, veraz, pero sobre todo, pensando que, en una era de abundante e inútil información, lo que digamos construya y aliente a construir una mejor sociedad: un periodismo que se erija en una herramienta útil de control del poder, con la limitación universal del respeto a la persona, a su dignidad.
EN EL TABLERO… La Cátedra de Periodismo Científico y Medio Ambiente del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, de la UPEC, la UNESCO y el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba, está convocando al Seminario Regional Periodismo; Medio Ambiente y desarrollo, a celebrarse en La Habana entre el 22 y 24 de noviembre de 2010…Rebeca Cabrales, titular de relaciones públicas del Instituto, es la responsable, en el correo electrónico eventos@prensaip.co.cu...

Responsabilidad de nadie

Existe una tendencia en los gobiernos democráticos para que el poder legislativo nombre o en su caso, ratifique las designaciones en ciertas carteras de las administraciones federales y estatales.
Se busca colmar con esta intervención del legislativo dos propósitos: por un lado, que la designación recaiga en el mejor perfil de las personas propuestas, y segundo, que los legisladores asuman una especie de corresponsabilidad en el desarrollo de funciones por parte del funcionario público.
En el primero de los casos, efectivamente la discusión plural en los Congresos permite someter a un mayor examen las designaciones de ciertos funcionarios públicos, como es el caso, en el ámbito federal, del procurador o del secretario de relaciones exteriores. Los representantes populares, desde su óptica, señalan deficiencias en unos y otros, en busca del mejor perfil.
Sin embargo, es conocido que las designaciones se convierten en una discusión interminable, toda vez que la votación debe asumirse al final por una determinada mayoría, simple o calificada, para tomar la decisión, en el marco de una negociación entre las fuerzas políticas necesarias para llegar al número de votos requerido. Al final, hay una negociación política de fondo en la designación.
Por otro lado, se afirma que con la designación se impulsa la corresponsabilidad de los legisladores en el nombramiento, ya que al participar en la deliberación y discusión de los perfiles y avalar la designación, se asume una porción de la responsabilidad ejecutiva. Empero esto difícilmente ocurre. Las fracciones parlamentarias de oposición asumen una posición de crítica hacia el servidor público designado, partiendo de la base de que forma parte de un proyecto político concretizado en una administración dirigida por un signo partidista diferente.
Se podrá o no estar de acuerdo con estas afirmaciones. Lo cierto es que el titular del ejecutivo responde políticamente por la administración pública estatal, de la cual forma parte la procuración de justicia.
En ese sentido, compartir la responsabilidad de la ratificación del nombramiento parece ser una fórmula adecuada y realista, como ocurrirá con la figura recién creada de la Fiscalía General del Estado, que asume las funciones de la procuraduría y de la policía estatal preventiva.
El esquema de ratificación cumplirá con el propósito de discutir en el seno del Congreso el perfil de la propuesta, sometiendo a la persona a un escrutinio público necesario en la administración pública, pero dejando en el titular del ejecutivo la responsabilidad de dar resultados a través de sus funcionarios.
Recordemos que responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie: el esquema de distribución de competencias, si bien no debe ser rígido, en busca de los contrapesos necesarios, como es el caso de la intervención legislativa para ratificar nombramientos, si debe acentuar la línea central de la función de cada órgano, que en el caso del ejecutivo, es gobernar materialmente, y sobre todo, dar resultados en ese sentido.
EN EL TABLERO…La organización Comunicadores de Baja California realizará el Foro “Los Periodistas y los Derechos Humanos, con participación relevante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos…El evento tendrá lugar a las nueve de la mañana el próximo jueves 30 de septiembre, con la asistencia importante de las asociaciones de Mexicali, Ensenada, Rosarito y Tijuana…Felicidades a Juanita Jiménez, Presidenta y Manuel Suárez, Vicepresidente…

Sanciones ejemplares

El agravamiento de penas es un instrumento para disuadir la comisión de delitos específicos en aquellos casos en que, por la naturaleza de las víctimas, genera mayor escozor y gran indignación social, por vulnerar valores esenciales de la comunidad.
Un ejemplo de ello son los delitos cometidos en contra de los periodistas, partiendo de la base de que éstos constituyen un instrumento social de control del poder institucionalizado o público y del poder factico, pieza fundamental del sistema democrático.
Sin un periodismo crítico y plural es más común que se presenten abusos por parte de dichos poderes, bajo el amparo del silencio y la secrecía: la oscuridad oculta el dispendio de recursos o su hurto, la connivencia con el crimen o la participación directa en él.
Por ese motivo, el legislador considera que al atentarse contra los trabajadores de la pluma y la libreta se lesiona gravemente al Estado Mexicano, por lo cual es necesario enviar un mensaje claro que cualquier delito contra periodistas será severamente castigado, más allá de la sanción descrita en concreto para las conductas antisociales.
En Chihuahua, los diputados, sin distingo de partido, votaron unánimemente por elevar hasta a cincuenta años la prisión en contra de quien cometa homicidio o lesiones calificadas en perjuicio de periodistas, empleados o titulares de medios de comunicación, con motivo y en ejercicio de su actividad periodística, reformando el artículo 136 del código penal.
Dice el diputado Fernando Rodríguez Moreno, en su iniciativa, que “la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental inherente a las personas, consagrado en el artículo 6 de nuestra Carta Magna”.
“Lamentablemente –señala el también líder de la fracción parlamentaria del PRI- el libre desarrollo de la profesión periodística se ha visto afectado por la ola de violencia y criminalidad que se vive en el país, las cuales ponen en riesgo la vida e integridad de quienes cumplen con su deber de informar”.
“La agresión contra periodistas ha aumentado en los últimos años, incluso en voz de este gremio – puntualiza el legislador- México es considerado el país más peligroso del Continente Americano para ejercer el periodismo, debido al número de muertes violentas de comunicadores que se han registrado en Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Durango, Michoacán, y Coahuila”.
Dos elementos son relevantes y deben destacarse de la recién aprobada reforma al Código Penal: por un lado la atinada decisión de incluir en la protección punitiva a los empleados de los medios de comunicación, así en términos generales, con lo cual se protegen, incluso, las labores administrativas como posibilidad de presión o daño directo a la actividad periodística, como ha ocurrido con el ataque a compañeros voceadores en diversos rincones del país.
En este sentido, el otro aspecto relevante es el que tiene que ver con la descripción del móvil del ataque: con motivo y en ejercicio de la actividad periodística.
¿Por qué debe destacarse esta fórmula?
Porque la actividad periodística, descrita de una manera amplia y no restrictiva, es toda participación, directa o indirecta, en los procesos informativos: recabar, publicar y difundir información. De esta manera, cualquier empleado de medio de comunicación tiene vinculo con la actividad periodística y por ese motivo, al ser blanco de ataques, el ministerio público tiene la obligación, en principio, de abrir un canal de investigación en relación con la materia, para no descartar como móvil una acción tendiente a socavar las libertades de prensa y expresión.
Por cierto, el nombre de Fernando Rodríguez Moreno aparece en el periódico oficial del Estado, publicado éste miércoles, como representante del Poder Legislativo, en el anexo especial que contiene el Sistema Integral de Protección a Periodistas del Estado de Chihuahua. Congruente con su forma de pensar, impulsa esta nueva iniciativa que agrava penas para sancionar a los agresores de periodistas, cerrando una pinza normativa protectora importante.
EN EL TABLERO…Teodoro Rentería Arroyave, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodista y fundador de la FAPERMEX, tiene una apretada agenda de presentación de su libro “Mi vida son mis amigos: la historia de los noticiarios en México”, en los Estados de Hidalgo y Campeche, ésta y la siguiente semana…Felicidades al amigo…

Insurgencia y crimen

Las expresiones de Hillary Clinton son desafortunadas, cuando utiliza la expresión “insurgencia” para catalogar las acciones del crimen organizado en el territorio nacional.
No existe ninguna similitud.
Una acción ideológica plantea el uso de las armas para propiciar la reforma del Status Quo, promoviendo una revolución, bajo premisas como mayor igualdad, una mejor distribución de la riqueza: esto es, valores que pretendan construir un nuevo orden, que en teoría, sea mejor que el anterior.
No existe, en principio, un interés pecuniario, de lucro, de ventaja económica, aunque al final de cuentas esto pudiese provocarse como consecuencia de la revolución efectuada.
Un movimiento insurgente no utiliza la extorsión, el robo a mano armada, el narcotráfico, la prostitución, el contrabando, las acciones ilícitas para proveerse de recursos económicos, aunque haya excepciones en el mundo de guerrillas revolucionarias distorsionadas: el crimen organizado no busca derrocar a un gobierno, busca doblarlo, corrompiéndolo, para realizar su negocio: irónicamente el crimen requiere de un orden social democrático, de amplias libertades.
Un movimiento revolucionario auténtico procura atraerse la base social, no su repudio, porque sabe que tarde que temprano deberá acudir a ella para conseguir el cambio deseado en la estructura de poder.
Además, en la insurgencia como guerrilla existen mandos jerárquicos establecidos, en el crimen organizado éstos se pulverizan de acuerdo al surgimiento de grupos que pelean las plazas, en virtud del poder económico que despliegan, y que les permiten independizarse de sus matrices: mientras en uno la ideología provoca cohesión, en los otros la acumulación del dinero genera división.
Una cosa es cierta: en uno y en otro la utilización del terrorismo jamás se justifica, porque implica el uso del terror como presión, siempre e invariablemente con víctimas por cuenta de la sociedad.
Pero de eso a considerar que México vive una insurgencia, es llana ignorancia, no solo de la situación prevaleciente, sino de la naturaleza de la insurgencia y el crimen organizado: en México no hay guerra, ni siquiera de guerrillas: no hay combatientes, solo integrantes del crimen organizado y policías, aunque, para infortunio de todos, en ocasiones la línea entre ambos sea tan tenue.
EN EL TABLERO….La unidad del gremio periodístico es fundamental para enfrentar los retos de una violencia exacerbada, deterioro de protección social y carencia de suficientes programas institucionales que estimulen y alienten el desarrollo profesional…Esa unidad debe darse a través de las organizaciones periodísticas, que a nivel nacional, encuentran en nuestra querida Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, su principal expresión, bajo la dirigencia de la brillante y reconocida colega Hilda Luisa Valdemar y Lima, que inaugura la nueva página web de nuestra organización, en la dirección www.fapermex.mx...Felicitaciones y enhorabuena, a sumarnos al esfuerzo enviando colaboraciones al correo electrónico boletin@fapermex.mx, espacio privilegiado para hacer sentir nuestra voz…Felicidades Señora Presidenta…

De fueros a fueros

Sabe la Corte que no es sencillo resolver la recomendación enviada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el fondo, la solución fácil es atender a pie juntillas la resolución; la difícil es encontrar una respuesta armónica al sistema de competencias establecido históricamente.
Como se sabe, la CIDH consideró que los militares que violenten derechos humanos deben ser procesados de acuerdo al orden penal civil y no bajo un procedimiento de la justicia militar.
La lógica internacional es la máxima protección a los derechos humanos de los civiles, como un freno necesario a la fuerza del Estado, expresada en su máxima posibilidad a través del ejército.
Se parte de la posibilidad de que el fuero militar proteja a sus integrantes con penas que no sean proporcionales a sus faltas, esto es, que se privilegie la impunidad en el caso de abusos contra civiles.
Es cierto. Eso es posible y probablemente ha ocurrido. Sin embargo la premisa parte de una posibilidad de la cual no es ajeno el fuero civil. Uno de los más graves problemas de la justicia penal es la ausencia de castigo a los responsables de incurrir en conductas antijurídicas llamadas comúnmente delitos.
¿Cómo entonces eliminar la posibilidad de impunidad cuando el fuero civil está contaminado de los mismos vicios que se acusan al fuero militar: corrupción, opacidad, falta de preparación, mala integración de los expedientes, etcétera, etcétera, etcétera?
La solución no está en la vía utilizada para procesar judicialmente a una persona, sino en atender el apego fiel al procedimiento, comprobado a través de la transparencia del mismo, antes, durante y después a la emisión de la resolución.
Pero además hay que atender que las condiciones bajo las que se actúa no son las mismas en el fuero civil que en el militar, porque de ser así ¿debe juzgarse a un criminal que asesina a un militar bajo el fuero de éste último, cuando actúo como civil y no como miembro del ejército?
Una cosa más, un militar como un policía civil, atiende a una formación específica y a un orden jurídico delimitado que establece su radio de acción: en sus peculiaridades son distintos, pero en general atienden al principio de protección a los derechos humanos, los cuales no pueden ser vulnerados bajo el pretexto de proteger intereses de la colectividad.
Un militar que abusa debe ser juzgado y castigado. La resolución debe ser pública. La sanción debe ser ejemplar y proporcional, apegada estrictamente a la norma.
No existe ningún fundamento para violentar derechos humanos con el pretexto de salvaguardar la seguridad pública o la soberanía nacional, pero tampoco, bajo este concepto fundamental internacional puede estirarse la liga y romper el estricto principio constitucional de órdenes de actuación de la milicia y el orden civil.

Apología criminal

La prostitución es uno de los grandes negocios del crimen organizado en el mundo, con la diversificación de actividades tras el estrangulamiento del narcotráfico a través de la vigilancia policial y financiera, que en diversos grados de efectividad se despliega en los diversos países.
El combate al trato de blancas, como se le llama en el argot periodístico al tráfico sexual, debe ser prioridad de los Estados nacionales y no dejarse como una materia de combate a nivel local o regional, precisamente por la intervención organizada de la delincuencia en su despliegue.
Ya no estamos frente al tráfico sexual del individuo que explota a una o varias mujeres, sino de una actividad estructurada como una auténtica organización, que prevé desde las instalaciones físicas, comunicaciones, cartera de clientes, negocios adyacentes, etc., por medio de cual se consiguen grandes ganancias.
Inclusive, la actividad utiliza a los medios de comunicación masiva para promover sus servicios. Televisa hoy dedicó grandes espacios en cadena nacional a insistir sobre la incongruencia de grandes cadenas periodísticas, que por un lado denuncian la prostitución y la ausencia de valores, como el respeto a la dignidad humana, y por el otro dedican grandes cantidades de planas donde promueven el comercio sexual.
El periodismo amarillista encuentra en la prostitución, casas de masajes y casas de juego, la ocasión de obtener ingresos. Pero no es la única forma de hacerlo: la otra es comerciar con la foto de horror en primeras planas, donde a color se presentan los crímenes diarios de una ola inédita de violencia que convulsiona a nuestro país.
Es cierto: pretender la censura previa o posterior a la publicación de información, con el fin de prohibir la difusión de información que constituya apología al delito, como es la prostitución, o bien, la publicación de crímenes que por lo regular son mensajes de grupos de la delincuencia organizada, puede constituir una violación a la libertad de expresión y del ejercicio periodístico libre.
El problema estriba en que el público lector busca saciar el morbo adquiriendo dichas publicaciones y creando un mercado comercial apetecible. Si no hubiese público lector, comprador de las publicaciones, no existirían éstas.
Ahora bien, el papel del periodismo en una sociedad democrática debe alentar el control de los abusos de poder y la libre circulación de la información, incluyendo toda clase de pensamientos. Bajo ese esquema no es posible regular a los medios. Incluso, debe aceptarse, que es preferible que se cometan abusos.
La solución es la autoregulación: que desde el punto de vista ético los medios de comunicación reflexionemos acerca del papel que desempeñamos en la formación de opinión pública y en la construcción de valores comunitarios, como la dignidad, la igualdad, la colaboración, la solidaridad, la humanidad: promover la prostitución, es obvio, no encaja en ninguno de esos valores. Al final, en un esquema de libertad, la decisión es del periodista y del lector: el problema es que condenamos a niños, jóvenes y adultos a enfrentar un mundo hostil, violento y perverso, cuando carecen de los elementos mínimos de autodefensa: ellos caen inertes ante el bombardeo mediático y social.
¿Será que merecemos ese tipo de periodismo?
Me parece que no.

Una firma trascendente

Resulta trascendente para el periodismo la firma del decreto que obliga al cumplimiento del Sistema Integral de Protección a Periodistas, por parte de los titulares de los tres poderes del Estado de Chihuahua.
Es cierto: el sistema debe estar basado en la buena fe y en la voluntad política de los suscribientes, pero su instrumentación se fortalece a través de su publicación en el periódico oficial y la asunción inmediata de las autoridades en el Estado, de manera obligatoria, y como recomendación por parte de periodistas y medios.
Se abre un paréntesis de análisis en relación con el sistema chihuahua de protección a periodistas, en el ámbito nacional e internacional, por la capacidad de esfuerzo horizontal para construir un esquema democrático, pero sobre todo, que tropicaliza la experiencia en el mundo y la aplica a una situación peculiar de guerra como la que vive nuestra entidad y el país entero.
El sistema, también debe reconocerse, no es la solución mágica a la grave problemática de inseguridad, pero aporta herramientas de autoprotección para evitar, en lo humanamente posible, una nueva agresión.
Siguen dos acciones, en lo inmediato y en lo mediato: por un lado bajar la información a los colegas así como sensibilizar a los cuerpos policiacos acerca de la importancia de la actividad periodística, y por el otro, empujar desde chihuahua iniciativas similares a través de la Convención Nacional de Gobernadores.
Es trascendente la firma del Sistema, porque servirá de modelo a nivel nacional, no solo en las entidades, sino en el mismo gobierno federal y Comisión Nacional de Derechos Humanos, para enriquecer los trabajos técnicos que ya realizan en torno a la materia.
Pero además, es trascendente, porque trasciende administraciones al tener carácter de decreto administrativo que seguramente será ratificado al valorarse su origen consensuado y el valor de los principios ahí resguardados: ética, responsabilidad, compromiso social, verdad, objetividad, independencia, derecho a la información, derecho de la información, protección a las víctimas, autoprotección, corresponsabilidad en la recuperación de la tranquilidad, entre otros.
La trascendencia implica también una ratificación del valor ético del periodismo hacia la sociedad, en momentos en los cuales se encuentra trastornada por la ola de violencia inédita que sufre.
El periodismo, como se señala en el Sistema, tiene la posibilidad de incidir, en una sociedad para que recupere valores.
A eso le apostamos al final de cuentas en un ejercicio de corresponsabilidad: la autoridad ratifica la implementación de políticas públicas y el periodista asume con madurez acciones de auto-protección, que van desde el ejercicio ético hasta las medidas de cuidado antes, durante y después de cubrir información de alto riesgo.